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Coronel (r) Publio Hernán Mejía enfrenta juicio clave ante la JEP por falsos positivos - Foto: JEP

Coronel (r) Publio Hernán Mejía enfrenta juicio clave ante la JEP por falsos positivos 

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realiza esta semana los alegatos finales del juicio adversarial contra el coronel en retiro, Publio Hernán Mejía, excomandante del Batallón La Popa, por su presunta responsabilidad en al menos 72 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2005 en Cesar y La Guajira. 

La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) lo señala como coautor de crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos homicidios en persona protegida, desapariciones forzadas, desplazamientos y persecución a civiles. Según la UIA, estas acciones hicieron parte de un plan criminal sistemático al interior del batallón para mostrar resultados operacionales ante sus superiores. 

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A diferencia de otros 12 militares del mismo batallón que aceptaron su responsabilidad, Mejía optó por no reconocer los hechos, por lo cual fue sometido a un juicio adversarial. Esta decisión lo expone a una condena de hasta 20 años de prisión, la pena más alta prevista en la justicia transicional para quienes no colaboran plenamente con la verdad. 

Durante su testimonio en abril pasado, Mejía rompió su derecho al silencio y negó haber participado en un patrón criminal. Alegó ser víctima de falsas declaraciones y sostuvo que su actuar estuvo enmarcado dentro de la legalidad. Sin embargo, la Fiscalía transicional asegura que existen pruebas suficientes para demostrar su participación activa y su rol de liderazgo en los crímenes cometidos. 

El juicio, que se realiza los días 5 y 6 de agosto en Valledupar, también incluye las intervenciones de las víctimas acreditadas y sus representantes, quienes han insistido en que el coronel ha sostenido una actitud de negación, sin ofrecer aportes plenos a la verdad ni reconocer el daño causado. 

Este proceso hace parte del caso 03 de la JEP, que investiga los llamados “falsos positivos”, es decir, asesinatos de civiles presentados como bajas en combate por agentes del Estado. El Batallón La Popa es uno de los núcleos priorizados en esta investigación, por su alto número de casos y el carácter sistemático de los crímenes. 

La decisión final de los magistrados será clave para establecer cómo la JEP sanciona a altos mandos militares que no reconocen su responsabilidad. De ser hallado culpable, Mejía podría convertirse en el primer oficial de alto rango condenado en esta jurisdicción bajo el modelo adversarial. 

“Fue una alianza de mutuo beneficio con los paramilitares”: fiscal de la JEP sobre caso La Popa 

En desarrollo la audiencia de conclusión en el juicio contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía, excomandante del Batallón La Popa, por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2005 en Cesar y La Guajira. 

La diligencia, que se realiza en Valledupar, representa la última oportunidad para que el exoficial reconozca su responsabilidad en los crímenes que se le atribuyen. De no hacerlo, podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión, según la Fiscalía transicional. 

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“Se trató de una alianza de mutuo beneficio”, dijo el fiscal. “Mientras los paramilitares necesitaban incrementar el control de la zona y consolidar su expansión, los integrantes del aparato ilegal dentro del batallón necesitaban presentar bajas, para hacer creer que la seguridad se estaba recuperando.” 

Serrano explicó además que la participación de los militares bajo el mando de Mejía era recompensada con beneficios como permisos, medallas, condecoraciones, mejoras económicas y comisiones en el exterior. “Recibían dádivas por los resultados obtenidos. Las bajas eran su moneda de cambio”, sostuvo. 

La Fiscalía afirma haber probado que estas acciones respondían a un patrón sistemático para mostrar una falsa recuperación del orden público, a través de asesinatos de civiles presentados como combatientes dados de baja. 

La Fiscalía afirma haber probado que estas acciones respondían a un patrón sistemático para mostrar una falsa recuperación del orden público, a través de asesinatos de civiles presentados como combatientes dados de baja. 

