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Paro arrocero completa cinco días y solución parece lejana

Este viernes se cumple el quinto día del paro arrocero, sin que haya avances en el diálogo entre el Gobierno y los representantes del sector. A pesar de la citación hecha por el Ejecutivo en el Ministerio de Comercio, no se logró instalar una mesa de negociación formal, lo que ha profundizado la tensión en distintas regiones del país.

El gremio arrocero insiste en que la negociación solo será posible si se da con la presencia directa de la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, además de altos funcionarios de los ministerios de Hacienda y Comercio.

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Según los líderes de Dignidad Arrocera Nacional, la ausencia de estas autoridades representa un incumplimiento de los acuerdos preliminares.

Ante la falta de acercamientos y respuestas concretas, los voceros del paro decidieron continuar con los bloqueos en las principales vías del país y anunciaron nuevas movilizaciones. En las últimas horas se reportó una marcha arrocera en Valledupar y se intensificaron los puntos de cierre en varias regiones.

El Gobierno ha reiterado su disposición al diálogo y a través de la viceministra de Asuntos Agropecuarios, Geidy Ortega, señaló que se han adelantado 28 espacios de concertación. Según Ortega, ya se han expedido medidas como una resolución sujeta a comentarios, que establece precios mínimos por región.

La funcionaria también advirtió que Dignidad Arrocera y Dignidad Agropecuaria no han asistido a varios de los espacios formales convocados por el Ministerio y pidió levantar los bloqueos como condición para que la ministra Carvajalino retome la mesa de diálogo.

Por ahora las partes siguen distantes. Los arroceros insisten en que no volverán a negociar hasta que se cumplan las condiciones acordadas, mientras el Gobierno llama a ceder para avanzar en una solución de fondo al conflicto.

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En total, los bloqueos se mantienen en al menos 12 departamentos:

Tolima: Saldaña, vía entre El Espinal y Neiva, Gualanday y la intersección vial Chicoral–Bogotá–Ibagué.
Huila: Campoalegre, Tesalia, peaje entre Neiva y Bogotá, y en Pablo Nuevo, en los límites con el Tolima.
Córdoba: Doctrina, Las Garitas (Lórica) y Tierra Alta.
Meta: Llano Lindo y vía antigua al llano.
Casanare: Aguazul.
Arauca: Tame.
Sucre: región de La Mojana.
Cesar: La Jagua de Ibirico, San Alberto y Aguachica.
Santander: Sabana de Torres, en la Troncal del Magdalena Medio.
Norte de Santander: Pedregal.
Valledupar: vía Hurtado, que conecta con La Guajira.

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Disidencias de las Farc secuestraron a nueve contratistas en el Cauca

Colombia, DESTACADOS / Jonathan Davis

Las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’ confirmaron el secuestro de nueve contratistas de la Gobernación del Cauca en el municipio de López de Micay en el Pacífico Caucano.

Ese grupo armado en un comunicado aseguró que “fueron retenidos los siguientes funcionarios de la Gobernación del Cauca y contratistas: Eivar Alonso Guerrero Anaya, Sergio Andrés López Gómez, Angelica María Barona, Leidy Rocío Guengue, Paola Andrea Maca Chavez, Mónica Alexandra Bambagüé, Manuela Caicedo Arango, María Elizabeth López y Elizabeth Yangana”.

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La misma organización armada agregó que los funcionarios “estaban haciendo entrega e instalación de equipos militares a miembros del Ejército Nacional cuyo objetivo es inhibir señales y derribar drones”.

Las disidencias expresaron que “la retención de los funcionarios es legítima, evaluaremos toda la información que reposa en los equipos obtenidos, así como la identidad de cada uno de ellos. Los ahora prisioneros serán tratados de la mejor manera y tendrán las mejores condiciones que les podamos brindar, esperamos que las operaciones militares que se desarrollan en el área no pongan en riesgo sus vidas”.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán resaltó que “no estaban en operaciones militares ni representaban amenaza alguna: llevaban oferta institucional a comunidades en condición de vulnerabilidad. Desde el Cauca exigimos su liberación inmediata. La institucionalidad no puede ser confundida con la guerra, ni los servidores públicos convertidos en rehenes”.

