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Bogotá celebra la llegada del primer tren del Metro mientras avanza la construcción de la Línea 1.

Bogotá celebra la llegada del primer tren del Metro mientras avanza la construcción de la Línea 1

Con la llegada a la capital del primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá, el proyecto de infraestructura vial más importante que se construye en el país, toma un nuevo ritmo que evidencia una vez más que el Metro de Bogotá es una realidad.

Tras un recorrido de más de 1.200 kilómetros desde el puerto de Cartagena, el primer tren ya se encuentra en el Patio Taller de Bosa, en el suroccidente de Bogotá.

“Esto que estamos construyendo entre todos va a cambiarle la vida a los bogotanos. Vamos a entregar una ciudad transformada, una ciudad que mire al futuro con esperanza, con más oportunidades y con garantías para los derechos de la ciudadanía, históricamente afectada por los problemas de movilidad”, afirmó el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, desde el Patio Taller de Bosa.

Las obras avanzan a toda marcha a lo largo del trazado de la Línea 1 del Metro de Bogotá, que ya registra un 62,16 % de ejecución con corte al 31 de agosto. En paralelo, la atención se concentra en el Patio Taller de Bosa, que recibió el primer tren para su alistamiento e inicio de pruebas estáticas y posteriormente dinámicas.

“Este es un triunfo de la ciudad, de todos los bogotanos y bogotanas, y también de las administraciones pasadas que fueron fundamentales para iniciar este proyecto”, destacó el mandatario, asegurando que se trata de un logro colectivo.

Los seis vagones llegaron en la madrugada de este jueves 11 de septiembre de 2025, al suroccidente de la ciudad en un robusto convoy de carga sobredimensionada que cumplió exitosamente el complejo operativo logístico.

El gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, subrayó la magnitud de este esfuerzo: “Hoy más de 13.500 personas trabajan en esta obra. Cada equipo cumple un rol clave. Lo que estamos haciendo es indispensable para Bogotá. La Línea 1 del Metro de Bogotá traerá beneficios que no pueden seguir aplazándose. En marzo de 2028 estaremos viendo la operación comercial de un sistema que beneficiará a cerca de 2,9 millones de habitantes de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, entre otras localidades. Hoy un trayecto puede tardar hora y media; con el Metro será de solo 27 minutos”.

La entrega se realizó en el costado suroriental del Patio Taller, en la vía de descargue de 905 metros. Tras retirar los elementos de protección, dos grúas telescópicas de 90 toneladas izaron los vagones para ensamblarlos en una operación que tomó varias horas.

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Gobierno inauguró en Quibdó la primera Casa de Partería en Colombia.

Gobierno inauguró en Quibdó la primera Casa de Partería en Colombia

Este espacio  reconoce y dignifica los saberes ancestrales de las parteras como patrimonio vivo de la nación y parte fundamental del sistema de cuidado.

La Casa de Partería nace como respuesta a una deuda histórica con las comunidades del Pacífico colombiano, donde las parteras han sostenido la vida durante generaciones, especialmente en contextos de ausencia institucional.

Ahora, sus prácticas tradicionales contarán con un lugar digno, dotado y articulado al sistema de salud, para garantizar partos seguros, respetuosos y con pertinencia cultural.

El proyecto se inserta en la política pública de cuidados y equidad territorial que impulsa el Gobierno del Cambio, con énfasis en la reducción de la mortalidad materna e infantil y en el fortalecimiento de los sistemas comunitarios de salud.

En el Chocó, las cifras de mortalidad materna han estado históricamente por encima del promedio nacional. Con esta Casa de Partería se busca reducir esas brechas, brindando acompañamiento calificado y humanizado a las mujeres durante el embarazo, parto y posparto.

Además, la estrategia tiene un enfoque pedagógico: se espera que la comunidad y las instituciones de salud reconozcan el valor de la partería como una práctica complementaria y esencial para la vida.

