La Procuraduría General de la Nación hizo una inspección a las instalaciones del Ministerio de Defensa ante los presuntos hechos de corrupción denunciados por el exviceministro de Defensa Ricardo Díaz, en Semana. Las denuncias comprometen la contratación y millonaria compra de equipos militares como helicópteros, detrás de la cual tendría intereses la esposa del presidente Gustavo Petro, la primera dama, Verónica Alcocer.
En la diligencia, el Ministerio Público obtuvo algunos documentos relevantes dentro de la indagación disciplinaria que se adelanta por las denuncias hechas por el exviceministro de Defensa, el general (r) Ricardo Díaz, y se practicaron visitas a algunos despachos de esa entidad.
La Procuraduría procederá a evaluar el material probatorio recaudado, con el propósito de ampliar la indagación previa abierta por estos hechos.
#Atención | La @PGN_COL realizó una inspección disciplinaria a @mindefensa. El ente obtuvo algunos documentos relevantes dentro de la indagación disciplinaria que se adelanta por las denuncias hechas por el exviceministro de Defensa, General (r) Ricardo Díaz, sobre corrupción.
Según contó el general en retiro, quien salió del Ministerio de Defensa hace unas semanas, había intereses en la compra de tres helicópteros, para ese tema lo abordó el señor Juan Fernández, asesor personal del presidente Gustavo Petro, quien además es cuñado del exembajador en Venezuela Armando Benedetti.
Lo que llama la atención es que, a juicio del exviceministro Ricardo Díaz, la familia Benedetti tenía claros intereses; tanto Ángela Benedetti, pareja de Fernández, como Camilo Benedetti, el menor de los hermanos.
Temor y zozobra vivieron por varios minutos los habitantes de la cabecera municipal de Dagua, Valle del Cauca, tras un nuevo hostigamiento adelantado por las disidencias de las Farc en contra de la estación de Policía de esta población.
El ataque armado se produjo desde la parte alta de la montaña, en un sector conocido como La María. De manera inmediata, tanto la Policía como el Ejército reaccionaron para la protección de la ciudadanía.
«Este hostigamiento podría deberse a la presión que ha habido en la campaña militar que se lleva a cabo contra el frente Jaime Martínez, en esta zona del departamento, y a la captura en el pasado mes de agosto de alias ‘Duber‘, un importante miembro de la red de apoyo de la estructura», indicó el coronel Jesús Quintero, comandante de la Policía Valle.
Por su parte, Camilo Murcia, secretario de Seguridad del Valle, manifestó que los operativos para controlar el accionar de estos grupos armados, serán fortalecidos. Afortunadamente, el hostigamiento no comprometió la vida de uniformados o civiles.
Esta acción armada se suma a la registrada en horas de la noche en el sector de Mondomo, en Santander de Quilichao, Cauca, cuando hombres armados atacaron a disparos la subestación de Policía del sector, la cual tampoco dejó heridos.
Fabiola Rubiano, la individua que emitió comentarios racistas hacia la vicepresidenta Francia Márquez, utilizando el término “simio”, ha sido sentenciada. La Fiscalía ha logrado demostrar su culpabilidad en los delitos de discriminación y hostigamiento. Una jueza ha dictaminado que, a la luz del material de prueba y el acuerdo de aceptación de cargos, procede la condena.
La condena de la señora Rubiano consiste en 17 meses de prisión, conforme a los delitos imputados por la Fiscalía, y que la propia Fabiola aceptó haber cometido. No obstante, a partir de su reconocimiento de culpabilidad y la exposición de los hechos durante el proceso, se le permite cumplir su pena en libertad, bajo supervisión y sujeta a las condiciones estipuladas, una vez que haya pagado las respectivas fianzas.
La jueza consideró que Fabiola Rubiano no solo agredió con sus comentarios racistas a la vicepresidenta Francia Márquez, sino que también afectó a toda una comunidad, lo que justifica los delitos imputados y, por tanto, la condena se ajusta a las normas legales.
La Fiscalía también subrayó en la acusación que los actos de discriminación y hostigamiento quedaron claramente evidenciados en las palabras y la imagen de la propia acusada, es decir, la señora Fabiola Rubiano, cuyos videos se volvieron virales en las redes sociales, no dejando alternativa más que admitir su culpabilidad.