Inteligencia militar investiga si el secuestro habría sido ordenado por Iván Jacob Idrobo Arredondo alias ‘Marlon’, por quien las autoridades ofrecen una recompensa de hasta mil millones de pesos.

Gobernación condenó el secuestro

En un comunicado, la Gobernación explicó que el grupo trabajaba con las Juntas de Acción Comunal para promover el diálogo, fortalecer la participación ciudadana y facilitar el acceso a programas sociales.

“Este equipo de trabajo, en articulación con las Juntas de Acción Comunal (JAC), tenía como propósito promover el diálogo territorial, fortalecer la participación ciudadana y facilitar el acceso a programas sociales del Estado, en un ejercicio legítimo de servicio público, lejos de cualquier interés o acción militar”, indicó la Gobernación.

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Un poco antes, las disidencias confirmaron que tenían a los contratistas. Dijeron que estas personas, según ellos, estaban entregando e instalando equipos militares al Ejército Nacional, destinados a bloquear señales y derribar drones.

El grupo armado también aseguró que evaluará la información encontrada en los equipos y que los “prisioneros” serán tratados bien. Además, pidieron que las operaciones militares en la zona no pongan en riesgo sus vidas.

Las personas secuestradas, según las disidencias, serían las siguientes:

Eivar Alonso Guerrero Anaya
Sergio Andrés López Gómez
Angélica María Barona
Leydi Rocío Guengue
Paola Andrea Maca Chávez
Mónica Alexandra Bambague
Manuela Caicedo Arango
María Elizabeth López
Elizabeth Yangana

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Se conocieron nuevas denuncias contra hotel en San Andrés en el que murió una familia

Colombia, DESTACADOS / Jonathan Davis

Mientras avanzan las investigaciones por la muerte de una familia en un hotel de San Andrés, otras personas denuncian que sintieron malos olores y la falta de implementos básicos en las habitaciones.

Según el testimonio de Norha Ismaelina Castillo Castro, quien se hospedó entre el 28 de junio y el 2 de julio en el hotel Toné II, la habitación en la que se hospedó también presentó malos olores e irregularidades.

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En la entrevista dada a la revista ‘Semana‘, la mujer aseguró que pagó cinco millones de pesos por su estadía, pero que al llegar le indicaron que no tenía una habitación asignada y advirtieron sobre un fuerte olor en las instalaciones.

“Cuando llegamos no había habitación disponible. A mi nieta y su mamá les asignaron una en el segundo piso que olía asqueroso, como a soda cáustica, ese químico fuerte con el que limpian los baños. Me tocó armar escándalo para que las cambiaran”, contó al medio citado.

Luego de encontrar una habitación para ella, Norha Ismaelina Castillo Castro, se percató que el techo tenía humedad y se encontraba en malas condiciones: «Para mí, era un ducto de los baños que estaba goteando. Tengo fotos», añadió.

Pero el mal olor y el mal estado del techo no fueron lo único que alertaron a esta huésped, pues al momento de bañarse se percató de la falta de toallas y papel higiénico en el baño.

Al llamar a la recepción estos implementos fueron negados, por lo que le tocó esperar hasta el siguiente día para que le suministraran los implementos de aseo.

Sumado a su testimonio, la mujer aseguró que «Están haciendo una construcción del quinto piso hacia arriba, pero siguen alojando personas. El edificio se mueve con la brisa del mar, me daba miedo estar allí. Tiene varillas expuestas en las escaleras. Me pregunté cómo no había pasado una tragedia antes como la que ahora ustedes están registrando».

Otras denuncias contra el hotel en San Andrés en el que murió una familia

Por medio de las reseñas de Google, las personas han evidenciado las malas condiciones en las que se encuentra el hotel Toné II de San Andrés.