El Ministerio de Igualdad y Equidad anunció que este es el primer paso de una red nacional de Casas de Partería en distintos territorios del país, especialmente en regiones con alta presencia de comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas.

De esta manera, Colombia avanza en el cumplimiento de su compromiso de construir un sistema de cuidados inclusivo, con pertinencia cultural y territorial, que reconozca la diversidad de prácticas y saberes.

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Córdoba y Sucre se preparan para recibir el evento multideportivo más importante del país.

Córdoba y Sucre se preparan para recibir el evento multideportivo más importante del país

Con el registro oficial de los 32 departamentos, Bogotá y la Federación Deportiva Militar, quedó confirmada la participación de todas las regionales en los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Paranacionales, que tendrán como sede a Córdoba y Sucre en 2027.

El proceso de inscripción cerró el 30 de agosto, cumpliendo con lo establecido en el Plan Escalonado de Inscripción y asegurando un paso clave en la planificación del evento multideportivo más importante del país.

“Le estamos cumpliendo al país en la organización de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2027, y así nos lo confirma la respuesta de todas las regionales con su intención de participación en el tiempo establecido», dijo la ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz.

La masiva inscripción refleja el compromiso con el deporte de alto rendimiento y el respaldo a la organización de unas justas que esperan reunir a 11.000 atletas y paratletas, 4.300 oficiales y 1.500 jueces. El programa incluye 40 deportes y 67 modalidades convencionales, además de 26 deportes y 39 modalidades en el componente adaptado.

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Prosperidad Social inicia el décimo ciclo de familias en su tierra en 18 departamentos.

Prosperidad Social inicia el décimo ciclo de familias en su tierra en 18 departamentos

El esquema especial de acompañamiento familiar implementado por el Gobierno nacional busca fortalecer la estabilización socioeconómica de hogares víctimas del desplazamiento forzado, retornados o reubicados en diferentes regiones del país.

En esta nueva fase, que se ejecuta en asocio con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), se proyecta atender cerca de 29.000 hogares en 73 municipios de 18 departamentos, garantizando acompañamiento integral y acciones que permitan consolidar medios de vida sostenibles, seguridad alimentaria, acceso a servicios y fortalecimiento comunitario.

Previo a las intervenciones en campo, Prosperidad Social desarrolló en La Ceja, Antioquia, una jornada de preparación con los gestores encargados de implementar el programa. En este espacio se alinearon saberes, criterios y metodologías de trabajo social, asegurando que cada equipo cuente con las herramientas necesarias para acompañar a las familias y articularse con las comunidades.

La directora de Prosperidad Social destacó que este proceso de capacitación garantiza coherencia en la ejecución del programa y permite que la acción del Estado llegue de manera organizada, eficiente y sensible a los territorios. “Nuestro compromiso es acompañar con dignidad a quienes han sufrido el desarraigo, llevando bienestar y oportunidades a miles de familias en Colombia», subrayó.

El programa Familias en su Tierra (FEST) es una de las principales apuestas del Gobierno nacional para avanzar en la reparación integral de las víctimas del conflicto armado y en la construcción de entornos seguros y sostenibles para las comunidades. A través de sus componentes de fortalecimiento productivo, seguridad alimentaria, apoyo psicosocial y acceso a la oferta estatal, FEST contribuye a generar condiciones de estabilidad que permitan superar las brechas de pobreza y exclusión.

Con la puesta en marcha de este nuevo ciclo, Prosperidad Social reafirma su papel como entidad articuladora de políticas sociales y como puente entre las comunidades y el Estado. El objetivo es claro: consolidar procesos de inclusión que dignifiquen la vida de miles de hogares colombianos, promoviendo el arraigo en los territorios y la construcción de paz desde lo local.

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Habitantes de Diana Turbay en alerta por la ola de robos de cableado eléctrico

La inseguridad no da tregua en Bogotá. En el barrio Diana Turbay, localidad Rafael Uribe Uribe, los habitantes enfrentan una problemática cada vez más recurrente: el hurto de cables de energía en los postes de alumbrado público.