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Colombia protesta ante Perú por supuesta ocupación indebida de tierras - Foto: Tomada de internet

Colombia protesta ante Perú por supuesta ocupación indebida de tierras 

En las últimas horas ha escalado la tensión entre Colombia y Perú, por una disputa territorial en la zona fronteriza de la Amazonía

La controversia entre ambas naciones se generó luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara una presunta apropiación irregular por parte de Perú, de un territorio en la línea limítrofe, que según afirmó, pertenecería a Colombia

Incluso, el mandatario explicó que esta sería la razón del traslado de la conmemoración de la Batalla de Boyacá a Leticia (Amazonas). 

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“La conmemoración de la Batalla de Boyacá, que es la conmemoración de la independencia nacional, se traslada a Leticia porque, otra vez, el gobierno del Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Río de Janeiro, que le puso fin [al conflicto]”, aseguró. 

Tras la denuncia del jefe de Estado, la Cancillería colombiana elevó notas de protesta al Gobierno de Dina Boluarte, por medio de los canales diplomáticos

“Ante la noticia de la promulgación de la Ley de Creación del Distrito de Santa Rosa de Loreto en la Provincia de Mariscal Ramón Castilla del Departamento de Loreto, N.º 32403, de 2025, Colombia ha presentado contundentes notas de protesta al Gobierno peruano”, se lee en uno de los apartes del comunicado. 

Según explicó la Cancillería, la disputa gira en torno a la toma de la isla de Santa Rosa, una formación surgida en el curso del río Amazonas “con posterioridad a la única asignación de islas realizada entre los dos países en el año 1929”. 

En ese sentido, se argumentó que para la asignación de la isla Santa Rosa, así como de otras surgidas después de 1929, debe surtirse un proceso de asignación de común acuerdo entre las Cancillerías, conforme a los arreglos a los que lleguen ambos países. 

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“Para esos efectos, entre otros, Colombia y Perú constituyeron la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana (COMPERIF). Durante años, Colombia ha sostenido la necesidad de que se realice el trabajo binacional para la asignación de islas, y ha reiterado la posición de que la isla de Santa Rosa no ha sido asignada al Perú”. 

El Gobierno colombiano solicitó que se reactive “en el más corto plazo” dicho comité, con el fin de que, basados en una metodología acordada, se determine la soberanía de las islas surgidas en el curso del río Amazonas después de 1929. 

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Autoridades investigan explosión de granada en la localidad de Kennedy - Foto: Tomada de internet

Autoridades investigan explosión de granada en la localidad de Kennedy 

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la detonación de un artefacto explosivo contra varios establecimientos comerciales en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá

De acuerdo con las primeras informaciones, fue capturado un hombre que se movilizaba en una motocicleta y quien sería el presunto responsable de haber lanzado la granada contra los locales. 

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Las autoridades aseguraron que por ahora solo se presentan daños materiales, al tiempo que agregaron que ya se inició una investigación

«Se presenta un hecho en el sector de La Chucua, en la localidad de Kennedy, donde una persona que se movilizaba en una motocicleta lanza un artefacto explosivo contra los locales comerciales del sector», reveló el coronel Óscar Rodríguez, oficial de Guarnición Policía Metropolitana de Bogotá. 

Tras registrarse este hecho, las autoridades iniciaron una persecución durante varios minutos, que terminó con la captura del presunto responsable

«Este hombre emprende la huida hacia el sector de la autopista sur con Boyacá, donde es interceptado por las patrullas gracias al ‘Plan candado'», agregó el oficial

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía. Por el momento, las autoridades investigan si se tratase de una retaliación de las bandas que se disputan el control de la zona, o de una extorsión contra los comerciantes del sector.  

