SOCIAL

El esquema especial de acompañamiento familiar implementado por el Gobierno nacional busca fortalecer la estabilización socioeconómica de hogares víctimas del desplazamiento forzado, retornados o reubicados en diferentes regiones del país.

En esta nueva fase, que se ejecuta en asocio con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), se proyecta atender cerca de 29.000 hogares en 73 municipios de 18 departamentos, garantizando acompañamiento integral y acciones que permitan consolidar medios de vida sostenibles, seguridad alimentaria, acceso a servicios y fortalecimiento comunitario.

Previo a las intervenciones en campo, Prosperidad Social desarrolló en La Ceja, Antioquia, una jornada de preparación con los gestores encargados de implementar el programa. En este espacio se alinearon saberes, criterios y metodologías de trabajo social, asegurando que cada equipo cuente con las herramientas necesarias para acompañar a las familias y articularse con las comunidades.

La directora de Prosperidad Social destacó que este proceso de capacitación garantiza coherencia en la ejecución del programa y permite que la acción del Estado llegue de manera organizada, eficiente y sensible a los territorios. “Nuestro compromiso es acompañar con dignidad a quienes han sufrido el desarraigo, llevando bienestar y oportunidades a miles de familias en Colombia», subrayó.

El programa Familias en su Tierra (FEST) es una de las principales apuestas del Gobierno nacional para avanzar en la reparación integral de las víctimas del conflicto armado y en la construcción de entornos seguros y sostenibles para las comunidades. A través de sus componentes de fortalecimiento productivo, seguridad alimentaria, apoyo psicosocial y acceso a la oferta estatal, FEST contribuye a generar condiciones de estabilidad que permitan superar las brechas de pobreza y exclusión.

Con la puesta en marcha de este nuevo ciclo, Prosperidad Social reafirma su papel como entidad articuladora de políticas sociales y como puente entre las comunidades y el Estado. El objetivo es claro: consolidar procesos de inclusión que dignifiquen la vida de miles de hogares colombianos, promoviendo el arraigo en los territorios y la construcción de paz desde lo local.

Prosperidad Social, en articulación con la Unidad para las Víctimas, realizó en Bucaramanga una jornada histórica de reparación integral a más de 500 víctimas del conflicto armado, quienes llevaban más de 20 años esperando el reconocimiento de sus derechos.

El evento se desarrolló en el marco de la política de Paz Total y Reparación Integral, que lidera el Gobierno del Cambio, y se constituyó en un acto simbólico y de justicia para las comunidades afectadas por la violencia.

Durante la actividad, las y los beneficiarios recibieron indemnizaciones administrativas, así como orientación para el uso adecuado de los recursos, con el objetivo de que esta compensación económica contribuya efectivamente a la reconstrucción de sus proyectos de vida.

Además, se les ofreció acompañamiento psicosocial y se facilitó su acceso a programas de inclusión productiva, formación y fortalecimiento de emprendimientos, como parte de una estrategia integral para la superación de la pobreza y la exclusión.

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez, resaltó que la jornada es el resultado de un trabajo interinstitucional sostenido y de la voluntad política del Gobierno Nacional para saldar deudas históricas con las víctimas del conflicto armado.

“Después de décadas de espera, hoy las víctimas reciben no solo un reconocimiento económico, sino también un mensaje claro de que el Estado está presente para garantizar sus derechos y dignificar su vida», afirmó.

Los testimonios recogidos durante la jornada evidenciaron el impacto positivo de la reparación. Muchas personas manifestaron que, más allá del apoyo económico, el acto representa un cierre simbólico de años de dolor y desarraigo, y una oportunidad para proyectar un futuro con mayor seguridad y estabilidad.

Prosperidad Social reiteró su compromiso de continuar desplegando estas jornadas en todo el territorio nacional, priorizando las zonas más afectadas por el conflicto y las comunidades con mayor grado de vulnerabilidad.

Asimismo, destacó que estos procesos de reparación son una herramienta fundamental para avanzar en la reconciliación nacional, el restablecimiento del tejido social y la construcción de una paz duradera.

La entidad recordó que la reparación integral de las víctimas es un deber del Estado, respaldado por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y que el cumplimiento de estas obligaciones es indispensable para garantizar la no repetición de la violencia.

Las tres obras, contratadas en el marco de la reconstrucción de la isla de Providencia tras el paso devastador del huracán Iota (de categoría cinco), son la estación de policía, la estación de bomberos y la Capitanía de Puerto.

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reveló que debido a las fallas críticas halladas se hacía inviable su uso y se comprometía la seguridad de sus ocupantes.

Tras visitas de inspección realizadas por equipos técnicos de la UNGRD, se identificaron deficiencias estructurales, uso de materiales no adecuados, errores constructivos y daños por humedad, que impiden el recibo de las obras contratadas con los recursos de todos los colombianos.

Además, la UNGRD alertó que, aunque los contratos superan los 30.500 millones de pesos, inexplicablemente ya se han girado más de 26.400 millones de pesos a los contratistas, pese a que las obras no cumplen con lo contratado.

“No podemos permitir que los recursos públicos se pierdan en obras que ponen en riesgo la vida de las personas. Esta decisión es una defensa del interés general y de la dignidad de las comunidades», afirmó Carlos Carrillo, director de la UNGRD.

Las deficien​​cias halladas

​Una escandalosa incongruencia se presentó en la estación de bomberos donde instalaron tubería plástica (PVC) en el sistema contra incendios, un material prohibido por no ser resistente al fuego. También se hallaron varillas estructurales expuestas, con riesgo de corrosión.

Además, la Capitanía de Puerto presenta un hundimiento de 46 centímetros, lo cual compromete su estabilidad estructural. Ante este riesgo, la Unidad solicitó a la Dirección General Marítima (Dimar) la evacuación​ inmediata del personal.

En la estación de policía se evidenciaron humedades, fallas en la construcción y en la calidad de los materiales.

Reporte a ​​los organismos de control

​La Unidad de Gestión del Riesgo afirmó que se ha garantizado el debido proceso a los contratistas involucrados y que los hechos serán dados a conocer ante los organismos de control.

“Ante la magnitud de las irregularidades detectadas, la entidad pondrá estos hechos en conocimiento de los organismos de control, para que se determinen las responsabilidades administrativas, fiscales y penales correspondientes», indicó la entidad a través de un comunicado de prensa.

Adicionalmente, la UNGRD advirtió que “varias de las firmas vinculadas a las obras figuran como contratistas en otras zonas del país, donde se han reportado incumplimientos similares».

La entidad reiteró su compromiso con una reconstrucción transparente, responsable y técnica, y anunció que adelantará acciones judiciales para recuperar los recursos públicos invertidos en estas obras inconclusas.