SALUD

El Gobierno de Gustavo Petro expidió el decreto 0858 de 2025 para reorganizar el sistema de salud fortaleciendo la atención primaria, priorizando la prevención de enfermedades y mejorando la prestación de los servicios.

“Adoptar el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo como política en salud para la población habitante en el territorio colombiano”, señala el decreto que en su primer punto e involucra a todos los actores del sistema y estará en cabeza del Ministerio de Salud.

La medida lleva las firmas del presidente Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se expide en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y desarrolla lo ya aprobado.

​Su fundamento es la implementación de una política pública prioritaria para garantizar el derecho fundamental a la salud en condiciones de calidad y dignidad en todo el territorio nacional, como lo obliga la Constitución, la Ley Estatutaria en Salud 1751 del 2015 y la legislación vigente.

El decreto no modifica el esquema vigente de aseguramiento ni elimina las EPS. Establece lineamientos para mejorar la coordinación de todos los actores del sistema y garantizar que la atención se brinde con oportunidad, calidad y continuidad.

La implementación del decreto será progresiva y con enfoque territorial, en especial en zonas con menor capacidad en el primer nivel de atención y, de esa forma, consolidar un sistema universal, garantista y centrado en la atención primaria.

La disposición brinda herramientas para mejorar la prestación de los servicios de salud en el corto y mediano plazo, sin que ello implique sustituir el debate democrático y amplio que continuará en la Comisión VII del Senado sobre los cambios estructurales que requiere el sistema.

La financiación del Modelo se hará con recursos del aseguramiento en Salud que maneja la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), el Sistema General de Participaciones (SGP) y el Presupuesto General de la Nación.

Puntos clave

Conforma las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS) que articularán a prestadores públicos, privados y mixtos para reducir la fragmentación en la atención. 

Los RIITS serán organizados y conformados por las entidades territoriales departamentales y distritales, en coordinación con las Entidades promotoras de Salud (EPS) y las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), con la participación de los prestadores de Servicios Salud públicos, privados y mixtos, junto con los proveedores de tecnologías en salud que entrarán a operar como o Centros Atención Primaria en Salud (CAPS).

Orienta los recursos disponibles hacia el fortalecimiento del primer nivel de atención y la reorganización de la red pública hospitalaria, evitando que factores de rentabilidad financiera pongan en riesgo el acceso de la población a los servicios de salud.

Contempla el fortalecimiento de la red hospitalaria pública, con inversiones en infraestructura y tecnología, y la formalización del talento humano en salud para garantizar condiciones laborales dignas, que permitan una mayor continuidad en la prestación del servicio.

Los mecanismos que permiten la formalización en el sector quedan en cabeza del Ministerio de Salud y las entidades territoriales departamentales, distritales y municipales, los cuales deberán ser adoptados por los prestadores de servicios de salud públicos.

El Ministerio de Salud pondrá en marcha un plan progresivo de fortalecimiento institucional y asistencia técnica dirigida a las entidades territoriales, para garantizar que el modelo preventivo, predictivo y resolutivo pueda implementarse de manera efectiva y equitativa en todo el país. 

Fortalece el primer nivel de atención, optimiza el uso de los recursos y prioriza la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, acciones indispensables en medio de la crisis de desfinanciación que atraviesa el sistema, debido a las dificultades que experimenta el modelo de intermediación actual.

Refuerza las capacidades locales para la adopción, ejecución y evaluación del modelo en cada uno de sus pilares, comenzando por aquellas entidades con menor capacidad resolutiva.

Contempla la transferencia de herramientas, la formación del talento humano, el acompañamiento operativo y la definición de criterios de priorización territorial con enfoque diferencial, asegurando que ningún territorio quede rezagado en la puesta en marcha de estas medidas.

El nuevo modelo contemplado en el decreto busca reorganizar los servicios de salud para hacerlos cercanos y resolutivos, especialmente en los territorios más apartados. 

Con la adopción de este modelo el Gobierno Nacional avanza en la consolidación de un sistema de salud más preventivo, equitativo y centrado en las necesidades de las personas, familias y comunidades de los territorios.

Los hallazgos se realizaron en el marco de visitas que realizaron inspectores del ministerio del Trabajo a las 263 tiendas de D1 S.A.S. y 6 centros de distribución en todo el país.

​Así lo dio a conocer el ministro Antonio Sanguino durante rueda de prensa, en la que estuvo acompañado de la viceministra encargada de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz.

Los hallazgos tienen relación, según reporte de los inspectores, con la contratación y jornada laboral, condiciones de seguridad y salud en el trabajo, afectación a la salud de los trabajadores, infraestructura deficiente y violaciones a la libertad sindical.

En las intervenciones encontraron jornadas de trabajo sin hora de almuerzo o de cena; horas extras no registradas ni pagas; sobrecarga física en carga y descarga de los camiones surtidores; falta de contratos físicos y manuales de funciones; descuentos arbitrarios por pérdidas o descuadres y sobrecarga de labores.

