En menos de una semana desde que un grupo de civiles intentó quemar vivos a dos militares por la destrucción de un laboratorio de cocaína en Putumayo, en el cañón del Micay, Cauca, fueron secuestrados en una nueva asonada 45 uniformados que adelantaban tareas ofensivas.
Según información de las FF. MM., oficiales, suboficiales y soldados permanecen retenidos por un grupo de 600 personas, aparentemente instrumentalizadas por la estructura ‘Carlos Patiño’, de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, desde las 2:00 p. m. de este domingo 7 de septiembre.
Aunque en principio se habló de 72 miembros de la Fuerza Pública cautivos, las autoridades confirmaron sobre las 9:00 p.m. que fueron 45.
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El hecho se registró en la vereda Los Tigres, en el corregimiento de Honduras, zona rural de El Tambo, Cauca. Allí, en el corazón del cañón del Micay, el Ejército adelanta, desde hace un año, la Operación Perseo para arrebatarles el control de este enclave del narcotráfico a los grupos armados.
La asonada se produce días después de un ataque de la población civil a tropas del Ejército, en el que intentaron quemar vivos a dos militares —uno de ellos se debate entre la vida y la muerte en el Hospital Militar—, y dos semanas después del secuestro de 33 militares en Guaviare, tras el abatimiento del cabecilla del bloque Amazonas, alias ‘Dumar’.
La comunidad alegaba que durante el operativo legítimo había muerto un civil, y cercaron a los militares exigiéndoles la entrega del cuerpo.
Tanto en Guaviare, como en Putumayo y ahora en Cauca, el común denominador es la instrumentalización de la población civil por el mismo grupo armado ilegal: las disidencias de ‘Mordisco‘, que han recurrido a esta práctica para someter a la Fuerza Pública en las regiones donde ejercen influencia y gobernanza criminal.
Tras el ataque con gasolina en Putumayo, el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, pidió revisar las reglas sobre cómo se desarrollan los enfrentamientos, con base en el nivel de riesgo de las zonas de conflictividad. Se busca evitar que, aprovechándose de los principios de proporcionalidad y respeto a la población —que los militares juran defender—, las tropas sean sometidas por la comunidad, favoreciendo los intereses de los ilegales.
“La protección de nuestras tropas no es solo una responsabilidad operacional, sino un deber moral que nos compromete como Institución y como Nación”, dijo el almirante Cubides.
Con el reajuste de la estrategia se busca evitar exponer a la tropa en regiones sensibles, así como rediseñar e interiorizar los protocolos, en coordinación con los entes territoriales y el Ministerio Público, para prevenir este tipo de ataques y mejorar las capacidades de negociación y respuesta.
Otra de las órdenes obliga a los uniformados a recopilar, como prueba, fotos y videos de cada operación, con el fin de documentar que su actuar se ajusta a las reglas del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos.
Mindefensa exige la liberación de los 45 soldados que siguen retenidos en Cauca
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, expresó su rechazo por la retención de un grupo de soldados en la vereda Los Tigres, del municipio de El Tambo (Cauca), que se reportó en la noche del domingo 7 de septiembre. En total, son 45 los militares que siguen retenidos, pues del grupo inicial de 72 que fueron blanco de la asonada, 27 fueron liberados.
Según la información confirmada hasta el momento por el Ejército Nacional y por el ministro Sánchez Suárez en su más reciente pronunciamiento, un grupo de aproximadamente 600 personas lideraron la asonada en contra de los uniformados de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 4, que lideran el desarrollo de la Operación Perseo 2 en la región del Cañón del Micay.
“Estarían participando en este delito y en la obstrucción de la función pública, delitos promovidos también por las disidencias del cártel del narcotráfico de alias Mordisco”, dijo el ministro Sánchez Suárez. Y agregó: “Se trata de un grave delito, tanto por la acción directa de quienes participan en él, como por las amenazas y presiones de las disidencias de alias ‘Mordisco’ a la población”.
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El alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro señaló que la retención de los militares por parte de civiles, al parecer, instrumentalizados por grupos al margen de la ley, “es una muy grave violación al Derecho Internacional Humanitario es un delito de lesa humanidad que no prescribe y será perseguido por toda la justicia internacional”.
Confirmó también que desde el primer momento se están adelantando todas las acciones necesarias para lograr la liberación de los 45 soldados que siguen retenidos en la vereda Los Tigres. Una comisión humanitaria, liderada por la Defensoría del Pueblo, ya está en la región a la espera de indicaciones para intentar mediar en la liberación de los uniformados.
Aunque el ministro Sánchez Suárez dijo también que ya están trabajando en la identificación de las personas que tienen retenidos a los soldados, “con el fin de individualizarlas y llevarlas ante la justicia”, no es la primera vez que se presentan este tipo de hechos en el país. Según los datos de las autoridades, este año van 54 asonadas a la fuerza pública y cinco retenciones de uniformados.
Sobre las anteriores retenciones, la mayoría de ellas ocurridas en la región del cañón del Micay (Cauca), Guaviare y Nariño, no hay resultados en materia penal. Por ejemplo, el 21 de junio de este año fueron hostigados y retenidos 53 soldados en El Tambo. Por esos hechos, las autoridades capturaron a 16 personas que cuatro días después fueron puestas en libertad.
La decisión se tomó luego de que un fiscal de la Seccional Cauca concluyera que las detenciones realizadas el 23 de junio no cumplían con los requisitos legales de una captura en flagrancia. Según el análisis de los informes oficiales, no fue posible establecer con precisión las condiciones de modo, tiempo y lugar en que las personas habrían sido sorprendidas cometiendo el delito.