Videos captados por cámaras de seguridad muestran cómo los delincuentes, en horas de la madrugada, llegan en grupos pequeños, escalan los postes y en cuestión de minutos cortan y sustraen metros de cableado, dejando amplias zonas sin electricidad. Los vecinos aseguran que esta práctica se ha repetido tantas veces que la vida cotidiana se ha visto profundamente afectada.

La falta de iluminación en calles y andenes no solo genera incomodidad, sino que facilita la comisión de otros delitos. Comerciantes del sector afirman que la oscuridad se convierte en terreno fértil para atracos, mientras que padres de familia manifiestan su temor por la seguridad de sus hijos en las noches.

“Esto ya es una cadena: roban los cables, quedamos a oscuras, y en esas condiciones aumentan los robos a personas. Es un círculo vicioso que nos tiene atrapados”, explicó un habitante del sector en diálogo con nuestra redacción.

Aunque las autoridades han recibido los reportes, los residentes consideran que la respuesta institucional ha sido insuficiente. Insisten en que es necesario reforzar la vigilancia policial, mejorar los mecanismos de control y buscar soluciones de fondo frente al mercado ilegal de cobre, que alimenta este tipo de delitos en la ciudad.

La situación en Diana Turbay refleja un fenómeno que se repite en diferentes localidades de Bogotá. Los habitantes, cansados de la zozobra, piden que el hurto de cableado deje de ser visto como un simple daño de infraestructura y se atienda como un problema de seguridad ciudadana con efectos directos en la convivencia y la calidad de vida.

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Ministerio TIC invierte $116.887 millones en conectividad, innovación y tecnología para La Guajira.

Ministerio TIC invierte $116.887 millones en conectividad, innovación y tecnología para La Guajira

El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha logrado conectar con internet a cerca de 20.000 hogares y 527 escuelas rurales en el departamento, incluidas comunidades étnicas.

“Cada hogar, cada escuela y cada comunidad conectada significa más oportunidades para estudiar, emprender y soñar. Hemos invertido $116.887 millones en conectividad, llevando internet a más de 20.000 hogares y multiplicando hasta 15 veces la conexión a escuelas rurales: de solo 85 a 527 instituciones”, dijo el ministro de las TIC, Julián Molina Gómez, sobre la inversión en La Guajira. 

“El presidente Petro sí cumple y llega a todas las regiones, a las más lejanas donde están ustedes”, agregó el ministro.

Las afirmaciones del titular de la cartera de las TIC se dieron en el marco de un recorrido por La Guajira para avanzar en su lucha contra la pobreza digital.

La agenda de trabajo comenzó en La Raya, comunidad Wayúu frente al mar Caribe, donde el programa Juntas de Internet ya beneficia a 52 hogares. Esta conexión impulsará el turismo comunitario, permitirá gestionar reservas en línea, conectar artesanos con mercados globales y facilitará telemedicina y educación remota.

La comunidad Wayúu celebró la inauguración del programa, resultado del convenio entre Ministerio TIC y la Asociación Akatsinja, que con una inversión de 10.100 millones de pesos ha logrado materializar la conectividad que abre las puertas a un desarrollo comunitario desde la tecnología y su poder transformador.

Este proyecto, también desplegado en la zona rural de los municipios de Manaure y Riohacha hace parte de la meta de conectividad para 100 comunidades, con tecnología mixta en un 70 % e inalámbrica en el 30 % restante.

La docente de la Escuela Huracán de la comunidad de La Raya, Laida Beatriz Redondo Puchaina, expresó con alegría la evolución de los procesos educativos y sociales desde la entrada en funcionamiento del internet.

“Para la comunidad esto ha sido un giro de 180 grados. Años atrás yo estaba en formación en la Universidad y era muy difícil porque tenía que desplazarme hasta Riohacha para realizar mis actividades académicas, y eso representaba un costo de hasta 90.000 pesos cada día. Desde que nos instalaron la fibra óptica hemos visto el cambio que nos permite hacer todo, incluso desde casa, y eso para nosotros ha sido una bendición”, aseveró.

