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La Fiscalía imputará cargos al excandidato presidencial Rodolfo Hernández

Se conoció que el excandidato presidencial Rodolfo Hernández y su esposa y gerente de campaña, Socorro Oliveros, serán imputados por la Fiscalía al ser denunciados por posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial en 2022.

La audiencia de imputación de cargos está programada para este viernes, a las 7:30 de la mañana, en el Juzgado 8 Penal de Control de Garantías de Bucaramanga, según dio a conocer la emisora Blu Radio.

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La demanda fue interpuesta en junio de 2022, tres días antes de la segunda vuelta presidencial, por los abogados vallecaucanos Óscar Fuentes e Indemaro Luján Lozada, con el argumento de que Rodolfo Hernández habría violado la Ley 1475, que regula la financiación de campañas políticas al aportar un poco más de $127 millones a su aspiración a la Presidencia.

«La denuncia se presenta ante la Fiscalía General de la Nación porque hay una prohibición en la cual incurrió la campaña de Rodolfo Hernández y es que, en nuestro Código Penal, se advierte que no se pueden financiar con recursos prohibidos. Ninguna campaña puede recibir dinero ni ingresar en su presupuesto recursos que están prohibidos por la ley», sostuvo el jurista.

Fuentes aseguró, en su momento que la destinación de recursos propios de Rodolfo Hernández en la campaña presidencial incurre en la prohibición debido a que él fue imputado y tiene en su contra un escrito de acusación, el cual estaba en etapa de juicio.

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«Cuando una persona está haciendo procesada, en este caso en juicio como él y esa persona va a invertir en una campaña, no lo puede hacer si el delito por el cual se le investiga es un delito contra la administración pública. En este caso, el candidato está imputado, en juicio, por un delito contra la administración pública, por lo tanto, enmarca perfectamente en la prohibición. Él no puede utilizar sus propios recursos para financiar la campaña», declaró Fuentes.

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Fiscalía citó a imputación de cargos al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina - Google

Fiscalía citó a imputación de cargos al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina

La Fiscalía General citó al actual alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, a una audiencia de imputación por la investigación que se adelanta por el delito de la contratación sin cumplimiento de requisitos legales.

En la diligencia que quedó programada para el próximo 29 de enero del 2024, el ente investigativo también citó a Marco Aurelio Vera, exdirector de la unidad Administrativa de Servicios Públicos, y Juan Flórez González, por los presuntos hechos de corrupción en el departamento del Valle del Cauca.

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La denuncia contra el saliente alcalde de Cali fue presentada por el abogado Elmer Montaña, vocero del colectivo ciudadano Colombia.

“A comienzos de 2021 presentamos denuncias penales contra el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por la contratación irregular que celebró en el año 2020, relacionada con contratos de Feria de Cali, alumbrado navideño y otros contratos inter administrativo”, manifestó el abogado.

Sin embargo, Montaña criticó el lento accionar de la Fiscalía al asegurar que “en el año 2022 un investigador de la Fiscalía nos dijo que las investigaciones estaban surtidas desde el año 2021, pero que había orden del nivel central en el sentido de no tomar ninguna decisión en contra del alcalde de Cali hasta que no terminara su periodo”.

El abogado presentó el documento de la Fiscalía firmado por el fiscal 85 seccional Luis Fernando Serrano, en el cual se presenta la citación contra el alcalde Ospina en el proceso que lleva el juzgado 21 penal municipal por las presuntas irregularidades en el alumbrado público de la ciudad y señala que las órdenes para no ‘tocar’ al alcalde eran ciertas.

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“Este documento demuestra que era cierta la orden que se le había impartido las órdenes a los fiscales de Cali en el sentido de no tocar a Jorge Iván Ospina hasta que terminara su mandato”, añadió el abogado.

