OPINIÓN

El 18 de agosto de 1989, en la plaza central de Soacha, la política colombiana sufrió uno de los golpes más devastadores de su historia: el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato presidencial del Partido Liberal y símbolo de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción.

Hoy se cumplen 36 años de ese magnicidio, y como cada año, familiares, ciudadanos y autoridades locales se congregaron en el mismo lugar donde ocurrió el atentado para rendir homenaje a su memoria. La jornada estuvo marcada por el recuerdo, la indignación y la persistente exigencia de justicia.

A pesar de la relevancia de la fecha, el Gobierno Nacional no organizó actos oficiales a través de la Secretaría de Transparencia, como lo ordena la Ley que instituyó esta conmemoración. El artículo 2 de dicha norma establece que cada 18 de agosto debe impulsarse una campaña nacional para recordar el legado de Galán. La ausencia de este compromiso ha generado críticas y ha sido percibida como un olvido institucional frente a un crimen que cambió el rumbo del país.

En el terreno judicial, el caso aún genera noticias. El pasado martes 12 de agosto comenzó el juicio contra los generales en retiro Óscar Peláez Carmona y Argemiro Serna Arias, junto con el exagente del DAS, Héctor Ernesto Muñoz. La Fiscalía sostiene que estos exfuncionarios estatales participaron en la planeación del asesinato en alianza con el Cartel de Medellín, lo que confirma la tesis de una articulación entre el narcotráfico y sectores del Estado.

El Consejo de Estado ya había declarado en 2016 que el magnicidio de Galán constituía un crimen de Estado, lo que obligó a revisar responsabilidades institucionales. Sin embargo, a 36 años del atentado, los procesos judiciales avanzan lentamente, mientras los familiares y seguidores del líder asesinado continúan reclamando verdad, justicia y garantías de no repetición.

Luis Carlos Galán sigue vivo en el imaginario de los colombianos como un hombre que encarnó valores éticos, disciplina y visión de país. Su ausencia sigue siendo un recordatorio de la fragilidad de la democracia frente al poder del narcotráfico y la corrupción. Hoy, más que nunca, su legado interpela a las nuevas generaciones sobre la necesidad de construir un país libre de violencia y de complicidades oscuras.