De los 66 hogares de la comunidad de La Raya que integran este programa, 52 ya están activos. 

Fibra óptica en Manaure​

La travesía siguió en Manaure, donde se invierten 7.563 millones de pesos para conectar 837 hogares y 53 escuelas. En ese municipio se firmó un convenio con la Alcaldía municipal para desplegar 181 km de fibra óptica.

​Gracias a la inversión el MinTIC también entregó 400 computadores para beneficio de 4.500 estudiantes que ahora podrán seguir capacitándose en tecnología.

“Hoy nos honra su visita ministro TIC, para nosotros es un orgullo porque la tecnología en nuestras comunidades indígenas ha transformado nuestra vida. Los estudiantes tienen un impacto muy positivo. Para nosotros era muy difícil comunicarnos con las comunidades indígenas, el 80 % de Manaure es rural y hoy gracias al Internet podemos solicitar el servicio en materia de medicina, podemos pedir una ambulancia”, destacó el alcalde de Manaure, Jhon Pimienta Jusayu.

El recorrido del ministro Molina por La Guajira finalizó en el municipio de Maicao. Desde allí destacó la expansión digital con recursos por más de 14.000 millones de pesos en conectividad. Esto ha permitido conectar cerca de 10.400 hogares y 77 escuelas rurales.

La Guajira dio un paso firme en la construcción de una conectividad sostenible, autónoma y con la fuerza de las comunidades sociales y de base, con miras a una nueva productividad, la potencialización del turismo y el acceso a la salud y la educación de manera más equitativa.

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Bienestar policial en la lupa ciudadana: Veeduría entrega informes sobre chalecos, motos, sanidad y condiciones laborales en Bogotá

La defensa de los derechos humanos de los uniformados ha cobrado una relevancia inusitada en Colombia, y en Bogotá se está materializando a través de la labor de la Veeduría para Salud, Bienestar y Derechos Humanos de la Policía Nacional, liderada por Armando Vergara Moreno. Esta instancia ciudadana, constituida bajo la Ley 850 de 2003, ha asumido la tarea de recorrer localidad por localidad verificando de primera mano las condiciones en que los policías prestan servicio.

Las visitas a CAI y estaciones de policía han permitido identificar necesidades críticas en varios frentes:

  • Chalecos balísticos: muchos requieren renovación y mayor control en su mantenimiento.
  • Motocicletas de patrullaje: al ser herramienta clave de reacción, deben cumplir rigurosamente con las revisiones técnico-mecánicas.
  • Sanidad policial: uniformados manifestaron retrasos y dificultades para acceder a citas médicas en el Hospital Central y en centros como Duarte Valero.
  • Infraestructura de CAI: varias instalaciones carecen de mantenimiento adecuado, lo que repercute tanto en la seguridad de los uniformados como en la atención a la ciudadanía.

Todos estos hallazgos fueron consignados en un informe oficial entregado a Z1 y J1, instancias encargadas de la inspección y del personal de la Policía Nacional, respectivamente.

El documento, además de ser una radiografía del estado actual, contiene recomendaciones puntuales como la implementación de un plan de mantenimiento semestral para motocicletas, la gestión prioritaria de citas médicas de primera necesidad y la asignación de recursos inmediatos para infraestructura en zonas críticas como el sur de Bogotá.

En diálogo con El Espacio Digital, Vergara Moreno señaló:

“Un policía que no tiene un chaleco en condiciones óptimas o que espera meses por una cita médica está en desventaja frente al delito. Nuestra veeduría busca corregir esas brechas, porque al cuidar al uniformado, cuidamos también al ciudadano”.

La veeduría ha subrayado que este trabajo no es aislado, sino parte de un proceso de control social que se viene fortaleciendo con alianzas comunitarias y la participación de líderes sociales en cada localidad. En los próximos meses, además de nuevas visitas, se prevé la realización de foros ciudadanos sobre bienestar policial, donde la sociedad civil podrá conocer de primera mano la situación y aportar a las soluciones.