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La Fiscalía radicó principio de oportunidad de Day Vásquez en caso Petro

La Fiscalía General de la Nación radicó ante los jueces de Barranquilla el principio de oportunidad que le da dos años de inmunidad penal a Daysuris Vásquez a cambio de convertirse en testigo contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, en delitos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Daysuris Vásquez, con este principio de oportunidad, tiene dos años para cumplir con todos los compromisos y le otorga inmunidad total. Dicho principio contempla cuatro delitos y compromete a Vásquez como testigo contra Nicolás Petro Burgos y otras personas.

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Según explicó la Fiscalía, «el principio de oportunidad radicado este miércoles le daría a Daysuris Vásquez inmunidad total para que el ejercicio de la acción penal se suspenda por un lapso de dos años respecto a los delitos de lavado de activos y violación de datos personales, también por las conductas de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, ambas conductas en calidad de interviniente.»

Además, la firma de este principio de oportunidad se dio gracias a que la información brindada por Vásquez posibilitó que el delito de lavado de activos dejara de ejecutarse.

“Se resalta que la colaboración de Daysuris Vásquez constituye una condición sin la cual no hubiera sido posible tener conocimiento de graves atentados que se habrían cometido contra los bienes jurídicos del orden económico-social, la administración pública, la fe pública, la información y los datos personales”, señaló la Fiscalía.

Precisamente, en el marco de este caso, el pasado 29 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia decidió que el juicio contra Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito se llevará a cabo en el Juzgado 2 Penal Especializado de Barranquilla. El alto tribunal desestimó la solicitud de los abogados del hijo del presidente Gustavo Petro que pedían que el juicio se adelantara en Bogotá.

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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró que la competencia para conocer la etapa de juzgamiento del proceso penal que se adelanta contra Nicolás Fernando Petro Burgos, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, corresponde al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla.

La decisión de la definición de esta competencia fue adoptada de manera unánime, porque para todos los magistrados fue claro que, aunque los hechos habrían ocurrido tanto en Bogotá como en Barranquilla, la mayoría de presuntos ilícitos y los más graves (lavado de activos) habrían ocurrido en Barranquilla.

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La Fiscalía archivó investigación contra la vicefiscal Martha Mancera

La Fiscalía General de la Nación archivó una indagación que cursaba contra la vicefiscal general, Martha Janeth Mancera, por cuenta de una denuncia anónima dentro del caso de los ‘narcofiscales’.

En ese sentido, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación, tras verificar la denuncia anónima que se recibió el 29 de junio de 2021, en la que advertían que se habían beneficiado algunos fiscales que estaban relacionados con hechos de corrupción.

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“En un mismo sentido, citaban posible favorecimiento a funcionarios de la Seccional Cali investigados por presuntos actos de corrupción, y otras actuaciones aparentemente contrarias a la ley mientras desempeñó cargos directivos en Valle del Cauca y en su condición de vicefiscal”, mencionó el comunicado.

También se recibió otra denuncia en la que advertían que los supuestos hechos de corrupción involucraban directamente a Mancera y señalaban que tendría interés en beneficiar a las organizaciones criminales de Cali.

“Luego de realizar inspecciones a diferentes procesos y distintas actividades investigativas, que contaron con apoyo de la DIJIN de la Policía Nacional; y recopilar testimonios, como los de Ramón Esteban Peña Martínez, alias El Médico, y la abogada Ruth García Rojas, entre otras personas que señalaron no conocer a la Vicefiscal ni dar fe de los señalamientos en su contra; y ante la ausencia de material de prueba o elementos serios aportados por los denunciantes, resultó imposible explorar y reconocer una posible hipótesis delictiva”, expresó la Fiscalía.

En medio de la investigación no se encontró ninguna prueba en contra de la vicefiscal.

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“Quedó demostrado que no hay ninguna evidencia ni información que respalde intervención o favorecimiento a alguna persona. Asimismo, se constató que las actuaciones en contra de los funcionarios citados en las denuncias como presuntos responsables de actos de corrupción tienen un importante y efectivo avance investigativo y judicial”.

La Fiscalía precisó que tampoco se evidenció que la vicefiscal hubiese cometido ningún delito.

