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Fiscalía y María Alejandra Benavides Soto acuerdan principio de oportunidad - Foto: Redes sociales

Fiscalía y María Alejandra Benavides Soto acuerdan principio de oportunidad 

La Fiscalía General de la Nación radicó ante un juez de control de garantías la solicitud de legalización del principio de oportunidad para María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda, en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). 

La audiencia para formalizar el acuerdo está programada para el próximo 22 de julio, y se espera que allí se determine si se avala el beneficio judicial a favor de Benavides, quien se ha convertido en una pieza clave dentro del entramado de este caso. 

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El principio de oportunidad permitiría suspender la acción penal en su contra, siempre y cuando la exfuncionaria colabore eficazmente con la justicia, aporte información relevante y contribuya al esclarecimiento de los hechos y a la identificación de otros responsables en la red de corrupción que ha salpicado a varios funcionarios y contratistas. 

Benavides Soto se perfila como la principal testigo contra el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Según ha declarado ante la Fiscalía, Bonilla estaría directamente vinculado con el entramado de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). 

La exasesora ha entregado detalles sobre una operación que, según ella, se habría gestado en diciembre de 2023 para aprobar de forma exprés una millonaria línea de crédito internacional requerida por el Gobierno Nacional. En su testimonio, señala que hubo un supuesto acuerdo entre su exjefe Ricardo Bonilla, el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo. 

De acuerdo con su versión, el objetivo de esa reunión era destrabar la aprobación de los créditos y canalizar recursos para ”comprar senadores y representantes a la Cámara”, con el fin de asegurar respaldo político. Estas afirmaciones han sido tomadas por la Fiscalía como elementos clave dentro de la investigación y sustentan la solicitud del principio de oportunidad, bajo el compromiso de que la exasesora aporte pruebas contundentes para avanzar en la judicialización de los altos funcionarios implicados. 

El relato de la exfuncionaria coincide con el del Olmedo López y Sneyder Pinilla, quien afirmaron que para lograr esos créditos Bonilla, Ramírez y Velasco destinaron contratos de la UNGRD por 92.000 millones de pesos para sobornar a los congresistas. 

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Benavides también le contó a la Fiscalía que en su momento contactó a los congresistas para brindar los contratos en municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar), como mecanismo para influir en la Comisión de Crédito Público. 

Y reconoció que llamó Karen Manrique, congresista de las curules por la paz, porque estaba interesara en un contrato en Arauca

La intención, según el ente acusador, era lograr que varios legisladores votaran a favor de la aprobación de créditos solicitados por el Ejecutivo. Estos recursos estaban destinados a respaldar proyectos gubernamentales, pero habrían sido gestionados bajo presiones indebidas, dentro de un esquema más amplio de corrupción en la UNGRD. 

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Fiscalía pidió condena contra el expresidente Álvaro Uribe por soborno a testigos - Foto: Tomada de Internet

Fiscalía pidió condena contra el expresidente Álvaro Uribe por soborno a testigos 

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlenne Orjuela, pidió a una juez de Bogotá emitir una sentencia condenatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El exmandatario se encuentra en medio de un juicio por supuesto soborno de testigos y fraude procesal. 

«Pruebas practicadas con inmediación y bajo su dirección han sido concluyentes hoy con pleno respeto de las garantías procesales con comparece el ente fiscal a solicitar de manera clara y firme un sentido de fallo condenatorio contra el ciudadano Álvaro Uribe Vélez en su calidad de determinador de las conductas punibles de fraude procesal soborno en actuación penal y soborno conforme a los artículos 453, 444A y 444 el código Penal colombiano», indicó la fiscal Orjuela. 

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La solicitud fue realizada durante los alegatos finales del juicio, que se iniciaron este martes tras haber culminado la etapa probatoria del juicio oral. Hubo 57 diligencias que se extendieron durante cuatro meses. «La estructura probatoria desplegada en esta audiencia, como lo fueron declaraciones, interceptaciones legales, documentos registros audiovisuales y el contexto factico integral, no sólo ha superado con suficiencia el estándar de certeza, sino que ha dejado sin asomo de duda que el acusado, ideo, promovió y respaldó una estrategia orientada a manipular el curso de la justicia penal utilizando a terceros con el objetivo deliberado de forzar la retractación de testigos clave como Juan Guillermo Monsalve Pineda y Pablo Hernán Sierra García y construir una narrativa exculpatoria que favoreciera sus intereses personales», añadió la fiscal. 

