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La vicepresidenta Francia Márquez reaccionó a sanción del CNE a la campaña Petro - Foto: Vicepresidencia

La vicepresidenta Francia Márquez reaccionó a sanción del CNE a la campaña Petro

La vicepresidenta Francia Márquez reaccionó a la sanción del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la que sancionó la campaña Petro Presidente 2022 por violación de topes electorales. El alto tribunal les dio la razón a los ponentes Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, que encontraron que la campaña del ahora presidente Gustavo Petro superó los topes por 3.500 millones. 

“La oposición está desesperada buscando cómo detener la continuidad del cambio”, dijo la alta funcionaria

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En la publicación también se refirió nuevamente a los chats revelados de los ‘Archivos secretos de Calarcá’, en donde la señalan de tener vínculos con las disidencias de las Farc

“Como la supuesta financiación ilegal de la campaña no existió, ahora pretenden incriminarme valiéndose de conversaciones sin fundamento entre personas que hoy están en la criminalidad”, dijo. 

Y agregó: “He sido clara en responder esa infamia; yo no soy como muchos de la ultraderecha que, pretendiendo adueñarse del poder, hicieron alianzas con grupos al margen de la ley para ganar y quedarse en él. Toda mi vida he luchado contra la criminalidad, he arriesgado mi vida en esa causa, por eso me han querido matar. No contentos con eso, la oposición dentro del Consejo Nacional Electoral ahora sanciona nuestra campaña, supuestamente porque se volaron los topes”. 

La vicepresidenta finalizó nuevamente refiriéndose a la oposición: “Señores de la oposición, el pueblo despertó y entiende bien que todo esto es para impedir que en las próximas elecciones el cambio continúe”. 

El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de una publicación en la que atacó a la oposición y rechazó la decisión del CNE. «Nosotros no aceptamos esa decisión administrativa. Es la oposición multándonos», escribió. 

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En el mismo sentido, aseguró que «no hay un solo peso del narcotráfico en mi campaña. Tres años de investigación de la oposición mayoría en el CNE y no encontraron un peso. La doble moral de la oposición. Controlan el Consejo Nacional Electoral y el conjuez es el abogado de Fico y ya nos había demandado; pertenece a la cuerda de personas cuestionadas como Daniel Hernández y Néstor Humberto Martínez: es el que multa a la campaña y lo digo con claridad, lo hizo de manera extemporánea y parcializada». 

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Centro Democrático le pidió a Andrés Guerra encabezar la lista a la Cámara por Antioquia - Foto: Senado

Centro Democrático le pidió a Andrés Guerra encabezar la lista a la Cámara por Antioquia

Después de haberse bajado de su aspiración presidencial, Andrés Guerra recibió una oferta desde el Centro Democrático, desde donde le pidieron encabezar la lista a la Cámara de Representantes por Antioquia

En una comunicación firmada por el director del partido, Gabriel Vallejo, destacan la trayectoria del senador. “Desde hace años usted ha demostrado, con hechos y sacrificios personales y políticos, una lealtad incuestionable hacia las banderas del uribismo y una profunda conexión con el sentimiento antioqueño. Su trayectoria —desde la Asamblea de Antioquia, sus dos batallas a la Gobernación enfrentando a dirigentes de larga trayectoria, su llegada al Senado de la República y su reciente participación como precandidato presidencial— es testimonio de un liderazgo construido con esfuerzo, coherencia y convicción”, se lee. 

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En esa misma línea, aseguran que el partido enfrenta uno de los desafíos electorales más decisivos de su historia en Antioquia: “consolidar al Centro Democrático como la fuerza política más importante de ese departamento, obteniendo no menos de 7 curules en la Cámara de Representantes. Este desafío nos exige presentar a los antioqueños un liderazgo capaz de inspirar, unir y jalonar una votación sólida para defender los principios que representamos”. 

Acto seguido, le hacen la propuesta a Guerra: “Reconociendo su autoridad moral, su arraigo regional, su voz firme y su carácter genuinamente guerrero, queremos solicitarle que acepte encabezar la lista del Centro Democrático a la Cámara de Representantes por Antioquia”. 