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Fiscalía citó a versión libre al expresidente Álvaro Uribe Vélez por masacre de El Aro - Google

Fiscalía citó a versión libre al expresidente Álvaro Uribe Vélez por masacre de El Aro

El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez fue citado por un delegado de la Fiscalía General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia para que rinda declaración libre tras las acusaciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, que lo acusó de tener conocimiento de la masacre de El Aro, cometida por las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) el 22 de octubre de 1997.

El ex jefe de Estado también deberá dar su testimonio por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, que fue perpetrado el 27 de febrero de 1998. Según confirmó el ente investigador, la diligencia judicial se hará por solicitud del exmandatario, que a través de sus redes sociales pidió formalmente ser escuchado en este proceso, luego de los señalamientos de Mancuso.

La versión libre fue programada para el lunes 27 de noviembre y se desarrollará de acuerdo con los parámetros que están definidos en la Ley 600 del 2000, que comprende al anterior sistema penal. “Con relación a estos casos, la Fiscalía ha realizado innumerables actividades investigativas y recopilado abundante material de prueba para lograr el pleno esclarecimiento de los hechos”, manifestó la entidad.

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En la audiencia reservada efectuada ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el ex cabecilla de las autodefensas habló de la masacre de El Aro y el crimen de Valle y manifestó que Uribe Vélez “siempre tuvo conocimiento” de las operaciones de la estructura paramilitar que llevaron a esta masacre, en la que fueron asesinadas 17 personas, todas ellas campesinas, mientras que cientos más huyeron de la zona.

“Fue Iván Ramírez (general retirado) quien me manda para que organice y coordine la operación que me pide Pedro Juan Moreno, y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe. Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní, el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba me llevó a reunirme a la finca de Uribe, por el gobernador Uribe para aquel momento y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro”, dijo Mancuso.

En esa época, Uribe era gobernador de Antioquia y Moreno, secretario del gabinete del entonces mandatario regional, que ejerció en el cargo entre 1995 y 1997. Según el exjefe “para”, desde la gobernación existía “preocupación enorme” por el traslado de secuestrados hacia esa zona, por parte de la guerrilla de las Farc, motivo que derivó a la planificación de esta ofensiva.

El ataque fue planeado, de acuerdo con Mancuso, con el general (r) Alfonso Manosalva, excomandante de la IV Brigada, que murió antes de la masacre, por lo que la operación continuó fue un general de apellido “Ospina”, que por el registro del sucesor del fallecido oficial, podría tratarse del general (r) Carlos Ospina Ovalle; aunque no mencionó su nombre.

A través de su perfil de X (antes Twitter), el abogado Miguel Ángel del Río Malo, que ha seguido de cerca este caso como representante de las víctimas, adelantó el llamado al expresidente de la República y anunció que estará presente en las declaraciones que entregue Uribe Vélez. En su mensaje citó a María Fallón, defensora de derechos humanos y representante de víctimas.

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“Llamado a versión libre por la Fiscalía el Expresidente Uribe Vélez por el asesinato de Jesús María Valle, las masacres del Aro, la granja, San Roque y otros. Lo que siempre han pedido las víctimas. Allí estaremos”, manifestó el letrado, conocido contradictor del ex jefe de Estado.

Además, Álvaro Uribe Vélez deberá comparecer ante los tribunales el miércoles 29 de noviembre, en el proceso que se adelanta en su contra por el delito de calumnia, tras la denuncia interpuesta por el periodista Daniel Coronell. “Entonces Daniel Coronell debe someterse a la JEP para que confiese su delito de narcotráfico”, publicó Uribe Vélez el 6 de abril de 2017, lo que ameritó el proceso legal en su contra.

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Fiscalía radicó escrito de acusación contra la excongresista Aida Merlano - Google

Fiscalía radicó escrito de acusación contra la excongresista Aida Merlano

La Fiscalía presentó el escrito de acusación contra Aida Merlano Rebolledo, por el delito de fuga de presos tras los hechos ocurridos el 1° de octubre del 2019, cuando la excongresista, quien se encontraba presa en la cárcel El Buen Pastor, por una medida de aseguramiento impuesta por la Corte Suprema de Justicia, aprovechó que se encontraba en una cita en el centro Médico de la Sabana, por un procedimiento estético practicado por el odontólogo particular Javier Guillermo Cely Barajas, para escaparse.