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«Mala atención. Nos asignaron una habitación con dos camas dobles para cuatro personas que no son pareja, al inicio nos dijeron que era una habitación quíntuple», dijo una de las huéspedes.

La misma persona denunció que el aire acondicionado estaba dañado y que les entregaron un ventilador que «solo produce más calor» y que en cuatro días de hospedaje «no le hicieron aseo a la habitación ni vaciaron la papelera, no entregaron más jabón ni papel higiénico».

Otro visitante aseguró: «El hotel está en remodelación, por lo cual, el aspecto por dentro es desagradable, hay tierra por todo lado y la habitación que nos asignaron estaba en un estado cuestionable. No se dio la entrega de toallas por parte del personal y el aseo no se hacía diariamente».

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Alarma por reclutamiento de menores en bandas criminales del Atlántico

Colombia, DESTACADOS / Jonathan Davis

El departamento del Atlántico enfrenta un fenómeno criminal cada vez más preocupante: el reclutamiento masivo de menores de edad por parte de bandas como “Los Costeños” y “Los Pepes”.

De acuerdo con el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, al menos 2.000 jóvenes harían parte de estas estructuras que operan en múltiples municipios del departamento y que están detrás de una creciente ola de homicidios y extorsiones.

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“Las organizaciones de microtráfico han encontrado que el mejor vehículo para penetrar en la venta de drogas es utilizando jóvenes de 14, 15 y 16 años. Son más obedientes y útiles para sus propósitos. La cifra que manejamos hoy es de al menos 2.000 muchachos vinculados a estas bandas”, advirtió el mandatario en declaraciones al portal Zonacero.com.

Verano sostiene que esta realidad no solo profundiza la crisis de seguridad, sino que representa una amenaza directa contra el tejido social de la región, pues desvía el proyecto de vida de cientos de adolescentes hacia dinámicas violentas.

Hacia una mesa de diálogo con cabecillas criminales

El gobernador también reveló que los cabecillas de ambas estructuras, Digno Palomino, de “Los Pepes”, y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, de “Los Costeños”, han manifestado su voluntad de sentarse a dialogar bajo el marco de la Ley de Paz Total, impulsada por el Gobierno Nacional.

“Estas dos personas representan el 88 % de la actividad extorsiva y de los homicidios por sicariato en el Atlántico. Muchos de los asesinatos son vendettas internas entre bandas por el control del microtráfico. La extorsión, en cambio, es un fenómeno más extendido, que afecta directamente al comercio, al empleo y al desarrollo regional”, señaló el gobernador.

Aunque aún no se ha definido el marco metodológico de la posible mesa, Verano enfatizó la necesidad de que el proceso sea articulado con el Gobierno nacional y las autoridades distritales.

“Debe haber un diseño institucional con reglas claras, participación del Alto Comisionado para la Paz y lineamientos del Ministerio de Defensa. Algunas de las solicitudes de las bandas podrían implicar competencias del orden nacional”, explicó.

Oferta institucional y enfoque social

En paralelo a los diálogos, se busca avanzar en la caracterización de las estructuras ilegales y su base social, la mayoría conformada por jóvenes en situación de vulnerabilidad.

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Este diagnóstico, liderado por el Ministerio de Defensa, la Policía y la Dirección Nacional de Inteligencia, servirá como insumo para diseñar una oferta institucional robusta que incluya oportunidades educativas, empleo digno y soluciones de vivienda.

“Tenemos que ofrecer una salida a quienes, por falta de oportunidades, fueron captados por estas redes criminales. Si conseguimos la paz mediante una política integral de empleo, formación y apoyo social, habremos ganado más que una guerra”, dijo Verano, quien recordó que hace solo unos años municipios como Usiacurí acumulaban más de una década sin homicidios.

La Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla enviaron comunicaciones formales en marzo y abril al Alto Comisionado para la Paz, en las que expresaron la disposición de ambas estructuras criminales para acogerse a un proceso de sometimiento.

