Tras el escándalo por la infiltración en reuniones estratégicas del Ejército Nacional relacionadas con la seguridad del presidente Gustavo Petro, la Fiscalía anunció cárcel para dos militares y a la falsa capitana señalada de acceder a información reservada de inteligencia.
“Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al mayor Pedronel Jiménez Cárdenas, al sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y a Luisa Fernanda Salgado Fernández, por su presunta participación en un entramado ilegal que habría infiltrado operaciones en contra de estructuras delincuenciales en Bogotá y Cundinamarca, y obtenida información de seguridad nacional”, señaló la Fiscalía.
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El ente acusador sostiene que los militares habrían permitido a Salgado ingresar a instalaciones oficiales, involucrarse en reuniones de inteligencia y procedimientos, haciéndose pasar como capitán del Ejército Nacional.
Por estos hechos, los tres capturados fueron imputados por concierto para delinquir agravado, simulación de investidura, revelación de secreto y fraude procesal.
La mujer se pronunció en la revista Semana y aseguró que se trata de un montaje en su contra. “Lo que están haciendo conmigo es una injusticia. Después de servirle tanto al país, mire lo que me hicieron. Ayudé a limpiar la sociedad de tanta podredumbre, yo lo que hacía era brindar información a las autoridades para golpear las bandas delictivas y ahora yo estoy acá metida con gente del Tren de Aragua, yo estoy con gente de Los Satanás, bandas que yo misma capturé”, indicó.
Salgado contó que en sus tiempos libres se dedicaba a trabajar como conductora de Uber y negó estar vinculada con hechos delictivos.
Por parte de la Procuraduría General de la Nación también se había iniciado una indagación disciplinaria contra los dos miembros del Ejército por la presunta extralimitación de funciones al permitir que la mujer se infiltrara en el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (BAFUR 5), adscrito al Batallón Guardia Presidencial.
El Ministerio Público busca establecer si la conducta de los uniformados constituye una falta disciplinaria en el marco del Código Disciplinario Militar.
La investigación se centra en esclarecer los motivos que llevaron a los militares a permitir el acceso de la civil a datos sensibles, el perjuicio causado a la administración pública y si actuaron bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.
Las pesquisas preliminares señalan que, por presuntas instrucciones del Mayor Jiménez Cárdenas, se habría ordenado a un oficial entregar a la supuesta “Capitán Stefanny” el computador de operaciones. Este equipo maneja información crítica y de cumplimiento diario sobre las rutas y esquemas de seguridad tanto del presidente de la República como de su núcleo familiar y de la vicepresidenta.
La investigación penal determinó que, entre marzo de 2024 y abril de 2025, el mayor Jiménez, entonces comandante de una unidad del BAFUR 5, habría permitido que Salgado Fernández ingresara a instalaciones militares y participara en operaciones tácticas. La mujer asumió funciones exclusivas de oficiales, asistió a reuniones interinstitucionales y accedió a datos clasificados.
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El sargento Padilla Villanueva, por su parte, es señalado de facilitar la entrada de la mujer a las guarniciones militares, permitir su interacción con la tropa y vincularla a labores de inteligencia y entrenamiento. Además, le habría entregado detalles sobre los movimientos de la unidad y la logística para el uso de equipos de comunicaciones y drones.
El director especializado contra las Organizaciones Criminales, Nelson Andrés Escobar, señaló que la infiltración representó un riesgo para la seguridad del Estado y explicó que la investigación busca establecer si hubo filtración de información hacia estructuras criminales.
A raíz del escándalo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que, si bien el hecho tiene relación con una de las unidades que presta seguridad al primer mandatario, la seguridad del presidente no fue vulnerada.
