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‘Garantizamos la seguridad y protección de todos los candidatos y candidatas’: Mininterior.

‘Garantizamos la seguridad y protección de todos los candidatos y candidatas’: Mininterior

Así lo aseguró el ministro Armando Benedetti, al término del cuarto Comité de Coordinación y Recomendación de Mediadas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE), en el que se evaluó junto a la Unidad Nacional de Protección (UNP), las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, los avances, desafíos y medidas adoptadas en materia de protección de aspirantes a los cargos de elección popular, identificación de riesgos regionalizados y acciones preventivas frente a posibles afectaciones al orden público durante el proceso electoral.

“Esta reunión, que algunos pueden ver como rutinaria, es en realidad de enorme importancia: aquí se está valorando nada menos que la vida y la seguridad de personas que aspiran a la Presidencia de la República. Lo sucedido recientemente con el senador Miguel Uribe, a quien deseamos pronta recuperación, nos puso a todos en alerta”, afirmó el ministro Benedetti.

Enfatizó que la seguridad electoral va más allá de la protección de eventos proselitistas y debe entenderse como un componente integral del proceso democrático.

“El proceso electoral no solo implica campañas políticas. También exige garantías, respeto a los derechos humanos, libertad de prensa y condiciones reales de participación”, señaló.

Ante el contexto actual, el Ministerio del Interior anunció que, en coordinación con la Policía Nacional y la UNP, se están fortaleciendo las medidas para proteger a los candidatos. Estas incluyen vehículos blindados, chalecos, esquemas con personal armado y seguimiento especializado, lo que representa un esfuerzo significativo en recursos humanos y económicos.

En este sentido, el ministro dijo que “siempre habrá que tomar medidas adicionales. Pero esto no depende de relaciones públicas con los candidatos. No necesito una sonrisa de un aspirante para saber si está bien protegido. Lo que se requiere es capacidad operativa de la Policía y de la UNP”.

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Orden terminante del Presidente: ‘ni una tonelada más de carbón de Colombia a Israel’.

Orden terminante del Presidente: ‘ni una tonelada más de carbón de Colombia a Israel’

Así lo dispuso el jefe de Estado este miércoles mediante llamado perentorio a las ministras de Comercio (Diana Marcela Morales Rojas) y de Ambiente (Lena Yanina Estrada Añokazi), para no ir “contra la humanidad y contra la vida”.

En el cierre de la Primera Cumbre de Financiamiento para las Transiciones Energéticas, el mandatario instruyó a sus funcionarios a corregir los esguinces jurídicos de un decreto que permite excluir a los exportadores de carbón de la prohibición presidencial.  

El evento se llevó a cabo en el marco de la VII de Reunión de Ministros y Ministras de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (Celac) en Bogotá. Allí pidió a las titulares de ambas carteras sustentar la orden presidencial en el convenio firmado por el Estado colombiano con la Organización Mundial de Comercio (OMC), donde “hay una cláusula que dice que todo tratado que se haya hecho con un país que infringe el derecho internacional, finaliza”.

En su intervención exhortó a los ministros de la Celac reunidos a consultar la conveniencia en sus países de usar el mismo tratado con la OMC. 

Además del Tratado con la OMC, dijo que el país está obligado a frenar las exportaciones de carbón a Israel como firmantes del Estatuto de Roma –que permitió la creación de la Corte Penal Internacional–. “que dice que, si hay un criminal de guerra gobernando, no debe salir una sola tonelada de carbón a Israel de Colombia”. 

Impartió también instrucciones para que representantes del Gobierno de Colombia se dirijan a sus homólogos de Suiza por los canales diplomáticos respectivos, para frenar los envíos de la multinacional Glencore, “que está llevando el carbón colombiano por barco y están haciendo las bombas C con el carbón colombiano, cuando el presidente decretó que no”.

