jueves 25 abril 2024
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OPINIÓN

Los temas de interés tienen su propia opinión, por ello nuestros escritores tienen su espacio dedicado a dar a conocer su pensamiento.

¿HASTA CUANDO DEBEMOS ESPERAR LOS COLOMBIANOS SEÑOR PRESIDENTE DUQUE PARA CONOCER LOS PORMENORES DE LA VENTA DE ELECTRICARIBE?

Por: Jorge Vergara Carbó

Es preocupante que el gobierno de Iván Duque, siga escondiendo la cifra y los pormenores de la negociación que se hizo con Alberto Ríos,  Enerpereira y EPM. Igual conducta guardan el Ministro de Minas y Energía como la Superintendete de Servicios públicos domiciliarios y por supuesto la Agente Interventora Ángela patricia Rojas, como el Contralor General de la República.

Se les olvida a esas autoridades, que lo que se vendió fueron unos activos del Estado que se los quitaron  a la empresa privada Electricaribe de propiedad de los españoles de Naturgy.

Para poder realizar la venta de los activos de Electricaribe, el gobierno nacional primero tuvo que intervenir a la empresa por intermedio de la SSPPDD, quien a su vez nombró a una Agente Interventor, siendo el primero Javier Lastra de ingrata recordación por su negociación en la empresa Telecom en liquidación y su paso por el concejo de Bogotá. En su reemplazo fue nombrada Ángela Patricia Rojas, quién llevo la venta de la empresa hasta su final. Persona que será recordada por el mal manejo administrativo, técnico y financiero de Electricaribe, hasta el punto de perder en cuatro años de gestión, $4.4 billones de pesos, dejándola con un patrimonio negativo y unos índices de gestión desastrosos, de un recaudo del 70%, cuando lo recibió en el 85%, y unas pérdidas de energía del 35%, habiéndolas recibido en el 18%. A pesar de esos resultados malos, no hubo autoridad de control o del gobierno para sancionarla. Sobre su gestión en la inversión de recursos de los colombianos, no sabemos tampoco cuál fue su manejo y a quién o quienes se le adjudicaron los $1.2 billones de inversión en varios proyectos que desconocemos todo, como desconocemos la negociación.

Todo  el manejo de la intervención, como el de la inversión y la negociación con terceros la hicieron bajo un acuerdo de “Confidencialidad”, entre la Agente Interventora con la Junta Directiva nombrada a dedo por la SSPPDD, como con el gobierno nacional y por supuesto los compradores. El compromiso firmado se basaba en que nadie podía decir nada, bajo el pretexto de no dañar la negociación. No pudieron los senadores José David Name y Jorge Robledo, a pesar de un debate interesante en la Comisión Quinta del Senado, lograr que por lo menos dieran el valor de la negociación. Ni tampoco pudimos nosotros conseguir información alguna sobre el tema, a pesar de haber impetrado un derecho de petición, el cual nos respondieron que Electricaribe era una empresa privada y por lo tanto se reservaban el derecho a dar información.

La negociación se hizo a puerta cerrada, en una subasta de uno, lo cual no es subasta, dado que solo se presentó una empresa para cada mercado. Para Caribe Sol Alberto Ríos y Enerpereira y para Caribe Mar EPM. Ambas empresas para operar crearon una nueva empresa, en Caribe Sol, “AIRE” y en Caribe Mar “AFINA”. Desconocemos el capital con que se constituyeron, como la conformación de su junta directiva y socios de cada una de las empresas. Esperemos que ambas empresas publiquen su registro mercantil o lo haga la Cámara de Comercio de Barranquilla. Esta información es importante conocerla por lo menos para los trabajadores activos, dado el compromiso de la nueva empresa de asumir el pasivo laboral, y respetar sus derechos convencionales.

Es importante que sepan, que las electrificadoras de la Costa Atlántica, se vendieron a la Electrificadora de Caracas y a una firma de Chicago (EEUU), por US$800 millones, en una subasta de uno, en el Hotel del Prado de Barranquilla. Luego los nuevos propietarios vendieron a los dos años, la empresa por US$400 miñones, a los españoles, quienes la manejaron hasta el 15 de noviembre de 2016, cuando fueron intervenidos por el Superintendente José Miguel Mendoza, a quién denunciamos en su momento por esa decisión, que la consideramos errada, y hasta la fecha creo que los organismos de control no han investigado nada.

Para poderla vender, el gobierno del presidente Duque, invirtió $3.7 billones de pesos, discriminados así: pago del pasivo pensional $1.5 billones, inversión con préstamos del Fondo Empresarial de la SSPPDD y recursos propios $1.2 billones, y pasivos pos-toma $1.0 billón, para un total de $3.7 billones. A ese monto hay que sumarles los pasivos pre-toma, que valen $2.4 billones, discriminados como sigue: al sector Bancario y Financiero $2.2 billones, a los generadores  $390.000 millones y a los contratistas $250.000 millones. En total son $6.1 billón. O sea unos US$1.573.5 millones.

Por haber intervenido a la empresa los españoles impetraron una demanda en la “CIADI” Tribunal de Arbitramento del Banco Mundial, por un valor de US$1.626 millones, unos $6.3 billones, a octubre 4 de 2020. Los argumentos de la demanda son: Expropiación de la empresa, falta de cooperación del gobierno para los problemas de pérdidas de energía, cartera oficial y subnormal.

¿EN CUANTO VENDIERON ELECTRICARIBE PRESIDENTE DUQUE?

Esa por supuesta la pregunta del millón, que queremos conocer todos los colombianos de boca suya, o de su Ministro de Minas y Energía. De acuerdo a información extraoficial que hemos conseguido a Caribe Sol, la vendió por $285.000 millones, según declaración a un medio de Pereira de la gerente de Enerpereira. El gerente de EPM, ha sido prudente y no ha dado a conocer lo que pago por Caribe Mar, podemos estimar que pagaron $415.000 millones, no creo que hayan pagado más, para un total de $700.000 millones, unos US$180.5 millones.

