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En el cierre de la etapa investigativa del caso 03, subcaso Meta, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate por agentes del Estado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra, de lesa humanidad y delitos según el Código Penal colombiano a 30 integrantes del Ejército Nacional, entre ellos tres generales retirados. 

Dentro de los imputados se encuentran los brigadieres generales (r) Carlos Ovidio Saavedra Sáenz y Francisco José Ardila Uribe, así como el mayor general (r) Carlos Eduardo Ávila Beltrán. Asimismo, 20 exintegrantes del Batallón de Infantería No. 21 Batalla Pantano de Vargas (BIVAR) y a siete del Gaula Rural Meta (GAMET). 

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Según explicó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, los imputados son llamados a responder por 209 asesinatos, 65 de ellos seguidos de desapariciones forzadas, además de una tentativa de homicidio. Estos hechos, ocurridos entre 2002 y 2007, fueron calificados como crímenes de guerra y de lesa humanidad. Una vez notificada la decisión los comparecientes deciden si aceptan la imputación o se van por la vía adversaria. 

Durante la fase de investigación, la Sala de Reconocimiento de Verdad escuchó los testimonios de antiguos comandantes del Bloque Centauros de las Autodefensas, entre ellos Dairo Antonio Úsuga, conocido como Otoniel; Manuel de Jesús Pirabán, conocido como Pirata; y Luis Arlex Arango Cárdenas, conocido como Chatarro. De igual manera, la magistratura incorporó al proceso toda la información disponible en los expedientes de Justicia y Paz. 

La magistrada Catalina Díaz señaló que esta decisión permite concluir con pruebas que se trató de un patrón macro criminal nacional. “Esta es una decisión sumamente importante, no solo porque el Meta fue uno de los territorios donde se produjo gran cantidad de ejecuciones extrajudiciales, sino que esta decisión cierra la fase de investigación territorial (…) Esta decisión confirma el patrón macro criminal que habíamos encontrado en todos los territorios. Podemos decir con pruebas que es un patrón macro criminal nacional. Estos hechos ocurrieron en todo el país”, dijo. 

Y agregó: “Este patrón está ligado y se explica por una política que era identificar la baja, el muerto, como el indicador real del éxito de la operación criminal, que a su vez estaba ligada a presionar por resultados y la competencia entre unidades militares lo cual llevó a buscar bajar a como diera lugar. Reafirmamos que la investigación continua en las máximas responsabilidades en el Ejército que puedan explicar el patrón macro criminal nacional”. 

En efecto, la JEP determinó que se construyó una alianza entre integrantes del Ejército Nacional y el Bloque Centauros a través de tres modalidades: Operatividad conjunta (operaciones militares defensivas y ofensivas coordinadas, permisividad con el accionar paramilitar, la cual se tradujo en la ausencia de operaciones militares dirigidas en su contra y en la tolerancia frente a los crímenes que cometían contra la población civil; la presentación de bajas falsas en combate. 

En ese contexto, según detalló la JEP, la presentación de bajas falsas en combate se convirtió en la retribución principal que los paramilitares acordaron con la fuerza pública, a cambio de dejarlos delinquir — principalmente en actividades relacionadas con narcotráfico— y cometer graves violaciones a los derechos humanos, como masacres, desapariciones forzadas, al menos en la jurisdicción del BIVAR. 

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En lo que respecta a la participación de miembros de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), la Sala determinó que se probó que efectivamente hubo operaciones aéreas en las que murieron personas que fueron presentadas falsamente como bajas en combate. Sin embargo, no se lograron encontrar evidencias que una participación dolosa en la comisión de esos crímenes. La hipótesis más fuerte apunta a que los miembros de la FAC pudieron ser manipulados o engañados. 

Según explicó el magistrado Ramelli, la puerta no está cerrada para que algún día se encuentre una posible prueba directa que señale la participación de estos miembros en el delito, pero, por ahora, lo más probable es que hayan sido engañados, “no sabían que estaban participando en ejecuciones extrajudiciales”, dijo. 

Adicional a esto, la JEP concluyó que “más allá de la responsabilidad penal individual que se atribuye en esta providencia, se observa una falla sistémica de las instituciones militares y civiles —como la Justicia Penal Militar, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, entre otras— encargadas de proteger a la población en Meta. Todos los mecanismos de control disponibles fallaron o fueron insuficientes para proteger los bienes jurídicos de los más vulnerables». 

#Atención | La JEP imputa crímenes de guerra, de lesa humanidad y delitos según el Código Penal colombiano a 30 integrantes del Ejército Nacional, entre ellos tres generales retirados, por ‘falsos positivos’ en Meta. #Caso03

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— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) November 20, 2025