Desde el partido aseguraron que no existe una persona más idónea para asumir esta responsabilidad estratégica. «Usted representa los valores que dieron origen a nuestro proyecto político: la seguridad democrática, el orden institucional, la defensa de la libertad, el amor por Antioquia y la capacidad de dar batallas difíciles con gallardía. Con su liderazgo al frente de la lista, estamos seguros de que podremos no solo competir con fuerza, sino conquistar nuevas curules, proteger el voto ciudadano que confía en nosotros y preparar el terreno para los retos que vendrán, incluida su proyección futura en el ámbito regional», manifestaron. 

Y agregaron: «Sabemos que esta decisión no es sencilla. Usted ha construido con mérito su lugar en el Senado, pero también es claro que su papel en la Cámara sería determinante para la defensa del uribismo y para el futuro político del departamento que tanto le ha dado y al que usted tanto le ha entregado». 

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Desde Centro Democrático le piden al senador considerar esta decisión «con la grandeza que siempre lo ha caracterizado. La lista a la Cámara de Representantes de Antioquia necesita de su liderazgo y capacidad de trabajo y Antioquia necesita un referente de un ser humano y ciudadano de sus cualidades». 

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CNE sancionó la campaña Petro Presidente por violación de topes electorales - Foto: Archivo

CNE sancionó la campaña Petro Presidente por violación de topes electorales

Tras una sala plena de menos de una hora y con dos conjueces incluidos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) acaba aprobar la ponencia en la que se sanciona a la campaña Petro Presidente 2022-2026 por violación de topes electorales en primera y en segunda vuelta. 

El pasado jueves 13 de noviembre, 5 magistrados ya habían apoyado la ponencia de Benjamín Ortiz y de Álvaro Hernán Prada -los magistrados investigadores- y solo faltaba un voto para alcanzar la mayoría absoluta, luego de que se apartaran del caso la magistrada Alba Lucía Velásquez (Pacto Histórico) al estar recusada por ser testigo electoral de esa colectividad; y Álvaro Echeverry (Colombia Justa Libres), quien se declaró impedido por haber trabajado en la campaña del Pacto como abogado.   

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Además de los votos de los ponentes, apoyaron la sanción Maritza Martínez (partido de la ‘U’); Altus Baquero (Liberal); Alfonso Campos (conservador) y el conjuez Majer Abushihab

De acuerdo con la parte resolutiva, adicional a multas por 5.922 millones de pesos, se compulsarán copias a la Fiscalía para que investigue a Ricardo Roa, gerente de la campaña y actual cabeza de Ecopetrol

Lo que se pide es que se investiguen las presuntas conductas en las que pudo haber incurrido Roa «frente a la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, la violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, fraude procesal y las demás que se determinen, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la resolución». 

También se ordenó remitir en medio magnético, copia del expediente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, juez natural del presidente de la República, con destino al proceso con radicado 5914, para su conocimiento y fines pertinentes. 

Según el CNE, la campaña Petro sobrepasó topes en 5.300 millones de pesos. Unos 3.700 millones de pesos corresponden a la primera vuelta que no se registraron en los informes. El saldo  restante, 1.600, corresponden a lo no reportado en segunda vuelta. 

Según Ortiz y Prada, que ordenaron decenas de pruebas y testimonios durante más de un año, la campaña Petro no reportó el aporte del sindicato de maestros de Fecode, una publicidad política en Caracol TV., un pago a testigos electorales y un aporte de la Unión Patriótica (UP). 

Y en cuanto al uso de fuentes prohibidas, se señala un aporte de la Unión Sindical Obrera de Ecopetrol (USO) y el pago de testigos electorales de Ingenial Media SAS. 

En cuanto a los testigos electorales, la resolución indica que logró establecer que se efectuó la remuneración a 30.256 de estos para la campaña de la llamada coalición del Pacto Histórico para la primera vuelta. 

