La Fiscalía General de la Nación judicializó a los presuntos responsables del crimen de cuatro ciudadanos, en hechos diferentes, ocurridos en Zipaquirá, Soacha, Guaduas y Chinauta (Cundinamarca).
El primer evento ocurrió el pasado 20 de julio, en Zipaquirá, donde Olimpo Márquez Márquez, en un acto de intolerancia, al parecer, hirió a la víctima al costado izquierdo del abdomen con un arma cortopunzante, ocasionado su muerte inmediata.
Entre tanto, el 23 de julio de este año, en el polideportivo del barrio San Rafael en Soacha, Duver Erney Moreno Cantor y un menor de edad, habrían disparado contra un joven de 17 años, quien recibió varias heridas que le causaron la muerte.
El tercer hecho, sucedió en el centro de Guaduas. Allí, Luis Fernando Gaitán Gantivar, al parecer conducía la motocicleta usada para transportar al encargado de ejecutar el crimen de un ciudadano, ocurrido el 16 de septiembre del año en curso.
Por último, el pasado 21 de septiembre en Chinauta, frente a un establecimiento de comercio, se presentó una riña entre José Brayan Londoño Saravia y otra persona. En ese momento el presunto agresor, le propinó varias heridas con una navaja que produjeron su deceso.
Por estos hechos, fiscales de la Seccional Cundinamarca les imputaron, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
En las audiencias concentradas, Olimpo Márquez Márquez aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Los demás procesados no se allanaron a los delitos imputados.
Los cuatro adultos deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario.
El DANE reportó baja en la natalidad en el país – Foto: Redes sociales
El desplome de la natalidad en Colombia alcanzó niveles inéditos, con una reducción del 31,3% en los nacimientos entre 2023 y 2024, según el reciente informe del DANE.
Esta cifra representa un tercio menos de bebés en apenas un año, lo que marca un punto de inflexión en la transición demográfica del país y anticipa desafíos sociales y económicos de gran magnitud.
El análisis regional reveló que el fenómeno no es homogéneo. Mientras departamentos como Caldas (0,7 hijos por mujer), Quindío (0,9), Antioquia (0,9) y Tolima (0,9) registran tasas de fecundidad inferiores a un hijo por mujer, lo que acelera el envejecimiento poblacional y plantea riesgos de reducción demográfica, otras zonas resisten la tendencia.
En contraste, territorios como La Guajira (1,9), Vaupés (2,0) y Guainía (1,6) mantienen tasas superiores al promedio nacional, consolidándose como los últimos bastiones de alta fecundidad.
El informe del DANE detalló que, en 2024, la tasa de fecundidad nacional descendió a 1,1 hijos por mujer, frente a los 1,7 registrados en 2015. Este descenso confirma que las familias colombianas optan por tener menos hijos y retrasan la maternidad, reflejando transformaciones sociales, económicas y culturales profundas.
El Eje Cafetero y Antioquia se perfilan como los primeros laboratorios del envejecimiento acelerado, mientras que la Amazonía y la Orinoquía mantienen tasas más elevadas, impulsadas por la dinámica de las poblaciones indígenas y rurales.
El ritmo de la caída es especialmente notorio en ciertos departamentos. Amazonas encabeza la lista con una disminución del 48,1 % en nacimientos en el último año, seguido de Bogotá con un 45 % menos y Santander con una reducción del 39,7 %.
También destacan las caídas en Caldas (39,5 %) y Tolima (39,2 %). Estas regiones concentran el impacto más directo de la transición demográfica reciente. Si se amplía la perspectiva a la última década (2015–2024), la baja nacional es del 12 %, lo que subraya la abrupta aceleración del fenómeno en 2024.
No obstante, existen excepciones a la tendencia general. Departamentos fronterizos o con alta diversidad cultural muestran incrementos en los nacimientos. Vichada experimentó un aumento del 31,1 % entre 2015 y 2024, un comportamiento que contrasta con el desplome nacional y que se atribuye a su carácter fronterizo y a la migración venezolana.
Guainía también registró un crecimiento del 18 % en la década, impulsado por la presencia de población indígena y rural. La Guajira, con un alza del 13,6 %, mantiene la fecundidad más alta del país, favorecida por la población wayúu y la migración binacional.
