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Remezón en la estructura de mando del Ejército Nacional

El Ejército Nacional anunció este miércoles un remezón en su estructura de mando con al menos ocho cambios en cargos de alto nivel, que incluyen rotaciones en divisiones, brigadas y comandos clave para el funcionamiento de la institución.

De acuerdo con el comunicado oficial, los movimientos obedecen a necesidades operacionales, estrategias de carrera militar y al fortalecimiento institucional, en línea con lo dispuesto por la normativa vigente.

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Relevos en divisiones y comandos estratégicos

El mayor general Giovanni Rodríguez León, quien venía desempeñándose como comandante de la Segunda División, fue designado como nuevo comandante del Comando de Educación y Doctrina (CEDOC).

En tanto, el brigadier general Federico Alberto Mejía Torres, comandante de la Tercera División, asumirá la dirección del Centro Nacional de Entrenamiento, encargado de la preparación operativa de las tropas.

El brigadier general Javier Hernando Africano López, actual comandante de la Brigada 18, será el nuevo líder de la Tercera División del Ejército, en una rotación clave para el suroccidente del país.

También se confirmó que el brigadier general Rodolfo Morales Franco, al frente de la Brigada 13, pasará a comandar la Segunda División, una de las más importantes por su cobertura en zonas conflictivas del norte del país.

Otro de los cambios estratégicos es el del brigadier general Jorge Ricardo Hernández Vargas, quien deja el CEDOC para asumir como nuevo comandante de la Décima Brigada.

El brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera fue asignado como nuevo jefe del Comando de Personal (COPER), instancia encargada de la gestión del recurso humano del Ejército.

A su vez, el Bg. Samuel Salinas Valencia, quien ocupaba el COPER, asumirá como nuevo comandante de la Brigada 18, ubicada en una zona clave para la vigilancia de fronteras y lucha contra grupos armados ilegales.

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Finalmente, el brigadier general César Augusto Martínez Páez, que venía liderando la Brigada 10, pasará a dirigir la Brigada 13, con jurisdicción en Bogotá y zonas estratégicas del centro del país.

El Ejército aseguró que estas rotaciones buscan fortalecer las capacidades operacionales, mejorar la cobertura en los territorios y consolidar el compromiso institucional con la seguridad, la defensa de la soberanía y la paz en Colombia.

Los relevos hacen parte de los ajustes regulares en las Fuerzas Militares y llegan en medio de un contexto de grandes desafíos en materia de seguridad territorial y relaciones cívico-militares.

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A prisión hombre señalado de abusar sexualmente de dos sobrinos y acosar sexualmente a su cuñada

Colombia, DESTACADOS, JUDICIAL / Alex Beltran

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Puerto Carreño (Vichada), impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre señalado de abusar sexualmente de dos sobrinos, y acosar a su cuñada para que sostuvieran relaciones íntimas.

El procesado habría aprovechado su cercanía con las víctimas para agredirlas reiteradamente. Además de ejercer violencia física y verbal contra su cuñada, con el aparente propósito de forzarla a sostener relaciones sexuales.

Estos hechos ocurrieron durante los años 2024 y 2025 en la comunidad indígena de Kanalitojo en Puerto Carreño (Vichada).

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) imputó al procesado los delitos de acceso carnal abusivo, acto sexual violento y acoso sexual agravado, cargos que no fueron aceptados.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo del Ejército Nacional, fueron los encargados de la captura del procesado.

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Fuerzas Militares completan 111 operaciones en municipios de Bolívar para recuperar orden público

Colombia, DESTACADOS, JUDICIAL / Alex Beltran

Tropas de la Primera División del Ejército y de la Brigada de Infantería de Marina Uno de la Armada mantienen su ofensiva con un objetivo específico: neutralizar las acciones ilícitas de los alias ‘Omar’, ‘Ernesto’ y ‘Harold’, del Grupo Armado Organizado (GAO) ELN; y de alias ‘Jefferson’, ‘Bejuco’ y ‘Piña’, cabecillas del Clan del Golfo.

