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Fiscalía judicializa a un hombre que habría abusado sexualmente a una mujer luego de hurtarle sus pertenencias.

Fiscalía judicializa a un hombre que habría abusado sexualmente a una mujer luego de hurtarle sus pertenencias

Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de Cartagena logró que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Wilmer José Cárdenas Polo, por su presunta responsabilidad en el delito de acceso carnal violento; fabricación, tráfico o porte de arma de fuego y, hurto calificado, todos agravados.

Cárdenas Polo, de 39 años, presuntamente con arma de fuego despojó de sus pertenencias y abusó sexualmente a una mujer a quien transportaba, como conductor de una plataforma vehicular. Los hechos se registraron el pasado 9 de agosto, en el barrio Boston de Cartagena.

El hoy investigado habría desviado la ruta solicitada por la pasajera hasta llegar a un sector solitario para, al parecer, obligar a la mujer a transferirle más de dos millones de pesos a sus cuentas bancarias, hurtarle sus pertenencias y accederla carnalmente.

La víctima logró escapar y avisar a la Policía Nacional que pasaba por la carretera. En poder del procesado fueron hallados los elementos hurtados.

El presunto agresor no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y su reclusión se llevará a cabo en la cárcel San Sebastián Ternera de la capital de Bolívar.

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Condenados por corrupción exalcalde y dos exsecretarios de Ebéjico (Antioquia).

Condenados por corrupción exalcalde y dos exsecretarios de Ebéjico (Antioquia)

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 7 años y 10 meses de prisión al exalcalde de Ebéjico (Antioquia) Jaime Wither Sánchez Posada, y a los exsecretarios de Planeación y Hacienda de esa población,  Juan Marcelo Gaviria Zapata y Víctor Alonso Álvarez Vergara, por irregularidades en la contratación.

Los exfuncionarios fueron sentenciados como responsables de los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público.

Los hechos están relacionados con irregularidades cometidas en la firma de varios contratos por valor de 34 millones de pesos, para la remodelación de la casa de la cultura del corregimiento Sevilla, de la citada población del occidente antioqueño.

De acuerdo con el proceso adelantado por una fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Medellín, en enero de 2010 durante la etapa precontractual se falsificaron las firmas de uno de los supuestos oferentes y se omitieron los análisis técnicos para soportar los valores estimados de los contratos de estudios y diseños.

La Fiscalía probó que no existió la licitación, que se simuló la convocatoria y que nunca se cumplió con el objeto del contrato, pese a que se pagó la totalidad del dinero pactado.

Durante la audiencia del sentido del fallo condenatorio, el juez de conocimiento ordenó la captura de los tres procesados.

La decisión de primera instancia fue apelada por la defensa ante la sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.

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Intervención judicial contra la deforestación en el Parque Nacional Natural Chiribiquete.

Intervención judicial contra la deforestación en el Parque Nacional Natural Chiribiquete

La labores investigativas realizadas por la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), permitieron llegar a diferentes polígonos de deforestación detectados en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.

En tres puntos distintos localizados en la vereda Itilla, en jurisdicción de Calamar (Guaviare), se constató la praderización para realizar actividades agropecuarias como ganadería extensiva. Precisamente, en uno de los predios fue ubicado un corral con ganado; mientras que, en las otras dos áreas, fueron encontrados laboratorios para el procesamiento de hoja de coca, los cuales fueron destruidos.

Durante las diligencias las autoridades también inhabilitaron cinco puentes ilegales en inmediaciones de los predios intervenidos, que servían para comunicar corredores viales construidos de manera ilícita. De otra parte, personal del CTI de la Fiscalía incautó celulares, libretas y otros elementos de prueba que servirán para identificar a los determinadores y financiadores de la deforestación en el parque.

En ese sentido, fiscales de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente avanzarán en un frente investigativo por invasión de área de especial importancia ecológica, aprovechamiento ilícito de recursos naturales y daño en los recursos naturales, entre otros delitos.

El Parque Nacional Chibiriquete es un área de especial protección ambiental que está conectada al ecosistema de la Amazonía. Además, representa una reserva arqueológica por la diversidad de expresiones pictóricas y culturales de las comunidades indígenas que habitaron la zona, así que está prohibida cualquier actividad con fines comerciales.

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A la cárcel dos presuntos responsables de la muerte de una mujer trans en Cali.

A la cárcel dos presuntos responsables de la muerte de una mujer trans en Cali

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Miguel Antonio Ochoa Guevara, alias Boris; y a Paola Andrea Churi Cortés, como posibles responsables de causarle la muerte a una mujer trans, cuyo nombre identitario era Macarena, el pasado 21 de abril, en Cali (Valle del Cauca).