Sin embargo, al comparar los datos de 2024 con los de 2023, la caída de nacimientos se extendió a todos los departamentos. Vaupés (-21,0 %), Sucre (-20,4 %), Magdalena (-20,2 %) y el propio Vichada (-19,4 %) figuran entre los que presentaron las mayores reducciones en ese periodo. Además, departamentos que históricamente mantenían tasas elevadas, como Huila y Meta, han experimentado descensos de hasta el 30% en los nacimientos.
El informe del DANE también resaltó diferencias según la pertenencia étnico-racial. En 2024, el 9,1 % de los bebés nacidos fueron reconocidos por sus padres como parte de un grupo étnico, con un 5,4 % identificados como indígenas, la segunda cifra más alta en una década.
Los especialistas en demografía advierten que, de persistir esta tendencia, Colombia podría enfrentar un proceso de envejecimiento más acelerado de lo previsto, con consecuencias directas sobre el empleo, la presión sobre los servicios de salud y la sostenibilidad del sistema pensional. El propio DANE subrayó: “Esta es una señal clara de cómo la dinámica demográfica continúa transformándose en los territorios del país”.
Entre los factores que explican la baja natalidad, el informe identifica la migración, el envejecimiento poblacional, la situación económica y los cambios sociales.
La reducción de nacimientos, según el DANE, puede afectar el mercado laboral, la economía y la viabilidad de los programas sociales.
Aunque la desaceleración en la caída de nacimientos prevista para 2025 frente a los dos años anteriores abre la posibilidad de un debate sobre una eventual estabilización demográfica, el país se encuentra ante un escenario de profundas transformaciones.
👶📉 En 2024, Colombia registró la cifra de nacimientos más baja de la última década: 453.901 nacidos vivos, lo que representa una caída del 12,0% frente a 2023.
📊 Si se compara con 2015, la disminución alcanza el 31,3%, es decir, 207.098 nacimientos menos en nueve años.
En el marco del Plan de Campaña Conjunto Ayacucho Plus, tropas de la Vigésima Séptima Brigada del Ejército Nacional, adscrita a la Sexta División, en coordinación con la Sijín de la Policía Nacional y con apoyo de la inteligencia de la Fuerza Naval de la Amazonía, realizaron un operativo de alto impacto contra las economías ilícitas en el sur del país. La operación dejó como resultado la incautación de 895 kilogramos de marihuana, con un valor estimado superior a los 2800 millones de pesos, y la captura de un presunto miembro del grupo armado organizado residual (GAO-r) Comandos de Frontera.
El procedimiento se llevó a cabo en el sector conocido como Muelle Esmeralda, vereda Ancura, jurisdicción del municipio de Puerto Asís. Allí, tras labores de inteligencia y seguimiento, las autoridades interceptaron una embarcación fluvial que transportaba un cargamento oculto en un depósito ilegal. Según el reporte oficial, la droga equivalía a cerca de 895.000 dosis listas para ser distribuidas en mercados ilegales tanto nacionales como internacionales.
En el operativo fue capturado en flagrancia Ronald Vélez Agudelo, señalado por las autoridades como presunto integrante de los Comandos de Frontera. Este grupo armado, con presencia en zonas estratégicas del Putumayo y la frontera sur, estaría vinculado al tráfico de estupefacientes, al control armado de corredores de movilidad y al financiamiento ilícito a través de la llamada “Bolsa Ecuatorial”.
La incautación representa, según el Ejército, un golpe significativo a las finanzas criminales de esta estructura, al afectar sus fuentes de ingreso para la compra de armas, la financiación de acciones violentas y el reclutamiento de menores de edad. Además, las autoridades subrayaron que el decomiso evita que miles de dosis de marihuana lleguen a centros urbanos, donde alimentan fenómenos de inseguridad y criminalidad.
“Con este resultado, se reduce la capacidad de los grupos armados ilegales para ejercer control territorial y se protege directamente a la población civil”, indicó la Sexta División en un comunicado.