Según el documento de la Fiscalía, la excongresista aprovechó para lanzarse por la ventana del consultorio que daba al parqueadero del edificio, con la ayuda de una cuerda y guantes, elementos que le fueron suministrados por terceros, más un entramado de corrupción por parte de funcionarios del Inpec y de particulares que facilitaron la fuga de Merlano Rebolledo.

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Según la Fiscalía, Aida Merlano, conocía que fugarse de su sitio de reclusión, que en ese momento era la cárcel Buen Pastor, estando privada de la libertad, era una conducta contraria a la ley y quiso hacerlo. Además, señala que la excongresista tenía la plena capacidad para comprender la ilicitud de su actuación y tenía absoluta claridad de las consecuencias legales de fugarse al estar presa.

Razón por la cual, la Fiscalía presentó el escrito de acusación por el delito contemplado en el artículo 448 del código penal, cuya sanción establece una pena de prisión de 48 a 104 meses de cárcel, y este jueves 16 de noviembre será acusada formalmente en audiencia pública.

Cabe recordar que Aida Merlano denunció que los Char y Gerlein contrataron al criminal alias ‘Salvador’ para su fuga y reveló tres nombres de presuntos criminales que, según ella, fueron contratados por los Char y Gerlein para consumar su huida y luego secuestrarla.

Además, la excongresista denunció a Alejandro Char, Arturo Char, Fuad Char y a Julio Gerlein porque, supuestamente, enviaron a sus abogados a visitarla a la cárcel Buen Pastor en 2019, para que no declarara contra ellos en la Corte Suprema sobre la presunta compra de votos en atlántico. La denuncia relata que Sergio Cadena, un abogado de Arturo Char, no solo visitó en la cárcel a Aida Merlano para decirle que cambiara su testimonio, sino que también apareció en la diligencia de Aida Merlano en la Corte Suprema, y producto de su presencia, ella en ese momento no hizo mención a los Char y a los Gerlein.

Según la denuncia, justo antes que Aida Merlano entrara a esa diligencia, dentro de las instalaciones de la corte, la dragoneante del Inpec que la custodiaba le dijo que tenía una llamada, y en esa una persona le dijo: “Si usted quiere a su familia quédese con la boca callada”. Por miedo a que le pasara algo a sus hijos, Aida Merlano no dijo nada sobre ellos en esa diligencia.

Otra revelación que hizo Merlano en la denuncia, es que tres días antes de la fuga, la excongresista tuvo una videollamada con un hombre identificado como ‘Salvador,’ a quien Merlano describe con un acento monteriano y de tez morena, y quien se encontraba acompañado con Arturo Char, Alejandro Char, Fuad Char y Julio Gerlein, donde se ultimaron detalles del escape de la excongresista, la ruta por la cual debía huir, así como elementos que servirían para un cambio de vestuario o la cuerda por la cual debía bajar desde el tercer piso de la clínica.

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Para Aida Merlano, Alejandro Char y Fuad Char “no solo idearon, sino que planearon el entramado criminal mediante la contratación de una organización criminal liderada por quien se identificaba como alias ‘Salvador’, pero donde también salen a relucir los alias de ‘El Paisa’ y ‘Juan Carlos’, quienes estuvieron involucrados no solo en la fuga, sino también, según Aida Merlano, en su secuestro donde sufrió abusos sexuales y golpizas.

Es de mencionar que, según la versión de la excongresista, luego de haberse fugado del consultorio odontológico el 1 de octubre de 2019, ella fue llevada a un apartamento en Bogotá, donde estuvo secuestrada y luego fue llevada contra su voluntad a Valledupar, donde logró escapar de sus captores para irse a Venezuela.

