Por orden del Tribunal Superior de Bogotá, este jueves se conoció que Carlos Ramón González, otrora uno de los funcionarios poderosos y cercanos al presidente Gustavo Petro, será enviado a prisión. Lo anterior, por su presunta responsabilidad en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Puntualmente, González es señalado por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros. Si bien la Fiscalía buscaba que también respondiera por lavado de activos, no se logró probar la inferencia de autoría o participación en ese delito.
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En la determinación adoptada por el magistrado Leonel Rogeles Moreno, se decreta una orden de captura contra González para que cumpla con la medida de aseguramiento. Al parecer, hoy el exfuncionario se encuentra fuera del país, por lo que es incierto si cumplirá con la decisión.
“Si bien es cierto, González Merchán ha acudido a los llamados de la justicia, entre ellos a las audiencias que se desarrollan en este despacho virtualmente, el implicado no cuenta con arraigo actualizado y, al parecer, se encuentra en Nicaragua, lo cual hace palpable el riesgo de no comparecencia que se busca evitar mediante la imposición de una medida de aseguramiento en su contra”, argumentó el magistrado.
Según el fallo, la no comparecencia de González “es un riesgo previsible”, dada su posición social, los recursos que maneja y su constante ingreso y salida del territorio colombiano. “Es probable que se ausente del país para evitar el ejercicio de la acción penal adelantada en su contra, entre otros motivos, dadas las penas tan altas a las que se podría enfrentar en caso de ser vencido en juicio”.
El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), es señalado de ser el artífice de un supuesto esquema de corrupción para ofrecer dádivas a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara) a cambio de tramitar proyectos y reformas del Gobierno Nacional. Todo esto, con dineros arañados de la corrupción que se enquistó en Gestión del Riesgo.
En esa línea, el fallo resalta que González se mueve “en las más altas esferas del Estado”, cuenta con reconocimiento público y está vinculado desde hace bastantes años con el poder político, “a pesar de lo cual decidió delinquir, comprando la función legislativa de los presidentes del Senado y de la Cámara”.
Según la Fiscalía, el entonces director del Dapre le habría pedido a quien fuera el director de la UNGRD, Olmedo López, entregar a los presidentes del Congreso, Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara de Representantes), contratos de la Unidad por $60.000 millones para el primero y de $10.000 millones para el segundo. Lo anterior, a cambio de “un apoyo en los proyectos de ley del Gobierno que cursaban en el órgano legislativo”.
Sin embargo, debido a la “premura con la que los congresistas pedían los recursos”, González supuestamente solicitó a Olmedo López “variar la oferta” a Name, ofreciendo una suma en efectivo de $3.000 millones y a Calle de $1.000 millones, a través de dineros provenientes de la contratación en UNGRD.
De acuerdo con el ente investigador, el 25 de septiembre de 2023, durante un desayuno organizado por Sandra Ortiz –entonces consejera presidencial para las Regiones–, se pactó entregarle los $3.000 millones a Name. Por otro lado, ese mismo día, a través de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, se le entregaron los $1.000 millones a Calle.
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Frente al delito de peculado por apropiación en favor de terceros, la Fiscalía detalló que el 21 de septiembre de 2023, durante un encuentro en Palacio, quien fuera el cofundador del partido Alianza Verde, “le ordenó ilícitamente” a Olmedo López entregar los $4.000 millones en coimas. Para ello, se determinó que los recursos provendrían de un contrato para carrotanques para La Guajira.
El dinero se direccionó, sostuvo la Fiscalía, a través del empresario Luis Eduardo López Rocero, con quien se habría pactado una coima del 14 % del valor total del contrato.
