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Astrid Rodríguez, ministra del Deporte, presentó su carta de renuncia este jueves

Este jueves, 15 de febrero, renunció la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, luego de que Colombia perdiera la sede de los Juegos Panamericanos para Barranquilla 2027.

“Teniendo en cuenta nuestra conversación de semanas anteriores, reitero mi deseo de dirimir del cargo de ministra del Deporte a partir del día 15 de febrero de 2024”, dice la carta de renuncia dirigida al presidente Gustavo Petro.

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“Respetado presidente, como usted lo sabe, mi única motivación para atender el generoso llamado que me hizo para ser parte de su equipo de trabajo, fue la de contribuir a la implementación de su Plan Nacional de Desarrollo, por ello, enuncié los elementos más destacados que dentro del sector deporte se articulan a la consolidación de su Gobierno. En ese sentido, sólo me movió la convicción de que estamos ante un momento histórico de innegable trascendencia para la sociedad colombiana”, señala el comunicado.

Astrid Rodríguez llegó al Gobierno luego de la salida de María Isabel Urrutia, quien también abandonó el gabinete en medio de una polémica por irregularidades en la contratación.

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Canciller Álvaro Leyva presentó una tutela para que se levante su suspensión - Google

Canciller Álvaro Leyva presentó una tutela para que se levante su suspensión

La defensa del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, presentó una acción de tutela contra la Procuraduría General de la Nación por la suspensión del alto funcionario por tres meses tras las posibles irregularidades en la licitación para la elaboración de las libretas de pasaportes en Colombia.

Varios son los argumentos que el abogado de Leyva expone para se deje sin efecto la decisión de la suspensión del alto funcionario. Así las cosas, aseguran que la actuación del Ministerio Público fue acelerada y prematura.

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“Por la manera como ha sido diseñada y como se ejerce en la práctica, se convierte en la “cuota inicial” de un fallo sancionatorio a un ritmo acelerado. Porque si llegare a absolverse al disciplinado habrá quedado en evidencia un actuar prematuro e injustificado de la administración, que al interior de una misma entidad, con estructura jerarquizada, difícilmente puede ser aceptada”, dice el documento de la tutela.

Sumado a esto, se agrega que se deben proteger los derechos fundamentales al debido proceso y a que se analicen las diferencias sobre los actos administrativos por los cuales se tomaron decisiones para la suspensión.

“De este modo se evidencia que la investigación disciplinaria seguida contra el doctor Álvaro Leyva está basada únicamente en discrepancias sobre la legalidad de los actos administrativos que él expidió, que de ninguna manera conllevan a la comisión de una falta disciplinaria y mucho menos es un fundamento válido para suspenderlo de su cargo, máxime cuando ningún juez de la República ha declarado su ilegalidad. Si bien la Procuraduría General tiene competencia para investigar al ministro de Relaciones Exteriores, lo hace respecto de su conducta, pero no sobre la presunción legal que revisten las decisiones que en ejercicio de sus funciones profiera”, agregan.

También, la defensa asegura que no hubo imparcialidad en los procesos por las declaraciones que dio la procuradora Margarita Cabello en los medios de comunicación que señalaron el actuar del canciller Leyva.

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“Este tipo de actos materializa la falta de transparencia e imparcialidad dentro de estos procesos, máxime cuando lo que se debate es una decisión que no contiene elementos objetivos, por lo que se ponen en riesgo las garantías esenciales que deben revestir a todos los procesos judiciales y administrativos. La arbitrariedad y el capricho no emanan del señor canciller, sino de quien debería ser uno de los principales garantes de los derechos de los ciudadanos: el Ministerio Público. Por ello, la intervención del juez de tutela resulta verdaderamente imprescindible”.

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Presidente de Corte se reunió con Policía para garantizar seguridad en Palacio - Google

Presidente de Corte se reunió con Policía para garantizar seguridad en Palacio

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, señaló que lo sucedido el pasado jueves 8 de febrero, fue un hecho de agresión violenta. Aunque el magistrado no se refirió al término de “secuestro”, sí aseguró que fue grave lo ocurrido, evitando que entraran los almuerzos y que salieran de la corporación en paz.

