La Fiscalía General de la Nación recopiló evidencia física y elementos materiales probatorios que dan cuenta de la posible responsabilidad de Jorge Enrique Pulido Gaviria, en la muerte de su esposa, en hechos ocurridos el 10 de octubre de 2018, en Santa Marta (Magdalena).

Inicialmente, el hombre indicó que su compañera se había lanzado desde su apartamento, el cual estaba ubicado en el piso 17 de un edificio. En su momento señaló que la mujer reaccionó de esa manera en medio de una discusión de pareja.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) asumieron las actividades de policía judicial para tener claridad sobre lo sucedido. En las verificaciones entrevistaron personas allegadas a la víctima, quienes negaron la posibilidad de que se hubiera quitado la vida.

De otra parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses certificó que la mujer no se encontraba en estado de alicoramiento, ni había consumido sustancias psicoactivas o medicamentos que la incitarán a asumir un comportamiento en contra de su integridad.

Los investigadores realizaron análisis físicos y reconstrucciones de la escena en 3D, los cuales fueron contrastados con otras evidencias; y concluyeron que Pulido Gaviria estaría mintiendo. Su versión inicial no coincide con la hallado y todo conduce a que sería el responsable de la muerte.

En ese sentido, fue capturado y la Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado. El procesado no aceptó el cargo y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Fiscalía General de la Nación recopiló elementos de prueba y evidencia física que dan cuenta de la existencia de un entramado de corrupción conformado por funcionarios y particulares, que exoneraba del pago de comparendos a varios infractores de normas de tránsito en Cali (Valle del Cauca).

Los presuntos involucrados son cinco servidores de la Secretaría de Movilidad de la ciudad, identificados como Andrés Quimbayo Rojas, Juan Carlos Peña Rico, Rubén Darío Martínez Hernández, Jesús Antonio Chica Hincapié y Larry Tovar Ortega; y Sandra Liliana Castañeda Reyes, propietaria de un establecimiento de comercio.

Estas personas son señaladas de articularse y poner en marcha distintas maniobras para que no fueran cobradas 516 multas de tránsito a 336 ciudadanos, entre 2019 y 2022. En algunos casos los funcionarios habrían emitido resoluciones revocatorias sin sustento alguno. Al parecer, a cambio recibieron 103 millones de pesos.

Por estos hechos, personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, capturó a los implicados en diligencias realizadas en Cali. La Fiscalía los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó, según sus posibles responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito de particulares, cohecho por dar u ofrecer, cohecho impropio y cohecho propio.

Los cargos no fueron aceptados por los procesados, que deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.