El gran negocio del gobierno del presidente Duque  consistió en lo siguiente:

  • Venta en 1.997, de las Electrificadoras          US$     800 millones
  • Inversión por intervención de Electricaribe    US$ 1.573.5 millones
  • Costo de la demanda de los españoles         US$ 1.626.0 millones
  • Venta de Caribe Sol y caribe Mar                  US$    180.5 millones

Lo anterior quiere significar que una empresa que vendimos hace 23 años, en US$800 millones, hoy la vendemos por US$180.5 millones. Pero eso no es nada, para venderla en ese precio tuvimos que invertir US$1.573.5 millones, y asumir una demanda que puede fallarse en diciembre de este año en nuestra contra por US$1.626 millones. Lindo negocio señor Duque, regalar nuestro activos a los paisas y unos particulares.. Si así  va a negociar la venta de los otros activos de los colombianos, autorizados por los padres de la patria, que nos coja el diablo como se dice.

LA ENTREGA DE LA CARTERA Y FACTURACIÓN DE SEPTIEMBRE 2020

Pero en esa negociación hay algo más turbio todavía, que merece una explicación inmediata de parte suya, o del Contralor General de la República o del funcionario que usted designe. Resulta que ustedes le vendieron a Aire y Afina, la cartera corriente (menor de 90 días) cuyo valor está estimada en $440.000 millones, y la cartera morosa mayor de 90 días, estimada en $1.6 billones, por lo menos el 30%, de esa cartera es recuperable, lo que significa unos $480.000 millones. Además le regalaron 18 días de la facturación de septiembre que ellos la cobraran a mediados de octubre, por el desfase entre la lectura y la facturación que es superior a los 15 días. La facturación diaria de Electricaribe es aproximadamente de $15.000 millones día, lo que les significa $270.000 millones.

En síntesis tenemos que el regalo adicional del presidente Duque a Alberto Ríos y Antioqueños fue de:

  • Por Cartera Corriente                                            $440.000 millones (es recuperable el 100%)
  • Por Cartera Morosa                                               $480.000 millones (recupera el 30%)
  • Por facturación septiembre                                    $270.000 millones (18 días x $15.000 mill)
  • GRAN TOTAL DEL REGALO ADICCIONAL           $1.19 BILLONES o sea US$306.9 millones

Presidente Duque, cuando nos explicara la negociación que hizo, o cuando le dará respuesta a este documento y al Twitter que  colgamos ayer, que se volvió viral “Presidente Duque, en cuanto negocio a Electricaribe. Alberto Ríos le pagó $285.000 millones, cuanto EPM. Usted le regalo la cartera y 18 días de facturación que valen $1,2 billones. Invirtió US$1.600 millones para recibir US$200 millones. Que linda negociación regalando nuestros activos”

En conclusión señor presidente Duque, usted termino pagándole a Alberto Ríos y EPM, para que ofrecieran algo por Electricaribe, no hay otra forma de interpretar esa negociación.

Invertimos                           US$ 1.573.5 millones (incluye pasivos ante y después de toma)

La demanda                        US$ 1,626.0  millones (las probabilidades de  perderla son altas)

Regalo adicional                 US$    306.9  millones (cartera +18 días facturación)

Total Invertido + Regal        US$ 3.506.4

Precio de venta                   US$    180.5 millones (cifra estimada)

PERDIDA DEL NEGOCIO US$ 3.325.9 millones.

La venta de Electricaribe nos va a terminar costando a los colombianos US$3.325.9 millones, de octubre 4 del presente año.

No cree usted señor presidente, que los colombianos nos merecemos conocer la realidad de esta negociación, la cual se demoró cuatro años, para terminar pagándole a los compradores por asumir el riesgo de manejar la empresa, aparte de que ya les aprobó un aumento del 20%, en la tarifa de comercialización, un 3%, reconocido en el volumen de pérdidas de energía y lo más seguro realizar las inversiones en los barrios subnormales y zonas rurales apartadas con plata del PGN, como el pago oportuno de las entidades oficiales.

Cuando lo más sencillo, con esa plata que perdimos era como se lo habíamos propuesto volver a integrar la empresa de energía de la Región Caribe integrada verticalmente con empresas eficientes como Gecelca, Urra y Transelca.

Esperamos que no sea “peor el remedio que la enfermedad”.

Al señor contralor, como al presidente Duque, le solicitamos nos responda las siguientes inquietudes:

  • Valor de la venta de Electricaribe
  • Acta de constitución de las empresas Aire y Afina
  • Capital suscrito y pagado de Aire y Afina
  • Representante legal de ambas empresas
  • Junta Directiva de ambas empresas
  • Honorarios devengados por la junta directiva de Electricaribe intervenida
  • Copia de los contratos firmados por Ángela Patricia Rojas
  • Con que recursos Electricaribe en liquidación pagará los pasivos ante toma.

No nos olvidemos que los dineros que se manejaron en Electricaribe son públicos, por lo tanto sagrados y es nuestro deber defenderlos. No se pueden manejar los dineros públicos como si fueran privados, no podemos seguir feriando  nuestros activos como históricamente lo han venido haciendo nuestros gobernantes.

Quiera Dios, que no perdamos la demanda con los españoles. Alguien tiene que responder por esta negociación, esto no puede quedarse sin que los colombianos conozcamos en detalle esa negociación. Es mucho pedirle presidente Duque.

No hay Renta Básica para las familias vulnerables, pero si regalo para los ricos. Esperamos una pronta respuesta por parte del gobierno y del Contralor General de la República-

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¿EL URIBISMO PLANEA UN «AUTOGOLPE DE ESTADO»?

 
Por Fernando Dorado
 
En Colombia todo apunta a que el gobierno de Duque y el uribismo no tienen otro camino que crear un caos artificial para intentar dar un golpe de Estado desde el mismo gobierno. Ya el senador Iván Cepeda denunció que el gobierno “se estaría planteando la posibilidad de recurrir a la figura de estado de excepción para afectar la independencia judicial, limitar la protesta social e intentar amordazar la oposición política”. Y tiene toda la razón, hay que alertar.
 