Con este ejercicio de control ciudadano, Bogotá se convierte en un referente nacional de cómo la sociedad y la institucionalidad pueden dialogar en torno al bienestar de la Fuerza Pública, asegurando que los derechos de quienes cuidan el orden público también sean respetados y garantizados.

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UNGRD pone fin a basureros a cielo abierto que dejó la reconstrucción en Providencia.

UNGRD pone fin a basureros a cielo abierto que dejó la reconstrucción en Providencia

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) puso en marcha la operación para retirar 40.000 toneladas de residuos que el gobierno anterior dejó acumulados en la isla tras el proceso de reconstrucción.

El primer viaje de la barcaza culminó con éxito: después de cinco días de navegación por altamar, alrededor de 5.000 metros cúbicos de desechos compactados llegaron a su destino para su disposición final, separación y aprovechamiento.

Así, la UNGRD dio inicio a un operativo de gran magnitud que se extenderá hasta principios de 2026 para limpiar la isla y transformar parte de los materiales en oportunidades para el pueblo raizal.

El plan, liderado por la Unidad y ejecutado por el Consorcio Providencia Limpia 2024, interviene los cuatro puntos críticos de la isla.

Cinco camiones realizan hasta 30 recorridos diarios para transportar el material hasta el muelle, donde es depositado en la barcaza.

Los residuos son recibidos en un muelle internacional certificado, clasificados en una planta especializada y separados para su aprovechamiento.

Plásticos, metales y vidrios serán reciclados para generar ingresos destinados a proyectos comunitarios en Providencia, mientras que el material no reutilizable será dispuesto en un relleno sanitario autorizado.

La inversión de $40.000 millones contempla, además del transporte y la disposición final de los residuos, la recuperación de suelos y un acompañamiento social permanente durante la operación.

Esta operación abre el camino para que Providencia recupere su paisaje y reactive el turismo, base de su economía local.

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Embajadora Leonor Zalabata reafirma en encuentro con el presidente Gustavo Petro el respaldo de Naciones Unidas al proceso de paz.

Embajadora Leonor Zalabata reafirma en encuentro con el presidente Gustavo Petro el respaldo de Naciones Unidas al proceso de paz

En el marco de una reunión sostenida con el presidente Gustavo Petro, la embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas, Leonor Zalabata, resaltó el compromiso del Gobierno del Cambio con la paz, la protección del medio ambiente y el desarrollo social, ejes que guían la política exterior del país y que han fortalecido el liderazgo de Colombia en el escenario multilateral.

La diplomática subrayó que la comunidad internacional ha mantenido un consenso sólido y una unidad de propósito en el acompañamiento al proceso de paz colombiano, reconociendo los avances logrados e impulsando acciones que permitan alcanzar, en el menor tiempo posible, una paz estable y duradera. 

“El respaldo de Naciones Unidas y de sus diferentes órganos es una señal clara de que Colombia cuenta con aliados comprometidos con la construcción de un futuro en el que la violencia deje de ser el lenguaje predominante”, dijo.

En su declaración, Zalabata explicó el papel estratégico de la Comisión de Consolidación y Construcción de Paz de Naciones Unidas, un órgano asesor del Consejo de Seguridad que se dedica a apoyar a los Estados en la superación de conflictos y en el fortalecimiento de su institucionalidad. 

Esta comisión, integrada por 31​ Estados miembros elegidos cada dos años bajo un sistema rotatorio, realiza visitas de verificación y acompañamiento en distintas regiones del mundo para promover entornos estables y seguros.

Colombia recibirá a esta comisión entre el 25 y el 28 de agosto de este año, en una agenda organizada por la Cancillería y la Presidencia de Alemania, país que actualmente preside el organismo. 

