Tres meses después de la “renuncia masiva” de 16 exjefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como gestores de paz, el Gobierno de Gustavo Petro publicó este lunes una nueva resolución con la que vuelve a nombrarlos en ese papel y parece revivir la mesa de negociación que quiere llevar con ese grupo.
De acuerdo con el documento, los gestores serían: Arnubio Triana Mahecha, conocido como ‘Botalón’; Ramiro Vanoy Murillo, ‘Cuco’ Vanoy; Héctor José Buitrago Rodríguez, ‘El Patrón’; Juan Francisco Prada Márquez, Juancho Prada; Luis Eduardo Cifuentes Galindo, el Águila; Hernán Giraldo Serna, ‘el señor de la Sierra’ y Manuel de Jesus Pirabán, Pirata.
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Además, Diego Fernando Murillo Bejarano, ‘Don Berna’; Salvatore Mancuso Gómez; Rodrigo Pérez Alzate, ‘Julián Bolívar; Carlos Mario Jiménez Naranjo, ‘Macaco’; José Baldomero Linares Moreno, Guillermo Torres; Rodrigo Tovar Pupo, ‘Jorge 40’; Edwar Cobos Téllez, ‘Diego Vecino’; Héctor Germán Buitrago Parada, Martín Llanos, y Fredy Rendón Herrera, ‘El Alemán’.
Aunque inicialmente eran 18 exparamilitares, desde mayo, Ever Velosa, HH, y Ramón Isaza ya no estaban en el proceso.
La suspensión del rol de gestores de paz de los exparamilitares se dio en su momento porque por diferencias con el comisionado de paz, Otty Patiño. Esas diferencias, según la carta, también habrían sido con María Paz Lara, mano derecha del comisionado, y con Álvaro Jiménez, un asesor cercano a Patiño y quien además es el jefe negociador con el Clan del Golfo.
“Esta decisión obedece al reiterado incumplimiento de los compromisos por parte de la OCCP (Oficina del Consejero Comisionado de Paz). La realidad demostró que estas designaciones en la práctica se convirtieron en un gesto meramente simbólico, puesto que la OCCP jamás tuvo la intención ni compromiso real para materializarlas, los incumplimientos reiterados, dilaciones sistemáticas, la lesiva falta de transparencia, y la abierta insubordinación frente a sus órdenes presidenciales directas y públicas, la falta de gestión efectiva y voluntad política por parte de dicha oficina han minado la confianza, haciendo imposible continuar ejerciendo nuestras Gestorías de forma eficiente y digna”, decía entonces parte de la carta.
Tras ello, este lunes, el Gobierno publicó una resolución fechada el pasado lunes 21 de septiembre en la que volvía a nombrar a los 16 ex-AUC como gestores de paz.
De acuerdo con el documento, su designación iría hasta el próximo 6 de agosto de 2026 cuando termina el gobierno de Petro. “Durante este período, sus actividades se desarrollarán en las condiciones excepcionales, temporales y territoriales que sean definidas en el plan de trabajo que se suscriba en cada caso”.
El Ministerio del Interior coordinará el proceso
En el documento también se explica que este proceso será ahora coordinador por el Ministerio del Interior, hoy en cabeza de Armando Benedetti.
Ante esa cartera deberán suscribir un plan de trabajo y un acta de compromiso que será coordinado con la Dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en cabeza actualmente de Angie Rodríguez; y la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño. Además, tendrán que asegurar que cumplirán con las diligencias judiciales, participar en las sesiones del Comité Técnico y rendir informes periódicos de sus actividades.
“En desarrollo del plan compromiso en el víctimas, trabajo, cada gestor de paz suscribir un acta se establezcan actividades particulares y concretas de reparación a las víctimas, el responsable de su cumplimiento y los indicadores de medición respectivos. Dichos compromisos tendrán carácter estrictamente administrativo y voluntario, y no implican modificación de la situación de los designados”, dice.
Y agrega: “El Ministerio del Interior, previa coordinación con la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, podrá solicitar a las autoridades nacionales o extranjeras, por intermedio de los canales diplomáticos y administrativos correspondientes, las medidas necesarias para garantizar la participación de los gestores de paz que se encuentren privados de la libertad, incluyendo mecanismos de conexión virtual”, dice el documento.
En otra parte del documento se aclara que: “A solicitud expresa del presidente de la República, los gestores de paz podrán acompañar otras instancias de diálogo que se desarrollen en el marco de la política de paz total.”
También se puntualiza que el Ministerio del Interior en coordinación con Dapre y la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, “deberá informar conjuntamente al presidente de la República de los resultados del Comité Técnico» y también será quién adopte las “medidas necesarias para garantizar la seguridad personal de los gestores de paz.