¿Por qué el gobierno y el uribismo se ven obligados a dar un “autogolpe de Estado”?
 
Venimos planteando que Uribe necesitaba apoderarse del gobierno para desde ese nivel del Estado destruir el proceso de paz, desmantelar la JEP, y tratar de apoderarse de las Cortes Judiciales, ya fuera mediante la cooptación de los magistrados o creando una “Corte Única” bajo su control. Todo para garantizar su impunidad e impedir un juicio justo y transparente.
 
En realidad, Uribe impuso a Duque, pero sus planes desestabilizadores no se han concretado. No ha logrado destruir totalmente el proceso de paz, aunque lo ha puesto en grave riesgo con la colaboración de algunos comandantes farianos que de forma irresponsable le hacen el juego al regresarse al monte después de haber dado “papaya” en la legalidad (cayeron en trampas montadas por la CIA y por la Fiscalía en las que algunos jefes guerrilleros mostraron graves falencias).
 
Tampoco ha podido destruir la JEP. Al contrario, la dinámica de ese organismo en la búsqueda de la verdad se ha fortalecido. Se ha presentado una importante rectificación de los dirigentes de las Farc (encabezados por Timochenko), que han empezado a reconocer los “errores” cometidos durante el conflicto y aceptar que se presentaron verdaderos crímenes de lesa humanidad que fueron uno de los factores que contribuyeron a descomponer sus filas, deslegitimar la acción armada y desprestigiar su lucha política ante el grueso de la población colombiana.
 
Y tampoco ha podido impulsar la “Constituyente” para reformar la justicia, dado que la Corte Suprema no cayó en la trampa de abrogarse ese juicio después de que Uribe renunció a su curul en el Senado. Esa institución judicial procedió a trasladar a la justicia ordinaria (Fiscalía) la mayor parte de las investigaciones y casos jurídicos que comprometen a Uribe con el paramilitarismo, dejando al uribismo sin argumentos para atacar de frente y deslegitimar el poder judicial.
 
No obstante, Uribe sabe que el caudal y la contundencia de las pruebas que tiene la justicia en su contra es muy grande y que le quedará muy difícil a los jueces hacerse los de la vista gorda. Pero lo que más les preocupa es la posibilidad de perder las elecciones en 2022, dado que de todas formas el poder ejecutivo es en Colombia una herramienta muy poderosa para garantizarse la impunidad y contar con aliados cómplices como las agencias de inteligencia de los EE. UU.
 
Los uribistas son conscientes que este gobierno no puede presentarle resultados positivos al pueblo colombiano, y que, por el contrario, el acumulado de errores, falencias, alevosías, atropellos, abusos y verdaderos crímenes que se han cometido durante este período de gobierno, le han generado un enorme desprestigio. Además, que la protesta social –contenida por la pandemia y el confinamiento– no solo va a crecer, sino que pondrá en grave riesgo la continuidad de su gestión. Saben que entramos en un “momento límite y crítico”.
 
Es por esa razón que el gobierno se ha trazado una estrategia maquiavélica y artera para manipular la protesta social, infiltrarla con cuerpos policiales especializados en la provocación (como ya lo hizo en el pasado durante el Paro Nacional de noviembre de 2019), y generar violencia de todo tipo (o apariencia de violencia) para crear rechazo entre el grueso de la población (vandalismo, asonadas, destrucción de bienes públicos, saqueos indiscriminados, muerte y terror, real o ficticia).
 
Uribe y Duque desean fervientemente que en Colombia la oposición y los movimientos sociales levanten la consigna de la renuncia de Duque. Quieren que las izquierdas y los demócratas se lancen en forma aventurera a fragmentar la débil democracia que existe en este país. Saben de antemano que la protesta callejera se puede infiltrar y manipular y desean que los demócratas nos desesperemos al nivel de romper con la institucionalidad vigente.
 
Los uribistas saben que en las próximas elecciones serán derrotados por una gran coalición de “centro-izquierda” alejada de extremismos insulsos que ya se viene configurando en la mente de amplios sectores políticos. Por ello, se requiere de un consciente refrenamiento y un control democrático estricto y disciplinado, que rechace la aventura golpista que impulsan ciertos sectores afanados que le hacen el juego a la derecha golpista de Duque-Uribe.
 
El cuadro se completa cuando Iván Márquez y Jesús Santrich piden la renuncia de Duque armados hasta los dientes. Petro llama a la desobediencia civil y la Minga Social y Comunitaria asume esa consigna para la protesta que se va a lanzar desde el próximo 10 de octubre. Tenemos sectores dentro del movimiento social que quieren hacer un juicio a Duque para luego exigirle su renuncia.
 
Esa actitud parece lógica ante un gobierno inepto, débil, corrupto y criminal, pero en realidad no existen las fuerzas unidas y organizadas para llevarlo a un fin constructivo y creativo. Las fuerzas de la muerte serían las beneficiarias de esa orgía de violencia.
 
Paralelamente, el Ministro de Defensa desde hace unos días ha perfeccionado su discurso en donde plantea que todas esas protestas son dirigidas o manipuladas por el ELN y las disidencias de las Farc, y que todo ello es un plan desestabilizador que tiene cómplices y agentes dentro de la Corte Suprema de Justicia y que cuenta con la dirección de políticos “incendiarios” que quieren provocar el caos.
 
Están armando el entramado golpista; tienen cuerpos de policía especializados en generar el caos y hacer saqueos y asonadas. El uribismo sabe que poco a poco se ha ido aislando y sólo espera dar el zarpazo. No olvidemos, que lo ocurrido el 9 de septiembre fue un complot septembrino provocado por la misma policía tanto desde las filas de los manifestantes como desde los cuerpos de la fuerza pública. Manipulan todo, desde el infantil afán de figurar de supuestos comandantes del ELN hasta la senil demencia de los viejos comandantes de las Farc.
 
No podemos hacerles el juego. Debemos llamar y apoyar la protesta masiva y pacífica, pero dirigida y conducida con paciencia estratégica y con grandeza democrática. Hay que rechazar totalmente el Desespero Cortoplacista e idear una verdadera Desobediencia Civil de largo aliento, colocando la reconciliación y la paz como principal objetivo de nuestro sufrido pueblo.
 
