Colombia no es solo un territorio. Colombia es nuestra casa. Es el lugar donde crecen nuestros hijos y donde la naturaleza abunda. Un país donde el 52% de su territorio continental está cubierto por bosques naturales y los mares y océanos representan casi el 50% del área nacional.  Toda esta riqueza natural se encuentra en constante amenaza, pero aun así resiste al abandono del Estado, la violencia y la corrupción. Defender esa casa, protegerla y salvarla se ha convertido en una necesidad fundamental.

Desde esa convicción nace la candidatura de Olga Lucía Caro Jácome, aspirante al Senado de la República por el Movimiento Salvación Nacional, lista 14, una mujer que decidió dar un paso al frente cuando entendió que quedarse en la crítica ya no era suficiente.

Una decisión que nace de la indignación y el amor por el país

“Me cansé de ver cómo la violencia le roba el futuro a Colombia”. Esa frase resume el punto de quiebre de Olga. Durante años observó cómo la burocracia, la corrupción y los intereses personales frenaban los cambios reales, mientras millones de colombianos seguían atrapados entre la inseguridad, la falta de oportunidades y un Estado que no responde.

Su indignación no es ideológica ni oportunista. Es profundamente humana. Como madre, como hija, como hermana y como ciudadana, entiende que lo más sagrado que tiene una persona es su hogar. Y cuando ese hogar está en riesgo, se defiende.

Proteger lo vulnerable: una vocación que viene de lejos

Desde joven, Olga Lucía sintió la necesidad de proteger lo vulnerable. Por eso eligió el camino de la ecología y el medio ambiente, no como discurso, sino como profesión. Se formó, se especializó y dedicó más de 20 años de su vida al desarrollo ambiental, la conservación de los bosques y la protección de la biodiversidad.

Graduada de la Universidad Javeriana, con una maestría en Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad, Olga entendió algo fundamental: lo que no se defiende, se pierde. Y Colombia ha perdido demasiado.

Cuando las buenas ideas mueren en el laberinto de la tramitología 

Durante su trayectoria técnica, vio repetirse una escena dolorosa: buenas ideas que se quedan atrapadas en trámites interminables, proyectos paralizados por instituciones que no se hablan, iniciativas ambientales ahogadas por la burocracia.

Mientras tanto, el país real paga el precio:

• El campesino sin reglas claras.
• El emprendedor que quiere producir de forma sostenible.
• El ciudadano que quiere vivir sin miedo.

Fue ahí cuando la indignación se convirtió en decisión. Entrar a la política no para prometer milagros, sino para exigir decencia y resultados.

El Movimiento de Salvación Nacional: una puerta abierta a los que no hacen parte de la élite política

Olga llega al Movimiento Salvación Nacional, como una ciudadana común que se cansó del mismo círculo de siempre. Una mujer sin plata mal habida, sin mentiras, sin amiguismo, que se abrió camino por méritos y carácter.

En un país cansado de la rosca política, su candidatura representa algo distinto: una voz técnica, firme y honesta, dispuesta a defender a Colombia sin negociar principios.

No promete milagros: promete decencia

“No prometo milagros. Prometo decencia y resultados”. Esa es su línea ética. Olga cree en el valor de la palabra, en la coherencia entre la vida pública y privada, y en la necesidad de decir la verdad, incluso cuando incomoda.

No levanta la voz para insultar, sino para denunciar la mentira. No busca aplausos fáciles, sino confianza. Representar a esa madre, a ese joven, a ese abuelo, a ese soldado y a ese trabajador que aún creen que Colombia puede salvarse.

Los enemigos de nuestros recursos naturales: la corrupción, la burocracia y los delitos ambientales

Hoy el país enfrenta tres amenazas que lo están devorando:

1. La corrupción

El gran depredador de Colombia. Roba recursos, erosiona la confianza, bloquea soluciones y ahuyenta la inversión. Sin frenarla, ningún plan funciona.

2. La burocracia

Un laberinto que ahoga al ciudadano. Trámites eternos que frenan los proyectos, incentivos perversos y un Estado que muchas veces se convierte en un obstáculo.

3. Delitos ambientales

Deforestación, minería ilegal, tráfico de fauna y flora. Los delitos ambientales son resultado de crimen organizado y sus daños no se reparan fácilmente: los pagan nuestros hijos. Aquí no hay ideología, hay futuro.

Salvar, defender y rescatar el medio ambiente es proteger nuestra casa

Para Olga Lucía Caro, defender el medio ambiente no es una consigna; es una estrategia de país. Proteger la biodiversidad debe ser rentable para quien la conserva, no para quien la destruye.

Conservar no puede ser un castigo. Producir y conservar sí pueden ir juntos, especialmente en el campo colombiano, donde se necesitan incentivos reales, no discursos.

Una teoría de cambio clara y medible

Su propuesta se sostiene en cuatro pilares concretos:

• Simplificar lo que hoy es laberinto.
• Incentivar a quien conserva.
• Perseguir al que destruye.
• Transparencia y medición de resultados.

Menos discurso. Más resultados.

¿Qué hará desde el Senado de la República?

Desde el Congreso, Olga propone actuar con tres herramientas fundamentales:

Ley

Reformar normas para que sean claras, eficientes y verificables, especialmente en licencias ambientales y transición energética.

Control político

Vigilancia real a la ejecución de recursos, contratos y resultados. Seguimiento a entidades responsables de control ambiental. Control que se sienta en el territorio.

Presupuesto

Alinear los recursos públicos con incentivos correctos, resultados territoriales, transición justa y conservación productiva.

