SALUD

Los hallazgos se realizaron en el marco de visitas que realizaron inspectores del ministerio del Trabajo a las 263 tiendas de D1 S.A.S. y 6 centros de distribución en todo el país.

​Así lo dio a conocer el ministro Antonio Sanguino durante rueda de prensa, en la que estuvo acompañado de la viceministra encargada de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz.

Los hallazgos tienen relación, según reporte de los inspectores, con la contratación y jornada laboral, condiciones de seguridad y salud en el trabajo, afectación a la salud de los trabajadores, infraestructura deficiente y violaciones a la libertad sindical.

En las intervenciones encontraron jornadas de trabajo sin hora de almuerzo o de cena; horas extras no registradas ni pagas; sobrecarga física en carga y descarga de los camiones surtidores; falta de contratos físicos y manuales de funciones; descuentos arbitrarios por pérdidas o descuadres y sobrecarga de labores.

Frente al diagnóstico realizado, la viceministra Muñoz anotó que desde el Ministerio se hicieron 10 recomendaciones de mejoramiento que incluyen adecuación de infraestructura, fortalecimiento de los comités internos, garantías a la libertad sindical, revisión de modelos de contratación, dotación de sillas para cajeros y contratación de servicios generales de aseo y de vigilancia, entre otros.

​Violaciones a libertad sindical

En cuanto a las violaciones a la libertad sindical, la inspección comprobó persecución a líderes sindicales, retaliación por afiliación, desconocimiento y omisión de derechos sindicales, ausencia de formación y afiliación e incumplimiento de los acuerdos colectivos.

La viceministra dijo que luego de recibir más de 100 querellas se agendaron las visitas, en las que también se constató acoso laboral, accidentes de trabajo no reportados, falta del Copasst, pausas activas, no implementación del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo, riesgo por equipos y mobiliario inadecuado y exposición al riesgo por carencia de vigilancia.

Agregó que también se han detectado casos de estrés, trastornos del sueño, dolores musculares, jornadas extensas que afectan la vida personal, falta de protocolos frente al acoso y violencia y secuelas de accidentes laborales.

Asimismo, recalcó: “hay algo que nos preocupa enormemente y es la ausencia de salas de lactancia».

Entre tanto, el ministro Sanguino indicó que las inspecciones no anunciadas, con entrevistas, revisión documental y verificación se realizaron en cumplimiento a lo que el presidente Gustavo Petro anunció respecto a garantizar, proteger y recuperar los derechos de los trabajadores.

Por último, el titular de la cartera de Trabajo anunció que este tipo de registros se realizará en otras empresas del país.

En un acto simbólico desde la Quinta de Bolívar, el presidente Gustavo Petro sancionó la Ley de Salud Mental, una normativa histórica que marca un avance estructural en la garantía del derecho a la atención psicosocial en Colombia. La promulgación de esta ley representa un compromiso firme del Gobierno del Cambio con la dignidad humana, la justica social y la salud integral, reconociendo que el bienestar emocional es tan fundamental como el físico para la vida de las personas.

Durante su intervención, el presidente subrayó que esta ley no puede quedarse como letra muerta, como ha ocurrido en el pasado con otras normas sociales de impacto: “no queremos una ley que no se cumpla. Esta ley tiene que vivir en cada colegio, en cada hospital, en cada familia que necesita apoyo», afirmó el mandatario, señalando que la aplicación efectiva depende de la voluntad institucional y del compromiso ciudadano.

La Ley de Salud Mental contempla un enfoque integral y preventivo. Establece la inclusión de servicios de salud mental en el primer nivel de atención del sistema de salud, lo que implica que cualquier centro médico público o privado deberá contar con profesionales capacitados para atender y orientar a personas en situaciones de crisis emocional, depresión, ansiedad, duelo, consumo problemático de sustancias o cualquier padecimiento psíquico.

Además, la ley promueve la eliminación del estigma asociado a los trastornos mentales, garantiza la atención diferenciada a poblaciones vulnerables como jóvenes, mujeres, personas LGBTIQ+, víctimas del conflicto armado, comunidades étnicas y personas en condición de discapacidad psicosocial, y reconoce la importancia de la salud mental como un componente clave en la construcción de la paz total y la cohesión social.

