Durante meses, el miedo fue parte del paisaje en varios barrios en el sur de Bogotá. Llegó en forma de panfletos entregados en paraderos, de visitas inesperadas a las casas, de advertencias directas y de disparos al aire que buscaban dejar claro el mensaje: pagar o atenerse a las consecuencias. En localidades como Usme, San Cristóbal y Antonio Nariño, la extorsión se instaló como una rutina impuesta a comerciantes, conductores informales y familias enteras.
Por eso fue necesaria una investigación que se extendió por siete meses, que permitió a la Policía y a la Fiscalía reconstruir el funcionamiento de dos estructuras delincuenciales que operaban de manera paralela, con métodos similares y un mismo objetivo: obtener dinero a través del miedo. De un lado estaba el grupo conocido como “Los Coyotes”, señalado de ejercer control violento en sectores como La Esmeralda y Divino Niño, en Usme. Del otro, “Los Calibradores”, una banda que tenía como blanco a conductores informales y pequeños comerciantes en corredores y barrios de San Cristóbal, Antonio Nariño y la misma Usme.
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En el caso de “Los Coyotes”, las denuncias coincidían, había un patrón. Las exigencias económicas se imponían mediante intimidación directa y actos violentos, con cobros que podían ir desde montos bajos hasta sumas que alcanzaban varios millones de pesos. Las amenazas no se quedaban en palabras: incluían advertencias de despojo de vivienda, de impedir el acceso a servicios públicos y de represalias físicas si los pagos no se cumplían. El control se ejercía barrio por barrio, con hombres armados que llegaban a las invasiones para presionar a quienes se resistían.
La estructura tenía una jerarquía definida. Alias ‘Coyote’, identificado como su principal cabecilla, impartía las órdenes. Alias ‘Gioander’, señalado como segundo al mando, habría sido el encargado de ejecutarlas y de atentar contra las víctimas cuando los pagos no se realizaban. Otros integrantes, conocidos con los alias de ‘Mechas’, ‘Tin’ y ‘Geraldo’, llegaban hasta los sectores para ejercer presión mediante actos violentos. Alias ‘Chinche’, según la investigación, intimidaba a las víctimas y a sus mascotas con armas de fuego y realizaba disparos para generar temor.
Las diligencias de allanamiento se realizaron en las localidades de Usme y Puente Aranda. En esos operativos fueron capturadas cinco personas por orden judicial y se imputaron cargos a dos más. Durante los procedimientos se incautaron teléfonos celulares y un arma de fuego tipo revólver. Entre los capturados figuraba el cabecilla del grupo, quien ya había cumplido una condena en 2016 por delitos relacionados con estupefacientes y porte ilegal de armas.
El segundo frente de la investigación apuntó a “Los Calibradores”. A diferencia de la primera banda, su radio de acción se extendía por paraderos, rutas de transporte informal y establecimientos comerciales en barrios como Libertadores, Juan Rey, Tiaguaque, 20 de Julio y Restrepo. Allí, los delincuentes abordaban a sus víctimas, les entregaban panfletos y les imponían pagos semanales que oscilaban entre los 300.000 y los 900.000 pesos, bajo la amenaza de atentar contra su vida.
En este grupo, el liderazgo no se ejercía únicamente desde la calle. Alias ‘Andrés’, identificado como cabecilla, coordinaba las extorsiones desde la cárcel, donde cumple una condena por homicidio. Alias ‘Alfredo’ era señalado de coordinar homicidios selectivos bajo la modalidad de sicariato y se le atribuye el asesinato de un conductor ocurrido el 2 de octubre de 2025 en el puente Libertadores, en la localidad de San Cristóbal. Alias ‘Cara Cortada’ habría sido el encargado de la quema de establecimientos comerciales como represalia por el no pago, mientras que alias ‘Morocho’ recolectaba el dinero producto de las extorsiones en rutas y paraderos.
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Las autoridades atribuyen a esta estructura al menos 15 víctimas con denuncia formal. En total, la operación contra ambas bandas dejó 14 personas capturadas y cuatro más imputadas por delitos como extorsión, concierto para delinquir, homicidio y tráfico de estupefacientes. Un juez de la República dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para los implicados.
Según el balance oficial, la desarticulación de «Los Coyotes» y «Los Calibradores» representó un golpe económico superior a los 770 millones de pesos para estas organizaciones. En lo corrido de 2025, la Policía reportó una reducción del 22 % en el delito de extorsión en Bogotá, con 553 casos menos frente al año anterior, y la desarticulación de 15 estructuras dedicadas a este flagelo.
Para las víctimas, más allá de las cifras, las capturas marcan el cierre de un periodo en el que la vida cotidiana estuvo atravesada por el temor. Un tiempo en el que abrir un negocio, conducir una ruta informal o simplemente habitar una vivienda significaba exponerse a amenazas constantes. Las denuncias, acumuladas durante meses, terminaron por trazar el mapa de una extorsión que se había vuelto sistemática en el sur de la ciudad.