Se creará un Comité de Mesa Técnica de Diálogo Social
El documento también dice que se creará este comité con exmiembros de las AUC que tendrá como finalidad de “coordinar y articular las acciones institucionales necesarias para consolidar un balance integral de los proceso adelantado en virtud de la Ley 975 de 2005 y presentar al presidente de la República los insumos que orienten la decisión sobre el cierre definitivo de la Mesa Técnica de Diálogo Social”.
Los gestores, en coordinación con ese Comité Técnico participarán en el establecimiento de mecanismos y rutas para la “difusión de la verdad” en el marco de la Ley 975 de 2005.
El Comité Técnico estará integrado por el ministro del Interior o su delegado, la directora del Dapre o su delegado, el Consejero de Paz y los gestores de paz designados en la resolución.
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También estarán como invitados del Comité, un representante del Procurador General de la Nación, la Defensora del Pueblo, la Fiscal General de la Nación “con el fin de ejercer funciones de acompañamiento, vigilancia y veeduría institucional”.
Las tareas que tendrá el Comité serán:
Garantizar la operatividad del espacio de coordinación para el cierre de la Mesa Técnica de Diálogo Social.
Elaborar un balance integral de los avances y resultados obtenidos mediante la Ley 975 de 2005, que incluya estado de cumplimiento de compromisos adquiridos por los postulados, reparación y entrega de bienes, verdad aportada y garantías de seguridad y no repetición.
Formular recomendaciones institucionales para el cierre definitivo del proceso, señalando responsables, cronogramas e indicadores de gestión.
Definir, en coordinación con las entidades competentes, una ruta para la difusión pública de los aportes de verdad realizados en el marco de la Ley 975 de 2005 y la justicia ordinaria, con el fin de garantizar el derecho a la memoria histórica.
Remitir al presidente de la República un informe consolidado que integre el balance de avances, las recomendaciones institucionales y, cuando corresponda, las actas de compromisos suscritas por los gestores de paz, a efectos de que pueda adoptar las decisiones sobre el cierre del proceso.
El documento dice que el Ministerio del Interior, como entidad articuladora en los espacios de diálogo social, liderará la participación de las entidades del Gobierno nacional en el Comité Técnico.
El pasado 3 de octubre, el presidente Petro anunció en un evento en Montería que quería finiquitar el proceso con los exparamilitares. Según el mandatario, la idea central de esa propuesta es “terminar” ese proceso de desmovilización que se dio en 2005, hace casi 20 años, y entregar los bienes a las víctimas.
“Salvatore, ‘Macaco’, ‘Jorge 40′ podemos reactivar la mesa de paz porque el proceso no ha terminado, no se han entregado los bienes a las víctimas que ustedes le entregaron a la justicia, el proceso no se ha terminado, quedó interrumpido y para eso propongo instalar la mesa para finiquitar el proceso de paz que inició Álvaro Uribe Vélez con ustedes, esta vez sin traición y sin miedo a la verdad, que existía en esa época”, aseguró entonces el mandatario en un mensaje directo a Mancuso, que participó por primera vez en un encuentro con Petro tras su llegada a Colombia el pasado febrero luego de 15 años de extradición.
Tras casi un año de retraso, el pasado 30 de abril se instaló ese escenario de conversación, en Córdoba, Montería, pero el acto generó tensiones en el Gobierno pues no fue liderado por el comisionado de Paz, sino por la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, María Gaitán.
La razón, según le explicó entonces a este diario la directora Gaitán, es que “esta mesa no es para una negociación de paz, sino para el cierre de un proceso que inició hace más de 20 años”.
Aunque para la desmovilización de los paramilitares se creó la Ley 975 de 2005 y se puso en marcha el sistema de Justicia y Paz, quienes se acogieron argumentan que nunca se firmó un acuerdo de paz (no hubo ningún documento, pues todo se hizo a través de pactos verbales) ni se hizo un cierre del proceso.
Gaitán detalló que, además de las acciones en reparación y verdad, lo que se busca es que el Centro de Memoria avance en la producción de un informe sobre “lo que el país no conoce”.
Sin embargo, días después, el 15 de mayo, se pudo confirmar que luego discusiones en el alto gobierno (y algunos “jalones de orejas”), se decidió que sea la OCCP, en cabeza del comisionado Patiño, era la entidad que iba a toma las riendas de esta mesa, que será de conversaciones (no de negociación).
De hecho, el Centro Nacional de Memoria Histórica tomó distancia del proceso y en un comunicado dijo entonces que “bajo ninguna circunstancia el CNMH buscaba suplantar competencias de otras entidades de Gobierno, ni extralimitarse en sus funciones».
La figura de los gestores de paz, que existe a partir de la Ley 418 de 1997, fue creada para designar a personas que han pertenecido a los grupos armados ilegales y que pueden prestar sus buenos oficios en varias tareas que ayuden a alcanzar acuerdos humanitarios o avanzar en contactos que permitan consolidar la paz con esas estructuras.