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“Hemos pedido que lo que sucedió el día jueves no se le quite la trascendencia y la gravedad del hecho, porque evidentemente fue un acto de agresión y violencia contra la Corte Suprema de Justicia y contra los magistrados de la entidad. ¿Por qué fue un acto de agresión y de violencia contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia?, porque la Corte fue sitiada, las puertas de ingreso y de salida fueron bloqueadas y eso es un acto de agresión, en tanto representó una afectación a la libre movilidad de los magistrados, de los empleados que se encontraban para ese día dentro de la corporación”, dijo.

Por eso, el próximo 22 de febrero será la fecha para realizar la votación para fiscal y va a haber más Fuerza Pública para la seguridad.

“Nosotros desarrollamos una reunión en el día de ayer con el señor vicepresidente y el director de la DIPRO, de la Policía Nacional, donde pusimos de presente nuestras preocupaciones por lo ocurrido el día jueves y demandábamos la adopción de las medidas que fueran necesarias para que ese día, nuestra sala plena pueda desarrollarse en condiciones de normalidad”, aseguró

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Finalmente, aseguró que hasta el momento, no se tiene pensada aplazar la elección a fiscal.

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Alertan que nueva licitación de pasaportes volvería a favorecer a “Thomas Greg” - Google

Alertan que nueva licitación de pasaportes volvería a favorecer a “Thomas Greg”

El Ministerio de Relaciones Exteriores ya recibió las primeras observaciones frente a la nueva licitación para elaborar las libretas de pasaportes en Colombia, un contrato por más de 416.000 millones de pesos.

A través de la carta la empresa Accesos Holográficos Sucursal Colombia, interesados en el proceso, señalan que el pliego de requisitos no cumpliría la ‘igualdad de condiciones’ y nuevamente se presentaría un favorecimiento al contratista actual, la empresa Thomas Greg and Sons.

Según el representante legal, esta licitación obliga al proponente a entregar muestras personalizadas con diseños específicos que incluyen símbolos patrios, leyendas e imágenes de Colombia, lo que costaría miles de dólares.

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“La preparación de muestras a la medida no solo implica miles de dólares en preparación de artes, matrices, herrajes y demás costos directos e indirectos del proceso, si no también implica un tiempo muy superior “al mes” con que contamos los proponentes desde la fecha de expedición del acto administrativo, hasta la fecha de entrega de propuestas. No ha existido un solo proceso a nivel mundial donde se obligue a los proponentes a incurrir en semejante costo y menos sin tiempo de reacción”, dice el documento.

Por lo anterior, se solicita se pueda entregar muestras genéricas, donde la entidad pueda verificar de parte del proponente, que tiene la capacidad de cumplir una a una las características de seguridad establecidas.

En el documento también piden al gobierno que se pueda acreditar la experiencia con certificaciones expedidas por los contratantes bien sean directamente gubernamentales o a través de privados al servicio de un estado pues la licitación establece que deben ser expedidas por la “autoridad emisora de pasaportes del país de origen”.

La empresa recordó al gobierno que en la licitación pasada los oferentes manifestaron desventajas ante el actual proveedor en el puntaje técnico, por ello, piden que se tenganen cuenta otras tecnologías de seguridad y mejoras para pasaportes tales como: Foto principal en escala de gris con sobreimpresión a color, Una tercera foto a color compuesta de micro textos,  Imagen fantasma en tinta reactiva a luz negra, Impresión o personalización en relieve hasta de 3 niveles (impresión táctil) y Chip con el doble o más velocidad de lectura que los requisitos mínimos, entre otros.

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El oferente exigió que la cancillería respete los tiempos mínimos de implementación “tal como ella misma los usa como argumento jurídico para el establecimiento de la declaratoria de urgencia manifiesta en 12 meses”, señalando que el tiempo de implementación establecido de 5 meses es supremamente “riesgoso” por no decir “imposible” de cumplir por tercero diferente al actual proveedor. Nuevamente con este tipo de requisitos se presenta un claro favorecimiento.