Producto de esta denuncia y varias investigaciones, la Fiscalía imputará los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal a los abogados Antonio Deyong, Diego Muñetón y al empresario Julio Gerlein.

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Fiscalía abrió investigación por el secuestro de los soldados en El Plateado, Cauca - Captura de video

Fiscalía abrió investigación por el secuestro de los soldados en El Plateado, Cauca

La Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de una investigación en relación con los hechos que tuvieron lugar en el corregimiento de El Plateado, ubicado en la zona rural de Argelia, Cauca.

Allí se perpetró el secuestro masivo de más de 100 soldados, que posteriormente fueron liberados en la tarde del pasado domingo. Las disidencias de las Farc son señaladas como las responsables de estos hechos.

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“Este sábado 4 de noviembre de 2023, se pudo evidenciar una posible instrumentalización y amenazas a la población civil de El Plateado y las veredas cercanas del corregimiento por parte de la estructura Carlos Patiño del autodenominado Estado Mayor Central de las Farc, obstaculizando la misión constitucional de la Fuerza Pública a través de asonadas, donde fueron secuestrados integrantes del Ejército Nacional”, había indicado un comunicado del Ejército.

Estos secuestros han desencadenado una respuesta inmediata de las autoridades judiciales. “La Fiscalía, a través de la Seccional Cauca, abrió noticia criminal para el esclarecimiento del caso. En este sentido, fue conformado un equipo especializado de fiscales e investigadores para apoyar la investigación. En trabajo conjunto con el Grupo Gaula se están atendiendo los actos urgentes”, anunció la Fiscalía.

De acuerdos con las Fuerzas Militares, se había logrado la liberación de los miembros de la fuerza pública secuestrados gracias a la presión ejercida por las tropas del Ejército.

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Además de la liberación, la entidad anunció que cada uno de los uniformados que estuvo en cautiverio será evaluado por personal médico: “la unidad que había sido secuestrada, fue liberada y extraída; se procederá a verificar el estado de salud de todos soldados”.

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Fiscalía radicó escrito de acusación contra Óscar Iván Zuluaga y su hijo - Google

Fiscalía radicó escrito de acusación contra Óscar Iván Zuluaga y su hijo

La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación en contra del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y a su hijo David Zuluaga Martínez, quien, además, fue gerente de su campaña durante las elecciones de 2014. Esto por las diferentes maniobras que habrían desplegado para ocultar los aportes que Odebrecht hizo para cubrir gastos de publicidad.

Según las pruebas, Óscar Iván Zuluaga sabía que recibir financiación de fuentes internacionales era ilícito y presentó, ante la autoridad electoral, los informes de ingresos y gastos de primera y segunda vuelta sin reportar la contribución económica de la multinacional brasilera. Así, obtuvo por concepto de reposición de votos más de 25.291 millones de pesos.

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Por estos hechos habría inducido en error a las autoridades electorales, que le reconocieron a la campaña presidencial la reposición de votos y cerraron una investigación por financiación extranjera.

Además, el candidato y su gerente de campaña rindieron declaraciones ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en las que omitieron información sobre los aportes de la multinacional. De esta manera, presuntamente, indujeron en error al CNE, que cerró una investigación administrativa que realizaba por financiación extranjera.

Para la Fiscalía, se vulneró el artículo 109 de la Constitución Política, el cual prohíbe a los partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos recibir recursos de personas naturales o jurídicas extranjeras para campañas electorales. Adicionalmente, se generó un incremento patrimonial injustificado a favor de ‘Zuluaga Presidente 2014 – 2018’.

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En ese sentido, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó a Zuluaga Escobar por dos hechos de falsedad en documento privado, tres de fraude procesal y uno de enriquecimiento ilícito de particulares; a Zuluaga Martínez le atribuye un evento de fraude procesal.