“Le es atribuible esa conducta en razón a que el Estado colombiano, al cumplir con los compromisos asumidos internacionalmente sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, contempló como delito toda difusión de ideas basadas en la superioridad o el odio racial, toda incitación a discriminación racial”, afirmó la Fiscalía en su acusación.
#HayJusticia | La contundencia del material probatorio aportado por la #Fiscalía permitió que una juez de #Bogotá condenara a 17 meses de prisión a Luz Fabiola Rubiano de Fonseca, como responsable de realizar actos discriminatorios contra la vicepresidenta de la República,… pic.twitter.com/nH6PSBZYBH
En esta acusación, la Fiscalía proporcionó detalles sobre cómo la mujer, que ahora ha sido condenada por sus ataques racistas hacia la vicepresidenta, llegó incluso a cambiar su nombre con el objetivo de engañar a las autoridades. Lo hizo en el video que se difundió y que posteriormente se convirtió en la prueba central del caso.
“En el marco de las protestas adelantadas por parte de una población en contra del actual Gobierno, la ciudadana Luz Fabiola del Rosario de Fátima Rubiano de Fonseca, quien dijo llamarse Esperanza Castro, alrededor de las 2:00 p. m. estando en la plaza de Bolívar y frente a las cámaras, ante la multitud y ante los micrófonos de medios de comunicación masivos, se refirió sin justificación alguna y de manera arbitraria”, detalló la Fiscalía.
El ente acusador logró identificar a la señora Fabiola mediante el reconocimiento en registros, luego presentó elementos de prueba ante los jueces de control de garantías para presentar los cargos en su contra. Las autoridades obtuvieron su fotografía de los registros de la Registraduría Nacional, lo que permitió establecer que su identidad real era Luz Fabiola Rubiano, no Esperanza Castro, como había afirmado el 22 de septiembre. La jueza que dictó la condena concluyó que los hechos fueron probados por la Fiscalía, no solo a través de los videos difundidos por diversos medios de comunicación, sino también mediante la aceptación de cargos de la acusada.
#Atención | a Juez 39 Penal del Circuito de Bogotá, condenó a 17 meses de prisión a Luz Fabiola Rubiano por los delitos de Actos de Discriminacion y Hostigamiento agravados por las expresiones de odio en contra de la Vicepresidenta Francia Márquez.
En medio de la presentación del informe de presentación de los últimos Monitoreos de Territorios con Presencia de Cultivos de Coca en Colombia para el 2022, desde la Oficina de las Naciones unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) señalaron que se han superado las cifras registradas en comparación a los años anteriores.
Con base en estos nuevos datos, Colombia se ha consolidado nuevamente como el líder en la cantidad de hectáreas de coca cultivadas. Por ejemplo, en 2022 el área sembrada con coca fue de 230.000 hectáreas, en comparación al 2021, en donde se reportaron 204.000 hectáreas, lo que representó una disminución del 12,7 %.
Es importante mencionar que en los departamentos que se registró una mayor presencia de cultivos ilegales de coca están Nariño, Norte de Santander y Putumayo.
“Si bien el ritmo se redujo, también es cierto señalar que la producción potencial de cocaína creció bastante en este año y es básicamente a que los cultivos que el año pasado están recién sembrados, llegaron a una edad de madurez y ahora son productivos. Es decir, que el ritmo de crecimiento de las hectáreas se reduce, pero el ritmo de producción de cocaína se incrementa”, señaló el coordinador regional del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), Leonardo Correa.
Esto quiere decir que uno de los datos que presenta mayor alarma, es que la producción potencial de clorhidrato de cocaína llegó a las 1.738 toneladas métricas, lo que ha mantenido una tendencia al alza desde el 2013.
Entre los departamentos que se registró mayor incremento fue en Putumayo, ya que en este se concentra el 10 % del área de coca. Esto quiere decir, que este departamento pasó de tener 28.205 hectáreas en 2021 a 48.034 en el 2022.
“La tendencia en Colombia es la estabilidad y está concentrada en Putumayo que tuvo un incremento neto del 77 %”, agregó Correa.
