Fue una semana convulsa en materia de seguridad y orden público en el país, marcada por dos hechos puntuales que pusieron sobre la mesa, una vez más, la urgencia de atender la arremetida de los grupos al margen de la ley y fortalecer la presencia estatal en distintas regiones. Incluso, el propio gobierno reconoció, tras un consejo de seguridad citado por el presidente Gustavo Petro, que hubo fallas del Estado en torno a los hechos recientes.
Uno de ellos ocurrió el pasado martes 16 de diciembre, en el municipio de Buenos Aires (Cauca). Durante al menos siete horas la población estuvo bajo el fuego de las disidencias de las Farc comandadas por alias “Iván Mordisco”, que atacaron con explosivos y ráfagas de fusil sitios claves como la estación de Policía, el edificio de la Alcaldía Municipal y el Banco Agrario. El ataque armado sembró el terror en la población y dejó a ocho uniformados heridos.
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El segundo ataque ocurrió en el municipio de Aguachica (Cesar) en medio del paro armado del Ejército de Liberación Nacional (Eln). En la noche del mismo 18 de diciembre, hombres de ese grupo ilegal atacaron con explosivos la base militar de la vereda El Juncal. El atentado dejó un saldo de siete militares muertos, además de 30 heridos, de los cuales cuatro tuvieron que recibir atención médica especializada y 26 presentaron lesiones leves.
Ante estos hechos, el presidente Gustavo Petro citó con urgencia a un consejo de seguridad que se desarrolló en la tarde del sábado 20 de diciembre. Durante la reunión, en la que participaron también el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, la cúpula militar y de Policía, las autoridades reconocieron que hubo fallas en materia de seguridad y prevención, que facilitaron las acciones armadas de los grupos al margen de la ley.
“Este ataque terrorista se dio de alguna manera a la limitación, a una debilidad que pudo haberse dado en inteligencia para conocer anticipadamente en qué momento y por dónde se estaban concentrando estos criminales”, señaló el ministro Sánchez Suárez. Una conclusión que fue ratificada por Armando Benedetti, jefe de la cartera de Interior. “Hubo fallas en la estrategia militar, desde los anillos, las garitas donde se perpetraron los atentados terroristas”, señaló.
El jefe de la cartera de Defensa dijo que, pese a que tanto en Cauca como en Cesar existían alertas por posibles ataques a la fuerza pública, los grupos ilegales pudieron actuar sin ser denunciados. Sin embargo, el propio anuncio del ELN de que decretaría un paro armado en todo el país era alarma suficiente para atender posibles ataques en regiones claves de su presencia. Entre ellas el Catatumbo, entre Cesar y Norte de Santander.
Algo similar sucedió en el caso del ataque al municipio de Buenos Aires, una falla que también fue reconocida por el ministro Sánchez Suárez. “Sabemos que pasaron frente a personas, a comunidades, estos criminales. Y muchas de esas personas guardaron silencio y prefirieron guardar ese silencio y esperar que atacaran la población de Buenos Aires”, dijo el jefe de la cartera de Defensa durante una rueda de prensa al final del consejo de seguridad.
El balance que hizo el presidente Gustavo Petro al cierre de la reunión, publicado a través de su cuenta de X, también dejó ver las fallas en la estrategia de seguridad. En el caso de la arremetida armada contra el municipio de Buenos Aires, señaló: “Falta de primer anillo, segundo y tercero de seguridad militar para defender la estación de Policía de Buenos Aires”.
En cuanto al ataque contra uniformados en el departamento del Cesar, dijo que hubo una “falta de la guardia de la estación en la Ruta del Sol II frente a la base de entrenamiento en Aguachica”. Agregó que se implementarán “correctivos inmediatos”, como el restablecimiento de controles de seguridad en puntos estratégicos y el fortalecimiento de las capacidades antidrones, un asunto que está en manos del Ejército Nacional.
El ministro Benedetti anunció que el Gobierno Nacional ordenará retomar las fumigaciones con glifosato en sitios claves del país, en los cuales son los grupos al margen de la ley los que obligan a las comunidades a sembrar hoja de coca. “Donde las estructuras criminales obliguen a la población civil a cultivar hoja de coca, por ejemplo, se va a fumigar ahí también. Esa es la primera medida y creo que es la más importante”, dijo.
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Por su parte, el ministro Sánchez Suárez concluyó señalando que el presidente de la República dio la orden de acelerar la construcción de un documento Conpes por COP 49 billones, para avanzar en el fortalecimiento de las capacidades del Estado para repeler los ataques de los grupos al margen de la ley, que durante el último año han puesto en jaque la seguridad territorial y han tenido a las comunidades en medio del fuego cruzado.
“La orden del señor presidente es ajustar la estrategia en cuanto a capacidades de pie de fuerza, tecnología, avanzar en el Conpes, para que las armas, en cuanto a capacidades en defensa, se fortalezcan”, dijo el ministro Sánchez Suárez. Y concluyó: “El mensaje a los integrantes de grupos criminales es claro: o se desmovilizan o vamos con toda la fuerza legítima del Estado contra los grupos criminales, sin distinción alguna”.