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La Policía Metropolitana de Bogotá invitó a la comunidad a hacer las respectivas denuncias para contrarrestar el actuar de estos criminales en la capital del país

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Club León hizo oficial a promesa colombiana - Foto: Club León

Club León hizo oficial a promesa colombiana 

El Club León no pasa por un buen momento tanto en la Leagues Cup, torneo en el que ya quedó eliminado, como en la Liga MX donde marcha en el puesto 16° después de tres fechas jugadas. 
 
Sus grandes figuras no han podido ser determinantes incluyendo el colombiano James Rodríguez y además el cuadro esmeralda tuvo salidas importantes como las de Stiven Mendoza y Jhonder Cádiz. 

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Pues bien, ante la necesidad de reconstruir el equipo, los mexicanos hicieron oficial la llegada de una promesa del fútbol colombiano que llega para competirle a los grandes referentes. 

Y es que este lunes, León confirmó la llegada de Daniel Arcila quien llega procedente de Envigado por una importante suma y firma por un contrato multianual
 
El volante ofensivo fue presentado con un gran vídeo en el que el jugador es presentado como una estrella de boxeo y de paso recuerdan a los mejores futbolistas colombianos que han pasado por la institución
 
De igual manera, en el metraje aparecen dos leyendas de León como son Marco Antonio ‘Chato’ Ferreyra y Martín Peña, dos jugadores muy queridos por la hinchada de la Fiera

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Arcila llega con grandes números a su primera experiencia internacional ya que con Envigado ha jugado 25 partidos y registra 10 goles y una asistencia en este 2025. 
 
Vale señalar que León seguirá trayendo más refuerzos y estarían también listos los fichajes de Alfonso Alvarado y Jordi Cortizo, ambos procedentes de Rayados de Monterrey. 

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Contaminación por plásticos es abordada por casi 200 países - Foto: Redes sociales

Contaminación por plásticos es abordada por casi 200 países 

La sexta y se espera que última reunión de negociadores con el objetivo de lograr un tratado global contra la contaminación por plásticos dio comienzo este martes en la sede de la ONU, en Ginebra, con un llamamiento a que los 180 países participantes se pongan de acuerdo ante la crisis ambiental y sanitaria que han causado los procesos productivos de estos materiales y sus residuos. 

«Por primera vez en la historia, está el mundo a punto de conseguir un instrumento jurídicamente vinculante para terminar con la contaminación con plásticos, una tarea difícil pero extremadamente necesaria», destacó en el inicio del plenario el diplomático ecuatoriano Luis Vayas Valdivieso, presidente de las negociaciones que comenzaron en 2022 y han celebrado cinco rondas. 

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La responsabilidad para frenar la contaminación por plástico «recae» en los Estados, aseguró el presidente de los debates de la ONU que se iniciaron este martes en Ginebra para forjar un primer tratado internacional contra esa problemática. 

«Nos enfrentamos a una crisis mundial, ya que la polución por plásticos está dañando los ecosistemas, contamina los océanos, los ríos, amenaza la biodiversidad, daña la salud humana y tiene repercusiones injustas sobre las más vulnerables«, agregó Vayas Valdivielso, también embajador de su país en el Reino Unido. 

«Tienen por delante diez días de negociaciones intensas, saben que serán largas noches, pero deben mantener una gran determinación y un espíritu de solidaridad para lograr soluciones y acuerdos mutuos», agregó la directora ejecutiva del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), la danesa Inger Andersen. 

La responsable de la agencia ambiental de Naciones Unidas, que fue la que ordenó la creación de un comité negociador sobre la contaminación plástica, advirtió que esta polución «ya está presente en nuestra circulación sanguínea» e irá en aumento en todo el mundo al ritmo actual. 

Ambos coincidieron en que este problema medioambiental especialmente visible por la enorme presencia de microplásticos en los océanos, causado por no haber desarrollado un ciclo de producción, consumo y desechado sostenible, tiene que ser atajado por el mismo ser humano que lo ha provocado. 

«Cada hora cuenta y los primeros días de negociaciones marcaran el ritmo y el tono, sentando las bases para una fase final (la próxima semana, con representantes a nivel ministerial de todo el mundo) que esperemos sea exitosa», destacó el presidente del comité negociador. 