Sin embargo, en Tibú (Norte de Santander) se mantuvo cierta estabilidad en comparación al año anterior, pero lideran con un aproximadamente 22.00 hectáreas de cultivos. Posteriormente, está Tumaco (Nariño) y Puerto Asís (Putumayo).
#Atención | Los cultivos ilícitos en Colombia aumentaron un 13 % en 2022, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos de la ONU, @UNODCROCOL. El área sembrada con coca en el país pasó de 204.000 hectáreas en 2021, a 230.000 en 2022.
Según datos de la ONU, la mayor concentración de cultivos de coca, equivalente al 65 % del total, se encuentra en los tres departamentos mencionados anteriormente.
Es importante destacar que el 49 % de los cultivos de coca están ubicados en áreas de gestión especial, distribuyéndose de la siguiente manera: un 19 % en tierras pertenecientes a comunidades afrodescendientes, un 15 % en reservas forestales, un 10 % en territorios de resguardos indígenas y un 5 % en parques nacionales naturales.
Cabe mencionar que esta producción de la cocaína está creciendo en las fronteras del país, tanto en el norte como en el sur.
“La mayoría del incremento está a menos de 10 kilómetros de la frontera, está muy cerca, es justamente en esas zonas estratégicas que se ven mayor parte del crecimiento”, agregó el coordinador, quien señaló que se concentra cerca del 50 % del incremento neto en estos territorios.
Asimismo, explicó que se observa una variación del área sembrada del 21 %, de 0 a 40 kilómetros. Por otro lado, hizo énfasis en una atención especial que se debe tener sobre el río Putumayo, ya que este es sumamente importante para Colombia, Ecuador y Perú.
“El núcleo de cultivos de coca asociado al río Putumayo, este se empalma con el núcleo de cultivos de coca que surge hace poco en Perú, pero que conforman una sola región. Estos tienen el mismo modelo de transformación de cultivo y usan las mismas variedades. Tenemos el alto riesgo de que se conforme un núcleo transnacional”, fue enfático el coordinador del SIMCI.
La producción potencial de hoja de coca fresca, la cual se refiere a la cantidad de hoja de coca que puede ser obtenida mediante la recolección de arbustos en las áreas productivas disponibles, experimentó un incremento del 24 % en comparación con el año 2021, llegando a un total de 1,410,600 toneladas métricas.
Además, el informe destaca que el 44 % de la producción potencial de hoja de coca proviene de enclaves productivos que ocupan solo el 14 % del territorio destinado a su cultivo.
El informe también hace referencia a que en el Catatumbo se alberga el enclave con la mayor extensión de cultivos de coca, registrando cerca de 28,000 hectáreas. Por otro lado, se hace referencia a la aparición de un nuevo enclave de 1,436 hectáreas, ubicado en la frontera entre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.
Desde el SIMCI señalaron que los problemas relacionados con la coca no se limitan únicamente a las áreas de cultivo. Las zonas de desconcentración se encuentran en un punto intermedio entre la consolidación de economías legales y el resurgimiento de intereses ilegales por parte de los grupos criminales.
Laura Sarabia, la nueva directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), manifestó “total repudio” al ataque al Banco Agrario en Jambaló (Cauca), hecho que ocurrió en la madrugada del pasado domingo, 10 de septiembre. Al parecer, disidencias de las Farc utilizaron explosivos para tumbar la puerta de la entidad y para acceder al cajero automático, el cual robaron posteriormente.
“Varios usuarios de Renta Ciudadana se están viendo afectados por esta situación, en este momento estamos evaluando con el Banco Agrario una caja extendida para dar solución lo más pronto”, explicó Sarabia en su cuenta de X. Según la entidad, en Jambaló se benefician 1,488 familias con el programa de Renta Ciudadana, con una inversión de 387 millones de pesos. “Alrededor del 10 por ciento de estas familias habían realizado su proceso de bancarización en el ciclo 2 de 2023 y son quienes están siendo afectadas en este momento por el daño del cajero”, especificó Prosperidad Social.