Álvaro Uribe, que fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010, enfrenta desde febrero un juicio por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, caso que se remonta a 2012. En este caso, la fiscal Orjuela presentó ante la jueza 37 testigos, así como videos, audios, fotografías y documentos. 

El juicio a Uribe comenzó el pasado 6 de febrero y todavía no hay fecha para el veredicto de la jueza. Este caso se remonta a 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo. Contrario a lo esperado por el expresidente, la Corte Suprema no abrió investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos. 

Álvaro Uribe renunció en agosto de 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la Justicia ordinaria, por lo que la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente. 

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Por ello, su equipo de abogados solicitó hasta en dos ocasiones el cierre del caso, lo que fue negado tanto por los juzgados de primera instancia en los que fue presentada como por el Tribunal Superior de Bogotá, hasta que en 2024 la Fiscalía decidió acusarlo y el juicio comenzó este año. 

Las víctimas del caso consideran que el expresidente Álvaro Uribe, a través del abogado Diego Cadena, buscó en las cárceles sobornar a testigos, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que no declararan en contra de Uribe y sus posibles vínculos con el paramilitarismo, en la disputa que mantenía con Cepeda. 

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Capturan al padrastro del niño Jerónimo Angulo como principal sospechoso - Redes Sociales

Capturan al padrastro del niño Jerónimo Angulo como principal sospechoso

Tras una larga labor de búsqueda de organismos de socorro y uniformados de la policía, el cuerpo del menor Jerónimo Angulo finalmente fue hallado este miércoles 6 de marzo, un día después de que su madre lo reportara como desaparecido.

Según informó el cuerpo de bomberos de esa localidad en Cundinamarca, lo encontraron dentro de una bolsa junto a la quebrada El Jordán, en un sector conocido como La Aguadita.

En cuanto las autoridades fueron informadas de la desaparición del niño de 3 años, instalaron un Puesto de Mando Unificado en el sector y 50 uniformados de la Policía se sumaron a las labores de búsqueda hasta encontrarlo.

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De acuerdo con el reporte del delegado departamental del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, el capitán Álvaro Farfán, integrantes de Bomberos y la Cruz Roja, fueron quienes encontraron el cuerpo del menor dentro de una bolsa de basura y con signos de maltrato en su cuerpo. Se estima que el menor murió después de recibir varios golpes.

La Fiscalía General de la Nación, después de conocer el atroz crimen, lamentó los hechos y aseguró que desde el primer momento que el ente de investigación conoció el caso se activó un Mecanismo de Búsqueda Urgente con el fin de esclarecer los hechos. Entre los principales sospechosos se encuentra el padrastro del menor, quien ya fue detenido por la Sijin, luego de que lo sorprendieran intentando huir del municipio en un vehículo de transporte público.

Karen Arcila, la madre del menor, señaló al padrastro como responsable de los hechos, ya que él era quien estaba “cuidando” del pequeño cuando desapareció. El menor estaba jugando con dos de sus hermanos afuera de su casa este martes 5 de marzo, según relató la madre del niño.

“Estaba jugando con el hermanito a las afueras de la casa en el barrio Carlos Lleras de ese municipio. Yo estaba trabajando, su padrastro estaba con ellos y con la niña”, agregó la mujer.

Horas después de que encontraran el cuerpo sin vida de Jerónimo Angulo, el padrastro del menor fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía mientras se legaliza su captura como principal sospechoso.

Tras el hallazgo, integrantes del CTI llegaron al lugar para hacer el levantamiento del cuerpo del menor y establecer las causas que generaron su deceso.

La Alcaldía de Fusagasugá también lamentó la muerte del menor y envió sus condolencias a la familia, que había reportado la desaparición del niño apenas el martes en la tarde.

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Fiscalía abrió investigación por contrato de UNGRD para compra de carrotanques - Redes Sociales

Fiscalía abrió investigación por contrato de UNGRD para compra de carrotanques

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación para determinar si existen irregularidades en la compra de 40 carrotanques por parte del Gobierno nacional, que serían destinados para atenderla emergencia por agua en el departamento de La Guajira.

La decisión se tomó, informó la Fiscalía en su cuenta en X, tras las denuncias realizadas en medios de comunicación que señalan posibles sobrecostos en la adquisición de los vehículos, así como un posible direccionamiento del contrato para favorecer a un determinado contratista.

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La investigación estará a cargo de la Dirección Especializada contra la Corrupción, que tendrá como objetivo verificar si se cometieron delitos, informó la Fiscalía en un comunicado.