Hay que derrotar toda clase de golpismos, los conscientes y programados, y los inconscientes y aventurados.
 
Fuente: Prensa Bolivariana 
 

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Gobierno central arrebató a municipios y departamentos más pobres $202 mil millones

De manera ramplona e inconstitucional el Gobierno nacional le arrebató a municipios y departamentos más pobres la bicoca de $202 mil millones de pesos por concepto de transferencias del Sistema General de Participaciones.
La historia se remonta a los resultados del censo del año 2018, el cual mostró que muchos municipios y departamentos del país superaron los índices de pobreza que tenían en el 2005 cuando se realizó el anterior censo.
 
Resulta que mediante documentos SGP-042 y SGP-048 el Departamento Nacional de Planeación –DNP- distribuyó las transferencias del Sistema General de Participaciones –SGP– correspondientes al año 2020, a los municipios y departamentos del país, supuestamente basados en los nuevos resultados del Censo 2018, además, considerando que los datos de población y pobreza (NBI) se toman como base de liquidación de los recursos de Propósito General y agua potable del SGP, entre otros.
Según explicó el economista y especialista en Finanzas Públicas de la ESAP, Edward Torres Ruidíaz, el Gobierno hizo una primera distribución en febrero de este año, mediante documento SGP-042, el cual efectivamente, aumentaba la asignación a las entidades a las que les había aumentado la pobreza relativa y las disminuía a aquellas donde la pobreza NBI había disminuido, es decir los considerados “ricos”.
 
Haciendo uso de unas facultades de “transición” otorgadas por la ley 2008 del 2019, el documento SGP-042 distribuyó sólo 5 de las 11 mensualidades del 2020, en aquellas partidas afectadas por los cambios en pobreza y población, como son las de propósito general y salud pública asignada a alcaldías, y agua potable, asignada a alcaldías y gobernaciones, en espera del “ajuste” cuyo objetivo sería disminuir el incremento de recursos a los municipios “beneficiados” por la distribución anticipada por el documento SGP-042 de febrero pasado, para compensar la disminución de aquellos “perjudicados”.
 
Ya el Departamento Nacional de Planeación DNP, era conocedor de que el nuevo censo 2018 ocasionaría “cambios significativos en los resultados de la distribución del SGP” a las entidades territoriales, y era evidente que, a municipios y departamentos, que redujeron ostensiblemente sus cifras de pobreza NBI, verían reducir del mismo modo sus nuevas transferencias, al contrario de aquellos que en términos relativos la aumentaron o no les disminuyó tanto. Esta premisa de que las nuevas cifras de pobreza y población del censo 2018, beneficiaba con más recursos a los más pobres y perjudicaba a aquellos que, según estas, ya no lo eran tanto, se basa en los criterios legales de asignación y como lo estipula el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia que dice: “Todas las personas… gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades”, y “el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”.
 
En el mismo sentido, “el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta…”. Este artículo constitucional es en el que se sustenta el criterio de focalización entendida como la estrategia de uso internacional para direccionar recursos a grupos de población socialmente desfavorecidos, una “discriminación positiva” (DNP. 2007), con el fin de que superen sus condiciones de desventaja y, en términos generales, reducir la desigualdad y la pobreza.
Así las cosas, explicó Torres Ruidíaz, las proyecciones mostraban que los aproximadamente 400 municipios beneficiados por el documento SGP-042 con más recursos, se concentraban en los departamentos más pobres, en su orden Chocó, Córdoba, Bolívar, Norte de Santander, Magdalena, entre otros.
 
Mientras que, en la otra orilla, los aproximadamente 600 municipios “perjudicados” por el documento SGP-042 con la reducción de recursos, correspondían en mayor parte a los departamentos de Boyacá, Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca, departamentos menos pobres del nuevo censo. Lo que nadie entiende En el primer documento SGP de este año, eso se dio, pero llegado julio, el Gobierno debía distribuir los recursos correspondientes al resto del año. Para ello, expidió el Decreto 943 del 6 de julio de 2020 y dictó los lineamientos del “ajuste”, el cual resume los efectos así: “En la distribución de los recursos de la participación para Propósito General el número de municipios y distritos a los que se les disminuyen recursos por la aplicación de variables del CNPV 2018 es igual a 493, lo cual representa el 44,7% del total de entidades beneficiarias. En la distribución de la participación para Agua Potable y Saneamiento Básico (APSB), (…), el 44,5% de las entidades beneficiarias correspondiente a 499 entidades, entre municipios y áreas no municipalizadas, disminuyeron sus recursos frente a las once doceavas de la vigencia 2019.
 
En la distribución del subcomponente de salud pública de la participación para Salud con la aplicación del CNPV 2018 refleja que 179 anotando que entidades, entre municipios y áreas no municipalizadas, así como 10 departamentos, presentan una reducción de sus recursos frente a lo asignado en la vigencia 2019. Que el número de municipios y distritos a los que se les disminuyen sus recursos por la aplicación de variables del CNPV 2018 en la distribución de los recursos de la Asignación Especial para Alimentación Escolar es igual a 831, lo cual representa el 75,4% del total de las entidades beneficiarias, por lo que en promedio dichas entidades dejan de recibir un 23,5% respecto de los recursos que recibieron en la vigencia anterior.”
Conforme a ello, el decreto define como criterio de “ajuste” “para la distribución de las doce doceavas de la presente vigencia, (…) garantizar a los beneficiarios como mínimo lo asignado por concepto de las doce doceavas de la vigencia 2019, con sujeción a la disponibilidad presupuestal del valor apropiado para cada componente del SGP en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2020.” Quiso el Gobierno “garantizar” a las entidades territoriales “perjudicadas” en los criterios de pobreza y población por el nuevo censo 2018, los mismos recursos de 2019, lo que implica una bolsa fija de recursos, no una bolsa adicional, por lo que esa compensación se hará recortando los recursos a aquellos que les habían aumentado con el nuevo censo, que ahora son los nuevos “perjudicados”, esta vez por el decreto 943 de 2020.
 
