Nombre del autor:Jonathan Davis

Los cultivos de hoja de coca siguen creciendo en todo el país y el Gobierno lo sabe. Por eso, y pese a que es una medida poco aplaudida por el presidente Gustavo Petro y sus seguidores, la Policía Nacional inició con los planes de erradicación forzada en las zonas más cocaleras de Colombia.

A principios de la semana pasada, la Policía Antinarcóticos empezó a desplegar tropas para la eliminación de matas de coca de manera manual y forzada. Esto último teniendo en cuenta que el uso de glifosato está suspendido por orden judicial y que, de todos modos, es un método que Petro nunca usaría por el costo ambiental que eso implica.

Así las cosas, la erradicación forzosa manual implica que los soldados tengan que desplazarse hasta cada uno de los narco-cultivos a aplicar químicos y arrancar las matas sembradas.

Te invitamos a leer: Gobernación de Nariño y ELN instalarán mesa de diálogos regionales en marzo

Sin embargo, para el Gobierno sigue siendo prioridad “acordar” con los cultivadores de hoja de coca un solo compromiso permanente e inamovible: que por lo menos no expandan aún más sus cultivos.

Si eso se da con éxito, como planea el Gobierno, la medida podría ayudar a que el próximo informe de la ONU no reporte un nuevo pico con miles de hectáreas por encima de lo que ya está.

Pese a que los movimientos de personal para arrancar con esas tareas ya sucede en Nariño y Norte de Santander, dos de los departamentos más afectados por la siembra de coca, lo cierto es que el Gobierno aún no ha fijado una meta de erradicación para 2024.

Para 2023, la meta de las autoridades a nivel nacional fue erradicar 20.000 hectáreas de hoja de coca y la cumplieron. Justo por eso, se espera que la meta de este año sea igual o muy similar a esa.

En este punto es clave recordar que el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Organización para las Naciones Unidas, ONU, registró un máximo histórico de 230.000 hectáreas de hoja de coca para 2022, una cifra récord que mostró un panorama cada vez más complejo para solucionar el problema de las drogas.

De todos modos, en todo esto de la erradicación forzada también juega un rol muy importante la voluntad política para implementar una política de eliminación de cultivos drástica y radical.

Según lo que han dicho el presidente Petro y su ministro de Justicia, Néstor Osuna, para este Gobierno es prioridad la sustitución voluntaria y la eliminación de la persecución judicial para pequeños cultivadores.

De hecho, la nueva política pública para el tratamiento de las drogas en Colombia estableció una metodología que a Petro le gusta llamar “oxígeno y asfixia”: una metáfora para decir que a los pequeños cultivadores que siembran solo porque quieren sobrevivir de eso se les dará aire y oportunidades, y a los narcotraficantes y líderes del comercio se les perseguirá hasta el final.

Pese a eso, la erradicación voluntaria no dio ni un solo resultado durante todo enero pasado, una cifra que puede alertar a países aliados como Estados Unidos.

Por ahora se sabe que desde el 15 de enero todos los agentes de la Fuerza Pública implicados en labores de erradicación y trabajo con comunidades están recibiendo un “reentrenamiento” en Derechos Humanos. Así lo dijo orgulloso el coronel Silvestre Sánchez, recién posesionado director de la Dirección Antinarcóticos.