“Frente a las denuncias realizadas en medios de comunicación y fuentes abiertas de información, respecto a la compra, por parte del Gobierno Nacional, de 40 carrotanques que operarían para emergencias en el departamento de La Guajira, la Fiscalía General de la Nación aperturó investigación para determinar si existen irregularidades para favorecer a un contratista y otros posibles hechos constitutivos de delito alrededor de este tema”, dice la Fiscalía en un comunicado.

El director de la UNGRD, Olmedo López, dijo el lunes que a partir de esta semana empezarán a distribuir el agua y arremetió contra las versiones que indican que en el contrato hubo irregularidades.

Además, explicó que los 40 carrotanques no se encontraban parqueados por situación de abandono, sino porque están siendo adaptados con mangueras, bombas y los respectivos seguros todo riesgo para garantizar un óptimo funcionamiento.

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“Creo que mi labor es recorrer el país, trabajar con las comunidades y que allí escojan de un listado de operadores que están inscritos en la UNGRD, presentan sus cotizaciones y siempre se escogerán las mejores propuestas (…) Imagínate dónde quedemos en el país con los contratistas de siempre o es que en el país la corrupción no ha avanzado demasiado. El cambio es precisamente es darle oportunidades a quienes no han tenido oportunidades”, dijo.

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La Corte Suprema de Justicia no llegó a un consenso para elegir al nuevo fiscal

Tras varias sesiones de votación, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia aplazó nuevamente la elección de la nueva Fiscal General de la Nación. Esto debido a que ninguna de las ternadas (Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez) alcanzó los 16 votos que exige el reglamento para ser la nueva jefa del ente investigador para el período 2024-2028.

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Tan pronto se conoció que en el Alto Tribunal no hubo humo blanco para la elección de Fiscal General de la Nación, su presidente el magistrado Gerson Chaverra, dio declaraciones a los medios de comunicación en las que advirtió que, “tengo para informarles a ustedes y al país que sesionamos en condiciones de normalidad, adelantamos la ronda de votación para la elección de la nueva Fiscal General de la Nación, hicimos dos rondas de votaciones y el resultado final es que ninguna de las candidatas por el momento sacó los votos requeridos para ser declarada como elegida la nueva Fiscal General de la Nación.

El magistrado Chaverra agregó que “conforme a nuestro reglamento se requiere una mayoría de 16 votos. La Corte continuará cumpliendo con su función constitucional en el marco de este proceso en nuestra próxima sección ordinaria de sala plena”.

La sesión se celebró en medio de fuertes protestas en las inmediaciones del Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá. Los manifestantes le pedían a los magistrados de la Corte Suprema la elección inmediata de la nueva Fiscal General y fueron convocadas desde el mismo gobierno por el presidente Gustavo Petro.

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Laura Sarabia una vez más negó ordenar pruebas de polígrafo a su exniñera - Redes Sociales

Laura Sarabia una vez más negó ordenar pruebas de polígrafo a su exniñera

Tras su llegada a la Fiscalía, donde se somete a interrogatorio este jueves 18 de enero, Laura Sarabia nuevamente negó haber ordenado pruebas de polígrafo a su exniñera, Marelbys Meza. La hoy directora de Prosperidad Social aseguró que está dispuesta a responder todas las preguntas del ente acusador.

“Como ciudadana y funcionaria pública soy respetuosa de la ley, de la administración de justicia y la institucionalidad. Desde el primer día he estado en total disposición de atender los requerimientos de cada una de las autoridades competentes”, decía el comunicado que Sarabia leyó.

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También sostuvo que renunció a su derecho a guardar silencio para despejar cualquier duda que tengan los investigadores del ente judicial. “Reitero, no ordené, no podía hacerlo y no fue iniciativa mía ningún polígrafo. Tengo el convencimiento y certeza de que la Jefatura de Protección Presidencial actuó conforme a la ley y dieron respetuosos de la libertad y la dignidad de las personas”, añadió.

En medio del proceso judicial, también anunció que tomó acciones legales en contra de quienes, según ella, la difamaron con todo este escándalo, que ha sido una “página amarga” para su “reputación y buen nombre”.

“No he dudado emprender acciones legales contra aquellos que me han difamado y me han calumniado, acciones que ya provocaron unas primeras citaciones ante la Fiscalía el próximo 24 de enero. Nada ha logrado, ni logrará distraer mis obligaciones y compromisos con las comunidades excluidas, con el gobierno y con mi país”, concluyó Sarabia.

La actual directora del Departamento de Prosperidad Social y exjefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, fue víctima de un hurto en su apartamento el 28 de enero del año pasado, hecho que desencadenó todo un escándalo.