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Las negociaciones se han visto precedidas de distintos actos de protesta y reivindicativos en las inmediaciones del Palacio de las Naciones, la sede europea de la ONU en Ginebra donde se reúnen las delegaciones para debatir tras anteriores rondas en Uruguay, Francia, Kenia y Corea del Sur. 

La Fundación Gallifrey para la protección de los océanos entregó a delegados que entraban en el recinto de Naciones Unidas pastillas de jabón simbolizando el deseo de conseguir un acuerdo lo más «limpio» posible. 

Gallifrey es una de las muchas oenegés que piden que el acuerdo se apruebe por mayoría tras una votación, frente a la opinión de países productores de petróleo y potencias como China o India, que prefieren un tratado de consenso (con el «sí» de todos los países), lo que implicaría un texto con menos obligaciones y más concesiones a los países más contaminantes. 

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Más de 60 menores han sido sorprendidos en bares y discotecas de Bogotá - Foto: Secretaría de Seguridad

Más de 60 menores han sido sorprendidos en bares y discotecas de Bogotá 

La escena se repite cada fin de semana en Bogotá: menores de edad bailando, bebiendo, y en algunos casos, intoxicados dentro de bares, discotecas y billares. El hallazgo de más de 60 adolescentes durante operativos de control no solo deja en evidencia el ingreso ilegal de estos jóvenes a establecimientos nocturnos, sino una profunda falla en el cuidado familiar y una preocupante permisividad comercial. 

Las consecuencias ya no son solo una advertencia. Si un menor es encontrado en estos sitios, las autoridades activan de inmediato el protocolo de restablecimiento de derechos. En primera instancia, interviene la Policía de Infancia y Adolescencia, y luego el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que analiza cada caso con un equipo interdisciplinario de psicólogos, trabajadores sociales y defensores de familia. 

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Cuando se trata de una primera vez, los padres deben acudir al ICBF a firmar un acta de compromiso en la que se obligan a ejercer mayor control sobre sus hijos. Pero si la situación se repite, se inicia una investigación para determinar si hay negligencia grave en la crianza. De confirmarse, el menor podría ser retirado del entorno familiar y llevado a un hogar de paso. “Los padres deben saber dónde están sus hijos y qué están haciendo. El hogar es el primer círculo de protección”, recordó el secretario de Seguridad, César Restrepo, frente a la gravedad del problema. 

Pero la responsabilidad no recae solo sobre las familias. Los establecimientos donde se permite el ingreso de menores —o donde se les venden bebidas alcohólicas— también enfrentan fuertes sanciones.  

De acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en su artículo 38, estos lugares pueden recibir una multa tipo 4 que, para 2025, equivale a $759.200 pesos. Además, se exponen a la suspensión temporal o definitiva de la actividad comercial. 

Los operativos, realizados por la Secretaría Distrital de Seguridad, la Policía Metropolitana y las alcaldías locales, han revelado además que muchos menores acceden a estos sitios sin presentar documentación, o con documentos alterados. En otros casos, ingresan acompañados de adultos que los encubren, una práctica que también será sancionada. 

Lo más alarmante, según los reportes, es que varios adolescentes han sido encontrados ya bajo el efecto del alcohol o sustancias psicoactivas, lo que agrava la situación y pone en riesgo su integridad física y emocional. 

Cuando se evidencia reincidencia o vulneración de derechos, el ICBF no solo interviene con visitas domiciliarias, sino que también hace seguimientos psicosociales y, de ser necesario, remite al menor a programas de prevención de consumo de sustancias. 

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Estas intervenciones hacen parte de la estrategia Ciudadanías Seguras, dentro del Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia. La idea es proteger a los grupos más vulnerables, entre ellos los menores de edad, que hoy están más expuestos a la violencia y al delito al ser admitidos en lugares que deberían estarles completamente vedados. 