Las acciones militares para mantener el control territorial han sido reforzadas con la llegada de 500 efectivos adicionales de la Fuerza de Despliegue Rápido Nueve (Fudra), completando un despliegue operacional en el marco del Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho, con el apoyo Fuerza Aeroespacial Colombiana y la coordinación de la Policía.

Las operaciones incluyen asaltos terrestres, patrullajes fluviales y apoyo aéreo con aeronaves no tripuladas y artillería de precisión, lo cual ha permitido golpear de manera simultánea las actividades ilícitas del Clan del Golfo y el ELN, debilitando su capacidad logística y financiera.

Ofensiva conjunta

En tierra, las unidades del Ejército han desactivado minas antipersona y han destruido infraestructuras ilegales.

La Armada ha reforzado el control fluvial con botes de combate, asegurando que los ríos no sirvan como rutas para las economías ilícitas.

En el aire, la Fuerza Aeroespacial Colombiana ha empleado tecnología de punta, con drones y aeronaves de superioridad aérea, para monitorear las zonas de difícil acceso, donde los grupos armados han querido establecer campamentos y laboratorios clandestinos.

Según el parte entregado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, “estamos recuperando paulatinamente la movilidad en el sur de Bolívar» a pesar de los intentos del ELN por aislar a la población civil mediante ataques con drones dirigidos, en un área comprendida entre los municipios de Santa Rosa y Canelos.

Estos ataques del ELN con drones, dijo el funcionario, “intentan desabastecer y aislar a la población, para avanzar en su avaricia criminal de control ilegal de la minería». Aun así, las Fuerzas Militares han retomado el control de corredores estratégicos en municipios como Santa Rosa del Sur, Montecristo, Morales, Achí y Norosí.

Resultados

La minería ilegal, que produce hasta 150 kilos de oro a la semana, según estimaciones de inteligencia militar y policial, son el pilar económico y el motivo de confrontación de los grupos armados en el Sur de Bolívar, lo que ha obligado a intensificar operaciones contra esta actividad, destruyendo maquinaria pesada utilizada por los terroristas.

El narcotráfico, otro pilar de las economías ilícitas, también ha sido objetivo prioritario. En varios municipios del departamento las Fuerzas Militares y la Policía han desmantelado laboratorios de clorhidrato de cocaína, insumos sólidos y líquidos que son empleados como precursores químicos para la creación del alcaloide.

La ofensiva ha permitido identificar 56 bienes inmuebles pertenecientes a integrantes de grupos criminales y, en coordinación con la Fiscalía, se adelantan los procesos de extinción de dominio que corresponden. Además, se cuenta en terreno con cerca de 70 investigadores judiciales para adelantar procesos penales contra el ELN y el Clan del Golfo.

Con la activación del Gaula militar Magdalena Medio, el pasado 1 de junio, ya son más de 25 capturas, 15 armas incautadas y siete operaciones contra este flagelo que busca azotar a comerciantes de la región. En lo corrido del año, en el Sur de Bolívar han sido apresados 82 integrantes de diferentes estructuras criminales en 21 operaciones.

“Nuestras tropas del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía llevan semanas en el territorio, sosteniendo operaciones ofensivas para neutralizar estas disputas criminales, recuperar los corredores viales, restablecer el orden público y proteger la vida de nuestros ciudadanos», indicó el ministro Sánchez.

Apoyo humanitario

Las Fuerzas Militares también han venido desarrollando de manera simultánea un trabajo estratégico de acción integral, donde más de 60.000 personas de la región han sido beneficiadas con jornadas de apoyo al desarrollo y programas de asistencia humanitaria.

Más de 14 toneladas de ayuda humanitaria han sido entregadas en el Sur de Bolívar, y 152 actividades de sensibilización con la comunidad han fomentado la desmovilización, el sometimiento voluntario, la prevención del reclutamiento forzado y la contribución a la gobernabilidad y seguridad humana.

