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El presidente Donald Trump firmó este jueves un decreto que impone aranceles más altos a decenas de países para reestructurar el comercio mundial en beneficio de Estados Unidos.  

Las nuevas tarifas aduaneras no entrarán en vigor este viernes como estaba previsto inicialmente, sino dentro de siete días. El retraso tiene como objetivo dar tiempo a las aduanas para prepararse, informó un alto cargo estadounidense a periodistas. 

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«Reestructuración del comercio mundial en beneficio de los trabajadores estadounidenses», escribió la Casa Blanca en mayúsculas y negrita en uno de los documentos en los que anuncia los nuevos gravámenes. 

Se trata de «abordar aún más el creciente déficit comercial anual de bienes de Estados Unidos» y «proteger a Estados Unidos de las amenazas extranjeras a la seguridad nacional y la economía«, añade. 

Las nuevas tarifas aduaneras llegan al 41 % en el caso de Siria, a la que Suiza pisa los talones con el 39 %. Argelia está sujeta al 30 %, Bangladés al 20 %, Laos al 40 % e India al 25 %. 

Canadá también recibe un golpe, al pasar del 25 % al 35 %, salvo los productos protegidos por el Tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC), del que forma parte junto con Estados Unidos y México. 

«Canadá no ha cooperado para frenar el flujo constante de fentanilo y otras drogas ilícitas, y ha tomado represalias contra Estados Unidos» lamentó la Casa Blanca. 

«Los cárteles mexicanos operan cada vez más laboratorios de síntesis de fentanilo y nitazeno en Canadá», añade sobre dos opioides sintéticos que preocupan a Estados Unidos. 

La Unión Europea (UE), Japón y Corea del Sur, unos de los pocos socios que lograron renegociar las tarifas durante la tregua anunciada en abril y postergada desde entonces, estarán sujetos al 15 %, como la mayor parte de los países. El Reino Unido, Vietnam, Indonesia y Filipinas también alcanzaron acuerdos, todavía preliminares. 

Washington aumentó del 10 al 15 % los recargos para Costa Rica, Bolivia y Ecuador y mantuvo intactos los previstos en abril para Venezuela (15 %) y Nicaragua (18 %). 

Brasil figura con un 10 %, pero será solo hasta el 6 de agosto. El miércoles el gobierno de Trump anunció que a ese arancel mínimo universal añadirá 40 puntos porcentuales (pp), lo que equivale a un 50 %, debido sobre todo al juicio contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, acusado de intentona golpista. 

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Este jueves, tras hablar por teléfono con su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum, Trump se mostró indulgente con su vecino del sur y le concedió una prórroga de 90 días con el objetivo «de firmar» un acuerdo «dentro de ese plazo, o incluso más». Entre tanto sigue sometido al 25 % salvo los bienes incluidos en el T-MEC. 

Se alcanzó «el mejor acuerdo posible» si se compara con otras naciones, afirmó Sheinbaum en rueda de prensa. 

México, que se exponía a tarifas aduaneras adicionales del 30%, «acordó eliminar de inmediato sus numerosas barreras comerciales no arancelarias, que eran muchas», añadió Trump. 

«No cabe duda: el decreto y los acuerdos» concluidos en los últimos meses «destrozan el libro de reglas comerciales que ha gobernado el comercio internacional desde la Segunda Guerra Mundial», opina Wendy Cutler, vicepresidenta senior del Asia Society Policy Institute. 

«Si nuestros socios pueden preservarlo sin Estados Unidos es una pregunta abierta«, añadió. 

China ha quedado excluida del drama porque su tregua no expiraba este viernes, sino el 12 de agosto, cuando los aranceles podrían volver a niveles más altos. 

Hasta ahora la mayoría de los países se enfrentaban al arancel mínimo universal del 10% impuesto en abril y los aplicados a ciertos productos como el 50 % al aluminio y el acero o el 25 % a los automóviles. A partir del viernes también entrarán en vigor recargos del 50 % para los productos fabricados con cobre. 

El impacto de los aranceles preocupa a los economistas. Los consideran un lastre para la inflación, que subió al 2,6 % en junio, según el índice PCE publicado el jueves, y para el crecimiento de Estados Unidos. 

El uso de los aranceles como medio de presión para alcanzar acuerdos comerciales favorables a Estados Unidos acabó en los tribunales. 

Este jueves se celebró una vista en una corte de apelaciones de Washington para determinar si Trump se ha extralimitado en sus facultades constitucionales al imponer estos recargos. 

La Casa Blanca ha advertido que apelará ante la Corte Suprema si la sentencia le es desfavorable.