Según las pruebas, miembros del equipo de seguridad de Palacio, Policía y hasta la inteligencia incurrieron en varias acciones al margen de la ley, como someter a pruebas de polígrafo a la exniñera Marelbys Meza o “chuzar” sus llamadas.

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En el interrogatorio a Sarabia, la Fiscalía busca establecer cuál fue su responsabilidad en las pruebas de poligrafía que se practicaron de manera ilegal a Marelbys Meza, quien fue interrogada en los sótanos de un edificio ubicado en frente del Palacio de Nariño.

Cabe recordar que la Fiscalía General de la Nación llamó a juicio el pasado 12 de enero a cuatro policías para responder por este mismo caso. Los implicados son el capitán Carlos Correa, al intendente Alfonso Quinchegua y los patrulleros Jhon Morales y Dana Cañizales.

El ente investigador señaló a los cuatro implicados de alterar los informes de la Policía Judicial y de esta manera hacer que un juez pidiera las interceptaciones a la exniñera Marelbys Meza. En el documento también se detalló que estas personas habrían inducido a la justicia a ‘chuzar’ por error a la mujer y a dos personas cercanas a ella.

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La Fiscalía imputará cargos al excandidato presidencial Rodolfo Hernández - Google

La Fiscalía imputará cargos al excandidato presidencial Rodolfo Hernández

Se conoció que el excandidato presidencial Rodolfo Hernández y su esposa y gerente de campaña, Socorro Oliveros, serán imputados por la Fiscalía al ser denunciados por posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial en 2022.

La audiencia de imputación de cargos está programada para este viernes, a las 7:30 de la mañana, en el Juzgado 8 Penal de Control de Garantías de Bucaramanga, según dio a conocer la emisora Blu Radio.

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La demanda fue interpuesta en junio de 2022, tres días antes de la segunda vuelta presidencial, por los abogados vallecaucanos Óscar Fuentes e Indemaro Luján Lozada, con el argumento de que Rodolfo Hernández habría violado la Ley 1475, que regula la financiación de campañas políticas al aportar un poco más de $127 millones a su aspiración a la Presidencia.

«La denuncia se presenta ante la Fiscalía General de la Nación porque hay una prohibición en la cual incurrió la campaña de Rodolfo Hernández y es que, en nuestro Código Penal, se advierte que no se pueden financiar con recursos prohibidos. Ninguna campaña puede recibir dinero ni ingresar en su presupuesto recursos que están prohibidos por la ley», sostuvo el jurista.

Fuentes aseguró, en su momento que la destinación de recursos propios de Rodolfo Hernández en la campaña presidencial incurre en la prohibición debido a que él fue imputado y tiene en su contra un escrito de acusación, el cual estaba en etapa de juicio.

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«Cuando una persona está haciendo procesada, en este caso en juicio como él y esa persona va a invertir en una campaña, no lo puede hacer si el delito por el cual se le investiga es un delito contra la administración pública. En este caso, el candidato está imputado, en juicio, por un delito contra la administración pública, por lo tanto, enmarca perfectamente en la prohibición. Él no puede utilizar sus propios recursos para financiar la campaña», declaró Fuentes.

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Fiscalía citó a imputación de cargos al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina - Google

Fiscalía citó a imputación de cargos al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina

La Fiscalía General citó al actual alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, a una audiencia de imputación por la investigación que se adelanta por el delito de la contratación sin cumplimiento de requisitos legales.

En la diligencia que quedó programada para el próximo 29 de enero del 2024, el ente investigativo también citó a Marco Aurelio Vera, exdirector de la unidad Administrativa de Servicios Públicos, y Juan Flórez González, por los presuntos hechos de corrupción en el departamento del Valle del Cauca.

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La denuncia contra el saliente alcalde de Cali fue presentada por el abogado Elmer Montaña, vocero del colectivo ciudadano Colombia.

“A comienzos de 2021 presentamos denuncias penales contra el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por la contratación irregular que celebró en el año 2020, relacionada con contratos de Feria de Cali, alumbrado navideño y otros contratos inter administrativo”, manifestó el abogado.

Sin embargo, Montaña criticó el lento accionar de la Fiscalía al asegurar que “en el año 2022 un investigador de la Fiscalía nos dijo que las investigaciones estaban surtidas desde el año 2021, pero que había orden del nivel central en el sentido de no tomar ninguna decisión en contra del alcalde de Cali hasta que no terminara su periodo”.

El abogado presentó el documento de la Fiscalía firmado por el fiscal 85 seccional Luis Fernando Serrano, en el cual se presenta la citación contra el alcalde Ospina en el proceso que lleva el juzgado 21 penal municipal por las presuntas irregularidades en el alumbrado público de la ciudad y señala que las órdenes para no ‘tocar’ al alcalde eran ciertas.