Por último, la empresa también solicita que sea una entidad internacional “independiente” quien evalúe técnicamente las propuestas “dadas las circunstancias de falta de transparencia con que la cancillería ha actuado, demostrando un comportamiento sistemático de favorecimiento al proveedor actual que persisten aún en este proceso, pese a las investigaciones disciplinarias y penales que hay en curso”, explica el documento.

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Presidente de Corte Constitucional propone aplazar elección de fiscal si se repite violencia

El nuevo presidente de la Corte Constitucional, magistrado José Fernando Reyes, propuso, en entrevista con Mañanas Blu, que se aplace la elección del fiscal general de la Nación si el próximo 22 de febrero se repite el asedio a la Corte Suprema de Justicia, como ocurrió el pasado jueves.

“Si un hecho como este se repite, es decir, el 22 otra vez prorrumpieran en las inmediaciones del palacio con el tono de querer penetrar. Usted sabe que después de que cae la primera valla, no sabemos qué va a pasar: si es solo una cosa física contra los vehículos y las instalaciones o si vamos más allá. Es decir, una persona prudente cuando ve una cosa como esta, lo que tendrá que hacer, digo el presidente (de la Corte Suprema) es decir: ‘Mire, no podemos decidir hoy porque esto puede generar estos efectos y mi primera misión también es proteger la vida de los magistrados’, por ejemplo. Sí, y entonces yo diría: ‘Lo suspendemos la agenda hasta que el ambiente no esté en unas condiciones, claro de manifestación, pueden manifestarse, puede haber toda clase de expresión. Lo que no puede haber es violencia’”, dijo el magistrado.

En ese sentido, el magistrado expresó su inquietud por los eventos de violencia que asediaron a la Corte Suprema el pasado jueves. «¿Necesitan que maten un magistrado?», cuestionó Reyes en un momento de la conversación con Blu Radio.

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Añadió que en estos casos debe imperar la verdad y conminó al presidente Gustavo Petro a que no minimice lo que ocurrió en el Palacio de Justicia, en donde, por unas cinco horas, manifestantes no permitieron la salida de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tras no elegir la fiscal.

“El presidente dice que los magistrados podían salir y entrar. Eso no es cierto. Lo digo y lo sostengo y creo que es importante mantenerlo en un estado constitucional. La verdad debe ser la protagonista. La verdad es el centro de toda posibilidad de discusión. Entonces, cuando no ponemos la verdad por delante es muy difícil construir razones, argumentos. Es difícil construir una conversación. Entonces yo creo que el presidente minimiza el asunto. Y, además, anoche escuché las declaraciones de del general (William) Salamanca diciendo que no sabía que nunca había habido un riesgo para los para los magistrados. Y el presidente dice que ninguno fue tocado siquiera. Todo eso es cierto. La pregunta es: ¿necesitamos que maten a un magistrado y que quemen una oficina, que quemen un vehículo?”, dijo.

“No se puede minimizar el hecho y no puede decir que aquí no pasaron cosas porque no hay muertos”, dijo Reyes.

El magistrado añadió que los asedios, así ocurran en la puerta de un despacho o un juzgado, ya son suficientemente significativos para entender que la independencia de un juez está siendo ir respetada.

“O sea, no necesitamos un muerto. No necesitamos un litro de sangre. No necesitamos el incendio en oficina. ¿Es suficiente esto? Por eso le digo cuando salen estos discursos a decir es que no les pasó nada, que no los tocaron. Eso es minimizar un evento. La justicia necesita un medio tranquilo», concluyó Reyes.

Las declaraciones del magistrado se dieron luego de que el presidente Gustavo Petro acusara a los en los medios de comunicación de informar “mentiras” respecto a lo ocurrido el 8 de febrero. Para el presidente los magistrados no salieron porque estaban trabajando.

“El problema de ayer, de esta información mentirosa, porque no hubo ningún magistrado herido, no hubo ningún magistrado sacado en helicóptero y no hubo un secuestro. Siempre pudieron salir y entrar como quisiera. Es más, no salieron, porque ellos le dijeron al general de la Policía que no querían salir, sino que iban a trabajar más hasta la hora en que salieron”, dijo el presidente.