Por esa conducta, violatoria de la ley, el CNE sancionó a Roa, en su calidad de gerente; a Lucy Aydee Mogollón, tesorera de la campaña; y Mari Lucy Soto, en su calidad de auditora de la misma, con el pago de 2.252 millones de pesos por financiación prohibida de parte de personas jurídicas en primera vuelta. Además, deberán pagar 2.447 millones de pesos por violación de topes. 

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Y por financiación de personas jurídicas en segunda vuelta deberán pagar 627 millones de pesos. Y en esa misma vuelta por violación de topes deberán pagar 596 millones de pesos. 

Roa, además, deberá devolver 165 millones 405 mil pesos correspondientes al pago efectuado por el concepto de gasto “evento Movistar arena del 19 de junio de 2022” debidamente indexado al año 2025. 

Los partidos Colombia Humana y Unión patriótica (UP), de manera individual, pagarán 583 millones 785 mil pesos por violar o tolerar la vulneración de topes en primera vuelta. Y en segunda, 583 millones de pesos

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La Fiscalía pedirá cárcel para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el desfalco de la UNGRD - Foto: redes sociales

La Fiscalía pedirá cárcel para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el desfalco de la UNGRD

La Fiscalía General de la Nación radicó este miércoles ante el Tribunal de Bogotá una solicitud para llevar a cabo las audiencias de imputación contra los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, de Interior, por su supuesta participación en la trama de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo o UNGRD. La entidad solicitará también que los antiguos funcionarios del presidente Gustavo Petro sean enviados a la cárcel de manera preventiva y les imputará los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. 

El ente acusador considera a Bonilla y a Velasco como un peligro para la sociedad y argumentará que tiene evidencia suficiente para probar la participación de ambos en un entramado de corrupción en el que se desviaron recursos de la UNGRD hacia congresistas, empresas y otros implicados. El anuncio de la Fiscalía llega después de que el exdirector de la entidad Olmedo López, su subdirector Sneyder Pinilla y la asesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, confesaran que los exministros ordenaron a López de ofrecer beneficios a seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para que estos avalaran operaciones presentadas por el Ministerio de Hacienda. A cambio de eso, parte de los recursos aprobados por la comisión fueron canalizados por la UNGRD a terceros previamente pactados. 

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El ente acusador había anunciado ya en junio que imputaría cargos contra Bonilla por conocimiento de una “actividad presuntamente delictiva” del exministro, muy cercano al presidente Petro y quien renunció en diciembre de 2024 para atender las acusaciones fuera del Gobierno. Respecto esa imputación se pronunció su abogado Mauricio Pava, quien manifestó que ha estado recabando elementos probatorios para demostrar que Bonilla no cometió delitos. En entrevista con W Radio aseguró que el caso del exministro de Hacienda “no se trata de un caso en donde exista una imputación por maletines con dinero; no se trata de un caso en donde se hubieran celebrado contratos y hayan supuestamente, o según la Fiscalía, pactado comisiones. El caso de Ricardo Bonilla es otro y así lo va a precisar la Fiscalía”. 

La Fiscalía señala a Velasco de ordenar el direccionamiento de contratos de la UNGRD, por valor de casi 35.000 millones de pesos, para favorecer al senador Julio Elías Chagüi, del Partido de la U, y a quien la Fiscalía señala como beneficiario del entramado de corrupción. Según los testimonios de López y Pinilla, Chagüí había sido designado como vocero de un grupo de congresistas a quienes se les repartieron recursos públicos a cambio de respaldar proyectos del Gobierno en el Legislativo. Eso le generó contratos millonarios en el municipio de Sahagún, Córdoba. 

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Bonilla y Velasco no son los únicos exfuncionarios del Gobierno de Petro implicados en el escándalo. Además de ellos han sido señalados de participar López, Pinilla, el único condenado por el momento, y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones. Además, continúa prófugo Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia y de la Dirección Nacional de Inteligencia, a quien la Fiscalía imputó los delitos de cohecho, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos por presuntamente ordenar el reparto de contratos por 70.000 millones de pesos para conseguir apoyos legislativos. También continúa prófugo Cesar Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de Función Pública, quien es señalado de desviar recursos por un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras, así como de participar en reuniones donde se decidieron asignaciones de contratos y reparto de recursos. Los dos últimos continúan prófugos. 

