Colombia

Luego suscribir un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación y aceptar su participación en el crimen de una mujer trans, cuyo nombre identitario era Verónica Dantes, el 28 de julio de 2024, en Medellín (Antioquia), Yohan Andrés Machuca Barbosa fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión.

Un juez penal de conocimiento lo declaró responsable del delito de homicidio agravado, y dispuso que la pena deberá hacerse efectiva en establecimiento carcelario.

Fiscales de la Dirección Seccional Medellín y del Grupo Nacional de Trabajo para la Investigación de Violencias Fundadas en la Orientación Sexual y/o Identidad de Género de la Victima, adscrito a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, establecieron que Machuca Barbosa, en compañía de otros dos hombres, atacó con arma cortopunzante a la mujer trans, de nacionalidad venezolana, quien ofrecía servicio sexuales en el parque Boston, en el barrio La Candelaria.

La víctima fue trasladada a un hospital; sin embargo, llegó sin signos vitales. Entre tanto, los agresores escaparon del lugar.

Por estos hechos, recientemente fueron judicializados y permanecen privados de la libertad Santiago Murillo Ruiz y Jolfran Manuel Ramos Contreras. En los próximos días se realizará la audiencia de acusación en su contra.

En cumplimiento de la instrucción del presidente Gustavo Petro Urrego de recuperar el orden público en la zona del Catatumbo, en Norte de Santander, el Ministerio de Defensa confirmó la destrucción de 36 instalaciones clandestinas dedicadas al procesamiento de pasta de coca y de nueve laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína.

Estos resultados hacen parte de la ofensiva que desarrolla la Fuerza Pública y que intensificó en las últimas semanas para transmitir un mensaje claro al Eln y al frente 33 de las disidencias: el camino hacia la desmovilización y el retorno a la legalidad es su mejor opción.

En cuanto a desmovilizaciones, la acción del Ejército ha permitido que 110 personas que hacían parte de estas estructuras criminales entregaran sus armas, 30 menores de edad fueron rescatados, 24 terminaron capturados y dos murieron al enfrentarse a las tropas militares.

En los operativos se han incautado 120 fusiles y más de 60 pistolas, se confiscaron dos toneladas de explosivos, cerca de 600 Minas antipersona y la munición decomisada supera los 50 cartuchos.   

En cuanto despliegue de fuerza, el Ejército ha dispuesto de 1.150 soldados adicionales para reforzar las misiones y ya completa los 9.500 uniformados, incluyendo 450 miembros de las fuerzas especiales.

En cuanto a la Policía, al área de conflicto ha enviado 500 efectivos pertenecientes a los comandos Jungla y del Comando de Operaciones Especiales (copes) para reforzar las acciones contra el narcotráfico. Lo mismo que un equipo de 22 integrantes del Grupo de Vida de Policía Judicial, a cargo del esclarecimiento de homicidios.  

El Ministerio de Defensa ha confirmado que nuevas operaciones militares y policiales se encuentran en curso con el objetivo de consolidar el control del territorio para el pronto retorno de las comunidades desplazadas.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento  en centro carcelario contra Criss Stefany Pérez Lozano, presunta responsable de recaudar dinero exigido a varias personas de Acacias, San Martín y Villavicencio (Meta).

La procesada fue capturada en Cali (Valle del Cauca) por el grupo Gaula de la Policía Nacional e imputada por un fiscal especializado de la Seccional Meta por los delitos de concierto para delinquir  y extorsión, ambos agravados, los cargos no fueron aceptados.

De acuerdo con la investigación, se evidenció que Pérez Lozano, como presunta integrante del ‘Clan del Golfo’, era la encargada de recibir el dinero producto de las extorsiones.

Las víctimas, al parecer, eran contactadas por cabecillas del grupo ilegal desde las cárceles, quienes vía telefónica les exigían el pago de sumas entre los 10 y 25 millones de pesos, a cambio de no atentar contra sus vidas y las de sus familias.

Al parecer, existen otras víctimas de estas extorsiones en Norte de Santander y Risaralda.