Mientras el país observa con atención esta posible salida negociada, las autoridades locales advierten que el éxito dependerá de que se combine con acciones contundentes contra el crimen y una oferta social sólida que impida el reciclaje del delito entre los jóvenes.

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Cien mujeres campesinas de Córdoba recibieron 1.162 hectáreas para sembrar paz

Agro, Bienestar, Colombia, DESTACADOS / Alex Beltran

Las beneficiadas de la Reforma Agraria impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, son madres cabeza de familia de los municipios de Planeta Rica y Sahagún.

Las tierras fueron adquiridas mediante procesos de compra directa a particulares: tres predios ubicados en Planeta Rica, que en conjunto suman 940 hectáreas, y el predio La Macarena, en el municipio de Sahagún, con una extensión de 222 hectáreas.

“Hoy estamos de fiesta en Planeta Rica, nos sentimos felices y orgullosas por este regalo que nos ha hecho el presidente Petro. Esto nos motiva a seguir adelante, porque antes no éramos escuchadas. Ahora, gracias a la tierra, al trabajo y a los proyectos productivos, podemos sacar adelante a nuestras familias y producir para la comunidad», manifestó emocionada Denis Zarabia Reyes, integrante de la Asociación Rosmu, favorecida con un predio en el corregimiento Campo Bello.

Gracias al Decreto 1396 de 2024, que creó el Programa Especial de Acceso a Tierras para Mujeres Rurales, muchas de ellas dejan de ser jornaleras en tierras ajenas para convertirse en propietarias.

“Nos sentimos muy felices y dichosas, porque fueron muchos años esperando que los gobiernos nos tuvieran en cuenta y hoy, gracias a Dios, el Gobierno nos cumple. Nos han dado esta tierra para trabajar y producir alimentos para nuestra soberanía alimentaria y para los colombianos», expresó Marledis Montes, campesina de la asociación Rosmu.

La materialización de este sueño significó una ruptura con el histórico esquema de concentración de la tierra en dos de los municipios más representativos de Córdoba.

En estos territorios, donde por décadas predominó la propiedad en pocas manos, la baja productividad agrícola y la ausencia de proyectos colectivos, hoy se abre paso un horizonte de equidad rural, dinamismo productivo y verdadera transformación rural.

Durante el acto, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, destacó la importancia histórica de este paso para las mujeres rurales y el compromiso del Gobierno con la equidad en el campo.

“Las mujeres de Colombia llevaban tres siglos sin tener derecho a la propiedad; ese derecho llegó casi al mismo tiempo que el derecho al voto y ningún gobierno les había entregado tierras. Quiero que salgan de aquí y vayan a su finca a trabajar, a sembrar el campo, a sembrar la paz, a sacar adelante a sus familias con perrenque y pujanza», concluyó Harman.

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Paro arrocero; tercer día de bloqueos y exigencias al Gobierno

Colombia, DESTACADOS / Jonathan Davis

El paro arrocero nacional cumple este miércoles 16 de julio su tercer día consecutivo, sin que hasta ahora exista un diálogo formal entre los productores y el Gobierno.

Mientras el Ministerio de Agricultura asegura que se instaló una “Mesa Nacional del Arroz”, los cultivadores que están en las vías niegan haber sido convocados y continúan con las movilizaciones.

Las afectaciones ya se sienten en al menos nueve departamentos. En el Tolima, por ejemplo, se reportan bloqueos en la vía hacia Saldaña —con cerca de 150 personas protestando— y se prevén cierres en Lérida, Natagaima, Coello y Armero.

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En el Meta, hay bloqueos en puntos estratégicos como ‘La Y’ en Pipiral y el sector de Llano Lindo. En la Vía al Llano, las protestas mantienen cerrada la carretera en tramos como Oromazo y Llano Lindo, interrumpiendo el tránsito por horas.

Los productores del Meta anunciaron horarios específicos para los bloqueos. Según lo informado, la vía se abrirá de 6 a.m. a 8 a.m., y de 4 p.m. a 6 p.m. El resto del tiempo (8 a.m. a 4 p.m. y de 10 p.m. a 6 a.m.) la vía permanecerá cerrada.

