POLÍTICA

En atención a los elementos materiales de prueba presentados por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, una juez penal de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario al exdirector de Conocimiento del Riesgo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), Luis Carlos Barreto Gantiva; y al exasesor de la entidad, Pedro Andrés Rodríguez Melo, por su presunta responsabilidad en el direccionamiento irregular de la contratación.

Los dos exfuncionarios habrían participado en un entramado de corrupción que, a cambio de dinero, favoreció a contratistas específicos para que se quedaran con varias órdenes de proveeduría, que tenían como propósito la realización de obras de mitigación o la adquisición de bienes y servicios para la atención de emergencias en diferentes departamentos.

Por estos hechos, la Fiscalía les imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir. Los cargos no fueron aceptados.

Barreto Gantiva es señalado de gestionar y tramitar el reintegro de 100.000 millones de pesos de un convenio que la UNGRD celebró con la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Esta acción tendría como propósito la desviación de los recursos para suscribir ocho órdenes de proveeduría con empresas y oferentes recomendados por una tercera persona. En contraprestación, los beneficiados entregarían el 7% del valor de cada contrato.

En las labores investigativas se estableció que producto de los procesos contractuales desarrollados, se generaron sobrecostos superiores a los 12.065 millones de pesos.

De otra parte, Rodríguez Melo, al parecer, ubicó al contratista Luis Eduardo López Rosero, y le entregó con tres meses de anticipación información privilegiada de los procesos contractuales que se iban surtir para la compra de carrotanques para garantizar el suministro de agua potable en municipios de La Guajira.

Adicionalmente, se estableció que presuntamente recibió del citado contratista varias cotizaciones y se las entregó al entonces subdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, Sneyder Pinilla, quien finalmente celebró seis órdenes de proveeduría con el señor López Rosero.

Con estas actuaciones se causaron sobrecostos en favor del contratista por más de 14.163 millones de pesos, de los cuales 1.000 millones habrían correspondido a dádivas para el exasesor Pedro Andrés Rodríguez Melo. Las evidencias indican que 700 millones fueron consignados a la cuenta de una mujer y 300 millones de pesos entregados en efectivo.

La Fiscalía General de la Nación, a través de un despacho especializado de la Seccional Tolima, judicializó a Alexánder Perilla Vanegas por su presunta participación en el desfalco a las arcas del municipio tolimense de Purificación, en diciembre del año 2021. Según la investigación, el procesado fue contactado por presuntos integrantes del entramado ilegal para que los apoyara en la configuración del delito, a cambio de recibir un porcentaje del dinero.

El investigado habría utilizado, sin autorización, la cuenta de un empresario por él conocido, para que a allí le transfirieran 750 millones de pesos, que estarían relacionados con el desfalco. Esto motivó la denuncia contra Perilla Vanegas, a quien la víctima de la transferencia denunció por el uso indebido de sus datos personales.

La Fiscalía imputó al investigado los delitos de hurto por medios informáticos y semejantes, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos, los cuales aceptó.

Luego de evaluar los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación sobre la necesidad de privar de la libertad al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez; el exsubdirector del Manejo del Riesgo de esa entidad, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y el contratista Luis Eduardo López Rosero; el juez 35 penal de control de garantías de Bogotá impuso a estas tres personas medida de aseguramiento de detención preventiva, la cual se cumplirá en establecimientos militares para asegurar la vida de los procesados

La decisión resaltó que la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia acreditó la participación de los exfuncionarios y el excontratista en un entramado de corrupción, que direccionó la contratación en la UNGRD para cubrir obras de mitigación de emergencias y suministro de agua potable para las comunidades indígenas de La Guajira.

Por estos hechos, los tres investigados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. Cargos que no fueron aceptados en su momento.

Las evidencias y elementos de prueba obtenidos por la Fiscalía dan cuenta de que, entre marzo de 2023 y febrero de 2024, desde la UNGRD se entregó información privilegiada a algunos contratistas, inscribieron empresas al registro de proveedores de manera apresurada para cumplir requisitos, acordó el pago de dádivas de hasta el 14% del valor de los procesos contractuales comprometidos, y falsificaron documentos para legalizar contratos y desembolsos.

Estas y otras anomalías fueron detectadas en 21 órdenes de contratación, que ascendían a 228.884 millones de pesos.

En este contexto, los entonces director y exdirector de la UNGRD, al parecer, orientaron seis órdenes de contratación para que fueran adjudicadas a las empresas del contratista López Rosero. Los contratos involucrados contemplaban el suministro de materiales para atender emergencias en Nariño, Chocó y Cauca; comprar 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira, por 46.800 millones de pesos, adquirir otros 20 carrotanques, por más por 27.000 millones de pesos, y 20 camiones tipo bombero, por 31.000 millones de pesos.

En primer término, la investigación estableció un sobrecosto de 14.163 millones de pesos en el contrato de carrotanques para La Guajira. Parte de este dinero fue destinado al pago de coimas. 724 millones de pesos habrían correspondido a Olmedo López Martínez y 342 millones a Sneyder Pinilla Álvarez. Aquí el contratista presuntamente obtuvo una ganancia ilegal de 7.821 millones de pesos.

De otro lado, se evidenció que la UNGRD también contrató el alquiler de carrotanques, por algo más de 24.000 millones de pesos, con amigos del exsubdirector del Manejo del Riesgo; y confió a empresas referidas por terceras personas otras actividades, bienes y servicios, por 96.000 millones de pesos, que correspondían a recursos de un convenio con la Agencia Nacional de Tierras (ANT).