Este esfuerzo mancomunado ha dejado afectaciones al personal uniformado, con 27 heridos y dos asesinados, víctimas de cobardes ataques perpetrados por dichas estructuras ilegales.

“Atacar a la población civil es un acto cobarde y una violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario. Frente a ello, además de desplegar todas las capacidades necesarias de la Fuerza Pública para neutralizar la amenaza, condenamos con firmeza este atentado y advertimos: quienes usan explosivos para intimidar y presionar a las comunidades no son rebeldes, son terroristas», sentenció el ministro de Defensa.

En nombre del Gobierno nacional, el funcionario invitó a las comunidades a denunciar cualquier actividad ilícita que pueda poner en riesgo la vida de la población y de la Fuerza Pública, apoyar el avance de las tropas en la labor de estabilización de un territorio en las líneas 107 Contra el Terrorismo y 147 Contra la Extorsión. Su colaboración es vital.

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Coronel (r) Publio Hernán Mejía enfrenta juicio clave ante la JEP por falsos positivos

Colombia, DESTACADOS / Jonathan Davis

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realiza esta semana los alegatos finales del juicio adversarial contra el coronel en retiro, Publio Hernán Mejía, excomandante del Batallón La Popa, por su presunta responsabilidad en al menos 72 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2005 en Cesar y La Guajira.

La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) lo señala como coautor de crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos homicidios en persona protegida, desapariciones forzadas, desplazamientos y persecución a civiles. Según la UIA, estas acciones hicieron parte de un plan criminal sistemático al interior del batallón para mostrar resultados operacionales ante sus superiores.

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A diferencia de otros 12 militares del mismo batallón que aceptaron su responsabilidad, Mejía optó por no reconocer los hechos, por lo cual fue sometido a un juicio adversarial. Esta decisión lo expone a una condena de hasta 20 años de prisión, la pena más alta prevista en la justicia transicional para quienes no colaboran plenamente con la verdad.

Durante su testimonio en abril pasado, Mejía rompió su derecho al silencio y negó haber participado en un patrón criminal. Alegó ser víctima de falsas declaraciones y sostuvo que su actuar estuvo enmarcado dentro de la legalidad. Sin embargo, la Fiscalía transicional asegura que existen pruebas suficientes para demostrar su participación activa y su rol de liderazgo en los crímenes cometidos.

El juicio, que se realiza los días 5 y 6 de agosto en Valledupar, también incluye las intervenciones de las víctimas acreditadas y sus representantes, quienes han insistido en que el coronel ha sostenido una actitud de negación, sin ofrecer aportes plenos a la verdad ni reconocer el daño causado.

Este proceso hace parte del caso 03 de la JEP, que investiga los llamados “falsos positivos”, es decir, asesinatos de civiles presentados como bajas en combate por agentes del Estado. El Batallón La Popa es uno de los núcleos priorizados en esta investigación, por su alto número de casos y el carácter sistemático de los crímenes.

La decisión final de los magistrados será clave para establecer cómo la JEP sanciona a altos mandos militares que no reconocen su responsabilidad. De ser hallado culpable, Mejía podría convertirse en el primer oficial de alto rango condenado en esta jurisdicción bajo el modelo adversarial.

“Fue una alianza de mutuo beneficio con los paramilitares”: fiscal de la JEP sobre caso La Popa

En desarrollo la audiencia de conclusión en el juicio contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía, excomandante del Batallón La Popa, por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2005 en Cesar y La Guajira.

La diligencia, que se realiza en Valledupar, representa la última oportunidad para que el exoficial reconozca su responsabilidad en los crímenes que se le atribuyen. De no hacerlo, podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión, según la Fiscalía transicional.