Los elementos de prueba indican que ‘Boris’ contactó a la víctima y permaneció con ella en un inmueble del barrio San Nicolás. En ese lugar, al parecer, la golpeó porque supuestamente le había quitado algunas pertenecías, practica violenta que en el pasado habia tenido contra otras mujeres trans. Posteriormente, salió y regresó en un vehículo con otras tres personas, entre ellas Churi Cortés. Los acompañantes, al parecer, se bajaron del automotor, increparon a la mujer y la golpearon con un revolver. Al percatarse que escapaba presuntamente le dispararon.

La investigación liderada por una fiscal de la Dirección Seccional de Cali, con apoyo del Grupo Nacional de Trabajo para la Investigación de Violencias Fundadas en la Orientación Sexual y/o Identidad de Género de la Víctima, adscrito a la Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos, permitió identificar a los señalados implicados en el crimen. En una acción conjunta del CTI y la Policía Nacional dos de ellos fueron capturados en puntos distintos de Cali.

En atención a su posible participación en los hechos, la Fiscalía imputó a alias Boris los delitos de feminicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego; mientras que a la mujer le imputó homicidio agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego; y falsedad personal, este último por haber presentado una cédula falsa durante el procedimiento de detención.

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Cárcel para alias Pacho.

Cárcel para alias Pacho, uno de los señalados cabecillas de una red dedicada al contrabando de cigarrillos, textiles y zapatos

Luego de valorar los elementos de prueba y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Juan Francisco Solano Barrera, alias Pacho, uno de los posibles cabecillas de una red señalada de ingresar mercancía de contrabando a gran escala por los puertos de la Costa Atlántica y el Pacífico colombiano.

Este hombre se habría articulado con una organización criminal para realizar distintas maniobras ilícitas dirigidas a evadir controles aduaneros, con el objetivo de operar la entrada irregular de cigarrillos, textiles, calzado y cacharrería, entre otros productos provenientes de diferentes países. 

En ese sentido, una Fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de contrabando y cohecho por dar u ofrecer, en seis eventos.

El trabajo investigativo, realizado de manera articulada con la DIJIN de la Policía Nacional, evidenció que alias Pacho, a través de terceras personas, presuntamente contactaba a funcionarios para que le permitieran desarrollar las acciones ilícitas que garantizaran el traslado de la mercancía por diferentes vías y mantener el control sobre las operaciones aduaneras en varias ciudades. 

También se conoció que, al parecer, entregó celulares de gama alta a los servidores públicos que le colaboraban para mantener comunicación constante, mediante el uso de aplicaciones que encriptaban la información; y en una ocasión pagó hasta tres meses de arriendo de un apartamento en Cartagena (Bolívar) para beneficiar a un funcionario. De igual manera, se acreditó que hizo llegar dádivas por 348’800.000 pesos a un grupo de uniformados. 

Juan Francisco Solano Barrera, alias Pacho, no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Se convierte en el quinto presunto integrante de la organización criminal capturado y judicializado como parte de un frente investigativo en contra de la corrupción. 

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Fiscalía obtiene condena para integrante del Clan del Golfo que exigía dinero a ganaderos y comerciantes en Sucre.

Fiscalía obtiene condena para integrante del Clan del Golfo que exigía dinero a ganaderos y comerciantes en Sucre

Elementos materiales probatorios aportados por un fiscal de la Seccional Sucre permitieron que Mario Miguel Mangonez Galindo, alias el Tombo aceptara, mediante preacuerdo, su responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado. Un juez de conocimiento avaló la negociación judicial y lo condenó a 4 años y 3 meses de prisión.

Durante el proceso se pudo demostrar que el sentenciado, quien hacía parte del Clan del Golfovenía extorsionando comerciantes y ganaderos en la región del Golfo de Morrosquillo, Tolú, Coveñas y Puerto Viejo (Sucre).

Así mismo, la fiscalía evidenció que entre 2017 y 2021 Mangonez Galindo visitaba fincas ganaderas en dichos lugares donde, bajo amenazas, exigía a sus propietarios pagos de entre 100.000 y 1 millón de pesos por hectárea, a cambio de prestarles seguridad. En caso de incumplir con los pagos los ganaderos tenían un plazo de 24 horas para abandonar sus predios.

Por su parte, los comerciantes y tenderos eran obligados a pagar sumas de 300.000 pesos mensuales para no atentar contra sus vidas o negocios. Las sumas variaban de acuerdo al tipo de negocio.

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Dos hombres fueron enviados a la cárcel por retener a dos mujeres en un taxi.

