Nombre del autor:Alex Beltran

Con el objetivo de reglamentar alrededor de 8.200 hectáreas de bienes comunes, el Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) inició un trabajo en terreno en ocho ciénagas y playones comunales del departamento del Cesar.

Durante 15 días, el equipo de la ANT, conformado por agrónomos, ingenieros topográficos y catastrales, abogados y trabajadores sociales, adelantará visitas técnicas de caracterización en las sabanas comunales de Vega Arriba (corregimiento Guaymaral) y San José (Valledupar), en Vallito (El Paso), playones de Medialuna (El Paso y Chiriguaná), playones de La Tigra (San Alberto), playones de La Tigrera (Gamarra) y playones Ciénaga La Reserva y de Aguas Negras (San Martín).

“Las acciones que adelanta la Agencia Nacional de Tierras son fundamentales para garantizar seguridad jurídica, generar sentido de apropiación de estos ecosistemas y empoderar al campesinado, atendiendo al cumplimiento de la Reforma Agraria en el país”, dijo la subdirectora de Administración de Tierras de la Nación de la ANT, Lina Salcedo.

Agregó que la intervención está dirigida a identificar la información necesaria para emitir los reglamentos de uso y manejo sobre esos bienes de uso público en favor de la comunidad campesina que habita en estos territorios.

Además, destacó que, de esta manera, el Gobierno nacional reconoce el uso ancestral que las comunidades han hecho de esos territorios, así como su importancia en la preservación de tradiciones y formas de vida.

En ese orden, el Gobierno busca garantizar la seguridad jurídica sobre los usos ambientales y atiende los conflictos por el uso de esos ecosistemas estratégicos. 

El presidente Gustavo Petro Urrego ha sido enfático en que su Gobierno, con el apoyo de la Fuerza Pública, va a defender los derechos del campesinado y garantizar la protección de tierras públicas, como los playones, frente a intentos de apropiación ilegal.

“La Fuerza Pública, se lo digo aquí y es una orden de su Comandante en Jefe, debe abrazar al humilde, debe defender los derechos y las libertades constitucionales y legales del pueblo campesino”, afirmó el jefe de Estado durante la restitución de 2.400 hectáreas del complejo cenagoso de Machado a 500 familias agropescadoras en Sucre, en acto celebrado en diciembre del 2024 en Sucre.

El mandatario recordó que, según la Constitución y la ley, los playones son tierras inalienables, de propiedad pública y uso común, donde el Ejército y la Policía tienen el deber de intervenir para evitar cualquier apropiación indebida. 

Con el propósito de consolidar una política integral de protección a la infancia, la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sostuvieron una reunión clave para fortalecer las estrategias conjuntas en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia.

Durante el encuentro, se abordaron temas fundamentales como la prevención del reclutamiento forzado y la atención a menores desvinculados del conflicto armado, reafirmando así el compromiso del Gobierno nacional con la niñez como eje central de sus políticas de paz y seguridad.

Compromiso con la niñez

La directora del ICBF destacó la relevancia de esta articulación interinstitucional, subrayando que el bienestar de la infancia es una prioridad en la agenda gubernamental.

“Estamos aquí con el ministro de Defensa designado, el primer ministro que trabaja directamente con el equipo del ICBF. Tenemos un factor común: la paz y la garantía de los derechos de los niños y niñas de Colombia”, afirmó Cáceres.

Por su parte, el ministro de Defensa resaltó la determinación de las Fuerzas Armadas para proteger la vida y los derechos de la infancia: “Nuestros soldados y policías entregarán absolutamente todo para que no le pase nada malo a nuestros niños. Aquí unimos el amor del ICBF con el valor de nuestras fuerzas para garantizar la paz y la seguridad de la niñez”, expresó Sánchez.

Acciones concretas

Esta alianza interinstitucional se traducirá en estrategias concretas enfocadas en:

Prevención del reclutamiento forzado: Garantizar entornos seguros en las regiones más vulnerables del país.

Atención integral a menores desvinculados del conflicto: Brindar oportunidades de educación, protección y desarrollo personal.

Coordinación entre el ICBF y las Fuerzas Armadas: Fortalecer la seguridad y el bienestar infantil en territorios afectados por la violencia.

Garantía de derechos como pilar de la paz: Trabajar para que Colombia sea un país donde los niños y niñas crezcan con seguridad y oportunidades reales de progreso.

Generación para la Paz

El Gobierno nacional reitera su compromiso con la construcción de un país donde la Generación para la Paz pueda crecer libre de violencia y con acceso a un desarrollo pleno. 

Esta articulación entre el ICBF y el Ministerio de Defensa representa un paso decisivo hacia la construcción de la paz, demostrando que la verdadera transformación de Colombia comienza con la protección, educación y respeto de los derechos fundamentales de la infancia.

Con el fin de tomar decisiones frente a la seguridad y protección de los firmantes de paz del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Charras, en el departamento del Guaviare, el Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, adelantó un Puesto de Mando Unificado por la Vida (PMUV) en San José del Guaviare.

El encuentro estuvo liderado por el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Franklin Castañeda, quien trabajó de la mano con los ministerios de Defensa y Vivienda; la Agencia Nacional de Reincorporación (ARN); la Agencia Nacional de Tierras (ANT); la Unidad Nacional de Protección (UNP); la Misión de la ONU en Colombia y las autoridades departamentales y locales.

En el PMUV se determinaron las primeras decisiones para la protección de los firmantes de paz, entre las cuales se destacaron:

• Su traslado en el mediano plazo.

• Acciones en materia de prevención y protección colectiva.

• Entrega de nuevas viviendas en el sitio de traslado, en marzo de 2026.