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“Se trató de una alianza de mutuo beneficio”, dijo el fiscal. “Mientras los paramilitares necesitaban incrementar el control de la zona y consolidar su expansión, los integrantes del aparato ilegal dentro del batallón necesitaban presentar bajas, para hacer creer que la seguridad se estaba recuperando.”

Serrano explicó además que la participación de los militares bajo el mando de Mejía era recompensada con beneficios como permisos, medallas, condecoraciones, mejoras económicas y comisiones en el exterior. “Recibían dádivas por los resultados obtenidos. Las bajas eran su moneda de cambio”, sostuvo.

La Fiscalía afirma haber probado que estas acciones respondían a un patrón sistemático para mostrar una falsa recuperación del orden público, a través de asesinatos de civiles presentados como combatientes dados de baja.

La Fiscalía afirma haber probado que estas acciones respondían a un patrón sistemático para mostrar una falsa recuperación del orden público, a través de asesinatos de civiles presentados como combatientes dados de baja.

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Tribunal Superior de Bogotá negó tutela a favor de Álvaro Uribe

Colombia, DESTACADOS / Jonathan Davis

El Tribunal Superior de Bogotá le negó a la defensa del expresidente Álvaro Uribe la primera medida provisional con la que buscaba frenar la prisión domiciliaria que le fue impuesta el pasado viernes. La decisión de la jueza Sandra Heredia, que lo encontró culpable de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal y lo sentenció a 12 años de prisión domiciliara, sigue en firme. El magistrado Leonel Rogeles Moreno, encargado de estudiar la solicitud de libertad inmediata que la defensa incluyó en una acción de tutela, ha encontrado que esta “no cumple los estándares de urgencia, necesidad, impostergabilidad, requisitos sine qua non para que, en estos casos, el juez constitucional intervenga desde el inicio del trámite de la tutela, en la forma antes pretendida”.

Por tanto, la orden de privar al político de su libertad —que aún no ha sido ejecutada— deberá cumplirse mientras avanza el trámite de la tutela, que fue interpuesta este mismo lunes por su abogado, Jaime Granados. El objetivo de esta acción constitucional, un mecanismo que se utiliza cuando se considera que se ha vulnerado un derecho fundamental, es que el expresidente pueda apelar el fallo de la jueza, de primera instancia, en libertad. Para ello, el recurso al que ha recurrido Granados es uno de los más rápidos de la justicia colombiana que, en este caso, plantea que a Uribe se le han violado “los derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la libertad”.

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La jueza Heredia argumentó el pasado viernes que dejar al expresidente en libertad enviaría un mensaje de impunidad y podría incentivar la violencia en el país, a lo que la defensa ha respondido que la privación de la libertad de los procesados debe ser excepcional cuando aún no hay una sentencia en firme. Granados señala que el argumento de evitar futuros delitos es “una clarísima negación” de la presunción de inocencia, que no se identificaron cuáles fueron “las supuestas estrategias dilatorias” de la defensa, y que Heredia fue “totalmente ambigua” respecto a cómo la libertad del expresidente afectaría la convivencia ciudadana.

No obstante, Rogeles Moreno, quien estudió la solicitud, consideró que “por el momento ninguna irregularidad se advierte que sea del calado necesario para estimar una afectación relevante a los derechos fundamentales”. Para el magistrado de la Sala Penal, es apresurado determinar que la decisión de la jueza fue arbitraria, algo que se podrá definir “una vez se garantice el ejercicio de contradicción”. La apelación a la sentencia, que va más allá de esta tutela y que buscará tumbar la decisión judicial, se llevará a cabo ante ese mismo tribunal. En caso de obtener un resultado negativo en esa segunda instancia, la defensa de Uribe ha adelantado que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal de la justicia ordinaria.