Esta declaración le ha valido críticas al jefe de Estado, quien, en ese mismo discurso, conminó a sus seguidores a seguir presionando para que la corte elija al reemplazo de Francisco Barbosa en la Fiscalía General de la Nación.

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MinJusticia decreta emergencia carcelaria por asesinatos a guardias del INPEC - Google

MinJusticia decreta emergencia carcelaria por asesinatos a guardias del INPEC

El Ministerio de Justicia, decretó la emergencia carcelaria en todo el país, como una medida de choque para frenar la ola de asesinatos y amenazas en contra de funcionarios del INPEC.

La declaratoria de la emergencia tiene dos objetivos: proteger las vidas de los guardianes del INPEC y erradicar el delito de extorsión que se origina desde las penitenciarías.

La decisión fue tomada esta mañana, durante una Sesión Extraordinaria de un Consejo Directivo. En lo corrido de este 2024 hay un registro de dos homicidios (Cúcuta y Cartagena) cinco atentados y más de 10 amenazas.

Entre las medidas figuran: Apoyo de la fuerza pública para reforzar la vigilancia en los establecimientos penitenciarios, y aumentará esa seguridad cuando a solicitud del director del INPEC lo considere, y se contempla suspender o reemplazar al personal en situaciones especiales para salvaguardar su seguridad.

Se incluirá traslados presupuestales y contratación directa de recursos para bloquear la señal en las cárceles y así evitar los casos de extorsión y las amenazas.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación indicó que está trabajando estratégicamente para desarticular y debilitar a la banda “La Inmaculada”, que opera en Tuluá, Valle.

“Consideramos que es el momento de actuar unidos. El enemigo son esas estructuras criminales que están heridas y es el momento para que el Gobierno y los sindicatos del Inpec actuemos conjuntamente. La semana pasada firmé un decreto que creó una ‘prima de la vida asistida’ para los trabajadores del Inpec que está en trámite para su gestión. Además, estamos acelerando el diseño del esquema jurídico y la consecución de recursos para ver qué viabilidad tiene un seguro de vida para los guardias”, agregó el jefe de esta cartera.

Estarían detrás las bandas criminales “Los Magos” una organización que panfletera que atemoriza a los guardias y banda criminal “La inmaculada” que delinque, principalmente en Tuluá, Valle del Cauca. Precisamente los jefes de esta última entrarán al “Plan dominó” que es una estrategia anticrimen que implementó el coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC.

Precisamente, los ataques contra guardias del INPEC se debe a que producto del “Plan Dominó” se ha cerrado el cerco a los extorsionistas que delinquen desde las cárceles, y se ha cortado privilegios clandestinos como drogas, bebidas alcohólicas, celulares y televisores que mantenían los presos.

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Altas cortes hacen llamado unánime al respeto por la independencia de poderes - Google

Altas cortes hacen llamado unánime al respeto por la independencia de poderes

Tras la compleja jornada de orden público que se registró en las inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia en Bogotá, por los bloqueos y actos vandálicos de algunos manifestantes, las altas cortes manifestaron su rechazo por la situación e hicieron un llamado a la ciudadanía y al Gobierno a que respeten las decisiones judiciales.

Justamente, el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, dijo que: “la Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la Capital de la República. Situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país”.

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Además, el magistrado recordó que, “la Corte defiende y garantiza el legítimo derecho a la protesta pacífica y la divergencia de posturas ciudadanas e institucionales en los asuntos públicos de la Nación”.

También criticó que las marchas se usen para presionar las decisiones judiciales. “Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado”, indicó.

Finalmente, hizo un llamado al Gobierno y aseveró que: “La Corte Suprema de Justicia exige al Gobierno Nacional brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar sin presiones, hostigamiento o amenazas”.

Por su parte, la Corte Constitucional mostró su preocupación por la violencia en medio de las movilizaciones e hizo un llamado a la calma y la sensatez.

