Este lunes, 19 de febrero, se conoció que la Contraloría General de la República realizó un análisis sobre la situación de cartera de 26 EPS de Colombia que le reportaron información al respecto. Los resultados fueron comunicados a través de un documento oficial.
La entidad determinó que, con corte a octubre de 2023, acumulan una deuda total de $ 25 billones de pesos con las IPS y proveedores (cuentas por pagar), además de lo correspondiente a reservas técnicas y pasivos administrativos.
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Además, la Contraloría señaló que 16 de esas EPS no cumplen con los requisitos para operar, dado que poseen indicadores de margen de solvencia no satisfactorios y no cumplen con la provisión ni con el Régimen de Inversión de las Reservas Técnicas.
Al parecer, los problemas financieros que arrastran las EPS son más graves de lo que parece. De acuerdo con el estudio del ente de control, el monto que esas Empresas Prestadoras de Salud tienen con las clínicas y hospitales es de $ 11,3 billones, pero solo tienen respaldo para cubrir $ 1.3 billones.
Para los restantes $ 12.4 billones no hay con qué cubrirlos, detalló la Contraloría, de manera que se estaría configurando un incumplimiento al Régimen de Inversiones de Reservas Técnicas que exige la inversión del cien por ciento de los recursos.
La Contraloría reveló deudas de 26 EPS por $ 25 billones; 16 no cumplen con requisitos de operación.
— Mauricio Vanegas (@Marovaan) February 19, 2024
Otro de los hallazgos reveló que 21 EPS incumplen con la provisión y con la inversión de sus reservas técnicas, un hecho que no solo rebasa la normatividad, sino que pone en riesgo al sistema sanitario dado que “al no constituir las reservas, no apalancan sus obligaciones para atender los gastos en salud”.
Pese a que el 93,5 % de las deudas de las EPS con las IPS tiene menos de un año, el 51 % del total de esa cartera se concentra en tres empresas: Famisanar, Sanitas y Emssanar, con un monto de $ 5.4 billones.
Mientras que el 59 % de las deudas de las EPS con las IPS que superan el año recae en tres compañías: Famisanar, Emssanar y Asmet Salud, y alcanzan los $ 436 mil millones.
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“De la cartera de las 26 EPS se puede deducir que 15 de ellas no cumplen los indicadores de liquidez ni de solvencia”, añadió la Contraloría, a partir del examen a las intermediarias de salud.
El informe también señaló que el Gobierno “se encuentra al día” en lo que hace a las UPC (Unidades por Capitación), pese a reconocer una deuda de $ 3 billones a las EPS de recursos destinados a cubrir “servicios y tecnologías en salud” que no están financiados, ni previstos, pero que está obligado a solventar.