Incluso apeló al pueblo wayuu, que habita en La Guajira y donde está el yacimiento explotado, a que “si sigue saliendo carbón por el Cerrejón de Drummond y de Glencore para Israel, bloqueen, porque es una orden de la ley mundial y nacional”. 

De la misma manera se dirigió a los directivos de las multinacionales, para que dispongan de toda la infraestructura “que tienen inutilizada, propiedad colombiana: el ferrocarril, el puerto en Villa Portete, el ferrocarril entre Chiriguaná y Santa Marta y la pista aérea internacional, donde no vive nadie, pero es el lugar más hermoso de Colombia, en el norte de la Guajira, esas obras que no se utilizan ya para el carbón, que se utilicen para la sociedad colombiana”. 

Se mostró dispuesto “a cambiar unilateralmente el contrato de concesión” y enfrentar posibles acciones judiciales, “porque van a decir que nos van a demandar en los tribunales internacionales. Sí, pero la cláusula del tratado de la OMC rige sobre todos los centros de justicia internacional, estatales, públicos o privados. Veremos esta pelea por la vida hasta donde llegue”.

Instó a superar el modo de producción con energía fósil y enfatizó que “no puede el señor C (de carbono) mandar carbón a Israel. No podemos seguir bajo la palabra falsa de renovable, consumiendo energía C. La transición es cada vez menos C, cada vez más energía limpia. Esa es la fórmula”.

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5.204 mujeres de Meta y Guaviare reclaman tierras despojadas o abandonadas.

5.204 mujeres de Meta y Guaviare reclaman tierras despojadas o abandonadas

La cifra se dio a conocer durante el acto de instalación de la Mesa de Género en la capital del Meta, un espacio de formación, diálogo y empoderamiento sobre los derechos de las mujeres y su acceso a la tierra, con el apoyo de la Dirección Social y la Dirección Territorial Meta y Guaviare de la Unidad de Restitución de Tierras (URT).

Durante la apertura del espacio, Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta y Guaviare, informó que las mujeres son prioridad en la política pública de restitución y en ese marco destacó que 5.204 mujeres han presentado solicitudes de restitución de tierras en el Meta y Guaviare, lo que representa el 42 % del total de las reclamaciones.

Agregó que 7.076 solicitudes de restitución (58 %) han sido presentadas por hombres en los dos departamentos. 

La Mesa de Género reafirma el compromiso de la URT con la reparación integral y con una restitución que reconozca los impactos específicos del conflicto armado sobre las mujeres, sus cuerpos, sus territorios y sus proyectos de vida», dijo Barreto.

La Mesa de Género, que se desarrolló en las instalaciones de la Unidad en Villavicencio, permitió brindar de manera didáctica información clara sobre el proceso de restitución y los derechos de las mujeres frente al acceso a la tierra, así como socializar la Circular 008 y el Programa de Acceso Especial para Mujeres, que orientan el trabajo institucional con enfoque diferencial.

Barreto explicó que se propició un espacio de reflexión colectiva, donde las asistentes compartieron sus percepciones sobre las barreras que enfrentan para acceder a la tierra y ser reconocidas como sujeto de derechos.

Durante la jornada la URT resaltó ‘La Gran Pescatón por la Economía Solidaria’, un valiente emprendimiento de mujeres víctimas del conflicto, que impulsan la comercialización de mojarras y cachamas.

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Contraloría advierte sobre el riesgo en la producción de pasaportes en Colombia - Foto: Tomada de internet

Contraloría advierte sobre el riesgo en la producción de pasaportes en Colombia 

La Contraloría General de la República de Colombia emitió una alerta de control interno al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Imprenta Nacional de Colombia, señalando que la situación de riesgo en la producción de pasaportes aún no ha sido superada. 

Aunque se firmaron dos convenios el pasado 18 de julio de 2025, para aunar esfuerzos y otorgar a la Imprenta Nacional el papel de ejecutora del nuevo modelo, la Contraloría señala que no encuentran claridad sobre quiénes serán los aliados de la Imprenta. 