“Llamamos a que no se bloquee, presiones o amedrente a las Instituciones de la justicia. Los jueces en todos los niveles requieren de tiempo, espacio y condiciones aptas para una adecuada deliberación y decisión de los asuntos y encargos propios”, manifestó la presidenta de la C. Constitucional Diana Fajardo.

Y agregó que deplora los ataques, la violencia y los insultos, “lo que solo sirve para retardar las decisiones que los ciudadanos, todos, estamos esperando”.

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Ante este panorama, el Consejo de Estado expresó su profunda preocupación y rechazó los bloqueos que se dieron en la Corte Suprema.

“El Estado de Derecho se cimienta en la garantía de los derechos de las personas, la separación de poderes, el principio de legalidad, la independencia y la autonomía judicial. La Corporación hace un llamado a la mesura y al respeto por la institucionalidad de los tres poderes del Estado”, sostuvo el presidente del Consejo de Estado, Milton Chaves García.

Igualmente, el funcionario mencionó que la Rama Judicial desempeña sus funciones dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley. “Es fundamental garantizar su ejercicio independiente y autónomo, y conforme a los procedimientos establecidos. Las decisiones que adopta conforme a las atribuciones Constitucionales deben estar libres de presiones o condicionamientos externos”, puntualizó.

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Humberto de la Calle propone reunión tras diferencias de exFarc con la JEP - Google

Humberto de la Calle propone reunión tras diferencias de exFarc con la JEP

Los anteriores miembros del denominado Secretariado de las Farc firmaron una carta enviada al presidente Gustavo Petro en la que hacen serios cuestionamientos a algunas de las decisiones que ha venido tomando la Jurisdicción Especial para la Paz.

En la misiva, los directivos del partido Comunes advierten que se quieren apartar de estas determinaciones y posiblemente abandonar la JEP, por incumplimientos de ese tribunal.

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Ante esto, el senador Humberto de la Calle, quien fue el jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con la entonces guerrilla, propuso realizar una reunión tripartita en la que participen delegados de los exFarc, del Gobierno y de los magistrados de la jurisdicción, para buscar una solución.

“Estuve mirando con mucho cuidado la carta de los miembros del Partido Comunes sobre las preocupaciones que tienen respecto de los máximos responsables, el tema de algunas amnistías, es decir lo que se deriva de la valoración del trabajo de la JEP.

“Yo creo que el mensaje es serio, hay unos problemas que tenemos que afrontar los colombianos, yo creo que una reunión tripartita entre el Estado colombiano, el Gobierno, los voceros de los firmantes de las extintas Farc y la JEP, que puede ser alrededor de ese mecanismo que se llama CSIVI, una reunión técnica, podría contribuir a aclarar estas circunstancias”, afirmó.

De la Calle asegura que el partido Comunes tiene razón al pedir que se examinen ciertas decisiones, pero lo más importante es buscar una solución aquí mismo, antes que acudir a organismos internacionales.

“Lo importante en este momento es que lo hagamos dentro de los resortes del Estado de Derecho colombiano, me parece que no es el momento de acudir a declaraciones unilaterales del Estado frente a Naciones Unidas, busquemos una solución aquí y me parece en todo caso que tiene razón Comunes en pedir que se examine una situación que termina siendo bastante delicada”, sostuvo.

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La Jurisdicción Especial para la Paz advirtió que si los desmovilizados se retiran de la JEP, podrían perder los beneficios obtenidos gracias al proceso de paz.

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Armando Benedetti se posesionó como embajador de Colombia ante la FAO

Armando Benedetti asumió oficialmente el cargo de embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en una ceremonia celebrada en Roma, Italia.

La posesión de Benedetti como representante diplomático de Colombia ante la FAO marca un hito significativo en el compromiso del gobierno colombiano con las políticas alimentarias y agrícolas. A través de su cuenta de X, el recién nombrado embajador expresó su agradecimiento al presidente Gustavo Petro por la designación, destacando la importancia de temas como la alimentación, la reforma agraria y la agricultura en la agenda gubernamental.