En Santander, en el sector de Sabana de Torres, los arroceros bloquean la vía al Magdalena Medio, permitiendo el paso únicamente entre las 12:00 p.m. y la 1:00 p.m.

En Cesar también se sumaron a la protesta. Allí, los productores aseguran que la crisis es insostenible y reclaman soluciones reales a los costos de producción. Todos coinciden en un punto: el precio que hoy paga la industria molinera es ruinoso.

En la vía al Llano, los horarios de apertura van de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. (2 horas continuas en ambos sentidos), luego de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. (2 horas continuas), y de 8:00 p.m. a 10:00 p.m. (2 horas continuas).

También los voceros del paro arrocero precisaron que permanecen y se aumentan bloqueos en:

-Tolima: Saldaña vía que comunica al Espinal y Neiva, Gualanday, intersección vial Chicoral–Bogotá–Ibagué.

-Huila: Campoalegre, Tesalia, Entrada Neiva – Bogotá (peaje), Pablo nuevo límites del Tolima y Huila.

-Córdoba: Sector Doctrina y Las Garitas (Lórica), Tierra Alta.

-Meta: Llano Lindo y vía antigua al Llano.

-Casanare: Aguazul.

-Arauca: Tame.

-Sucre: Sector de La Mojana.

-Cesar: La Jagua de Ibirico, San Alberto, Aguachica.

-Santander: Sabana de Torres en la troncal del Magdalena Medio, Nuevo Pedregal.

Los incumplimientos del Gobierno, según los arroceros

La protesta se reactivó tras el incumplimiento de acuerdos pactados en marzo entre los gremios arroceros y el Ministerio de Agricultura. Según los manifestantes, las promesas fueron ignoradas y no se ha desembolsado ni un solo peso de los apoyos comprometidos.

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En un comunicado oficial, el Comité Nacional de Paro Arrocero —integrado por Dignidad Arrocera Nacional, Arroceros de Colombia y Dignidad Agropecuaria— negó que alguno de sus voceros haya participado en la mesa recientemente convocada por el Gobierno. “Ninguno de los arroceros que actualmente se encuentra en las carreteras participó en dicha reunión”, enfatizaron.

El Comité también rechazó el borrador de resolución sobre el precio de compra del arroz paddy verde. Si bien no lo descartaron completamente, advirtieron que no soluciona el problema de fondo: “Los precios de compra al productor son insostenibles”, afirmaron.

Además, los arroceros exigen al Gobierno controlar el contrabando y las importaciones desleales. Señalan que no hay medidas concretas para frenar el ingreso irregular de arroz ni voluntad política para renegociar los TLC que afectan la producción nacional.

Por eso, el gremio exige la instalación inmediata de la Mesa de Negociación del Pliego de Peticiones de los Arroceros, ya radicada ante el Ministerio de Agricultura. Esa —dicen— es la única salida para destrabar el conflicto.

Mientras tanto, el paro continúa. Las protestas están lejos de ceder y los bloqueos afectan no solo a los productores, sino a comerciantes, transportadores y consumidores. Desde Dignidad Arrocera insisten en que no levantarán los bloqueos hasta que no haya respuestas claras. “Nuestra decisión es mantener el paro indefinido por el justo precio nacional arrocero”, concluyeron.

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Queman seis tractomulas en vía a Buenaventura; un conductor está herido

Colombia, DESTACADOS / Jonathan Davis

Esta madrugada de miércoles seis tractomulas fueron quemadas en la vía a Buenaventura. Por este acto, un conductor fue intimidado por hombres armados y resultó herido de un disparo, por lo que tuvo ser trasladado a un centro asistencial.

“La Policía Nacional se permite informar que en horas de la madrugada se registró la incineración de varios cabezotes de vehículos de carga en la vía que conduce al puerto de Buenaventura. Según el reporte preliminar, tres cabezotes fueron incinerados sobre el kilómetro 16 de la vía, uno más en el kilómetro 25, y dos adicionales al interior de un parqueadero ubicado en el kilómetro 17”, informaron desde la Policía Nacional.