Luego lo que hizo el Gobierno fue desconocer los resultados del Censo 2018, al intentar “compensar” lo que habían “perdido” varias poblaciones por cuenta de la reducción de la pobreza que arrojó el nuevo conteo de la población colombiana.
 
Ejemplos claros Para explicar esta tesis, el experto Edward Torres, menciona que en el departamento del Magdalena, alcaldías y gobernación perdieron $16.412 millones en el SGP propósito general y agua potable liquidados por pobreza y población, mientras que Boyacá, con pobreza de apenas 10% recibió por habitante el triple de transferencias que La Guajira, aunque la pobreza de esta última es cinco veces mayor con 52%. Edwar Torres expreso “Hay una violación al principio de subsidiariedad y el objetivo de focalización es escandaloso, más aún si se tiene en cuenta que municipios de sexta categoría del Magdalena y otros departamentos, las transferencias nacionales, que incluyen las del SGP, representan en promedio el 81% de los ingresos totales” Y agrega que en total 19 departamentos se afectaron respecto a lo que percibieron con el documento SGP-042. Chocó fue el más afectado perdiendo sus alcaldías y Gobernación en un año -$47 mil millones, es decir más de $200 mil millones si se contabiliza el cuatrienio.
 
Le siguen en su orden, como departamentos afectados en mayor medida, Bolívar, Córdoba, Norte de Santander, Magdalena y Sucre. Y en contraparte, fueron beneficiadas las alcaldías y la gobernación de Boyacá que gracias al SGP-048, percibió $62 mil millones más de lo que le liquidaba el SGP-042 de febrero, siguiéndole en su orden Cundinamarca ($35 mil millones), Nariño, Cauca, Santander y Huila. “Son casi $202 mil millones que se quitan a las alcaldías y gobernaciones “más pobres”, ´como el Chocó y el Caribe, para trasladarlos a aquellas “menos pobres”, como Boyacá y Cundinamarca, para compensar los cambios en las cifras de pobreza del censo 2018 respecto al 2005. Que los pobres reciban menos transferencias de las que merecen y los ricos más de ello, puede explicar la persistente desigualdad de Colombia”, recalcó Torres.
 
La forma amañada y corrupta como se hizo esta distribución lleva a preguntar, bajo qué criterios y con qué autoridad el Gobierno nacional desconoció de forma descarada lo que estipula la Constitución, y peor aún, desconociendo la realidad de las necesidades básicas de las regiones más pobres y vulnerables del país, y favoreciendo de manera arbitraria, quizás con intereses más politiqueros que cualquier otro, a zonas que evidentemente tienen mejores desempeños y necesidades que los anteriores.
 
Para el economista y catedrático Edward Torres, municipios y gobernaciones afectadas deben actuar jurídicamente contra el SGP-048 invocando los derechos fundamentales del artículo 13 de la Constitución Política, rector de los principios de subsidiariedad y las estrategias de focalización, claramente violados pues, y “aprovechar la torpe justificación del recorte en la ley 2008/19, al llamar “efectos negativos” a las variaciones en las transferencias por el nuevo censo, que no aplica para más de 400 municipios “pobres” que se benefician por ello”. Fuente Corrupcion Al Dia

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Virna Jhonson también contrató el desarrollo pedagógico de la IED San Francisco Javier con una fundación creada por los Vives

Sé trata de la Fundación San José, creada por los religiosos católicos del Seminario con apoyo de la familia Vives sus principales benefactores, cuándo éstos construyeron la urbanización Garagoa y donaron el lote para la IED San Francisco Javier. Bien dice el dicho popular que “el ojo nunca mira para adentro” y qué “nada hace el burro diciéndole al puerco orejón, cuándo sus orejas son mucho mas grandes.
La alcaldesa Viena Lizi Jhonson también le otorgó a una fundación católica, creada al parecer por los Vives, un contrató para el desarrollo pedagógico de los estudiantes de la IED San Francisco Javier, la cual cubre a los niños vulnerables del sector de Garagoa y Timayuí.
Se trata de un contrato por la suma de 1.800 millones de pesos suscrito con la Fundación San José, creada por los religiosos católicos del Seminario, cuyos principales benefactores son los Vives y la cual se constituyó cuándo la citada familia construyó la Urbanización Garagoa, donó el terreno y adelantó una campaña para la construcción del colegio, cuyo objetivo fue educar a los niños vulnerables de todo ese sector marginado de la ciudad, incluyendo el barrio Timayuí.
La firma de este contrato por parte de la alcaldesa Johnson no llamara tanto la atención, si desde la alcaldía y la gobernación, no sé hubiera adelantado la semana pasada de manera alevosa y rastrera una campaña de descrédito al alcalde de Ciénaga Luís Tete Samper por haber otorgado un contrató similar y por el mismo valor a otra fundación religiosa pero de origen cristiano, donde aparece como representante legal la pastora Yuritza Del Castillo.
En este contrato la alcaldesa Johnson le otorga la suma de 1.800 millones 893 mil pesos a la Fundación San José, representada legalmente por la hermana Alicia Mercedes de Fátima Valencia Vives, para qué en el término de 310 días a partir del 21 de febrero ejecute la “ promoción e implementación de estrategia de desarrollo pedagógico con iglesias y confesiones religiosas en la IED San Francisco Javier conforme a la sección 5 Articulo 2.3.1.3.5.1 del Decreto 1851 de 2015”.
El contrato establece a las claras que debe ejecutarse durante el calendario Escolar de 2020, y se otorgó sin que se hubiera previsto el inició de la pandemia Covid19, precisamente en los mismos días en que el Ministerio de Educación decidió la suspensión de las Clases, por lo que existen dudas del cumplimiento del mismo, ya que el objetó contractual demandaba la realización de actividades presenciales. Asi lo dio a conocer un medio de comunicacion en el Magdalena.