En el comunicado que compartió el DPS a la opinión pública se explica que, según la directora de Transferencias Monetarias, Yohanna Cubillos, los beneficiarios del pago del programa Tránsito a Renta Ciudadana “pueden estar seguros de que desde la entidad se adelantará toda la gestión necesaria para que en los próximos días puedan acceder a sus recursos y así mitigar el impacto de este lamentable hecho”.
Cabe recordar que la ministra de Agricultura informó que integrantes de la columna Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc fueron los responsables del hostigamiento que se registró en la madrugada de este domingo 10 de septiembre, en el municipio de Jambaló, norte de Cauca. Las imágenes dejaron en evidencia la manera en que los hombres, vestidos con prendas militares y armas de largo alcance, se pasearon por las calles de la cabecera municipal para realizar su cometida.
La comunidad de la zona asegura que todo empezó desde las 4:00 a. m., aproximadamente, cuando comenzaron a escuchar ráfagas de fusil y detonaciones de artefactos. Todo parece indicar que los delincuentes ingresaron por la estación de Policía municipal y mientras un grupo de insurgentes se encargaba de amedrentar a la Fuerza Pública, otros se desplazaban hacia el Banco Agrario.
Estando en la sede bancaria, los supuestos disidentes activaron varios explosivos y se llevaron el cajero cargado de dinero. El sonido de las alarmas que se activaron sucedió a los golpes que los delincuentes propinaban a la estructura donde está ubicada la sede del banco.
La Procuraduría llamó a juicio disciplinario a Ulahy Beltrán López, actual Superintendente Nacional de Salud y exgerente del Hospital Universitario CARI, por posibles irregularidades en la firma de un contrato que supera los 12.000 millones de pesos. Según el ente de control, Beltrán López habría llevado a cabo esta contratación sin contar con la autorización previa de la junta directiva del hospital.
“Se trata del negocio jurídico celebrado de manera directa con el Consorcio Gestor Hospitalario del Caribe, para la operación y la gestión integral de los procesos asistenciales, logísticos, administrativos, financieros y complementarios de los servicios de alta complejidad, entre otros aspectos”, indicó el ente de control.
La Procuraduría sostiene que, dado que el valor del contrato superaba los 5.000 salarios mínimos para la época de los hechos, el entonces gerente del Hospital, Ulahy Beltrán López, necesitaba la autorización expresa de la Junta Directiva para iniciar y llevar a cabo el proceso de contratación. La falta de esta autorización es lo que ha desencadenado la investigación en su contra.
La conducta de Beltrán López ha sido calificada como grave por parte de la Procuraduría, y en caso de ser hallado culpable en el juicio, podría enfrentar la destitución de su cargo como Superintendente Nacional de Salud.
La Fiscalía General de la Nación anunció el inicio de una investigación penal, conocida como noticia criminal, en relación con la entrevista concedida a la revista Semana por el general (r) Ricardo Díaz.
El general Díaz, quien fungió como viceministro de Defensa, formuló graves acusaciones de corrupción en el Ministerio de Defensa. Estas revelaciones se producen meses después de su destitución del Gobierno y más de un año después de que supuestamente comenzaran los actos de corrupción.
“Con ocasión de la entrevista divulgada por la revista Semana en las últimas horas, en la cual el exviceministro de Defensa, General Ricardo Díaz, puso en conocimiento de la opinión pública posibles actos de corrupción en el ministerio en el cual trabajaba, la Fiscalía, de oficio, abrió una noticia criminal a efectos de corroborar, mediante los actos de investigación correspondientes, la información divulgada, y determinar si se configuraron o no delitos y quiénes serían sus autores y partícipes”, informó la Fiscalía en un comunicado.
En el proceso, el primer paso que dio la Fiscalía es citar al general Ricardo Díaz para buscar pruebas sustanciales que respalden sus afirmaciones. “Entre estas actividades, se llamará a declarar al general Ricardo Díaz, para que concrete los hechos de los que tuvo conocimiento y aporte las pruebas que respalden lo denunciado”, informó el organismo investigador.
Las versiones del general Díaz hablan sobre una supuesta intermediación de la primera dama Verónica Alcocer para la compra de varias aeronaves de tres helicópteros de la Fuerza Aérea. Habla que recibió mensajes incisivos sobre la importancia de hacer esa compra y de alguna manera le insistieron en que debería él respaldar esa compra de esas aeronaves y dice él que le ofrecieron en su momento 700 millones de pesos.
