Durante la noche de este lunes 7 de julio, habitantes del barrio Salitre Occidental, en la localidad de Fontibón, bloquearon varias vías principales y los accesos a la Terminal de Transporte de Salitre.
La protesta fue motivada por el rechazo a la decisión del Distrito de reubicar temporalmente a más de 1.000 indígenas Emberá en la sede del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), ubicada en su zona.
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La medida hace parte del cumplimiento de un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó a la Alcaldía Mayor de Bogotá desalojar la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja —actual lugar de permanencia de esta población indígena—, debido a condiciones de hacinamiento e insalubridad que ponen en riesgo su salud y dignidad.
Y es que tras meses de análisis técnico y evaluación de más de 70 predios, el Distrito determinó que la sede del IDPAC es una opción viable para el traslado transitorio, ya que cuenta con espacios que pueden ser adecuados para la atención integral de niños, niñas y adolescentes de esta comunidad.
Sin embargo, los residentes de Salitre Occidental afirman que la decisión fue tomada sin consulta previa, y han manifestado preocupaciones sobre la seguridad, la infraestructura del lugar y el impacto que podría tener esta reubicación en su entorno.
Frente a la decisión, el concejal Daniel Briceño fue uno de los primeros en pronunciarse públicamente. A través de su cuenta en la red social X, señaló que “en menos de 48 horas, más de 5.000 vecinos de Ciudad Salitre respaldaron la solicitud que hoy radicamos ante @GobiernoBTA. Pedimos descartar Salitre como opción para reubicar al pueblo Emberá. El predio del IDPAC no cumple condiciones técnicas”.
También cuestionó directamente la decisión de la administración distrital, afirmando: “¿Para cumplir una orden del Tribunal sobre la Rioja y la comunidad Emberá, entonces el Distrito cometerá el mismo error de La Rioja, pero ahora en el predio del IDPAC? No tiene sentido”.
Y agregó que “el Distrito ha sido absolutamente tibio frente a la @UnidadVictimas, que es la entidad responsable de dar una solución definitiva. Tampoco han concertado ni escuchado a las comunidades que han mostrado su preocupación al respecto”.
Frente a estas críticas, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, respondió que “hemos buscado todas las alternativas y ha sido difícil tener una respuesta que satisfaga a todos los sectores” y reiteró la responsabilidad nacional en la solución definitiva: “nuestra reiterada petición hacia el Gobierno Nacional es poder realizar cuanto antes el retorno o reubicación con garantías y dignidad para esta población”.
Quintero también insistió en la disposición del Distrito para dialogar: “estamos abriendo espacios de diálogo con los actores implicados en la zona, queremos recoger y responder todas sus preocupaciones para así establecer acuerdos de sana convivencia. Usted conoce nuestra disposición, siempre hemos estado abiertos a responder a las dudas o preocupaciones de la ciudadanía”.
En un comunicado posterior, el secretario explicó el trasfondo técnico y legal de la medida: “Desde mayo de 2025 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió un fallo judicial que impone un tiempo de 3 meses para la relocalización de la población Emberá ubicada en la UPI La Rioja. Esta orden judicial confluyó con un proceso previo de más 6 meses en el cual el Distrito ya venía analizando escenarios para ese traslado”.
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Añadió que “respetando las condiciones que impone el Tribunal, un equipo de más de cinco entidades de @Bogota revisó 21 predios y presentó una propuesta final ante un Comité de Emergencia donde también está la @personeriabta, representantes de la ONIC y los Emberá”.
Y concluyó con un mensaje institucional: “Bogotá recibe miles de víctimas de desplazamiento forzado. Nuestro deber como Gobierno Distrital y como ciudad es brindar todas las garantías para que estas personas encuentren condiciones de vida dignas, que les permitan avanzar hacia la reconstrucción de sus proyectos de vida”.
El Distrito reiteró que continuará generando espacios de diálogo con los habitantes del sector y que se garantizarán condiciones adecuadas tanto para la comunidad Emberá como para los trabajadores y servicios que hoy operan en el predio del IDPAC.