Un plan con tiempos y resultados

• Primeros 100 días: paquete legislativo 2026–2030, reforma de licencias ambientales, transición energética y mesa técnica para el mercado de biodiversidad.
• Primer año: reglas de deforestación cero y créditos de biodiversidad y restauración.
• Dos años: ventanilla única ambiental, fondo nacional de biodiversidad y restauración, mercado regulado con medición verificable.
• Cuatro años: un sistema ambiental que funcione, con trazabilidad, sostenibilidad y beneficios locales reales.

Líneas rojas claras: política con altura

Olga lo deja claro: ni plata mal habida, ni mentiras, ni difamación. Colombia está cansada de la insultadera entre políticos. El país necesita debates de altura, no espectáculos.

Su objetivo no es agradar a todos, sino dejar un legado de decencia y resultados. Podrán criticar su estilo, pero no su buen nombre.

La casa se defiende

Olga Lucía Caro no llegó a la política por gusto a la confrontación. Llegó porque la casa está en riesgo. Y una casa se cuida con orden, reglas claras, trabajo honesto y gente que no robe.

Salvar a Colombia, defender su biodiversidad y proteger a las familias no es una opción: es una responsabilidad. Desde el Senado, lista 14, Olga propone algo sencillo y poderoso: que vivir en Colombia vuelva a ser una bendición, no una incertidumbre.

Porque lo que no se defiende, se pierde. Y este país aún está a tiempo de salvarse.

En los últimos días de ha divulgado una investigación la cual señala que el denominado Clan Torres, el cual es un grupo económico y político del departamento del Atlántico, y serían ellos quienes habrían logrado influir en decisiones estratégicas dentro del sector transporte en el Gobierno del Cambio. Sobretodo y  particularmente dentro de los procesos relacionados con el Sistema Integrado de Control y Vigilancia (SICOV) y los Centro de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE).

Dicho documento es el que plantea las posibles irregularidades que se presentaría en la adjudicación de estos sistemas, que representan negocios de alto impacto económico tanto en la región y para el país.

SICOV: el cual es un sistema cuestionado desde su origen El SICOV, implementado desde el año 2013 con el objetivo de combatir el fraude en los diferentes Centros de Enseñanza Automovilística (CEA), Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) y Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC), habría sido adjudicado bajo un proceso que — según la investigación — presentó señales de direccionamiento.

Este es el informe que señala:

· Las condiciones habrían sido diseñadas de forma que solo una empresa del entorno de Euclides Torres pudiera cumplirlas.
· Se habrían inscrito compañías vinculadas al mismo grupo económico, junto con una empresa externa supuestamente presentada para simular pluralidad.
· El sistema, pese a su finalidad, no habría logrado reducir el fraude ni la accidentalidad vial.
Adicionalmente, el actual superintendente de Transporte habría prorrogado el contrato por 15 años más, consolidando un monopolio que hoy generaría ingresos por cientos de miles de millones de pesos anuales.

CALE: es el nuevo proyecto con advertencias de direccionamiento

Por ello en diferentes medios de comunicación también se ha expuesto las diferentes preocupaciones por el proceso de selección para operar los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), que evaluarán a los aspirantes a obtener una licencia de conducción.

De acuerdo con la investigación:

• La convocatoria exige “cobertura nacional”, un requisito que la mayoría de universidades públicas no pueden cumplir.
  · La UNAD sería la única institución con presencia en los 32 departamentos, lo que la convertiría en el único actor habilitado.
  · Esta universidad tiene antecedentes de contratos adjudicados sin competencia a empresas relacionadas al Clan Torres.
  · Tanto el rector como el vicerrector de la institución se encuentran involucrados en investigaciones por presunto nepotismo y irregularidades contractuales.
  El negocio de los CALE tendría un valor estimado cercano a los 14 billones de pesos durante 20 años.

Implicación de figuras políticas y funcionarios del Gobierno:

El informe señala que el senador Pedro Flórez, integrante del Pacto Histórico, habría sido impulsado políticamente por el Clan Torres. Declaraciones de Nicolás Petro también lo mencionan como presunto operador financiero durante la campaña presidencial.

Posteriormente, el senador llegó a dirigir la Comisión Sexta del Senado, instancia clave para las decisiones legislativas en materia de transporte.

La investigación también menciona a dos funcionarios del Gobierno:

· Alfredo Piñeres, Superintendente de Transporte, con supuestos vínculos empresariales con empresas relacionadas al Clan.
· Lina Huari, Viceministra de Transporte, sancionada previamente por la SIC e involucrada en el proceso de adjudicación de los CALE.

Riesgos identificados por los investigadores

Los analistas del informe advierten varios riesgos institucionales y de seguridad:
· Posible concentración del negocio vial en un solo grupo económico.
· Eventual conflicto de interés al coincidir operador y supervisor del sistema.
· Afectación a la seguridad vial si la evaluación de conductores queda bajo operadores con intereses particulares.
· Exclusión de universidades públicas con capacidades técnicas y acreditación de alta calidad.
· Continuidad de un modelo de contratación presuntamente restrictivo y poco competitivo.

Respuesta de autoridades y panorama actual

Hasta el momento, los entes de control no han emitido comunicados oficiales frente a las denuncias contenidas en el documento y realizada en medios de comunicación y redes sociales.
El caso podría convertirse en uno de los temas más sensibles dentro del sector transporte, considerando el impacto económico, social y de seguridad vial que representan los sistemas SICOV y CALE.