Tres integrantes de una misma familia fueron judicializados por actos de tortura contra una mujer y sus dos hijas menores
La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres integrantes de una misma familia, presuntamente implicados en castigos crueles e inhumanos contra una mujer y sus dos hijas menores de edad. Los hechos ocurrieron entre diciembre del año 2018 y julio de 2023 en varias fincas ubicadas en Carmen de Apicalá (Tolima).
Se trata de Gladys Sabed Sánchez Becerra, de 41 años, y sus padres Ofir Cenaida Becerra Ruíz, de 73, y Álvaro Sánchez, de 71. Los tres fueron imputados, según sus posibles responsabilidades individuales, por los delitos de trata de personas en la modalidad de servidumbre; tortura y uso de menores para la comisión de delitos, acceso carnal violento y acto sexual violento.
Según la investigación, durante cinco años los procesados habrían incurrido en tratos degradantes en contra de las víctimas. Labores de policía judicial evidenciaron que la mujer era explotada laboralmente, pues no recibía pago alguno por las labores que cumplía, los dineros que recibía por cuota alimentaria para sus hijas, de 3 y 5 años, le eran retenidos.
Las tres víctimas, se presume, eran golpeadas constantemente, las obligaban a dormir en el piso y eran sumergidas en baldes con agua fría a manera de castigo por incurrir en comportamientos contrarios a los ordenados por los procesados. En otras oportunidades serían colgadas de los pies por largos periodos de tiempo u obligaban a pasar las noches sin comer. Cuando comían algo sin permiso, les daban ají.
La Fiscalía cuenta con información en la que se señala que la madre de las dos menores fue quemada con un sartén por haber cometido errores al cocinar.
También se cuenta con evidencia de que habría sido abusada sexualmente por Álvaro Sánchez; e intimidada por este con un machete o un revólver por resistirse a sus vejámenes.
Tras conocer la denuncia y avanzar en las investigaciones, la Fiscalía logró que se emitieran las respectivas órdenes de capturas, las cuales fueron materializadas por servidores del CTI, con apoyo de la Policía y el Ejército Nacional, en la zona donde ocurrieron los hechos.
Ninguno de los procesados aceptó los cargos en su contra y fueron enviados a la cárcel como medida de aseguramiento preventiva.