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Se supone que a partir de septiembre la Imprenta Nacional, en alianza con el gobierno de Portugal, llevarán a cabo la prestación del servicio. No obstante, otros órganos de control, así como la excanciller Laura Sarabia, han advertido que esas entidades no están listas y que debe volver a contratarse con el histórico productor, la firma Thomas Greg & Sons. 

Actualmente, la Procuraduría abrió una investigación contra los excancilleres Laura Sarabia, Luis Gilberto Murillo, y a Alfredo Saade, nuevo jefe del Despacho presidencial. Los que busca verificar la entidad es si estos funcionarios cometieron faltas disciplinarias al no resolver de manera efectiva quién iba a imprimir los pasaportes en Colombia, luego de que Saade dijera que no quiere que Thomas Greg & Sons siga con ese papel. 

Volviendo a la alerta emitida por la Contraloría, el ente público asegura que: “No se condiciona el tipo de aliado estratégico ni la modalidad de selección con el que la Imprenta Nacional puede suscribir contratos para la ejecución del modelo”. 

Asimismo, la Contraloría aclara que el contrato actual de expedición y personalización de las libretas vence el 31 de agosto de 2025, y ni la Imprenta Nacional ni el Ministerio de Relaciones Exteriores han suscrito contratos para mantener la prestación del servicio, lo que pone en evidencia el riesgo del cumplimiento de esta obligación del Estado. 

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El ente asegura que advierte sobre la situación de manera preventiva, con el fin de que se adopten medidas extraordinarias “para que se mitigue el riesgo identificado, evitando la afectación al servicio público y de esa manera precaver las graves implicaciones sociales que de ello pudiesen derivarse”. 

Según la Contraloría, “de no adoptarse medidas extraordinarias, es inminente la concreción del riesgo de afectación de la libertad de locomoción consagrado en la Carta Política de 1991, el cual se garantiza con la adecuada prestación de la función pública de expedición de pasaportes y documentos de viaje a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores”. 

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ELN anunció nuevo paro armado en el Chocó - Foto: Tomada de internet

ELN anunció nuevo paro armado en el Chocó 

A solo dos meses del último paro armado, el Frente de Guerra Occidental del ELN vuelve a encender las alarmas anunciando un nuevo paro de 48 horas en todo el departamento del Chocó, que iniciará este viernes 25 de julio, en medio de la disputa armada con el “Clan del Golfo”. 

La guerrilla tiene planeado extender la medida hasta el próximo domingo 27 de julio

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En un comunicado, la guerrilla del ELN señaló que el paro armado, que prohíbe a las comunidades movilizarse por carreteras y ríos, obedece a una supuesta operación militar en la que fueron retenidas 12 personas. 

“Durante el pasado 20 de julio del año en curso miembros del ejército estatal, en el Alto Atrato, municipio de Lloró, realizaron una excursión mediante un desembarco aéreo en la comunidad Chiriquí, donde secuestraron a 12 personas, no combatientes cuatro afrodescendientes y ocho indígenas, entre ellos, un joven de 16 años, y un niño de 18 meses”, dice el documento. 

Y agregaron: “A estas personas las obligaron a patrullar junto a los militares en busca de campamentos del ELN, poniendo en riesgo su vida e integridad física. En el momento, aunque queda una persona retenida de manera legal, a esto se suma el hurto de dineros pertenecientes a la comunidad, teléfonos, electrodomésticos, gasolina y enseres de hogar”. 

La Defensoría del Pueblo ha advertido que 27 de los 31 municipios del Chocó están en riesgo por estos enfrentamientos. Solo en lo que va del año, más de 12.000 personas han sido desplazadas o confinadas. Las comunidades indígenas y afrodescendientes son las más afectadas, y en muchos casos quedan sin atención médica ni alimentación escolar por semanas. 