Frente al diagnóstico realizado, la viceministra Muñoz anotó que desde el Ministerio se hicieron 10 recomendaciones de mejoramiento que incluyen adecuación de infraestructura, fortalecimiento de los comités internos, garantías a la libertad sindical, revisión de modelos de contratación, dotación de sillas para cajeros y contratación de servicios generales de aseo y de vigilancia, entre otros.

​Violaciones a libertad sindical

En cuanto a las violaciones a la libertad sindical, la inspección comprobó persecución a líderes sindicales, retaliación por afiliación, desconocimiento y omisión de derechos sindicales, ausencia de formación y afiliación e incumplimiento de los acuerdos colectivos.

La viceministra dijo que luego de recibir más de 100 querellas se agendaron las visitas, en las que también se constató acoso laboral, accidentes de trabajo no reportados, falta del Copasst, pausas activas, no implementación del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo, riesgo por equipos y mobiliario inadecuado y exposición al riesgo por carencia de vigilancia.

Agregó que también se han detectado casos de estrés, trastornos del sueño, dolores musculares, jornadas extensas que afectan la vida personal, falta de protocolos frente al acoso y violencia y secuelas de accidentes laborales.

Asimismo, recalcó: “hay algo que nos preocupa enormemente y es la ausencia de salas de lactancia».

Entre tanto, el ministro Sanguino indicó que las inspecciones no anunciadas, con entrevistas, revisión documental y verificación se realizaron en cumplimiento a lo que el presidente Gustavo Petro anunció respecto a garantizar, proteger y recuperar los derechos de los trabajadores.

Por último, el titular de la cartera de Trabajo anunció que este tipo de registros se realizará en otras empresas del país.

En un acto simbólico desde la Quinta de Bolívar, el presidente Gustavo Petro sancionó la Ley de Salud Mental, una normativa histórica que marca un avance estructural en la garantía del derecho a la atención psicosocial en Colombia. La promulgación de esta ley representa un compromiso firme del Gobierno del Cambio con la dignidad humana, la justica social y la salud integral, reconociendo que el bienestar emocional es tan fundamental como el físico para la vida de las personas.

Durante su intervención, el presidente subrayó que esta ley no puede quedarse como letra muerta, como ha ocurrido en el pasado con otras normas sociales de impacto: “no queremos una ley que no se cumpla. Esta ley tiene que vivir en cada colegio, en cada hospital, en cada familia que necesita apoyo», afirmó el mandatario, señalando que la aplicación efectiva depende de la voluntad institucional y del compromiso ciudadano.

La Ley de Salud Mental contempla un enfoque integral y preventivo. Establece la inclusión de servicios de salud mental en el primer nivel de atención del sistema de salud, lo que implica que cualquier centro médico público o privado deberá contar con profesionales capacitados para atender y orientar a personas en situaciones de crisis emocional, depresión, ansiedad, duelo, consumo problemático de sustancias o cualquier padecimiento psíquico.

Además, la ley promueve la eliminación del estigma asociado a los trastornos mentales, garantiza la atención diferenciada a poblaciones vulnerables como jóvenes, mujeres, personas LGBTIQ+, víctimas del conflicto armado, comunidades étnicas y personas en condición de discapacidad psicosocial, y reconoce la importancia de la salud mental como un componente clave en la construcción de la paz total y la cohesión social.

El presidente también señaló la necesidad de ampliar drásticamente la formación de profesionales en salud mental en Colombia. “Nos van a faltar psicólogos y psicólogas si nos tomamos en serio esta ley», afirmó, y dio instrucciones para que el Ministerio de Educación cree una red pública y gratuita de facultades de medicina y ciencias de la salud en todo el territorio nacional. Con ello, se espera cerrar las brechas de acceso y garantizar atención digna en todos los rincones del país.

La nueva normativa también promueve el trabajo comunitario y territorial: incentiva la creación de redes locales de apoyo psicosocial, de líneas de atención, casas de salud mental y programas escolares para la gestión emocional. Asimismo, establece mecanismos para el seguimiento institucional y la evaluación periódica de su cumplimiento.

Con la promulgación de esta ley, el Gobierno nacional busca que los derechos en salud mental dejen de depender del estrato socioeconómico o del lugar de residencia. El objetivo es que ningún colombiano o colombiana tenga que enfrentar en soledad su dolor emocional, y que el Estado responda con presencia, ciudad, empatía y conocimiento.

Finalmente, el presidente reiteró que esta norma es parte de un paquete más amplio de reformas sociales para construir un verdadero Estado Social de Derecho que consagra la Constitución de 1991, y que ha sido postergado por más de tres décadas. “Aplicar esta ley es construir un país desde el alma. Es sanar, reconocer y acompañar. Es no dejar a nadie atrás», concluyó.