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“Este documento demuestra que era cierta la orden que se le había impartido las órdenes a los fiscales de Cali en el sentido de no tocar a Jorge Iván Ospina hasta que terminara su mandato”, añadió el abogado.

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La Fiscalía radicó principio de oportunidad de Day Vásquez en caso Petro

La Fiscalía General de la Nación radicó ante los jueces de Barranquilla el principio de oportunidad que le da dos años de inmunidad penal a Daysuris Vásquez a cambio de convertirse en testigo contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, en delitos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Daysuris Vásquez, con este principio de oportunidad, tiene dos años para cumplir con todos los compromisos y le otorga inmunidad total. Dicho principio contempla cuatro delitos y compromete a Vásquez como testigo contra Nicolás Petro Burgos y otras personas.

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Según explicó la Fiscalía, «el principio de oportunidad radicado este miércoles le daría a Daysuris Vásquez inmunidad total para que el ejercicio de la acción penal se suspenda por un lapso de dos años respecto a los delitos de lavado de activos y violación de datos personales, también por las conductas de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, ambas conductas en calidad de interviniente.»

Además, la firma de este principio de oportunidad se dio gracias a que la información brindada por Vásquez posibilitó que el delito de lavado de activos dejara de ejecutarse.

“Se resalta que la colaboración de Daysuris Vásquez constituye una condición sin la cual no hubiera sido posible tener conocimiento de graves atentados que se habrían cometido contra los bienes jurídicos del orden económico-social, la administración pública, la fe pública, la información y los datos personales”, señaló la Fiscalía.

Precisamente, en el marco de este caso, el pasado 29 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia decidió que el juicio contra Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito se llevará a cabo en el Juzgado 2 Penal Especializado de Barranquilla. El alto tribunal desestimó la solicitud de los abogados del hijo del presidente Gustavo Petro que pedían que el juicio se adelantara en Bogotá.

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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró que la competencia para conocer la etapa de juzgamiento del proceso penal que se adelanta contra Nicolás Fernando Petro Burgos, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, corresponde al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla.

La decisión de la definición de esta competencia fue adoptada de manera unánime, porque para todos los magistrados fue claro que, aunque los hechos habrían ocurrido tanto en Bogotá como en Barranquilla, la mayoría de presuntos ilícitos y los más graves (lavado de activos) habrían ocurrido en Barranquilla.

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La Fiscalía archivó investigación contra la vicefiscal Martha Mancera

La Fiscalía General de la Nación archivó una indagación que cursaba contra la vicefiscal general, Martha Janeth Mancera, por cuenta de una denuncia anónima dentro del caso de los ‘narcofiscales’.

En ese sentido, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación, tras verificar la denuncia anónima que se recibió el 29 de junio de 2021, en la que advertían que se habían beneficiado algunos fiscales que estaban relacionados con hechos de corrupción.

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“En un mismo sentido, citaban posible favorecimiento a funcionarios de la Seccional Cali investigados por presuntos actos de corrupción, y otras actuaciones aparentemente contrarias a la ley mientras desempeñó cargos directivos en Valle del Cauca y en su condición de vicefiscal”, mencionó el comunicado.

También se recibió otra denuncia en la que advertían que los supuestos hechos de corrupción involucraban directamente a Mancera y señalaban que tendría interés en beneficiar a las organizaciones criminales de Cali.

“Luego de realizar inspecciones a diferentes procesos y distintas actividades investigativas, que contaron con apoyo de la DIJIN de la Policía Nacional; y recopilar testimonios, como los de Ramón Esteban Peña Martínez, alias El Médico, y la abogada Ruth García Rojas, entre otras personas que señalaron no conocer a la Vicefiscal ni dar fe de los señalamientos en su contra; y ante la ausencia de material de prueba o elementos serios aportados por los denunciantes, resultó imposible explorar y reconocer una posible hipótesis delictiva”, expresó la Fiscalía.

En medio de la investigación no se encontró ninguna prueba en contra de la vicefiscal.

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“Quedó demostrado que no hay ninguna evidencia ni información que respalde intervención o favorecimiento a alguna persona. Asimismo, se constató que las actuaciones en contra de los funcionarios citados en las denuncias como presuntos responsables de actos de corrupción tienen un importante y efectivo avance investigativo y judicial”.

La Fiscalía precisó que tampoco se evidenció que la vicefiscal hubiese cometido ningún delito.

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