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El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, señaló que Colombia enfrenta un preocupante proceso de expansión de estructuras criminales, que están ganando control en zonas estratégicas del territorio nacional. “Hemos registrado desdoblamiento de estructuras y el reclutamiento de menores”, indicó el oficial. 

Aunque se mantienen operaciones militares en distintas regiones, Cubides reconoció que los grupos armados ilegales siguen fortaleciéndose, alimentados por economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el contrabando. “Mientras exista narcotráfico, va a haber grupos armados tratando de controlar el negocio”, señaló. 

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, no se ha pronunciado sobre el nuevo paro armado del ELN

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Con drones de última tecnología, Policía de Tránsito ahora vigilará la movilidad de las carreteras del país.

Con drones de última tecnología, Policía de Tránsito ahora vigilará la movilidad de las carreteras del país

Estos elementos con tecnología de punta fueron entregados a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional para fortalecer el Programa de Seguridad en las Carreteras Nacionales, por parte del Gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías).

Son tres drones del tipo DJI Matrice 300 RTK, equipados con cámaras Zenmuse, estaciones de carga, controles, baterías y accesorios. Tienen capacidad de autonomía de vuelo de hasta 55 minutos, cuentan con sensores para detección de obstáculos en seis direcciones, cámaras de alta resolución que permiten operar en condiciones climáticas adversas, detectar riesgos en tiempo real y coordinar respuestas más eficaces en caso de emergencias. 

Esta acción se enmarca en el compromiso del Gobierno del Cambio por modernizar la infraestructura tecnológica y garantizar mayor seguridad vial para transportadores y ciudadanos, explicó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas. 

“Esta entrega representa una apuesta del Gobierno por integrar tecnología avanzada a nuestras estrategias de prevención y control en las vías. Gracias al trabajo conjunto con la Policía de Tránsito, seguiremos salvando vidas y protegiendo la movilidad en todo el país. Estos equipos servirán para dar respuesta inmediata a los eventos de transporte y, sobre todo, para actuar de manera preventiva”, aseguró la funcionaria.

Por su parte, John Jairo González, director encargado del Invías, explicó que los equipos se entregan a la Ditra en calidad de comodato, bajo las condiciones establecidas en el convenio interinstitucional No. 1056 de 2006. “De esta manera el Invías hace un aporte muy importante al programa de seguridad en carreteras”, añadió.

La Ditra asume la custodia, operación y mantenimiento de estos equipos, con responsabilidad administrativa y fiscal, dice el documento. 

“A nombre de la Policía Nacional, la Ditra agradece esta alianza con el Ministerio de Transporte y el Invías para seguir garantizando la seguridad en carreteras nacionales”, agregó su director, coronel Germán Alexánder Gómez.

La cartera de Transporte informó que con esta entrega reafirma la voluntad del Gobierno nacional de avanzar con hechos concretos en el fortalecimiento de la seguridad vial, en articulación con las autoridades y con herramientas innovadoras de última tecnología.

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UNGRD no recibió tres obras de la isla de Providencia, por múltiples deficiencias.

UNGRD no recibió tres obras de la isla de Providencia, por múltiples deficiencias

Las tres obras, contratadas en el marco de la reconstrucción de la isla de Providencia tras el paso devastador del huracán Iota (de categoría cinco), son la estación de policía, la estación de bomberos y la Capitanía de Puerto.

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reveló que debido a las fallas críticas halladas se hacía inviable su uso y se comprometía la seguridad de sus ocupantes.

Tras visitas de inspección realizadas por equipos técnicos de la UNGRD, se identificaron deficiencias estructurales, uso de materiales no adecuados, errores constructivos y daños por humedad, que impiden el recibo de las obras contratadas con los recursos de todos los colombianos.

Además, la UNGRD alertó que, aunque los contratos superan los 30.500 millones de pesos, inexplicablemente ya se han girado más de 26.400 millones de pesos a los contratistas, pese a que las obras no cumplen con lo contratado.