Dos hombres fueron enviados a la cárcel por retener a dos mujeres en un taxi

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Jhoan David Patiño Zapata y Diego Esteban Pérez Zapata, presuntos responsables de los delitos de secuestro simple, porte ilegal de armas de fuego de defensa personal y hurto calificado y agravado.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 15 de agosto en el barrio El Poblado de Medellín donde dos mujeres tomaron un servicio de transporte público y fueron retenidas en el vehículo. Labores de policía judicial evidenciaron que una vez las dos personas subieron al automotor un hombre que estaba escondido en el baúl del carro las intimidó con un arma de fuego.

La policía de vigilancia fue alertada sobre el hecho y los uniformados emprendieron la persecución. Durante el seguimiento las dos mujeres y uno de los presuntos secuestradores se lanzaron del vehículo. En los procedimientos las víctimas fueron auxiliadas y el hombre fue capturado.

Poco después el taxi fue alcanzado por los policías y al revisarlo hallaron tres celulares y un arma de fuego. La Fiscalía constató que los teléfonos pertenecían a 3 ciudadanas que horas antes habían sido víctimas de hurto bajo la misma modalidad.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI).

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A la cárcel hombres que estarían implicados en un ataque terrorista contra un establecimiento comercial en Huila.

A la cárcel hombres que estarían implicados en un ataque terrorista contra un establecimiento comercial en Huila

Los elementos materiales probatorios presentados por un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales de la Seccional Huila, permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro de reclusión a Douglas Sneider Cadena y Daniel Felipe Cruz Vargas quienes serían responsables de los delitos de terrorismo, extorsión y concierto para delinquir agravado.

Los hechos investigados ocurrieron la madrugada del pasado 20 de agosto cuando los ahora procesados, desde una motocicleta, habrían lanzado un artefacto explosivo hacia un local comercial ubicado en el centro de Neiva (Huila). Producto de la detonación se generaron daños en varios establecimientos.

El ataque se dio luego de que el propietario del inmueble fuera amenazado por el frente Darío Gutiérrez del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias de las Farc. En un panfleto la víctima era conminaba a asistir a reuniones en la vereda La Esperanza en el municipio de Tello (Huila).

Los procesados fueron capturados por la Policía Nacional en Huila. Durante los procedimientos se incautó un celular y una motocicleta.

Ninguno de los judicializados aceptó los cargos en su contra.

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Privados de la libertad dos hombres presuntamente implicados en el homicidio de tres personas en Cartagena.

Privados de la libertad dos hombres presuntamente implicados en el homicidio de tres personas en Cartagena

Por petición de fiscales de la Seccional Bolívar, jueces de control de garantías impusieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a dos hombres que estarían implicados en tres asesinatos registrados en Cartagena.

Se trata de hechos independientes en los que, según sus responsabilidades individuales, el ente investigador imputó a los procesados los delitos de homicidio, hurto calificado y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego, todas las conductas agravadas.

Entre los asegurados está Luis Fernando Galán Gómez, alias Bemby, de 23 años, quien habría ingresado el 13 de diciembre de 2023 a un lavadero de carros en el barrio El Bosque. Allí presumiblemente disparó contra un hombre de 18 años y una mujer, de 20. La captura fue materializada por la Policía Nacional.

También fue judicializado Sebastián Andrés Gómez Batista quien, en compañía de otra persona, le habría disparado a un hombre para hurtarle su motocicleta. La víctima, de 24 años, falleció cuando era atendida en un centro asistencial. La captura del procesado, de 20 años, se produjo en flagrancia por uniformados de la Policía.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos que les endilgó la Fiscalía.

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Fiscalía logra condena a 17 años para ‘Macaco’ por el asesinato de un líder sindical en Curillo (Caquetá).

Fiscalía logra condena a 17 años para ‘Macaco’ por el asesinato de un líder sindical en Curillo (Caquetá)

Las pruebas aportadas por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Violación a los Derechos Humanos permitieron que un juez condenara a 17 años de prisión a Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, quien fue encontrado responsable del homicidio del líder sindical Jhon Freddy Marín Toro, ocurrido el 18 de abril de 2002.

En audiencia aceptación de cargos Jiménez Naranjo, comandante del Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), admitió de manera voluntaria su culpabilidad en la muerte de Marín Toro.

 El material probatorio evidenció que el sentenciado ordenó la muerte de la víctima, por la incomodidad que causaban las denuncias que hacía en relación con posibles malos manejos económicos por parte de la administración de hospital.

También se acreditó que el sentenciado ordenó la muerte de la víctima ya que este, supuestamente, apoyaba a los grupos guerrilleros que hacían presencia en esa región.  

Además de la pena de prisión el sentenciado deberá pagar una multa de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) por perjuicios y daños morales y será inhabilitado por 20 años para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

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