La tutela inicialmente había recaído, por reparto, en el magistrado Ramiro Riaño Riaño. Debido a que él se encuentra de permiso, el recurso fue designado al despacho de Rogeles, quien resolvió la solicitud y decidió mantener la detención contra el expresidente. La tutela, que seguirá siendo estudiada por el tribunal, regresaría a Riaño una vez retome sus funciones. No obstante, él podría no estar habilitado para analizarla, pues en una ocasión anterior se declaró impedido para revisar una tutela interpuesta por la defensa de Uribe.

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En 2014, Riaño señaló que existía un conflicto de intereses debido a que su compañera sentimental había sido designada fiscal en Zipaquirá en 2013, cuando era fiscal general Luis Eduardo Montealegre, el hoy ministro de Justicia, y quien fue aceptado como víctima en el proceso contra el exmandatario. Riaño, sin embargo, ha sido cuestionado debido a que declaró dicho impedimento después de haber fallado a favor de Uribe. La decisión final, en todo caso, está en el Tribunal de Bogotá, que tiene diez días para pronunciarse sobre la tutela.

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‘Enfrentamos desafíos en materia de empleo, formación y calidad educativa’: MinTrabajo en Foro del Caribe

Bienestar, Colombia, DESTACADOS, Educación, Empleo / Alex Beltran

“El Caribe colombiano necesita más formación en áreas como turismo, logística, comercio exterior, energías renovables, ciencias de datos e inteligencia artificial, entre otros, y es necesario alinear lo que enseñamos con lo que el territorio y las dinámicas mundiales demandan», enfatizó el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, al intervenir en el XI Foro del Caribe.

El titular de la cartera laboral participó en el panel ‘Cobertura y calidad de la educación superior’, junto con representantes de la academia, entre ellos los rectores de la Universidad Simón Bolívar y de la Institución Universitaria de Barranquilla, José Eusebio Consuegra y Arcesio Castro, respectivamente, y el director de la ESAP, Jorge Iván Bula.

Durante su intervención, Sanguino destacó la oportunidad de participar en este diálogo con un tema estratégico para el futuro de la región: el vínculo entre la educación superior y la creación de trabajo digno.

“El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha hecho un gran esfuerzo por incrementar la presencia de la educación pública superior en todas las regiones del país, y poco a poco se ha ido extendiendo en los pequeños municipios. Necesitamos proyectos de educación superior pensados desde una perspectiva de la autonomía regional y territorial», dijo.

Recalcó que la nueva Ley Laboral es una apuesta decidida por la dignidad del trabajo y por el cierre de brechas.

Explicó que un ejemplo de ello es la transformación del contrato de aprendizaje del SENA: “Los cerca de 70 mil aprendices en el Caribe tienen la posibilidad de contar con garantías laborales, ya que reciben remuneración, están afiliados a seguridad social y tienen acceso a prestaciones legales. Ya no son mano de obra barata; son jóvenes en formación con derechos».

Agregó que “por primera vez, los y las estudiantes de Medicina que realizan su año de internado clínico serán reconocidos con un salario y seguridad social, gracias a una reforma que los valora como parte fundamental del sistema de salud y del mundo laboral. Esto representa una paz y una justicia laboral».

El ministro Sanguino invitó a construir una gran alianza entre el Estado, la educación pública y privada, y el sector productivo para afrontar los retos pendientes en materia laboral y educativa.

El titular de la cartera laboral también participó en el Congreso Nacional de Empleo Público, donde instó a los funcionarios a continuar trabajando para reducir desigualdades y avanzar hacia la justicia laboral.

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4.000 hectáreas recuperadas en Córdoba: Colombia avanza en justicia agraria para campesinos y víctimas

Agro, Colombia, DESTACADOS / Alex Beltran

Cerca de 4.000 hectáreas de tierra que en el pasado estuvieron en manos de cabecillas paramilitares y que, posteriormente fueron explotadas de manera ilegal por terratenientes y clanes políticos de la región, fueron recuperadas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el departamento de Córdoba, con el apoyo de la Policía Nacional. Los operativos se desarrollaron en los municipios de La Apartada, Pueblo Nuevo, Tierralta y Buenavista.