“No podemos permitir que los recursos públicos se pierdan en obras que ponen en riesgo la vida de las personas. Esta decisión es una defensa del interés general y de la dignidad de las comunidades», afirmó Carlos Carrillo, director de la UNGRD.

Las deficien​​cias halladas

​Una escandalosa incongruencia se presentó en la estación de bomberos donde instalaron tubería plástica (PVC) en el sistema contra incendios, un material prohibido por no ser resistente al fuego. También se hallaron varillas estructurales expuestas, con riesgo de corrosión.

Además, la Capitanía de Puerto presenta un hundimiento de 46 centímetros, lo cual compromete su estabilidad estructural. Ante este riesgo, la Unidad solicitó a la Dirección General Marítima (Dimar) la evacuación​ inmediata del personal.

En la estación de policía se evidenciaron humedades, fallas en la construcción y en la calidad de los materiales.

Reporte a ​​los organismos de control

​La Unidad de Gestión del Riesgo afirmó que se ha garantizado el debido proceso a los contratistas involucrados y que los hechos serán dados a conocer ante los organismos de control.

“Ante la magnitud de las irregularidades detectadas, la entidad pondrá estos hechos en conocimiento de los organismos de control, para que se determinen las responsabilidades administrativas, fiscales y penales correspondientes», indicó la entidad a través de un comunicado de prensa.

Adicionalmente, la UNGRD advirtió que “varias de las firmas vinculadas a las obras figuran como contratistas en otras zonas del país, donde se han reportado incumplimientos similares».

La entidad reiteró su compromiso con una reconstrucción transparente, responsable y técnica, y anunció que adelantará acciones judiciales para recuperar los recursos públicos invertidos en estas obras inconclusas.

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Arroceros aceptaron propuesta de precios hecha por el Gobierno - Foto: Redes sociales

Arroceros aceptaron propuesta de precios hecha por el Gobierno 

Voceros del paro arrocero confirmaron que los productores decidieron acogerse a los precios propuestos en el borrador de resolución del Ministerio de Agricultura, que establece un régimen de libertad regulada para el arroz paddy verde. 

La decisión fue tomada anoche y se ratificará hoy martes 22 de julio en la mesa de negociación. Actualmente, la carga de arroz se paga en promedio a $ 170.000, una cifra que los arroceros consideran por debajo de los costos reales de producción. Inicialmente, el gremio había solicitado un precio mínimo de $ 205.000 por carga. 

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Con la propuesta del Gobierno, los precios mínimos por carga quedarían así: 

Centro: $ 205.673 

Santanderes: $ 201.262 

Costa Norte: $ 195.748 

Bajo Cauca: $ 192.991 

Llanos: $ 188.580. 

Pese a que no se alcanzó el valor esperado, los arroceros reconocieron avances y señalaron que es un punto de partida para continuar la concertación

También se propuso, junto con representantes de la industria, que el Gobierno expida una resolución de libertad regulada para el arroz blanco, y que se activen salvaguardias comerciales para controlar el ingreso de arroz por la frontera sur. 

Se espera que durante la jornada de este martes se presenten observaciones formales al borrador de resolución, y que se definan mesas de trabajo sobre los compromisos pendientes del paro arrocero de marzo. 

Sin embargo, los bloqueos continúan, aunque con horarios flexibles, mientras avanza el diálogo con el Gobierno

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Las vías siguen con cierres en Tolima, Huila, Córdoba, Meta, Casanare, Arauca, Sucre, Cesar, Santander, Norte de Santander y Valledupar

Desde el gremio hacen un llamado a la responsabilidad del Gobierno para avanzar en los puntos pendientes y evitar que la situación se prolongue

El sector también propuso nuevas medidas: se pidió que se active de inmediato una salvaguardia para frenar el ingreso de arroz de contrabando desde la frontera sur. Además, tanto productores como representantes de la industria exigieron una resolución de libertad regulada para fijar el precio del arroz blanco, de cara a estabilizar toda la cadena. 