El Ejército resaltó que la operación refleja la efectividad de la articulación interinstitucional entre Fuerzas Militares, Policía Nacional y entidades judiciales, un esfuerzo que busca cerrar espacios a las economías ilícitas, consolidar el control del territorio y garantizar condiciones de seguridad y desarrollo sostenible en la región amazónica.
Finalmente, las autoridades invitaron a la ciudadanía a continuar colaborando con información que permita anticipar y neutralizar actividades criminales en la zona. Para ello recordaron las líneas gratuitas 147 y 167, disponibles para denuncias anónimas. “La confianza y cooperación de la población son fundamentales para avanzar en la construcción de paz y en la protección de las comunidades del Putumayo”, concluyó el Ejército Nacional.
La Fundación San José anunció este jueves la anulación del título de contadora de Juliana Guerrero, postulada a viceministra de Juventud, tras establecer que no cumplió con todos los requisitos para graduarse.
Francisco Pareja, rector de la Fundación San José, confirmó esta decisión. Esta medida ocurre en medio de investigaciones externas e internas para indagar sobre cómo Guerrero se graduó sin haber realizado las pruebas Saber Pro.
La decisión se produce tras las denuncias y críticas por la postulación de Juliana Guerrero como viceministra de Juventud. En especial, se cuestionó que en la segunda publicación de su hoja de vida por parte de Presidencia apareciera un título de pregrado que no figuraba en la primera postulación al cargo.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, aseguró que Guerrero, quien era funcionaria del Ministerio del Interior y según varias fuentes cuenta con el respaldo directo del presidente Gustavo Petro, pasó, en 15 días, “de tener una hoja de vida sin pregrado a tener un ‘título profesional’”, por lo cual exigió los certificados de este, que según los documentos oficiales es en la carrera de contaduría pública.
Posteriormente, surgieron más denuncias que señalaban que Guerrero se graduó sin haber presentado las pruebas Saber Pro, requisito en Colombia para obtener un título profesional.
Al preguntarle sobre esta situación al rector de la Fundación Universitaria San José, Francisco Pareja, señaló, hace un mes, que no podía confirmar ni negar si Juliana Guerrero presentó las pruebas Saber Pro. “Yo no soy el Icfes para certificar si ella presentó o no la prueba. Lo que yo sé es por los medios de comunicación. Nosotros manejamos muchos alumnos, y hay una empresa que nos audita la certificación del todo el mundo, y nosotros actuamos sobre esa base”, sostuvo Pareja.
Frente a la pregunta de cómo se graduó Juliana Guerrero como contadora pública de la institución, si no hay certeza sobre este requisito, el rector Pareja explicó que el proceso está a cargo de una firma externa y que, en este caso, sería necesario revisar qué ocurrió.
En esta misma línea, en los últimos días, se conoció que la Fundación San José presentó una denuncia penal contra su hasta ahora secretario general, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, por posibles irregularidades en el proceso de graduación de Guerrero.
Ante esta situación, la Fundación San José manifestó que “no se descansará hasta confirmar plenamente que este es un caso aislado y que no afecta la confianza ni el compromiso que, por más de cuatro décadas, han caracterizado a nuestra Alma Máter”.
¿Qué dijo Guerrero?
Tras la anulación de su título profesional por parte de la Fundación Universitaria San José por no haber presentado el examen Saber Pro antes de recibir el diploma, Juliana Guerrero, exjefe de gabinete del Ministerio del Interior, aseguró a Blu Radio que se encuentra inscrita para presentar las pruebas en octubre y así recuperar la validez de su pregrado.
“Yo voy a presentar las Saber Pro, estoy inscrita y será en las fechas establecidas en el calendario. Desde el inicio ha sido así”, afirmó.
Según explicó, no le retirarán el título, sino que deberá cumplir con este requisito académico para poder usar su diploma en cargos públicos, como el Viceministerio de Juventudes. Su plan, dijo, es superar este trámite y luego llegar al Ministerio de Igualdad y Equidad, como lo ha propuesto el presidente Gustavo Petro.
“La verdad sobre esta disposición de la universidad a mí se me sale de las manos, fueron temas internos de ella. A mí me habilitaron la posibilidad de graduarme y así fue. Pero entiendo las preocupaciones, por eso estoy al tanto de la situación. Presentaré las Saber Pro para saldar cualquier duda que haya sobre mis estudios y dejar atrás este engorroso suceso”, señaló Guerrero.