El presidente también señaló la necesidad de ampliar drásticamente la formación de profesionales en salud mental en Colombia. “Nos van a faltar psicólogos y psicólogas si nos tomamos en serio esta ley», afirmó, y dio instrucciones para que el Ministerio de Educación cree una red pública y gratuita de facultades de medicina y ciencias de la salud en todo el territorio nacional. Con ello, se espera cerrar las brechas de acceso y garantizar atención digna en todos los rincones del país.

La nueva normativa también promueve el trabajo comunitario y territorial: incentiva la creación de redes locales de apoyo psicosocial, de líneas de atención, casas de salud mental y programas escolares para la gestión emocional. Asimismo, establece mecanismos para el seguimiento institucional y la evaluación periódica de su cumplimiento.

Con la promulgación de esta ley, el Gobierno nacional busca que los derechos en salud mental dejen de depender del estrato socioeconómico o del lugar de residencia. El objetivo es que ningún colombiano o colombiana tenga que enfrentar en soledad su dolor emocional, y que el Estado responda con presencia, ciudad, empatía y conocimiento.

Finalmente, el presidente reiteró que esta norma es parte de un paquete más amplio de reformas sociales para construir un verdadero Estado Social de Derecho que consagra la Constitución de 1991, y que ha sido postergado por más de tres décadas. “Aplicar esta ley es construir un país desde el alma. Es sanar, reconocer y acompañar. Es no dejar a nadie atrás», concluyó.

El presidente Gustavo Petro defendió el trámite de la Reforma a la Salud que cursa tercer debate en la Comisión Séptima del Senado de la República. A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario aseguró: “No hay más camino que la reforma”, al referirse a la transformación que plantea la iniciativa de convertir a las EPS (Empresas Promotoras de Salud) de aseguradoras financieras a gestoras en salud.

El pronunciamiento del mandatario se dio mientras en la Comisión Séptima del Senado se conoció el concepto fiscal​ emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al proyecto de ley No. 312 de 2024 Cámara, acumulado con el proyecto de ley No.135 de 2024 Cámara “Por medio de la cual se transforma el sistema de salud en Colombia y se dictan otras disposiciones”.

Esta iniciativa ya cursó dos debates en la Cámara baja, y ahora está en discusión en el Senado de la República, donde el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, explicó los alcances del aval fiscal de la cartera de Hacienda al nuevo modelo en salud.

En su publicación, el jefe de Estado agregó: “Ni el sistema de fondos privados de pensiones, ni la intermediación financiera en salud son sostenibles. Hemos dado el salto más grande en financiación a la salud y solo bastó que el Congreso se demorara, y comenzaron a hacer agua las EPS.

Incluso, para el mandatario colombiano afirmó: “Estamos ante la última oportunidad de transformar esos regímenes insostenibles en sostenibles, de lo contrario naufragarán solos”.

El concepto fiscal a la Reforma a la Salud

Dice la cartera de Hacienda que el sistema de salud tendría un costo de $100,9 billones en 2025 (5,7 % del PIB); en 2026 de $ 109,9 billones (6,1 % del PIB); y la proyección va aumentando hasta ubicarse en $ 163,9 billones (7,1 % del PIB) en el año 2034.

Sin embargo, el documento aclara que estos valores “se actualizan, e incorporan otros rubros vinculados a las modificaciones introducidas durante el trámite legislativo”, es decir, según las modificaciones que tenga la iniciativa en los dos debates que le restan en la cámara alta.

El documento remitido por el Ministerio de Hacienda a la Comisión Séptima del Senado señala que “el impacto fiscal estimado del proyecto de ley del asunto puede incorporarse de forma compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, manteniendo la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de las finanzas públicas”.

El Ministerio de Hacienda “emite concepto aprobatorio” al proyecto de ley “en la medida en que las obligaciones corrientes del sector salud acumuladas al cierre de 2024 sean cubiertas según la priorización y definiciones que al respecto realice el MSPS (Ministerio de Salud y Protección Social) con cargo a los recursos de ese sector administrativo, en cumplimiento de la autonomía presupuestal prevista en el artículo 110 del Estatuto Orgánico de Presupuesto”.