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ELN confirmó secuestro de dos agentes de la Policía en Arauca - Foto: Tomada de internet

ELN confirmó secuestro de dos agentes de la Policía en Arauca 

El Frente de Guerra Oriental del ELN se atribuyó el secuestro de dos policías de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Sijín) en Arauca. Se trata de Franque Esley Hoyos Murcia y Yordyn Fabian Pérez Mendoza, quienes permanecen retenidos en contra de su voluntad desde el pasado domingo. 

Este martes, la guerrilla dio a conocer que ambos policías están bajo su control, luego de ser abordadas en zona rural de Tame, Arauca. Frente a los secuestros, el coronel Iván Arnulfo Heredia Garzón, comandante (e) del departamento de Policía Arauca, explicó que las víctimas hacen parte del nivel ejecutivo de la institución. 

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“El comando del departamento de Policía Arauca se permite informar que el día 20 de julio en zona rural del municipio de Tame fueron secuestrados dos integrantes del nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Este comando rechaza de forma categórica mencionado acto cobarde y violento que atenta contra los derechos fundamentales, la integridad, la vida y la seguridad de nuestros policías, quienes prestan su servicio a la comunidad araucana en el marco de la Constitución y la ley”, explicó el oficial. 

Frente a esto, el Frente de Guerra Oriental señaló que los uniformados de la Sijín «se desplazaban en labores de inteligencia y espionaje propias de su labor, en la vía que comunica al municipio de Tame con la ciudad de Arauca, departamento de Arauca». 

Al momento de secuestrarlos, a Franque Esley Hoyos Murcia y Yordyn Fabian Pérez Mendoza les incautaron dos armas calibre 9 milímetros, así como un computador y supuestamente elementos alusivos a las disidencias de las Farc. «Estos agentes están bajo nuestro control sanos y salvos, responsabilizamos a la Fuerza Pública de lo que les pueda suceder en su contra en caso de cualquier intento de rescate», termina el comunicado de la guerrilla. 

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Desde el primer momento, la Policía tuvo como primeros responsables del secuestro de los dos uniformados al ELN. En el reporte elaborado, la institución detalló que ambos viajaban desde el departamento de Casanare hacia Arauca, donde permanecen secuestrados desde el 8 de mayo pasado Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General. 

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Judicializadas personas que estarían involucradas en el secuestro de un ciudadano en Tuluá.

Judicializadas personas que estarían involucradas en el secuestro de un ciudadano en Tuluá

La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos personas, entre ellas a un menor de edad, que estarían involucrados en el secuestro de un ciudadano en hechos ocurridos el pasado 15 de julio, en Tuluá (Valle del Cauca).

Kevin Mauricio Molina Peralta fue capturado y un menor de edad de 15 años aprehendido, en el momento que presuntamente recibían una suma de dinero exigida para la liberación del ciudadano.

Los familiares de la víctima, al parecer, recibieron visitas a sus viviendas y comunicaciones telefónicas donde los intimidaban y les exigían el pago del dinero, además les enviaban fotos del secuestrado, como prueba de supervivencia.

Luego de acordar una entrega controlada, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) e integrantes del Gaula de la Policía sorprendieron a los procesados que llegaron en una motocicleta. Durante la diligencia judicial les fue incautado un celular que permitió ubicar el sitio donde se encontraba el secuestrado y lograr su liberación.

Por estos hechos, un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) los presentó ante jueces de control de garantías y de responsabilidad penal para adolescentes y les imputó el delito de secuestro extorsivo agravado.

En las audiencias concentradas, Molina Peralta y el menor de edad no aceptaron el cargo imputado.

Por solicitud de la Fiscalía al hombre le fue impuesta medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. Por su parte, al adolescente infractor en un centro de internamiento especializado.

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