La polémica surge porque, para ejercer como viceministra de Juventudes, Guerrero debe cumplir con dos requisitos: un título profesional y al menos dos años de experiencia posteriores a su graduación. Hoy no cumple ninguno de los dos, lo que ha generado críticas a su designación. A pesar de ello, el presidente Petro la ha defendido “a capa y espada”.
El Ministerio de Educación ha iniciado una investigación a la FESJ para esclarecer el caso, que, según denuncias, podría no ser un hecho aislado.
De hecho, la polémica ya ha provocado la destitución del secretario general de la fundación, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, y de su equipo de trabajo, quienes fueron señalados como responsables de las irregularidades.
Las denuncias contra Guerrero se originaron a raíz de su ascenso en el Gobierno, lo que llevó a una revisión de su trayectoria académica.
La Industria Militar de Colombia (INDUMIL) presentó un avance significativo con el desarrollo de un nuevo fusil fabricado en el país, diseñado para fortalecer las capacidades operacionales de las Fuerzas Armadas y garantizar una mayor independencia de proveedores internacionales. Este nuevo fusil se destaca por ser un paso crucial hacia la modernización de la Fuerza Pública y el fortalecimiento de la industria nacional en términos de defensa.
El fusil INDUMIL promete mejorar varios aspectos técnicos, destacándose por su menor peso, resistencia a condiciones extremas y diseño modular que facilita su mantenimiento y adaptación a diferentes necesidades operacionales.
Con un 65% de su composición hecha de polímeros de alta resistencia, este fusil es una mejora frente al Galil ACE, que actualmente está en uso y cuya estructura incluye un 30% de polímeros.
Con el objetivo de reducir la dependencia de proveedores internacionales, el nuevo fusil ofrece una producción nacional superior al 85% de sus componentes, con la ambición de alcanzar una fabricación totalmente local en los próximos años. Además, se estima que el costo de producción de este nuevo modelo será un 25% inferior al del Galil ACE, lo que representa un ahorro significativo para el Estado.
El proyecto ha avanzado en tres fases:
Fase I (investigación y vigilancia tecnológica), que ya culminó con éxito, se enfocó en estudios de mercado y diseño conceptual.
Fase II (diseño y desarrollo del producto), que se encuentra al 75% de avance, incluye la construcción de 10 prototipos que serán probados por las Fuerzas Armadas a partir de octubre de 2025.
Fase III (ingeniería de proceso y producción), cuyo objetivo es establecer las líneas de fabricación y comenzar la producción en serie para el segundo semestre de 2026.
El nuevo fusil INDUMIL presenta varias ventajas operativas. Su peso reducido mejora la maniobrabilidad durante las operaciones de alta movilidad y combate cercano, y su diseño modular permite la integración de accesorios como miras ópticas, linternas y designadores láser. Además, su resistencia a la corrosión asegura su eficacia en ambientes extremos, como selvas, desiertos y zonas marítimas.
En cuanto a las especificaciones técnicas, el fusil INDUMIL se destaca por su ligereza sin sacrificar rendimiento. A continuación, se comparan sus características con el Galil ACE:
8 pulgadas: Indumil 3.4 kg / Galil ACE 3.5 kg.
13 pulgadas: Indumil 3.5 kg / Galil ACE 3.8 kg.
18 pulgadas: Indumil 3.6 kg / Galil ACE 4.4 kg.
Este avance subraya el compromiso de INDUMIL con la innovación tecnológica y la soberanía nacional, contribuyendo a dotar a las Fuerzas Armadas de un equipo moderno y fiable para afrontar los desafíos en el ámbito de la seguridad nacional.
El ministro @PedroSanchezCol presentó de manera oficial nuestro nuevo fusil Indumil, una herramienta que es fruto de la ingeniería colombiana y que representará un avance importante en el desarrollo tecnológico de nuestra industria que está liderando este Gobierno.