En las labores de incautación, adelantadas durante cuatro días, se recuperó un total de siete predios: cuatro de ellos en La Apartada, que suman 737 hectáreas; uno en Pueblo Nuevo, de 1.965 hectáreas; otro en Tierralta, de 930 hectáreas, y uno más en Buenavista, con una extensión de 213 hectáreas.

Un total de 348 familias pertenecientes a asociaciones campesinas, que fueron víctimas del conflicto armado, son ahora las nuevas propietarias de los predios recuperados.

El común denominador en estas recuperaciones son predios que pertenecieron a cabecillas paramilitares como Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, uno de los jefes paramilitares del Bloque Central Bolívar; José Germán Sena Pico, alias ‘Nico’, exjefe político del Frente Sur de los Andaquíes del Bloque Central Bolívar,}; y Salvatore Mancuso.

Estas tierras fueron explotadas de forma ilegal por terratenientes de la región, sin generar beneficios para el Estado y sin cumplir con su función social. Muchas estaban en manos del Fondo de Reparación para las Víctimas, pero por décadas no se materializó ninguna acción reparatoria para quienes padecieron los efectos del conflicto armado.

Hoy, gracias a la intervención del Gobierno de Gustavo Petro, los predios han sido devueltos a manos campesinas y de víctimas, quienes empiezan a reconstruir su vida y su territorio con dignidad, arraigo y trabajo en el campo.

Operativos en La Apartada

En el municipio de La Apartada, según el registro de la ANT, fueron recuperados cuatro predios, que suman un total de 737 hectáreas. Se trata de Isla Sola (200 hectáreas), Isla Sola 2 (343 hectáreas), Lote 3 Isla Sola (115 hectáreas) e Isla Solar 2 (85 hectáreas).

Los predios fueron entregados a 100 familias pertenecientes a las asociaciones Agropecuaria Campesina de Víctimas de La Apartada, Asociación de Productores Hortofrutícolas del Alto San Jorge, Asociación Solidaria Pro-Desarrollo de la Mujer Cabeza de Hogar, y Asociación de Productores Agropecuarios del San Jorge.

La ANT también llegó al predio La Palmira, ubicado en Pueblo Nuevo, con una extensión de 1.965 hectáreas. Esta tierra fue recuperada y entregada a 100 familias pertenecientes a las asociaciones Café Pisao (50 familias), Raíces de San José de Cintura (30 familias) y la Asociación de Pescadores (20 familias), las cuales iniciaron un proceso de arraigo y construcción de vida digna, sobre un territorio que ahora les pertenece.

Operativos en Tierralta

Los operativos, liderados por el director de la ANT, Felipe Harman, continuaron en el municipio de Tierralta, ubicado a solo 15 minutos del corregimiento donde se firmó el Acuerdo de Santa Fe de Ralito en 2003. Allí fue intervenida la hacienda La Macarena, predio de 930 hectáreas que hace parte de los bienes entregados por Salvatore Mancuso para el proceso de reparación de las víctimas del paramilitarismo.

Durante la diligencia de recuperación material Harman constató que el predio estaba siendo ocupado por un mayordomo, quien custodiaba unas 500 cabezas de ganado.

“La Macarena es una finca de lujo, con 930 hectáreas de las mejores tierras de Córdoba. Está vinculada al expediente de Salvatore Mancuso. Hoy, la Agencia Nacional de Tierras ha recuperado este predio para ponerlo a disposición del Comité Municipal de Reforma Agraria de Tierralta y avanzar en la entrega efectiva a campesinas y víctimas del conflicto», indicó Harman.

Esa tierra será adjudicada a 120 familias de asociaciones campesinas, seleccionadas por el Comité Municipal de Reforma Agraria de Tierralta.