Desde la Secretaría de Seguridad se insiste en que la protección de niños, niñas y adolescentes no es solo una tarea del Estado. Las familias y los establecimientos deben asumir su parte. Pero por ahora, lo que muestran los operativos es una cadena de omisiones: padres que no saben dónde están sus hijos, negocios que no hacen controles, y adolescentes cada vez más expuestos a riesgos que podrían evitarse con supervisión y responsabilidad. 

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Presidente Gustavo Petro se reunió con influenciadores y creadores de contenido - Foto: Presidencia

Presidente Gustavo Petro se reunió con influenciadores y creadores de contenido 

En la Casa de Nariño se llevó a cabo en la noche de este lunes 4 de agosto un encuentro entre el presidente Gustavo Petro e influenciadores, creadores de contenido digital y medios alternativos

Más de 20 invitados asistieron al palacio presidencial. La reunión contó con la participación del jefe de Despacho, Alfredo Saade; el ministro del Interior, Armando Benedetti; y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez

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«Con influencers y creadores de contenido digital de todas las regiones de Colombia (sic)», escribió Benedetti en sus redes sociales

Hasta el momento, se desconoce de parte del Gobierno las razones de la reunión con los creadores de contenido. Sin embargo, algunos de los invitados señalaron que se hicieron propuestas sobre lo que habría que cambiar en el plano comunicacional de cara al último año de mandato. 

La cita ocurrió cuando estaba previsto una alocución presidencial del primer mandatario para hablar del decreto que aplica puntos esenciales de la reforma de la salud. 

Durante la actual administración ha aumentado la contratación de influenciadores que apoyen la gestión del Gobierno. «Los necesitamos para que nos ayuden a comunicar los logros, para que nos ayuden a desmentir calumnias, a aclarar tergiversaciones«, indicó en su momento el exdirector del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. 

Bolívar, ya por fuera del Ejecutivo y pensando en su precandidatura presidencial, sostiene que a los ‘influencers’ que supuestamente están hablando mal de él, les están pagando

De acuerdo a los datos reportados en la plataforma de contratación estatal Secop, algunos influenciadores como Celso Tete, quien es criticado por el tono beligerante con el que se refiere a sus contradictores, ha firmado contratos por valor de 213 millones. 

También hay presencia de contratistas ‘influenciadores’ en el sistema de medios públicos RTVC. De hecho, dos de los más reconocidos y polémicos, ‘Wally’ y ‘Don izquierdo’, han hecho parte de la nómina de contratistas de esta entidad, hoy presidida por Hollman Morris, uno de los principales ‘escuderos’ del presidente Gustavo Petro. 

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Presidente responde a críticas de César Gaviria 

El presidente Gustavo Petro le respondió en un trino a las críticas que hizo el expresidente César Gaviria, cabeza del Partido Liberal, a la política de ‘paz total’. El que gobernó Colombia entre 1990-1994 aseguró que uno de los grandes errores fue que se ‘mendigó la paz y no se impuso’. 

«Por imponer la paz llevamos 70 años de guerra. A Valencia le dijeron que impusiera paz y bombardeo campesinos humildes y no cesa la violencia», expresó el mandatario, haciendo referencia a los bombardeos que ordenó el expresidente Guillermo León Valencia a lo que se denominaron las ‘repúblicas independientes’ y que fue uno de los hechos fundacionales de la extinta guerrilla de las Farc. 

El expresidente César Gaviria criticó con dureza la política de ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro, asegurando que la intensificación de la violencia en el país es «innegable y difícil de ocultar» y que, lejos de consolidar una estrategia coherente, el gobierno ha desplegado una política «ambigua, desarticulada y desconectada de las realidades territoriales». 