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Los logros de un inocente presidiario

Por Emerson Grajales Usma*

Cuando, hace quince días, conocimos la noticia por el mismo exmandatario Álvaro Uribe Vélez, de que había sido notificado por la Corte Suprema de Justicia, con medida de aseguramiento en su sitio de residencia; el país estalló en confusión. Unos, los gratos, en contra de la determinación judicial; y otros, los verdugos izquierdistas; a favor.

La noticia traspasó las fronteras y como bola de nieve, creció y le dio la vuelta al mundo. Y no es para menos. Uribe, es el hombre más importante de los últimos años en la esfera terrestre.

Odiado por algo menos del 30% de los colombianos y admirado por cerca del 65% de quienes podemos “opinar” a través de las urnas. Sus logros, los que hoy olvidan olímpicamente quienes están embriagados por las timadoras posiciones de la izquierda miserable de este país; saltan a la vista de cualquier ciudadano desprevenido y aterrizado.

A su llegada al solio de Bolívar en agosto de 2002, Uribe encontró el país en menos del grupo narcoterrorista de las Farc con 2882 secuestros. Escalofriante cifra que el nuevo inquilino de la Casa de Nariño, logró bajar a junio de 2010, en 123.

En materia de homicidios, el inventario aterrorizaba con un registro de 28837 asesinatos por año. Ya finalizando su segundo mandato, aunque la cifra no colmó las expectativas de los colombianos, el presidente Uribe logró llevar esa cifra a 7410 homicidios por año.

Las Farc, cada día eran más contundentes en sus actos terroristas, llegando a 1645; pero esa cifra se logró desvanecer con la política de seguridad democrática, a 250 actos violentos al termino de sus ocho años de gobierno.

En el año 2002, la cuarta parte del total de alcaldes en el país, despachaban desde la capital de sus departamentos, e inclusive, otro número no menos importante, desde Bogotá. Esa cifra “aterrizó” a cero, al término del gobierno de Álvaro Uribe Vélez en 2010.

A raíz de la arremetida de la fuerza pública en todo el territorio nacional y el regreso a TODOS los municipios de los organismos policivos, 53540 guerrilleros se desmovilizaron durante los ocho años de Mandato de Uribe.

Y necesitaría de más espacio, para continuar la lista de logros de quien durante las dos últimas décadas, logró arrinconar al terrorismo. Ese mismo grupo de líderes criminales y narcotraficantes que hoy tiene asiento en el Congreso de la República, es el que se infiltró en las altas Cortes para auspiciar la medida de aseguramiento en contra de quien los ha combatido sin cuartel y sin piedad durante su gobierno, y quien ha puesto los tres presidentes que han gobernado a Colombia desde el 2002 a la fecha. Estos son los logros de un inocente presidiario.

Ese gran colombiano, que hoy tiene casa por cárcel, es la piedra en el zapato de aquellos que han buscado claudicarlo tanto a través de atentados contra su vida, como en las urnas. Ese imbatible hombre, es Álvaro Uribe Vélez, a quien solo quieren silenciar con la justicia, con una justicia habida de dadivas y réditos. Yo diría:

“Cuando se encarcela a un lider, se robustecen sus ideas y sus seguidores”.

*Asesor y consultor

Twitter: @Grajalesluise

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El sinuoso ambientalista

Por Emerson Grajales Usma*

 

Durante los últimos 30 años, el departamento de Risaralda, ha sido un clásico ejemplo de cómo las coaliciones políticas mayoritarias pueden capturar una región y, desde el poder local, montar tanto una estructura de negocios, como una maquinaria criminal y de reproducción electoral. Pareciera que el «gran robo a Caldas», destapado y denunciado hace ya más de 35 años; fuera tomado como el molde perfecto por los políticos risaraldenses, y así poder “desarrollar”, igualmente, sus actos de corrupción sin ningún escrúpulo.

En Caldas, la caja menor fue, y sigue siendo; la Licorera del departamento. De allí han “embriagado” con gruesas sumas de dinero a dirigentes políticos de la región y siempre, con dadivas ordenadas por caciques públicos que se niegan a desaparecer, o en otros escenarios; pese a no estar vivos, como el caso del Liberal Víctor Renán Barco; siguen las réplicas de sus pilatunas en cuerpo ajeno.

En lo que a Risaralda compete, el tema no es menos resonante y escabroso.

La Corporación Autónoma Regional de Risaralda, CARDER; ejerce el mismo “papel” que la Licorera de Caldas. Bandos de los dos partidos tradicionales (Liberal y Conservador), han mantenido tanto su hegemonía como sus fauces abiertas, con las que logran raptar anheladas sumas de dinero bien a través de contratos o con obras de las que se desprenden fuertes tufillos. Allí, no confluyen con facilidad, concejales y menos diputados a “pedir” favores para sus municipios por la sencilla razón que sus credenciales no tienen eco. A la emblemática sede de la CARDER, llegan son los “pesados”, los que se mueven en Bogotá, para ordenar que se adjudiquen obras a través de contratistas sin miramiento alguno de sus requisitos, o se nombren personajillos, aunque no tengan estudio, o hayan presentado dudosos documentos que los “acredite” hasta de ambientalistas, y disque; con especializaciones.

La CARDER, también ha sido la entidad más golpeada por los mismos políticos, la entidad más desprestigiada de Risaralda, precisamente por las malas actuaciones de quienes acreditan su desempeño como congresistas a nombre de los partidos Conservador y Liberal del departamento.

El sábado 25 de julio, se consumó en Pereira, el peor de los actos de corrupción no solo con la CARDER, sino; también con los risaraldenses.

Con la complicidad del Procurador General de la Nación Fernando Carrillo Flórez, quien fue advertido por el suscrito en repetidas oportunidades tanto personalmente como por diferentes canales de mensajería electrónicos; sobre los indebidos procedimientos para la elección del director, y sobre los cuestionamientos de uno de los aspirantes; no hizo caso y se pasó la  “advertencia por la faja” y ungieron, como era de esperarse y en forma ilegítima, a un tal Julio Cesar Gómez Salazar. Este sinuoso ambientalista, logró timar al Consejo Directivo de la entidad, en cabeza del delegado del gobernador de Risaralda, el Secretario Jurídico Fidel Cano.

