Fallo del Tribunal ordenó a la Alcaldía recuperar de forma inmediata el espacio público en San Victorino
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Alcaldía Local de Santa Fe implementar acciones para recuperar el espacio público en San Victorino.
La sentencia responde a la comprobación de una ocupación creciente que afecta la movilidad, la seguridad y el uso adecuado de las zonas destinadas al tránsito ciudadano.
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La decisión se adoptó tras resolver una apelación presentada por varias entidades distritales y por la Policía Metropolitana de Bogotá, que buscaban aclarar el alcance del fallo de primera instancia.
El Tribunal concluyó que las evidencias demuestran una permanencia del problema y una insuficiencia de las medidas actuales, según indicó el medio Portafolio.
El despacho recordó que corresponde a los alcaldes la preservación, protección y recuperación del espacio público, en cumplimiento de la Constitución y normas como el Decreto Ley 1421 de 1993.
Aunque las autoridades han realizado operativos, jornadas de sensibilización y mesas de trabajo, el Tribunal dictaminó que estas acciones no corresponden a la escala de la ocupación informal.
Las fotografías y registros aportados por el demandante y por la administración muestran instalaciones de ventas informales sobre andenes, obstrucción de accesos a establecimientos y uso indebido de zonas peatonales.
Para el Tribunal, estas pruebas evidencian la magnitud de la afectación y la falta de resultados efectivos.
El fallo establece que las autoridades distritales deberán ejecutar la intervención en un plazo máximo de un año contado desde la ejecutoria. Además, las actuaciones deberán seguir el procedimiento definido en el Decreto Distrital 098 de 2004.
La sentencia también ordena que, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria, la Alcaldía Local de Santa Fe, el Dadep y el Ipes implementen un sistema interno para identificar plenamente a las personas beneficiarias de sus programas.
Esta acción tiene como fin formular alternativas concretas, eficientes y sostenibles de trabajo formal para los vendedores informales estacionarios, semiestacionarios y ambulantes que hoy ocupan de manera irregular el espacio público.
El Tribunal reiteró la necesidad de cumplir los lineamientos de la sentencia C-211 de 2017 de la Corte Constitucional.
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Esta exige que cualquier proceso de recuperación del espacio público esté condicionado a la existencia de alternativas reales de reubicación y formalización para los vendedores informales.
El fallo enfatiza que no son suficientes los operativos aislados ni las intervenciones temporales.
Las entidades deberán diseñar políticas definidas que tracen una ruta de acción para lograr una recuperación sostenible del espacio público, con garantías para quienes desarrollan actividades informales.
Aunque la Policía Metropolitana de Bogotá presentó informes detallados sobre los operativos y medidas correctivas en San Victorino, el Tribunal precisó que la institución no tiene competencia para diseñar ni implementar políticas públicas de reubicación o formalización.
Sin embargo, su papel de apoyo se mantiene y deberá articularse con la Alcaldía Local, el Dadep y el Ipes para cumplir lo dispuesto en la sentencia, de acuerdo con lo informado por el medio.
El caso se originó en una acción popular interpuesta por un ciudadano que denunció la invasión del espacio público y la ausencia de una política integral para enfrentar el fenómeno.
Al revisar las posiciones de las partes, el Tribunal concluyó que la zona presenta un deterioro continuo y una respuesta institucional insuficiente, configurando una vulneración prolongada del derecho colectivo al uso y disfrute del espacio público.