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Se canceló la quinta etapa de la Vuelta a Colombia - Foto: Team Medellín

Se canceló la quinta etapa de la Vuelta a Colombia 

La realidad del país afecta también al deporte. La quinta etapa de la Vuelta a Colombia fue cancelada por los bloqueos que se presentan en la vía que lleva de Tunja a Boyacá debido al paro minero y paramero en el departamento de Boyacá. 

El gobernador, Carlos Amaya, indicó que no se llegó a un acuerdo en la mesa de negociación entre los representantes del gremio minero, las autoridades locales y representantes del Gobierno Nacional. La reunión duró más de cinco horas y se reanudará este martes en horas de la mañana. 

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Lo cierto es que por ahora el paro es indefinido pues los protestantes creen que su contraparte no ha tenido en cuenta sus peticiones de formalizar el trabajo minero y la remuneración que viene de las exportaciones de carbón. 

Esto se trasladó a la carrera nacional. Para proteger la seguridad de los ciclistas y de toda la caravana de la Vuelta a Colombia en la que hay más de 250 personas. Por esa razón, la organización decidió que la etapa no se correrá y la avanzada se trasladará al siguiente punto por la vía a los llanos. 

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La etapa cancelada pasaba por Duitama, Paipa, Tunja, Ventaquemada, Villapinzón, Chocontá, Gachancipá, Tocancipá y tenía 150.9 kilómetros. La Vuelta continuará el miércoles con la sexta etapa, una de las más importantes del recorrido, comenzará en Mosquera y terminará en el Alto de la Línea sobre un recorrido de 232 kilómetros. 

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Rusia desplegará misiles de medio alcance "si es necesario" - Foto: Redes sociales

Rusia desplegará misiles de medio alcance «si es necesario» 

Rusia desplegará misiles de corto y medio alcance cuando lo considere necesario, afirmó este martes el Kremlin al comentar el levantamiento de la moratoria sobre el tratado de desarme INF

«Rusia ya no se considera limitada por nada. Se considera con derecho, si es necesario, a tomar las medidas apropiadas», aseguró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria en la que adelantó que las decisiones de Moscú sobre este «delicado» asunto no se harían públicas. 

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Al ser preguntado por periodistas sobre planes de despliegue de ese tipo de armamento, Peskov afirmó que «aquí apenas cabe esperar anuncios», debido al carácter militar y «no público» del asunto. 

Rusia anunció la víspera que levanta la moratoria al despliegue de misiles de corto y medio alcance que se impuso en 2019 tras abandonar el tratado internacional INF de eliminación de esa clase de armamento firmado en 1987 por la Unión Soviética y Estados Unidos. 

El Ministerio de Exteriores aseguró que las condiciones para mantener esa moratoria unilateral habían desaparecido, por lo que «la Federación Rusia no se considera más ligada por las limitaciones que se impuso en el pasado«. 

Moscú afirmó que había propuesto a la OTAN y sus socios en la región de Asia-Pacífico que declararan una moratoria análoga a la rusa con el fin de impedir una carrera armamentista

«En cambio, debemos constatar que la iniciativa rusa no ha encontrado reciprocidad. EE. UU. y sus aliados no sólo anunciaron abiertamente sus planes de emplazamiento de misiles de corto y medio alcance en diferentes regiones, sino que avanzaron significativamente en la implementación práctica de sus intenciones», señaló Exteriores. 

Esto ocurre tres días después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunciara el despliegue de dos submarinos nucleares en respuesta a una supuesta amenaza rusa. 

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En diciembre de 2024 el presidente ruso, Vladimir Putin, ya había adelantado que, debido a las crecientes actividades de EE.UU. en ese ámbito, Rusia podría verse obligada a levantar la correspondiente moratoria. 

Rusia anunció la moratoria en septiembre de 2019, un mes después de abandonar junto a Washington -EE.UU. lo hizo un día antes- el tratado de eliminación de misiles de corto y medio alcance (INF), firmado en 1987 por EE.UU. y la Unión Soviética. 