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Fue revocada la orden de captura contra Cielo Gnecco por secuestro agravado

Desde la Fiscalía General de la Nación confirmaron que una fiscal local de Valledupar (César) revocó la orden de captura que se impuso contra Cielo María Gnecco Cerchiaro, quien es conocida como ‘Doña Cielo’ y la ‘Cacica Política’, ha sido primera dama de la Gobernación del Cesar en varias ocasiones y es considerada como la mujer más poderosa del departamento del Cesar.

La decisión la adoptó la fiscal quinta especializada Nancy del Carmen Martínez. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación determinará si existe mérito para abrir una investigación en contra de la funcionaria judicial por esa decisión.

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La orden de captura contra Gnecco se conoció el pasado 6 de octubre a través de la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Valledupar. Sin embargo, según reveló Sigue La W el 10 de octubre, esta orden nunca se hizo efectiva porque Gnecco Cerchiaro nunca fue capturada, de manera que se encontraba prófuga de la justicia y, hasta la fecha, se desconoce su paradero.

Esta orden se emitió mediante la expedición de una providencia de 31 páginas en la que se declararon delitos de lesa humanidad las conductas punibles de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo, homicidio en persona protegida de Jairo Alberto Hernández Hinojosa y Carlos Alberto Mendoza Guerra, excontratistas de la Gobernación.

El documento también revocó la medida de aseguramiento con detención preventiva en establecimiento carcelario de Gnecco, al considerarla determinadora de los delitos antes mencionados.

Es preciso señalar que, de acuerdo con el Código Penal, la acción para los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra es imprescriptible.

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Según la Fiscalía General de la Nación, Julio Manuel Argumedo, alias ‘Gabino’ y quien fue líder paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), confesó que Cielo Gnecco le pidió al grupo paramilitar que llevara a cabo los secuestros extorsivos de Hernández y Mendoza, quienes no le habrían pagado una coima de contratos por más de $2.500 millones. Posteriormente, los dos fueron asesinados por petición de Gnecco.

Estos hechos ocurrieron cuando Gnecco era gestora social del departamento en el mandato de Rafael Bolaños Guerrero, su cuñado, quien en 2003 fue destituido e inhabilitado para ejercer cargos de elección pública por cinco años. En esa época, la Procuraduría General de la Nación reveló descubrió que Bolaños utilizó su cargo para que su Gnecco impulsara la candidatura de su hijo Luis Alberto Monsalvo Gnecco a la Cámara de Representantes.

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Fiscalía ocupó bienes del museo de Pablo Escobar por más de $ 10 mil millones - Cortesía

Fiscalía ocupó bienes del museo de Pablo Escobar por más de $ 10 mil millones

La Fiscalía General de la Nación ocupó con fines de extinción de dominio un inmueble que habría sido adquirido por Pablo Emilio Escobar Gaviria, con dineros producto de las actividades narcotraficantes ejercidas durante las décadas de los ochenta y noventa.

El predio, ubicado en el barrio La Asomadera 2, en Medellín (Antioquia), tiene un valor preliminar de 12.000 millones de pesos. En él se exhiben artículos alusivos al exjefe del extinto ‘Cartel de Medellín‘ y a su historial criminal.

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Según el comunicado de la Fiscalía, el inmueble habría sido adquirido por Pablo Escobar a través de testaferros. Tras su muerte, la tradición quedó en cabeza de distintas personas.

Al parecer, esta situación fue aprovechada por Roberto de Jesús Escobar Gaviria, hermano del excabecilla narcotraficante, quien presuntamente desplegó distintas acciones para mantener el dominio sobre el bien.

Los elementos de prueba, según la Fiscalía, indican que Roberto Escobar ocupó el inmueble de manera ininterrumpida, promovió varias mejoras y adecuaciones, y logró que en los registros públicos quedara a título de una mujer, quien funge como propietaria.

“Este resultado hace parte de la estrategia ‘Argenta’, dispuesta por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para afectar las finanzas de la criminalidad organizada, los grupos narcotraficantes y la delincuencia. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar el bien afectado con medidas cautelares”, informó la Fiscalía en el comunicado.

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La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar el bien afectado con medidas cautelares.

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