Durante su estancia, los representantes internacionales se reunirán con representantes del Gobierno nacional, líderes de la sociedad civil y comunidades en territorio, con el fin de conocer de primera mano las realidades locales, las iniciativas comunitarias y los avances en la implementación de la paz.

“La visita permitirá mostrar que Colombia no es un país completamente violento. Hay muchas regiones, comunidades y culturas que viven en paz y que han desarrollado iniciativas sólidas y sostenidas para preservarla. Estas experiencias son tan parte de nuestra identidad como los retos que aún enfrentamos”, enfatizó Zalabata.

La embajadora detalló que la delegación estará conformada por entre 10 y 12 embajadores de diferentes Estados, además de un representante del Secretario General de la ONU, quienes trabajarán junto con las instituciones colombianas para identificar oportunidades de cooperación y reforzar el apoyo internacional.

En su calidad de miembro no permanente del Consejo de Seguridad por octava ocasión, Colombia ha definido como prioridad llevar un mensaje de paz por la vida y de solución dialogada a los conflictos, promoviendo el diálogo como la herramienta esencial para superar las diferencias. 

“Es fundamental fortalecer el espíritu de diálogo y reconocer la diversidad de formas en que nuestros pueblos y culturas han demostrado que es posible vivir en paz. Debemos proteger los logros alcanzados, garantizar la seguridad de los firmantes de paz y de la sociedad civil, y avanzar hacia la igualdad con dignidad y respeto”.

Este encuentro y la próxima visita de la Comisión de Consolidación y Construcción de Paz representan un paso significativo para proyectar la voz de Colombia en los escenarios internacionales y consolidar su liderazgo como un país comprometido con la paz global.

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Prosperidad Social reparó a más de 500 víctimas del conflicto armado tras dos décadas de espera.

Prosperidad Social reparó a más de 500 víctimas del conflicto armado tras dos décadas de espera

Prosperidad Social, en articulación con la Unidad para las Víctimas, realizó en Bucaramanga una jornada histórica de reparación integral a más de 500 víctimas del conflicto armado, quienes llevaban más de 20 años esperando el reconocimiento de sus derechos.

El evento se desarrolló en el marco de la política de Paz Total y Reparación Integral, que lidera el Gobierno del Cambio, y se constituyó en un acto simbólico y de justicia para las comunidades afectadas por la violencia.

Durante la actividad, las y los beneficiarios recibieron indemnizaciones administrativas, así como orientación para el uso adecuado de los recursos, con el objetivo de que esta compensación económica contribuya efectivamente a la reconstrucción de sus proyectos de vida.

Además, se les ofreció acompañamiento psicosocial y se facilitó su acceso a programas de inclusión productiva, formación y fortalecimiento de emprendimientos, como parte de una estrategia integral para la superación de la pobreza y la exclusión.

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez, resaltó que la jornada es el resultado de un trabajo interinstitucional sostenido y de la voluntad política del Gobierno Nacional para saldar deudas históricas con las víctimas del conflicto armado.

“Después de décadas de espera, hoy las víctimas reciben no solo un reconocimiento económico, sino también un mensaje claro de que el Estado está presente para garantizar sus derechos y dignificar su vida», afirmó.

Los testimonios recogidos durante la jornada evidenciaron el impacto positivo de la reparación. Muchas personas manifestaron que, más allá del apoyo económico, el acto representa un cierre simbólico de años de dolor y desarraigo, y una oportunidad para proyectar un futuro con mayor seguridad y estabilidad.

Prosperidad Social reiteró su compromiso de continuar desplegando estas jornadas en todo el territorio nacional, priorizando las zonas más afectadas por el conflicto y las comunidades con mayor grado de vulnerabilidad.

Asimismo, destacó que estos procesos de reparación son una herramienta fundamental para avanzar en la reconciliación nacional, el restablecimiento del tejido social y la construcción de una paz duradera.

La entidad recordó que la reparación integral de las víctimas es un deber del Estado, respaldado por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y que el cumplimiento de estas obligaciones es indispensable para garantizar la no repetición de la violencia.

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