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Tribunal Superior de Bogotá negó tutela a favor de Álvaro Uribe - Foto: Tomada de internet

Tribunal Superior de Bogotá negó tutela a favor de Álvaro Uribe 

El Tribunal Superior de Bogotá le negó a la defensa del expresidente Álvaro Uribe la primera medida provisional con la que buscaba frenar la prisión domiciliaria que le fue impuesta el pasado viernes. La decisión de la jueza Sandra Heredia, que lo encontró culpable de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal y lo sentenció a 12 años de prisión domiciliara, sigue en firme. El magistrado Leonel Rogeles Moreno, encargado de estudiar la solicitud de libertad inmediata que la defensa incluyó en una acción de tutela, ha encontrado que esta “no cumple los estándares de urgencia, necesidad, impostergabilidad, requisitos sine qua non para que, en estos casos, el juez constitucional intervenga desde el inicio del trámite de la tutela, en la forma antes pretendida”. 

Por tanto, la orden de privar al político de su libertad —que aún no ha sido ejecutada— deberá cumplirse mientras avanza el trámite de la tutela, que fue interpuesta este mismo lunes por su abogado, Jaime Granados. El objetivo de esta acción constitucional, un mecanismo que se utiliza cuando se considera que se ha vulnerado un derecho fundamental, es que el expresidente pueda apelar el fallo de la jueza, de primera instancia, en libertad. Para ello, el recurso al que ha recurrido Granados es uno de los más rápidos de la justicia colombiana que, en este caso, plantea que a Uribe se le han violado “los derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la libertad”. 

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La jueza Heredia argumentó el pasado viernes que dejar al expresidente en libertad enviaría un mensaje de impunidad y podría incentivar la violencia en el país, a lo que la defensa ha respondido que la privación de la libertad de los procesados debe ser excepcional cuando aún no hay una sentencia en firme. Granados señala que el argumento de evitar futuros delitos es “una clarísima negación” de la presunción de inocencia, que no se identificaron cuáles fueron “las supuestas estrategias dilatorias” de la defensa, y que Heredia fue “totalmente ambigua” respecto a cómo la libertad del expresidente afectaría la convivencia ciudadana. 

No obstante, Rogeles Moreno, quien estudió la solicitud, consideró que “por el momento ninguna irregularidad se advierte que sea del calado necesario para estimar una afectación relevante a los derechos fundamentales”. Para el magistrado de la Sala Penal, es apresurado determinar que la decisión de la jueza fue arbitraria, algo que se podrá definir “una vez se garantice el ejercicio de contradicción”. La apelación a la sentencia, que va más allá de esta tutela y que buscará tumbar la decisión judicial, se llevará a cabo ante ese mismo tribunal. En caso de obtener un resultado negativo en esa segunda instancia, la defensa de Uribe ha adelantado que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal de la justicia ordinaria. 

La tutela inicialmente había recaído, por reparto, en el magistrado Ramiro Riaño Riaño. Debido a que él se encuentra de permiso, el recurso fue designado al despacho de Rogeles, quien resolvió la solicitud y decidió mantener la detención contra el expresidente. La tutela, que seguirá siendo estudiada por el tribunal, regresaría a Riaño una vez retome sus funciones. No obstante, él podría no estar habilitado para analizarla, pues en una ocasión anterior se declaró impedido para revisar una tutela interpuesta por la defensa de Uribe. 

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En 2014, Riaño señaló que existía un conflicto de intereses debido a que su compañera sentimental había sido designada fiscal en Zipaquirá en 2013, cuando era fiscal general Luis Eduardo Montealegre, el hoy ministro de Justicia, y quien fue aceptado como víctima en el proceso contra el exmandatario. Riaño, sin embargo, ha sido cuestionado debido a que declaró dicho impedimento después de haber fallado a favor de Uribe. La decisión final, en todo caso, está en el Tribunal de Bogotá, que tiene diez días para pronunciarse sobre la tutela. 

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