El general Díaz denuncia que, como él no estuvo de acuerdo con ese respaldo, esa negociación, trataron de incriminarlo a él y a su esposa. Habla también de una reunión a la que asistieron Ángela Benedetti y Camilo Benedetti, hermanos del exembajador Armando Benedetti. En esta reunión le insistieron en que debería darle un respaldo a esa compra de las aeronaves.
El exviceministro también hace serias denuncias sobre corrupción al interior de las Fuerzas Militares y la compra de aeronaves. Habla sobre la denuncia que hizo en su momento ante el ministro de Defensa el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Dice que le contó lo sucedido, agrega que simplemente el ministro tomó nota y que después de esa conversación simplemente le dijeron que cualquier denuncia o cualquier tema de sus reuniones frente al tema de licitaciones tenía que hacerlo en contacto con la secretaría general del Ministerio de Defensa.
El viceministro relata, además, dice que perdió todo contacto con el ministro de Defensa a partir de ese entonces y hace un relato de todo lo que pasó con ese tema de la compra de las aeronaves.
Dice también que recibió en algún momento una comunicación o un enviado por parte del expresidente de la República, Juan Manuel Santos, donde hablaba de la necesidad de reunirse también con varios emisarios para comprar aeronaves.
Hubo celebración en Barranquilla en esta primera fecha de Eliminatorias de cara al Mundial, los hinchas estaban felices con el triunfo de la Selección Colombia ante Venezuela, con cabezazo de Rafael Santos Borré destrabó un partido enredado. Sin embargo, la celebración del fútbol, se vio empañada por una polémica que tuvo tinte político.
El representante a la Cámara Agmeth Escaf protagonizó una fuerte discusión en medio del partido Colombia vs. Venezuela, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, con la familia de del jugador de la Selección, Luis Díaz.
Al parecer todo se dio por cuenta de la acomodación de las sillas, por lo cual el representante pedía el asiento que, de acuerdo a la boleta, le correspondía.
— Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) September 8, 2023
Sin embargo, la discusión saltó al entorno político y los hinchas que estaban presenciando el choque entre el representante y la familia de delantero, empezaron a abuchear a Escaf y gritarle que saliera del estadio.
Mientras el político pedía la silla que, según él, le correspondía, los hinchas no dejaron pasar el momento y le gritaban “fuera, fuera. Populista” y hasta cerveza le lanzaron, el político mantuvo la calma, sin embargo, todo quedó registrado en videos, que, rápidamente empezaron a circular en redes sociales.
Luego de finalizado el partido, el representante publicó un video en el que criticó la logística en el estadio y envío un saludo a Luis Díaz y su familia, además envió un mensaje pidiendo no atacar al sector político.
Además, aclaró que pese a que sí, sus asientos estaban ocupados, cuenta que desde que llegaron a estadio fue insultado por pertenecer al Pacto Histórico, “este tipo de escenarios no son para atacar”, dijo.
Lo que me ocurrió hoy en el Metropolitano jamás imaginé que podía pasarme en mi Tierra Prometida, Barranquilla. Me duele, no lo niego, porque es la ciudad que llevo en el alma y que más amo, y porque en el ataque estuvieron presentes mis hijos. Y eso solo me indica que hemos… pic.twitter.com/niBi1oxUVp
En segunda instancia, un fiscal de Derechos Humanos confirmó la medida de aseguramiento en cárcel contra Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, responsable de delitos como homicidio agravado, desplazamiento, reclutamiento, desaparición forzada, acceso carnal violento, terrorismo, entre otros delitos.
La decisión se conoce días después de que el excabecilla de las Autodefensas Unidas de Colombia asegurará durante el encuentro por la verdad y la no repetición que el presidente Gustavo Petro, había sido declarado «objetivo militar».
En el evento alias ‘Macaco‘ aseguró: “Tomamos la equívoca decisión de declararlos como objetivo militar de la organización a los doctores Álvaro Leyva Durán, Iván Cepeda Castro y al hoy presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Dichas acciones militares fueron fallidas y las detallaré en mi versión única en su debido momento”.