Cada hora, ocho personas mueren en Colombia por enfermedades cardiovasculares, según cifras del DANE en 2024. Estos padecimientos, que incluyen la cardiopatía isquémica, los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades hipertensivas, son la primera causa de muerte en el país, más de 73.900 muertes por enfermedades cardiovasculares al año.
A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que las enfermedades cardiovasculares ocasionan la muerte de 17,9 millones de personas cada año, de las cuales un tercio de ellas son prematuras, es decir, ocurren con personas menores de 70 años.
La prevención, sumada al acceso oportuno a servicios de salud y a la atención de emergencias con ambulancias equipadas, se convierte en la mejor estrategia para reducir estas cifras.
Las emergencias cardíacas, como el infarto o el paro cardiorrespiratorio, exigen una respuesta inmediata. En estos casos, la llegada rápida de una ambulancia con personal entrenado y equipado, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Cada minuto que pasa sin atención disminuye las probabilidades de supervivencia y aumenta el riesgo de secuelas graves.
A pesar de su impacto, gran parte de las enfermedades cardiovasculares son prevenibles. Por ejemplo, la hipertensión, que es la más importante de los múltiples factores de riesgo cardiovascular, generalmente no es evidente porque normalmente no presenta síntomas, pero puede dar lugar a problemas como la insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares o complicaciones renales. Por eso, los especialistas recomiendan medir regularmente la presión arterial y actuar de manera temprana si los valores superan los 140/90 mmHg.
«Adoptar hábitos saludables y siguiendo adecuadamente el tratamiento médico, es posible evitar la mayoría de las emergencias cardíacas; sin embargo, en el caso de que se presente un infarto o un paro cardíaco, lo más importante es la atención de forma inmediata. El acceso a una ambulancia equipada y a profesionales capacitados es vital para salvar vidas” afirmó Alejandro Rivas, Gerente de la Red Médica de emi Falck y Faculty en el Centro de Entrenamiento CEMI para Colombia de la American Heart Association de emi Falck.
Desde emi Falck se invita a seguir un estilo de vida saludable que reduzca el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares e implementar hábitos como estos:
Alimentación equilibrada: dieta rica en frutas, verduras y proteínas magras, evitando el
exceso de sal.
Ejercicio regular: es importante realizar al menos 30 minutos diarios de actividad física
aeróbica.
No fumar: el tabaco es uno de los principales detonantes de enfermedad cardíaca.
Consumo moderado de alcohol: limitar su ingesta para proteger la salud vascular.
Controlar el estrés: practicar técnicas de relajación y mantener el equilibrio emocional.
Peso saludable: evitar el sobrepeso y la obesidad mediante hábitos saludables.
Adherencia médica: cumplir estrictamente con los tratamientos prescritos y no sustituirlos
por suplementos sin indicación profesional.
Control en casa: utilizar tensiómetro digital para el control periódico de la tensión arterial.
El Grupo Ecopetrol retomará esta semana las visitas a las comunidades Wayúu, en el área de influencia del proyecto eólico Weindpeshi, ubicado en jurisdicción de los municipios de Uribia y Maicao, que la Empresa adquirió el 25 de julio del presente año.
La compañía informó que antes de terminar noviembre próximo se aspira a concluir la etapa previa en las conversaciones directas con las comunidades para reactivar el parque eólico. De las 30 visitas programadas, ya se han cumplido 15.
Ecopetrol, como nuevo propietario del proyecto, ha expuesto el plan de trabajo propuesto por los equipos social, ambiental, de ingeniería, gestión inmobiliaria y seguridad física.
El despliegue en territorio involucra a más de 40 profesionales de un equipo multidisciplinario, con el acompañamiento de los ministerios de Minas y Energía y del Interior, las administraciones municipales a través de sus oficinas de asuntos indígenas, y la Fuerza Pública, bajo una agenda rigurosa y previamente concertada con las comunidades.
También se socializó con las autoridades ancestrales y tradicionales, líderes y miembros de la comunidad, el cronograma sugerido para reactivar el desarrollo del parque eólico y su línea de transmisión.