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Asimismo, se conoció que, durante las labores de verificación, se halló una granada de fabricación artesanal en el tramo comprendido entre los kilómetros 23 y 25.

“La Policía Nacional, en articulación con el Ejército Nacional y la Armada de Colombia, se encuentra en el área asegurando el corredor vial, adelantando labores de verificación y control, así como actividades de antiexplosivos para garantizar la movilidad y seguridad de los usuarios de esta importante vía”, dicen las autoridades.

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De manera paralela, se avanza en las investigaciones correspondientes para identificar y ubicar al grupo armado ilegal presuntamente responsable de estos hechos.

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En Yopal fue enviado a la cárcel un hombre señalado por portar un arma de fuego en una motocicleta

Colombia, DESTACADOS, JUDICIAL / Alex Beltran

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jeison Herney Salamanca Correa, alias Mambo, por su presunta responsabilidad en el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Este hombre fue capturado en flagrancia, el pasado 9 de julio, después de ser requerido por una patrulla de la Policía Nacional, para una requisa. Mambo, al parecer, abandonó la motocicleta en la que se movilizaba y huyó por un canal de aguas lluvias, hasta un hotel, donde se escondió, pero fue encontrado por las autoridades.

Los uniformados solicitaron al procesado que abriera el baúl de la motocicleta, donde fue encontrada un arma de fuego, que presuntamente, portaba sin los permisos de ley.

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La deuda de las EPS a hospitales y clínicas es superior a $100 billones: presidente Petro

Bienestar, Colombia, DESTACADOS, GENERALES, OPINIÓN, POLÍTICA, SALUD, Servicios Médicos, SOCIAL / Alex Beltran

En una alocución presidencial emitida en la noche de este martes, el mandatario manifestó que “la Ley 100 (de 1994), y de los gobernantes que la defienden le han quitado al sistema de salud real, que es el que atiende a las personas, hospitales y clínicas, al menos 100 billones de pesos».

El jefe de Estado cuestionó el tratamiento que le dieron ciertos medios de comunicación a las cifras reveladas por la Contraloría General de la República, y subrayó que contrario a lo que cita el organismo de control no son “32,9 billones que les da a 31 de diciembre del 2024, Tengo que decirles, esta cifra está mal hecha, no tienen economistas. La deuda es mayor».

Explicó que en ese informe “hay dos grandes errores metodológicos: uno, que en 2020 teníamos un peso más desvalorizado, 2021 igual, 2022 igual, 2023 igual, y 2024 también se desvalorizó. Luego, hay que traer la cifra en pesos constantes del 31 de diciembre del 2024. Eso es lo correcto».

Añadió que “hay otro segundo error metodológico: que la deuda real la hayan liquidado los presidentes, dejando que no se pagara a los hospitales y clínicas, que no existiera esa deuda, es todavía mayor, porque viene desde 1993. La acometieron 157 EPS que empezaron a funcionar, y ¿cuánto valía el peso de 1994, 1995, etcétera, 2000, 2010? ¿A la fecha? Entonces usted tiene una cifra de 400 mil millones de pesos».

También enfatizó que esa deuda no es del Gobierno. Por el contrario “nosotros hemos disminuido en 707 mil millones de pesos, la deuda total que estas EPS tenían con la República y otros acreedores, y eso representa un 3.7 %. Por eso la intervención (a las EPS) hay que continuarla y ampliarla».

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Él es alias ‘Aldivener’, el jefe de la “Segunda Marquetalia”

Colombia, DESTACADOS / Jonathan Davis

El pasado 9 de julio, el gobierno del presidente Gustavo Petro expidió la Resolución 203, con la que tumbó la designación de José Aldinever Sierra Sabogal, alias ‘Aldinever’ o ‘el Zarco Aldinever’, como negociador del proceso de paz con la «Segunda Marquetalia».