La jornada de incautación concluyó en el municipio de Buenavista, con la recuperación del predio Cartagenita, de 213 hectáreas. Este terreno estuvo en poder de Macaco, y fue entregado a 28 familias pertenecientes a 2 organizaciones: la Asociación de Campesinos Agro Pesca Las Marías (14 familias) y la Asociación de Mujeres Campesinas Productoras Agropecuarias de Coyongo (14 familias).

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Colombia se consolida como destino turístico mundial

Bienestar, Colombia, DESTACADOS, ECONOMÍA, ENTRETENIMIENTO, Espacio, GENERALES, Naturaleza, Opinión / Alex Beltran

El turismo internacional hacia Colombia sigue mostrando resultados positivos, consolidando al país como un destino atractivo, diverso y competitivo en la región.

De acuerdo con las cifras oficiales de Migración Colombia, procesadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el número de visitantes extranjeros no residentes alcanzó en junio de 2025 un total de 367.585 visitas.

Esta cifra representa un incremento del 12,2 % frente a junio de 2023 y del 2,1 % en comparación con el mismo mes de 2024, cuando se contabilizaron 359.923 visitantes internacionales.

Destinos

Estados Unidos continúa siendo el principal mercado emisor, aportando 31% del total de llegadas. Se destacan además mercados que registraron incrementos significativos, frente a junio del año anterior: Brasil con 23 % más de visitantes, España con 19 % y México con 11,6 %.

En cuanto a las ciudades destino, Bogotá recibió el 37,2 % de los visitantes internacionales, consolidándose como el principal punto de ingreso al país, seguida de Medellín con 26 % y Cartagena con 16,7 %.

Tráfico aéreo

El tráfico aéreo internacional creció 5,8 %, en mayo de 2025 respecto al mismo mes del año anterior, confirmando el interés creciente de los viajeros internacionales en el país.

Entre enero y mayo de 2025 se movilizaron 22,3 millones de personas por vía aérea: 12,5 millones en vuelos nacionales y 9,7 millones en vuelos internacionales, lo que equivale a un aumento de 2,3 % respecto a 2024.

Alojamiento

El sector de alojamiento también muestra excelente comportamiento. Según datos del DANE, en mayo de 2025 la tasa de ocupación hotelera fue del 47,3 %, lo que significa un incremento de 0,7 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior.

Bogotá lideró la ocupación con 58,7 %, seguida de San Andrés (57,3 %) y Cartagena (56,6 %). En el acumulado enero–mayo, la ocupación hotelera se mantuvo estable en 48,9 %, igual que en 2024.

Tendencia positiva

“La tendencia general del turismo internacional hacia Colombia sigue siendo ascendente, respaldada por la ampliación de rutas aéreas, el posicionamiento del país en mercados estratégicos y la diversidad de experiencias turísticas que ofrecen sus regiones”, indicó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

La entidad reafirmó el compromiso del Gobierno nacional de seguir trabajando junto con el sector privado y los territorios para potenciar la llegada de visitantes internacionales, impulsar el turismo sostenible e incrementar los beneficios económicos y sociales que esta actividad genera en todo el país.

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Defensa de Uribe ya radicó tutela para pedir su libertad condicional

Colombia, DESTACADOS / Jonathan Davis

La defensa del condenado expresidente Álvaro Uribe Vélez acaba de presentar una tutela ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, con la que busca que se suspenda la orden de prisión domiciliaria contra su prohijado. De acuerdo con el documento, al exjefe de Estado se le habrían vulnerado derechos fundamentales de dignidad humana, debido proceso, presunción de inocencia y libertad.

La tutela presentada por el abogado Jaime Granados señaló que los derechos del Uribe fueron vulnerados «al haber ordenado la privación de su libertad de forma inmediata a pesar de que la condena proferida, en su contra, no se encuentra en firme, acto que se desarrolló bajo graves vicios de motivación y en claro desconocimiento de su presunción de inocencia, tornando su detención en arbitraria y contraria a la dignidad humana».