“Las autoridades de las comunidades que hemos visitado hasta el momento nos han manifestado que, debido a la suspensión de Windpeshi, muchos de sus familiares se han tenido que ir de la comunidad a buscar oportunidades en otras regiones, y nos han manifestado su apoyo para sacar adelante este proyecto respetando, por supuesto, su derecho a la participación, sus usos y costumbres, sus contextos y necesidades”, explicó Felipe González, gerente de Proyectos Guajira, de Ecopetrol.
Windpeshi tendrá una capacidad instalada de 205 MW y 41 aerogeneradores, será uno de los parques eólicos más grandes del país y el primero operado 100% por Ecopetrol. Está previsto que inicie operaciones en 2028 y evitará la emisión de más de 140 mil toneladas de CO₂ al año en las operaciones del Grupo Ecopetrol, un equivalente a retirar 90 mil vehículos de circulación.
Los técnicos de Ecopetrol estiman que en el primer año de funcionamiento Windpeshi podrá generar alrededor de 1.006 gigavatios hora, energía equivalente a la que se necesitaría para alumbrar una vía de 4.000 kilómetros durante un año, un recorrido similar al trayecto entre Punta Gallinas, en La Guajira y Leticia, ida y vuelta.
Además, el proyecto reducirá significativamente la huella de carbono del Grupo Ecopetrol y fortalecerá sus compromisos de descarbonización.
“Estamos muy optimistas de reactivar esta semana los encuentros de seguimiento y recepción de acuerdos de consulta previa, para continuar mejorando las condiciones de las comunidades en materia de agua, educación, salud, y los proyectos de inversión social estratégica que se quieren concertar con las autoridades indígenas y territoriales”, concluyó el gerente de Proyectos Guajira.
Migración Colombia alcanza un importante avance en el proceso de producción y distribución de las cédulas de extranjería, habiendo lograr una tasa de impresión del 95,9 % hasta el mes de agosto.
Este resultado se da luego de superar retos técnicos y operativos, y subraya la capacidad de la entidad para gestionar proyectos complejos en un contexto de alta demanda.
Hasta la fecha se han gestionado 72.394 solicitudes de cédulas de extranjería y se han entregado 69.410 cédulas, resultado que refleja eficiencia en el trabajo conjunto entre instituciones públicas.
Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia, se refirió al impacto de esta mejora en el proceso migratorio: “El proceso de impresión de la cédula de extranjería, liderado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, es un ejemplo de que se pueden fortalecer las entidades públicas y recuperar la gobernanza, con dignidad y con calidad”, destacó.
En el proceso ha sido fundamental la colaboración de la Imprenta Nacional, que por primera vez ha asumido la responsabilidad total de la producción de este documento, lo cual garantiza su cumplimiento con los estándares internacionales de seguridad.
La transición de la producción de la cédula de extranjería a manos de una entidad nacional ha permitido optimizar recursos, mejorar el control sobre la seguridad del documento y fortalecer la autonomía del país en la gestión de los trámites.
El proceso también ha implicado una serie de desafíos operativos y logísticos, que Migración Colombia ha logrado resolver mediante la implementación de medidas técnicas específicas y la colaboración con otros organismos del Estado.
Migración ha liderado el proceso con altos estándares de calidad, garantizando la seguridad de un documento de viaje y cumpliendo con las normativas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Con este avance Migración Colombia refuerza su compromiso con una migración ordenada, segura y regular, al tiempo que demuestra que es posible avanzar de manera eficaz en la modernización de trámites migratorios complejos.
Desde su cuenta de X el presidente Gustavo Petro celebró el acuerdo entre el Gobierno nacional y las Comisiones Económicas del Congreso que permitió la aprobación en primer debate del Presupuesto General de la Nación para 2026, por un monto de 546,9 billones de pesos, es decir 10 billones de pesos menos frente a la propuesta inicial.
Desde Nueva York, donde participa en la Asamblea General de Naciones Unidas, el mandatario anunció que, frente a este acuerdo, no se solicitarán incrementos sobre la gasolina y la cerveza.
Al respecto, el jefe de Estado precisó: “Felicito a las Comisiones Económicas que hayan aprobado el presupuesto nacional por $547 billones. Como la solicitud nueva de recursos financieros disminuye en 10 billones de pesos, creo que lo más justo es no solicitar incrementos de impuestos sobre la gasolina y la cerveza. Espero que los productores de cerveza compren toda la materia prima de trigo y cebada de Colombia. Sabrá más rica”.