La decisión se produjo días después de que se revelara información de inteligencia que señalaba a este jefe del grupo armado como presunto articulador del atentado contra el senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, registrado en la tarde del sábado 7 de junio en el barrio Modelia, occidente de Bogotá.

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Según registros de la rama judicial, sobre Sierra Sabogal pesa un proceso activo por los delitos de desaparición forzada, homicidio agravado y rebelión. Estos cargos, sumados a su historial dentro de estructuras insurgentes y su rol en el rearme de la ‘Segunda Marquetalia’, lo mantienen bajo el escrutinio de las autoridades judiciales y de seguridad del Estado colombiano.

Este hombre, según registros militares, es junto a Gener García Molina, alias Jhon 40, una de las personas de confianza de Luciano Marín Arango conocido como ‘Iván Márquez’, principal comandante del grupo integrado por desertores del acuerdo de paz en Colombia.

Este cabecilla había sido reconocido como negociador en febrero del 2024 para el fallido proceso de acercamientos de paz con la ‘Segunda Marquetalia’ y fue beneficiado con el levantamiento temporal de órdenes de captura, como parte de la apertura de la mesa con el grupo armado.

Sierra Sabogal, de quien se cree está en Venezuela, nació el 11 de agosto de 1976 en Restrepo, Meta, su historial dentro de las extintas Farc-EP se remonta a 1991, cuando ingresó a los 15 años al Frente 53, en el municipio de Medina, Cundinamarca. Desde entonces, acumuló más de tres décadas de trayectoria en estructuras armadas.

En 1993 asumió como cabecilla de la Compañía Móvil ‘Manuela Beltrán’, delinquiendo en varias localidades de Cundinamarca. Posteriormente, participó en procesos de expansión territorial y consolidación de redes de apoyo, incluyendo ataques como el ocurrido en 1994 contra la estación de Policía de La Calera, donde falleció un uniformado.

Durante los años siguientes, su nombre se asoció con múltiples hechos de violencia. En 1998 fue designado como segundo cabecilla del Frente 53 y se le atribuye participación directa en el secuestro de autoridades locales de Medina. Un año después, hizo parte de la denominada operación ‘Miller Perdomo’, en la que murieron 40 militares.

En el 2002 fue ascendido como primer comandante del Frente 53, extendiendo su influencia en zonas de Meta y Cundinamarca. Bajo su mando, se perpetraron atentados como el de la represa de Chingaza, y el secuestro y asesinato del fiscal James Silva Duque, según consta en el expediente judicial.

Alias Aldinever también figura como responsable de acciones como el derribamiento de torres eléctricas en Villavicencio (2008), el asesinato de concejales en Sumapaz (2009), y el ataque en Sumapaz en 2013 que dejó tres militares muertos. Durante ese periodo también dirigió actividades relacionadas con narcotráfico en el Ariari, incluyendo deforestación y afectación ambiental.

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En el contexto del proceso de paz, en 2017 fue nombrado en la dirección colegiada del partido político Comunes y asignado como coordinador del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Mariana Páez. Allí tuvo a su cargo la gestión de tierras destinadas a la reparación de víctimas. Sin embargo, en 2018 abandonó el ETCR y al año siguiente reapareció armado en un video junto a ‘Iván Márquez’ y alias ‘Romaña’.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo expulsó en 2019 por incumplir sus compromisos con la verdad, la reparación y la no repetición. Desde entonces, fue objeto de nuevas órdenes de captura por rebelión y reclutamiento ilícito, en hechos cometidos entre 2001 y 2016.

Durante 2023 dirigió confrontaciones internas contra estructuras disidentes en regiones como Putumayo y Caquetá. Según los reportes, lideró ataques contra la infraestructura estatal, incluidas acciones en La Guajira y en vías principales del centro del país.

La división interna de esta organización a finales de 2024 no alteró su posición dentro del grupo, y continuó en la cúpula de la “Segunda Marquetalia”.

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