Pues su llegada, la de Gómez Salazar; fue otra de las ya acostumbradas imposiciones en este departamento por parte de los dirigentes políticos de la región, con especial énfasis en quien maneja los hilos rojos del poder.

Lo preocupante, es que al nuevo director, nadie lo podrá vigilar como debiera ser. Pues el Procurador, por omisión clara, demostró sus intereses creados en la CARDER y en el departamento, o por lo menos ese fue el tufillo que dejo sentir. Y ni hablar del Contralor General de la República Felipe Córdoba Larrarte; pues para nadie es un secreto que fue el mentor de la nefasta llegada de Gómez Salazar, conjuntamente con el Congresista Diego Patiño Amariles.

A Risaralda solo le resta esperar que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo actúe en derecho ante las inminentes acciones electorales que se presentaran y conjuntamente con las faenas penales y disciplinarias que ya toman camino a sus respectivos jueces, cobijando a cada uno de los actores del Consejo Directivo, quienes actuaron en prevaricato por acción y por omisión.

*Asesor y consultor

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Qué vergüenza de país el que hoy exponemos

Por Emerson Grajales Usma*

Las variables que han conllevado a elevar la cifra de delincuentes en nuestro país, son muchas pero todas confluyen a una sola definición. La falta de oportunidad laboral. Por tal razón, nos ha correspondido convivir, indeseablemente, con situaciones difíciles al ver a jóvenes en las filas de grupos armados al margen de la ley. Unos por voluntad propia, otros mal persuadidos por los aguerridos criminales y otros, reclutados forzadamente para sus filas delictivas.

Y es que los temores a recibir ejemplares castigos por estos actos delincuenciales se han perdido, gracias a una justicia que ha sido permisiva e indiferente a la hora de “asumir” sanciones judiciales. De ahí que nos corresponda asistir a ver cada día, cómo las patibularias filas delincuenciales van engrosando sin temor alguno. La impunidad por estos delitos, cada momento están a la orden del día. Sanciones menos severas.

La llegada, a muy escasa edad, de Griselda Lobo Silva, mejor conocida en el mundo narcoterrorista como “Sandra Ramírez”; a las filas criminales y subversivas de las Farc, es un claro ejemplo. Llegó a esa agrupación terrorista cuando apenas asomaba a sus 18 años, buscando una “oportunidad” económica para su vida y la de su familia.

Desde 1981, ingresó como enfermera y luego pasó a formar parte de la seguridad personal de “Manuel Marulanda” o “Tiro fijo”. Se convirtió en la concubina del legendario guerrillero sin escrúpulo alguno, pese a la avanzada edad del longevo terrorista. Conoció como ninguno, la vida belicosa en el monte. Fue víctima, al lado de su amante, de varios atentados de las Fuerzas Militares y la persecución de las mismas. “Sandra Ramírez”, no fue indiferente a la guerra que esa agrupación terrorista libraba contra el Estado. Y menos, desconocía los entramados de la guerra y el narcotráfico. No ignoró el negocio del secuestro, las pescas milagrosas, el narcotráfico y se aferró a los “dividendos” que de esas oscuras actividades criminales, se desprendía.    

Hoy, esa mujer con pasado borrascoso, no solo hace parte del Congreso de la República de Colombia desde el 20 de julio de 2018, sino que ahora es la segunda vicepresidenta de la Corporación legislativa. Vaya afrenta a las víctimas, a la justicia y al país todo.

Fruto de unos mal logrados acuerdos con el nefasto gobierno de Juan Manuel Santos, ella como sus camaradas vertidos, cínicamente, de everfit y con “desteñidas” credenciales de congresistas, hoy se esconden en el Capitolio Nacional como ratas de alcantarilla. Y se esconden a una justicia transnacional por sus delitos de lesa humanidad, cuyos togados internacionales son impermeables a los sobornos, a diferencia de quienes vergonzosamente dicen ser los jueces de “honor” en nuestra Nación.

Qué vergüenza de país el que nos correspondió. Qué vergüenza de justicia que hoy le hace honor a la llegada de una criminal como “Sandra Ramírez”; a quien le corresponderá validar las leyes colombianas sobre castigos al narcotráfico, sobre condenas a  violación a menores de edad y quien determinará las puniciones por rebelión. Delitos estos, sobre los que no han respondido ni Griselda, ni sus bastardos camaradas. Algo así, como las ratas cuidando el queso.

Ya no es un decoro decir, como en otrora, que era un honor pertenecer al Congreso de la República, una institución que estaba bañada hasta el sótano, en indeleble dignidad. Eso se perdió desde que allí confluyeron mundialistas narcotraficantes como Pablo Escobar; y otros delincuentes no menos agresivos y criminales como los paramilitares y hoy, una mujer que con las manos manchadas de crimen a nombre del movimiento más sanguinario y antiguo del mundo como lo son las Farc, firmará durante doce meses, el futuro de nuestra justicia.

Qué vergüenza de país el que hoy exponemos al mundo, con insondable cobardía.

*Asesor y consultor

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El hombre que hizo llover cultura

Por Emerson Grajales Usma*

Fue precisamente el cielo tutelar de Zarzal, en el departamento del Valle del Cauca, cuando James Llanos Gómez, vio por primera vez la luz del infinito en el año 1967, custodiado por sus padres.

A primera vista, hablar de James Llanos, no necesariamente nos traslada a una lejana historia cultural de un hombre que se ha hecho a pulso pero que no disminuye esfuerzos para ocupar destacados escenarios de exposiciones de encumbrados artistas de la pintura. También se ha convertido en el centro de atención de otros subrayados curadores y críticos del arte.

Hijo de una humilde pero trabajadora familia. No en vano, sus padres fueron muy aferrados a las costumbres antioqueñas, pues tanto así que Llanos proviene de una numerosa familia cuya visión ha estado copiosamente en el gran aporte al desarrollo de la región con su constancia en la actividad productiva. Su progenitora era una modista de gran metraje, oriunda de una vereda vallecaucana y su padre, un obrero de la reconocida industria Colombina, asentada en La Paila, también en el Valle del Cauca.