Ley de financiamiento en la mira
Tras este trámite, el proyecto de presupuesto pasará a segundo debate en las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado de la República.
Según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, “lo que hemos logrado hoy es un escenario de acuerdos y de consensos entre el Gobierno nacional y el Congreso de la República, con lo cual damos un paso significativo para lograr la aprobación definitiva del Presupuesto General de la Nación”.
“Las modificaciones que hemos hecho han sido consensuadas con el Congreso. El Gobierno ha estimulado que ese espacio de consenso se diera. Lo hemos coordinado con el presidente Petro. Él es conocedor de las decisiones que hemos tomado. Realmente no es agridulce. Es un momento dulce de la relación entre el Congreso de la República y el Gobierno nacional”, sostuvo el titular de la cartera económica.
El ministro de Hacienda puntualizó que el siguiente paso es la discusión de la Ley de Financiamiento, inicialmente estimada en 16,28 billones de pesos, que “va a ser discutida con el Congreso y que tendrá un escenario distinto de reflexión. Esperamos llegar también llegar a un consenso con el Congreso para la aprobación de esta ley”.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) envió al Congreso y al Gobierno del presidente Gustavo Petro una solicitud presupuestal urgente para garantizar los recursos necesarios que permitan implementar las primeras sentencias restaurativas de los macrocasos 01 (secuestros de las Farc-EP) y 03 (asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate).
La JEP indicó que el monto requerido para la ejecución de las dos primeras sanciones propias impuestas en estas sentencias asciende a $ 121.858 millones. “Resulta entonces indispensable asegurar la apropiación presupuestal suficiente para estos proyectos, a los que se sumarán otros derivados de sentencias posteriores y de autos que establezcan medidas de contribución a la reparación”, señaló la entidad.
Los proyectos de la primera sentencia incluyen Medio Ambiente, Naturaleza y Territorio, con una asignación de $ 13.634 millones; Huellas por la Memoria (Macrocaso 01), con $ 10.587 millones; Acción Integral contra Minas (AICMA), con $ 5.829 millones; y la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, con $ 5.712 millones. En conjunto, representan un total de $ 35.762 millones.
Por su parte, los proyectos de la segunda sentencia, correspondiente al caso Costa Caribe, batallón La Popa, ascienden a $86.096 millones. En su comunicado, la JEP expresó su preocupación por que, hasta el momento, el Ministerio de Justicia no ha iniciado el trámite para expedir el decreto de condiciones transversales, seguridad, prevención y protección; habitabilidad, aseguramiento y dignidad, consideradas indispensables para garantizar el cumplimiento de las sanciones propias, así como de las medidas de contribución a la reparación.
Asimismo, la JEP manifestó su inquietud por el incumplimiento general de la Circular Externa No. 012 del 28 de febrero de 2025, en la que se estableció que todos los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), al momento de preparar el anteproyecto de presupuesto para 2026, debían incluir los recursos necesarios para garantizar los proyectos derivados de las sentencias.
El pasado 26 de agosto, el magistrado Ramelli anunció que el Gobierno giró los primeros $ 20.000 millones para la implementación de las sentencias. Esos primeros recursos se destinaron a la subcuenta “Acciones y Prácticas Comunitarias y Restaurativas – ARN” del Fondo Colombia en Paz del DAPRE, la cual es liderada por la ARN, desde donde se están adelantando pasos para hacer efectiva la disponibilidad de los recursos y su ejecución.
Sin embargo, para ese primer momento, el togado también lanzó una alerta sobre la cantidad de recursos que hacían falta para poner en marcha los proyectos restaurativos. En este reciente comunicado, la JEP nuevamente advirtió que, si bien reconocen y valoran el avance, el monto es “insuficiente”.
La Contraloría General, en su momento, también hizo un llamado de atención por los problemas fiscales a los que podría enfrentarse la implementación de las sanciones restaurativas. El ente de control señaló que, en realidad, son $500.000 millones los que el Estado necesita para el cumplimiento de las sentencias y la reparación de las víctimas.