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Benedetti enfatizó “La alimentación, la reforma agraria y la agricultura son temas fundamentales en las políticas del Gobierno que no admiten esfuerzos menores y que imponen grandes retos”. Su designación representa un voto de confianza en su capacidad para representar a Colombia en un organismo internacional clave dedicado a garantizar la seguridad alimentaria y promover el desarrollo agrícola sostenible a nivel mundial.

El presidente Gustavo Petro oficializó el nombramiento de Armando Benedetti como representante de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a través del decreto 0108, emitido el 6 de febrero de 2024. Este movimiento marca el regreso de Benedetti al ámbito gubernamental luego de más de seis años, tras su renuncia en medio de un escándalo relacionado con conversaciones privadas.

Lo llamativo del decreto radica en su firma por parte del canciller Álvaro Leyva, a pesar de estar suspendido por orden de la Procuraduría desde hace 14 días. La firma se produce incluso después de que el viceprocurador general, Silvano Gómez, iniciara un proceso de desacato contra el ministro y el presidente por no acatar una orden previa.

La reapertura de la misión de Colombia ante la FAO por parte del presidente Petro, luego de 25 años de su supresión para reducir gastos, incluyó la modificación de la planta del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la creación de otros 125 cargos que darán lugar a la apertura de nueve embajadas.

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Sin embargo, la designación de Benedetti no estuvo exenta de controversia. La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (Unidiplo) cuestionó el proceso, señalando que no cumplía con los requisitos de mérito al no haber acreditado el dominio de un segundo idioma, un aspecto fundamental para la labor diplomática.

Como embajador ante la FAO, se espera que Benedetti trabaje en estrecha colaboración con otros países miembros para abordar los desafíos relacionados con la producción de alimentos, la nutrición y el desarrollo rural.

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Dos alfiles de Leyva se van de la Cancillería tras ratificación de suspensión

La sede de la Cancillería parece que se quedará sin sus principales alfiles. El canciller Álvaro Leyva notificó que se apartará del cargo para cumplir con la suspensión que le impuso la Procuraduría y solo eso bastó para que al Ministerio de Relaciones Exteriores se le viniera encima una cascada de renuncias.

Se pudo confirmar que dos de los principales funcionarios de esa entidad ya presentaron su carta de renuncia. Se trata de Eduardo Alexander Franco Solarte, quien venía desempeñándose como subdirector del Área Administrativa y Financiera y de Juan Carlos Losada Perdomo, director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería.

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De acuerdo con la hoja de vida registrada en Función Pública, Franco Solarte es magíster en derecho público y tiene experiencia desde 2005 en distintos cargos de instituciones del Estado. A la Cancillería llegó el 2 de enero de 2020 –cuando el presidente era Iván Duque– y allí se había desempeñado funciones en la unidad de gestión de pensiones y parafiscales de ese ministerio.

Mientras que Juan Carlos Losada Perdomo, considerado uno de los alfiles de confianza del canciller Leyva, es un abogado con especialización en ciencias administrativas y constitucionales. Tiene historial en el sector público desde 1987. Ha desempeñado distintos roles en el Ministerio de Transporte, la Fiscalía, la Procuraduría y la Jurisdicción Especial de Paz.

Losada Perdomo era el encargado de planear, dirigir y controlar la gestión jurídica internacional de la Cancillería. Su tarea era representar los intereses de Colombia en materia judicial en el ámbito internacional, adelantaba los trámites de extradición, estudiaba las quejas diplomáticas que llegaban desde el exterior y hasta evaluaba las solicitudes de nacionalidad colombiana que tramitaban extranjeros residentes en el país.

Este miércoles el canciller Álvaro Leyva decidió darle cumplimiento al auto de la Procuraduría que lo apartó por tres meses de la dirección del Ministerio. La tarea ahora será del presidente Gustavo Petro. Se tendrá que encargar de designar un canciller provisional y pensar en los posibles reemplazos de Franco Solarte y de Losada Perdomo.

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La suspensión del canciller se tomó, según la Procuraduría, para evitar que el funcionario siga incurriendo en las mismas faltas disciplinarias que hoy le señalan por haber declarado desierta la licitación de los pasaportes en Colombia.

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