En los últimos días de ha divulgado una investigación la cual señala que el denominado Clan Torres, el cual es un grupo económico y político del departamento del Atlántico, y serían ellos quienes habrían logrado influir en decisiones estratégicas dentro del sector transporte en el Gobierno del Cambio. Sobretodo y  particularmente dentro de los procesos relacionados con el Sistema Integrado de Control y Vigilancia (SICOV) y los Centro de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE).

Dicho documento es el que plantea las posibles irregularidades que se presentaría en la adjudicación de estos sistemas, que representan negocios de alto impacto económico tanto en la región y para el país.

SICOV: el cual es un sistema cuestionado desde su origen El SICOV, implementado desde el año 2013 con el objetivo de combatir el fraude en los diferentes Centros de Enseñanza Automovilística (CEA), Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) y Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC), habría sido adjudicado bajo un proceso que — según la investigación — presentó señales de direccionamiento.

Este es el informe que señala:

· Las condiciones habrían sido diseñadas de forma que solo una empresa del entorno de Euclides Torres pudiera cumplirlas.
· Se habrían inscrito compañías vinculadas al mismo grupo económico, junto con una empresa externa supuestamente presentada para simular pluralidad.
· El sistema, pese a su finalidad, no habría logrado reducir el fraude ni la accidentalidad vial.
Adicionalmente, el actual superintendente de Transporte habría prorrogado el contrato por 15 años más, consolidando un monopolio que hoy generaría ingresos por cientos de miles de millones de pesos anuales.

CALE: es el nuevo proyecto con advertencias de direccionamiento

Por ello en diferentes medios de comunicación también se ha expuesto las diferentes preocupaciones por el proceso de selección para operar los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), que evaluarán a los aspirantes a obtener una licencia de conducción.

De acuerdo con la investigación:

• La convocatoria exige “cobertura nacional”, un requisito que la mayoría de universidades públicas no pueden cumplir.
  · La UNAD sería la única institución con presencia en los 32 departamentos, lo que la convertiría en el único actor habilitado.
  · Esta universidad tiene antecedentes de contratos adjudicados sin competencia a empresas relacionadas al Clan Torres.
  · Tanto el rector como el vicerrector de la institución se encuentran involucrados en investigaciones por presunto nepotismo y irregularidades contractuales.
  El negocio de los CALE tendría un valor estimado cercano a los 14 billones de pesos durante 20 años.

Implicación de figuras políticas y funcionarios del Gobierno:

El informe señala que el senador Pedro Flórez, integrante del Pacto Histórico, habría sido impulsado políticamente por el Clan Torres. Declaraciones de Nicolás Petro también lo mencionan como presunto operador financiero durante la campaña presidencial.

Posteriormente, el senador llegó a dirigir la Comisión Sexta del Senado, instancia clave para las decisiones legislativas en materia de transporte.

La investigación también menciona a dos funcionarios del Gobierno:

· Alfredo Piñeres, Superintendente de Transporte, con supuestos vínculos empresariales con empresas relacionadas al Clan.
· Lina Huari, Viceministra de Transporte, sancionada previamente por la SIC e involucrada en el proceso de adjudicación de los CALE.

Riesgos identificados por los investigadores

Los analistas del informe advierten varios riesgos institucionales y de seguridad:
· Posible concentración del negocio vial en un solo grupo económico.
· Eventual conflicto de interés al coincidir operador y supervisor del sistema.
· Afectación a la seguridad vial si la evaluación de conductores queda bajo operadores con intereses particulares.
· Exclusión de universidades públicas con capacidades técnicas y acreditación de alta calidad.
· Continuidad de un modelo de contratación presuntamente restrictivo y poco competitivo.

Respuesta de autoridades y panorama actual

Hasta el momento, los entes de control no han emitido comunicados oficiales frente a las denuncias contenidas en el documento y realizada en medios de comunicación y redes sociales.
El caso podría convertirse en uno de los temas más sensibles dentro del sector transporte, considerando el impacto económico, social y de seguridad vial que representan los sistemas SICOV y CALE.