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Dentro de las peticiones que le hizo al Tribunal, está la de suspender provisionalmente la orden de captura contra el condenado y, en caso de que ya se haya dado cumplimiento, “ordenar a quién corresponda el restablecimiento inmediato de la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez”.

Asimismo, la defensa del expresidente Uribe pidió que se declarara que el Juzgado 44 Penal de Bogotá «trasgredió los derechos fundamentales a la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad» de Álvaro Uribe. Esto, dice el abogado Granados, para que se garantice “el derecho que le asiste a permanecer en libertad, al amparo de la presunción de inocencia, mientras se dicta una decisión definitiva en el referido proceso penal”.

En la tutela de 91 páginas, la defensa de Uribe argumenta que en la sentencia dictada por la jueza Sandra Liliana Heredia tuvo varios errores y no tenía un sustento real para ordenar la detención del expresidente. Según resaltó el abogado Granados, lo decidido por el despacho “se deriva de claros vicios de motivación y presupone privar de la libertad a un ciudadano bajo premisas inconstitucionales que implican desconocer su presunción de inocencia y tratarlo como culpable”.

Para los abogados del condenado Uribe, la sentencia contra su cliente es “una clarísima negación de la presunción de inocencia, pues, se da por sentado que como se cometió un delito es necesaria su detención para evitar que se siga delinquiendo, aspecto que desconoce que la condena no se encuentra en firme y que hoy para ningún efecto, Álvaro Uribe Vélez, puede ser considerado ni tratado como culpable”.

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Agregan los abogados que “justificar entonces la detención inmediata en pro de los efectos disuasivos de la pena, es desconocer gravemente la presunción de inocencia y darle a la detención ordenada un carácter de pena anticipada, lo cual desconoce las garantías fundamentales”.

La tutela se da tras la lectura de la sentencia leída contra el expresidente Uribe el pasado 1 de agosto, cuando se le impuso una pena de 12 años de prisión domiciliaria y una multa de más de $ 3.444 millones por los delitos de fraude procesal y soborno de testigos en actuación penal. La decisión fue apelada por Uribe y su defensa y el caso tendrá que ser resuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

La decisión de segunda instancia tendrá que ser tomada por el Tribunal antes de que termine octubre de este año, pues el proceso en contra del expresidente prescribiría para esas fechas y, de no haberse definido, tendrá que archivarse.

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Asegurado presunto integrante de ‘La Segunda Marquetalia’ señalado de actividades delictivas en Nariño

Colombia, DESTACADOS, JUDICIAL / Alex Beltran

Anderxon Gilberto Chacón Moriano, presunto integrante de las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia fue presentando ante un juez de control de garantías por su presunta responsabilidad en actividades criminales en diversos municipios en Nariño.

En ese sentido, un fiscal especializado le imputó el delito de concierto para delinquir agravado. En audiencias concentradas no aceptó el cargo y le fue impuesta medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Según la investigación, desde 2022 Chacón Moriano se habría concertado con otras personas para realizar actividades delictivas a nombre del grupo armado ilegal como secuestros, extorsiones y homicidios selectivos en Mallama y Ricaurte.

El hombre fue capturado en el Puente de Rumichaca, luego que las autoridades de Migración Ecuador lo entregaran a funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), uniformados de la Policía y soldados del Gaula Militar, cumpliendo una orden emitida por un juzgado penal ambulante de Pasto en agosto de 2024.

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Relevos en divisiones y comandos estratégicos

​Ofensiva ​conjunta

​Resulta​​​dos

​Apoy​o humanitario

“Fue una alianza de mutuo beneficio con los paramilitares”: fiscal de la JEP sobre caso La Popa

Operativos en La Apart​ada

Operativos en Tierral​​ta

Destinos

Tráfico aéreo

Alojamiento

Tendencia positiva

Ofensiva conjunta

Resultados

Apoyo humanitario

Operativos en La Apartada

Operativos en Tierralta