Como lo cité con anticipación, James Llanos, es un ser humano rebosado de una espesa nobleza. Con estudios de primaria iniciados en su natal Zarzal en la Escuela General Santander pero culminó en Buga, en el centro educativo Carlos Arturo Cabal. Su bachillerato lo hizo en el Instituto Técnico Agrícola de la ciudad Señora, Buga.

Su inclinación por las artes culturales, lo llevo a los espacios de la Casa de la Cultura de esta última localidad, donde estudió dibujo y pintura. Pues era la plataforma de lanzamiento para su llegada a las aulas universitarias donde desarrolló su habilidad por las Artes en dibujo y pintura, en la Nacional de la Capital de la República.

Dejó esa mole de cemento llamada Bogotá; para trasladarse a Pereira, donde logró incursionar en la Universidad Tecnológica y se dedicó a estudiar Licenciatura en Artes Plásticas.

También estudió especialización en Didáctica del Arte, en la Universidad Los Libertadores de Bogotá pero en la sede de Pereira.

Su inquietud por afianzar su intelecto cultural, lo llevó a estudiar  museología en un convenio entre las universidades Del Rosario y la Nacional. (Estudio del museo y de las obras artísticas); y museografía  (Estudio y procesos para montaje de una obra en sala de exposición), en la reservada Universidad de Resistencia en Buenos Aires, Argentina.

Hoy James Llanos, es un gran y destacado maestro y renombrado artista. De él, puedo dar fe sobre sus artes como la aquilatada exposición de pinturas contemporáneas registrada en su momento en la monumental Autopista del Café (entre Pereira y Armenia), y ha ocupado inimaginables salones de exposiciones tanto en la región como nacionales.

Su fina pluma, lo tiene ahora en la mira de directores de destacadas salas de exposición, a donde confluyen artistas expertos de hidalga brocha y en la aplicación de alquídica en sus oleos.

Colombia, está ad portas de, sin querer queriendo; tener a nivel internacional, a un hombre que expresa a través de su copiosa cabellera un espeso profesionalismo a través de la pintura.

*Asesor y consultor

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¿Y la “pandemia” indultada?

Por Emerson Grajales Usma*

El mundo entero seguimos alarmados por un virus que nos brindó la China desde Wuhan, a finales del 2019, y se propagó por todos los hemisferios y ha sumado alrededor de 10 millones 600 mil contagiados y cerca de 515 mil muertes. La organización mundial de la salud-OMS- declaró la pandemia, el 11 de marzo de 2020.

En estos 105 días desde la declaratoria por parte de la OMS, hemos podido observar como alrededor del mundo, todos los gobiernos, en absoluto todos; han aunado esfuerzos para combatir el Covid-19. Los grandes científicos, han adelantado, maratónicamente, estudios que les permita encontrar la vacuna para frenar el contagio. Muy seguramente, tomará más tiempo, entre tanto, asistiremos a más propagación y por ende a más muertes ante la indisciplina social, como agravante agregado.

Lo anterior, nos permite mirar con ojos de ansiedad cómo ante las ideas que confluyen para exterminar un mal en la humanidad, en Colombia no tenemos la menor idea de cómo aniquilar la “pandemia” de la violencia en nuestro territorio nacional. Si los grandes científicos trabajan sin descanso para frenar este microscópico enemigo que nació precisamente hace 6 meses en la China, porqué razón nosotros los colombianos, no hemos podido ponerle fin a una “pandemia” que desde hace 55 años, he venido cobrando vidas y dejando una vestigio de violencia a lo largo y ancho del país.

El caso del grupo de las Farc, ha dejado desde su creación, tras descontar en el calendario más de cinco décadas de guerra; alrededor de 200 mil muertes y 45 mil desaparecidos y cerca de siete millones de desplazados.

El entonces grupo insurgente, se dejó tentar por el dinero fácil, y comenzaron a incursionar en el negocio del narcotráfico, de los cobros al gramaje y de paso, llegaron al chantaje pero ya no como método de presión al Estado, sino para exigir por el rescate de los secuestrados. Hoy las Farc, son parte de una lista de terroristas que han logrado burlar al mundo y al mismo Estado colombiano, y se han apoderado de la agenda del gobierno nacional, con énfasis en los ocho años iniciales de la década del 2010, cuando llegó al Solio de Bolívar, Juan Manuel Santos.

Sigue uno preguntándose, si para la pandemia del coronavirus en seis meses ya se han hecho pruebas para dar con el antídoto a la plaga, ¿qué hemos esperado para encontrar la “cura” y acabar de raíz con la pandemia del terrorismo?

Los actores principales de la “pandemia” narco criminal, hoy gozan del indulto del Estado y sus protagonistas atrincherados en el Capitolio Nacional cobijados con desteñidas credenciales, posan de ser los dueños de la moral. Discuten y se oponen a leyes como el aumento de penas ejemplarizantes para menores de edad; leyes con duras condenas para narcotraficantes; y se oponen, cínicamente, a simulados proyectos para reformar la justicia que permita la extradición de colombianos.

Esa misma “pandemia” terrorista, no la podremos exterminar de nuestro país, mientras no tengamos un antídoto (léase gobierno), que con rigor someta a sus actores criminales a la justicia; no la podremos exterminar mientras una tal JEP siga como colador que permita el traspaso de terroristas a la vida civil sin haber pagado un solo día de cárcel intramural por crímenes de lesa humanidad, y mientras los mismos narcoterroristas, encuentren en “congresistas”, aliados que los persuadan en su llegada al poder con la venia de nefastos gobiernos.

Ante la ausencia de la “cura” para acabar esta imperfección humana, los colombianos debemos inmunizarnos contra la politiquería, y retomar nuestra autonomía y criterio a través de las urnas para depurar las ramas de los poderes que hoy son permeadas por una escoria humana como Timochenko, Loazada, Catatumbo, Ramírez, Marín, Alape, Sandino; entre otros no menos criminales.

*Asesor y consultor

Twitter: @Grajalesluise   

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