Las víctimas de la Unión Patriótica por la persecución política que se dio desde 1984 y por casi 20 décadas tendrían na reparación económica por parte del Gobierno Nacional, en cumplimiento de la sentencia de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 27 de julio de 2022.
Así lo anunció el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a través de la publicación del borrador del decreto con el que se da “cumplimiento a los numerales 25 y 38 de la sentencia del 27 de julio de 2022 en el caso de integrantes y militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia”, en el que se mencionan los siete artículos con los que se acataría el fallo de la CIDH.
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En un comienzo, el Gobierno Nacional nombraría una comisión que se encargue de la identificación y clasificación de las víctimas del genocidio a la Unión Patriótica, con el fin de establecer el monto económico que se le deberá entregar a cada uno.
Dicha comisión estaría integrada por tres comisionados: uno del Estado colombiano, otro de los intervinientes comunes de los representantes y el último designado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Dentro de los requerimientos que se establezcan por parte de la Comisión para la Constatación de Identidad y/o Parentesco de las Víctimas, el Ministerio de Hacienda debe otorgar los recursos económicos para el cumplimiento de las funciones que surjan de dicha comisión.
Además, otras entidades del Estado deberán estar dispuestas a contribuir con la hoja de ruta que se establezca para el cumplimiento del fallo de la CIDH, por lo que deberán otorgar información relevante que ayude a la reparación económica de las víctimas de la Unión Patriótica.
Una vez el Gobierno Nacional haya constatado el material y las pruebas necesarias por parte de las víctimas que salieron perjudicadas del genocidio de la Unión Patriótica, comenzaría a otorgarse los montos a los que cada uno tendría derecho, dependiendo del grado de consanguinidad y el tipo de violencia a la que fue sometido.
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En ese orden de ideas, la sentencia de la CIDH menciona que se deben pagar los valores de la siguiente manera:
- 55.000 dólares a cada víctima o familia de desaparición forzada.
- 30.000 dólares a padres e hijos y compañeros permanentes de quienes hayan sido víctimas de esta práctica.
- 10.000 dólares a hermanos y hermanas de las víctimas.
- 35.000 dólares a las familias de quienes fueron objeto de ejecuciones extrajudiciales.
- 20.000 dólares a las víctimas de tortura.
- 5.000 dólares a víctimas de tentativas de violación del derecho a la vida.