El debate sobre las estrategias para contener la criminalidad en la capital colombiana alcanzará su punto más alto en el escenario institucional. El próximo sábado 7 de noviembre de 2026, el Concejo de Bogotá llevará a cabo un cabildo abierto de participación ciudadana para discutir formalmente la viabilidad de solicitar la asistencia militar de las Fuerzas Militares en las calles de la ciudad.
La iniciativa, impulsada por el concejal Julián Uscátegui y el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, obtuvo la luz verde oficial luego de que la Registraduría Nacional del Estado Civil certificara la validez de 37.056 firmas ciudadanas, superando el umbral legal requerido (31.096 apoyos) por más de 5.900 registros.
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El encuentro democrático se desarrollará a partir de las 9:00 a.m. en el Aula Máxima de la Universidad Militar Nueva Granada (Carrera 11 n.º 101-80), y contará con la citación obligatoria del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien deberá fijar la postura de la Administración Distrital frente a la propuesta.
Marco legal: ¿En qué consiste la asistencia militar según la Ley 1801?
La propuesta elevada por los cabildantes se fundamenta en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana). Esta figura legal faculta al presidente de la República para disponer, de manera temporal y excepcional, el apoyo de las Fuerzas Militares en tareas de orden público urbano cuando concurran graves alteraciones a la seguridad, emergencias o riesgos inminentes para la población civil.
En el marco normativo actual:
- Facultad de solicitud: Los alcaldes y gobernadores tienen la potestad de elevar la petición formal ante el Gobierno Nacional.
- Decisión ejecutiva: El presidente de la República evalúa los informes de inteligencia y decide discrecionalmente sobre la activación del dispositivo militar.
- Coordinación operativa: En caso de autorizarse, el contingente militar debe actuar bajo protocolos estrictos de derechos humanos y coordinado por el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.
Es preciso recalcar que la realización del cabildo abierto no implica la aprobación automática de la medida, sino la apertura de un foro público obligatorio para escuchar a la ciudadanía, la academia y las autoridades distritales.
«Hay que militarizar Bogotá»: Los argumentos de los promotores
Durante la notificación formal al Palacio Liévano, el concejal Julián Uscátegui insistió en que el deterioro del orden público justifica acudir a herramientas extraordinarias previstas en la Constitución y la ley.
«Hay que militarizar Bogotá. La ciudad no puede conformarse con la disculpa de que algunos delitos bajaron mientras decenas de miles de ciudadanos siguen siendo víctimas de hurto y cientos pierden la vida. El próximo 7 de noviembre queremos respuestas: ¿qué más está dispuesto a hacer el Distrito y por qué no utilizar todas las herramientas legales disponibles para recuperar la seguridad?», aseveró el concejal Uscátegui.
Por su parte, el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui respaldó la convocatoria señalando que el evento debe servir para confrontar los análisis del Distrito con el sentir de las comunidades azotadas por el hampa: «Este Cabildo será la oportunidad para que los ciudadanos sean escuchados y para que la Administración Distrital explique qué está dispuesta a hacer para recuperar el control de la ciudad».
Radiografía de la criminalidad en Bogotá (Enero – Agosto 2026)
Los promotores sustentan la solicitud en los balances consolidados de delincuencia presentados por las autoridades de seguridad. Entre enero y agosto de 2026, la capital del país acumuló indicadores alarmantes:
- Homicidios: Se registraron 740 víctimas mortales en los primeros ocho meses del año.
- Hurto a personas: Alcanzó la cifra de 73.563 denuncias formales.
- Afectación al comercio y vivienda: Se contabilizaron 5.805 robos a establecimientos comerciales y 4.289 asaltos a residencias.
- Hurto de vehículos: Se reportaron 2.923 motocicletas y 2.029 automotores sustraídos.
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Adicionalmente, informes de inteligencia citados por la bancada edilicia advierten la presencia activa de 205 estructuras delictivas operando en las 20 localidades de Bogotá, distribuidas entre Grupos Delictivos Organizados (GDO) y Grupos de Delincuencia Común Organizados (GDCO).
El debate del próximo 7 de noviembre pondrá a prueba la estrategia de seguridad de la alcaldía de Carlos Fernando Galán y abrirá la discusión sobre el rol de las Fuerzas Militares en la protección de los centros urbanos del país.
