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La carrera política de Donald Trump se ha adentrado este martes en un inexplorado territorio —uno más—, con la imputación del expresidente republicano por parte de un gran jurado de Washington, tras haber investigado sus intentos de revertir los resultados legítimos de las elecciones de noviembre de 2020, lo que culminó en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 por una horda de seguidores.

El candidato republicano deberá comparecer el jueves a las cuatro de la tarde (diez de la noche en la España peninsular) ante la jueza Tanya Chutkan, del tribunal federal de distrito de Washington, para la lectura de los cargos. Chutkan, que fue nombrada por Barack Obama, es conocida por la dureza de sus fallos en casos del asalto al Capitolio.

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El fiscal especial Jack Smith, que por encargo del Departamento de Justicia supervisa esta causa y la de los papeles de Mar-a-Lago, se ha mostrado confiado en que Trump tenga “un juicio rápido”. “Mi equipo buscará que se celebre un juicio rápido para que nuestras pruebas puedan ser probadas ante un tribunal y juzgadas por un jurado de ciudadanos”, ha dicho Smith en una breve comparecencia tras anunciarse la imputación.

Se trata de la tercera que encaja Trump en cuatro meses, tras el arresto de abril en Nueva York en el caso Stormy Daniels por el pago de dinero negro para acallar a una actriz porno por una relación extramatrimonial; y el de junio en Miami, donde se presentó ante el juez para responder sobre el manejo de centenares de cajas de documentos confidenciales que se llevó sin permiso de la Casa Blanca. Los retuvo en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, pese a los reiterados reclamos de las autoridades. Al menos 31 de esos documentos atañen a la seguridad nacional.

Pero la gravedad de los hechos que se le imputan ahora, en un año de vértigo judicial para el candidato republicano, supera incluso las dos acusaciones anteriores. Nada menos que asaltar los fundamentos de la democracia, en la institución que la representa, en un enloquecido y finalmente fallido esfuerzo por aferrarse al poder.

El mal perder del magnate le cegó hasta el punto de conspirar para defraudar al Gobierno que una vez dirigió, mentir repetidamente sobre los resultados de las elecciones, desoyendo las reiteradas insinuaciones de algunos ayudantes para que dijera la verdad, mientras conspiraba con otros para tratar de cambiar fraudulentamente el resultado de las urnas a su favor. El día de la asonada, en fin, intentó “explotar” el caos, presionando para retrasar la certificación de la victoria electoral de Joe Biden.

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Si en la causa abierta contra él en Florida está acusado de 37 delitos, en la de Washington le han caído cuatro cargos. El primero es por conspiración “con deshonestidad, fraude y engaño para obstruir el proceso nacional de recopilación, escrutinio y certificación de los resultados de las elecciones presidenciales”, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión.

Asimismo, se enfrenta a una pena máxima de 20 años por conspirar para impedir que el Congreso certificara los resultados de las urnas, y a una sentencia de diez años de prisión por conspirar contra el derecho al voto. El cuarto cargo conlleva una posible sentencia de 20 años de prisión por intento de obstruir la certificación de las papeletas.

La Fiscalía ha imputado además a seis cómplices, sin revelar sus identidades, aunque todo apunta a que uno de ellos es Rudolph Giuliani, exabogado personal de Trump y también implicado en la investigación sobre el intento de pucherazo en Georgia, que podría sustanciarse próximamente en una cuarta imputación. Una condena en esta causa, o cualquiera de las otras dos, no impediría a Trump presentarse a las elecciones o incluso ser reelegido presidente.