Frente a esta revelación, el mandatario le envió una carta a la JEP, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara y a la Fiscalía para que declaren como víctima directa en el marco de los hechos relacionados con delitos del conflicto armado.
La Fiscalía explicó que «se ratificó que los anteriores delitos son considerados como de lesa humanidad teniendo en cuenta que la Fiscalía cuenta con material probatorio suficiente para demostrar que dichas conductas no han prescrito, y que obedecieron a una política sistemática y generalizada por parte del hoy procesado».
El ente investigador explicó que durante las audiencias indagatorias en 2021 en la Cárcel La Picota, ‘Macaco’ reconoció su responsabilidad de línea de mando en 162 hechos delictivos en por lo menos 11 departamentos entre 2000 y 2004.
En la noche de este jueves el exsenador Arturo Char regresó a territorio colombiano en un vuelo privado después de que la Corte Suprema de Justicia dictara una orden de captura internacional en su contra que incluía una circular roja de Interpol.
Char regresó al país procedente de los Estados Unidos, país en donde había establecido temporalmente su residencia pero que ahora tuvo que abandonar para responder ante el alto tribunal por señalamientos de presunta corrupción electoral y compra de votos.
Una vez aterrizó en territorio colombiano, específicamente en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, las autoridades migratorias lo esperaban para registrar su ingreso al país y luego varios agentes de policía cumplieron con la orden de captura que dictó la Corte.
Tras ese arribo al país, Char divulgó un comunicado en la red social X (antes Twitter), en donde insistió en que demostrará su inocencia ante la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal y defendió que no ha estado prófugo de la justicia.
“Respeto y acato la decisión de la Corte Suprema de Justicia y por esa razón apenas fui notificado el día de ayer empecé a adelantar las gestiones para viajar a Colombia y presentarme lo más pronto posible para ponerme a disposición de la honorable Corte”, dijo el exsenador.
Además, el también expresidente del Congreso señaló que dejará en evidencia que es inocente de la presunta corrupción electoral y compra de votos que le achacan, por lo que planteó que vuelve con la cabeza en alto al país, pese a la captura.
#Atención | Tras realizar el proceso migratorio, administrativo y comprobar su buen estado de salud, @MigracionCol puso a disposición de la autoridad judicial competente al exsenador Arturo Char. pic.twitter.com/x5dWbsLJ07
“Con la cabeza en alto y el deber moral que mis principios me imponen, así como el compromiso y amor que siento por la gente del Caribe que siempre me ha acompañado generosamente a lo largo de mi vida política, afrontaré mi defensa sin desfallecer”, apuntó Char.
Además, el excongresista de Cambio Radical aclaró las razones por las que se encontraba en Estados Unidos y no había regresado a Colombia, situación por la cual la Corte Suprema decidió solicitar a las autoridades internacionales que colaborar con su captura.
“Nunca he estado prófugo de la justicia. Trasladé mi lugar de residencia temporalmente a los Estados Unidos por razones estrictamente familiares y porque hasta ayer, solamente había una investigación en curso y no se había proferido ninguna medida judicial que me impidiera salir del país”, explicó el investigado.
Después de materializarse su captura, Char señaló que por medio de su equipo de abogados defensores se encargará de controvertir y desvirtuar las acusaciones de testigos en su contra para resolver su situación judicial lo antes posible.
“Mi inocencia será ratificada en lo que queda por delante del proceso. Tengo la certeza que mis abogados pondrán a disposición de la honorable Corte todas las pruebas para controvertir los testigos en mi contra. Y resolver mi situación de manera favorable rápidamente”, apuntó.
Este jueves la defensa de Char detalló que se estudia un recurso de reposición para pedir prisión domiciliaria, ya que además de dictar la orden de captura la Corte ordenó una medida de aseguramiento de detención preventiva intramural en su contra.
1.Respeto y acato la decisión de la Corte Suprema de Justicia y por esa razón apenas fui notificado el día de ayer empecé a adelantar las gestiones para viajar a Colombia y presentarme lo más pronto posible para ponerme a disposición de la Honorable Corte.