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El precandidato Carlos Caicedo propuso la creación de un Frente Unido - Foto: @carlosecaicedo

El precandidato Carlos Caicedo propuso la creación de un Frente Unido

Las elecciones atípicas en el departamento del Magdalena estallaron una grave crisis política en la izquierda, de cara a los comicios del 2026. Y separaron definitivamente al precandidato presidencial y jefe político del movimiento Fuerza CiudadanaCarlos Caicedo, del presidente Gustavo Petro y las principales cabezas del Pacto Histórico en Bogotá. 

El jefe de Estado y varias voces del Pacto, como la senadora María José Pizarro, respaldaron en Magdalena al candidato Rafael Noya, también apoyado por fuerzas de oposición, como Cambio Radical y el Centro Democrático. Justo después, el presidente Petro aseguró en un consejo de ministros que Caicedo busca “dividir a la izquierda”, e incluso, con su ego, restarle curules a la izquierda en el 2026. 

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Al respecto, Caicedo aseguró en entrevista que el presidente Petro ha recibido “malos consejos del círculo político que lo rodea (…) esa cúpula lo está alejando de sus bases sociales y populares, que lo respaldan, como lo hemos hecho nosotros a lo largo de estos años”. 

Agregó que esa misma “cúpula” lo ha llevado a “clientelizar cuotas, a acercarse a los sectores de la política tradicional (…) El pueblo votó por un gobierno de izquierda, pero ha gobernado con un sector de la política tradicional. Eso pasó en el departamento del Magdalena: hacen alianzas con los que son históricamente sus contradictores, sus enemigos y los que nos persiguieron, nos llevaron a la cárcel y nos acusaron de crímenes”. 

Ahora, Caicedo fue mucho más allá y se refirió a la gestión del mandatario en los territorios: “Lo hemos acompañado aun cuando el presidente Petro no ha estado presente con las inversiones que había prometido al departamento de Magdalena; lo hemos acompañado pese a que hemos dado luchas en solitario por defender nuestra personería jurídica y por recuperar la alcaldía que nos robaron, la destitución injusta del gobernador Rafael Martínez” Según dijo, lo ha apoyado pese a que “no ha actuado como garante del Estado y la democracia”. 

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Caicedo aseguró que “es evidente el papel que tiene Roy Barreras y Armando Benedetti en este tipo de acuerdos políticos. Si revisamos las oficinas del Estado (…) esas son cuotas que mantienen sectores políticos tradicionales, de Cambio Radical y del Centro Democrático”. Y agregó: “¿El Ministerio de Educación no se le entregó a un neoliberal como Alejandro Gaviria?, ¿cómo se pretende que se defienda la educación pública cuando entregaron ese ministerio?”. 

Ante esto, el precandidato Carlos Caicedo propuso la creación de un Frente Unido, distinto al Frente Amplio, para continuar con la izquierda, pero recogiendo posturas distintas a la política tradicional. “El que está peleando es Petro, y nosotros fuimos los que ganamos en el pueblo”, dijo. 

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¿Qué ha pasado con la centro derecha? - Foto: Redes sociales

¿Qué ha pasado con la centro derecha?

En los últimos días, tuvieron lugar varias reuniones en Bogotá donde sectores de la derecha y la centro-derecha dejaron ver acercamientos para la conformación de una coalición competitiva frente al oficialismo en las elecciones del 2026. Sin embargo, la posibilidad de llegar a acuerdos aún no se materializa. 

Este lunes, 24 de noviembre, varios precandidatos se reunieron. A la cita asistieron Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Felipe Córdoba, Daniel Palacios, Marta Lucía Ramírez y Mauricio Gómez Amín, quienes discutieron mecanismos para avanzar hacia una alianza opositora. 

Esta no es la primera vez que dichos precandidatos se reúnen, de hecho, era una idea que se venía gestando desde hace varios meses, pero no fue sino hasta el pasado 12 de noviembre que se dio el primer cónclave en el que se reunieron ocho aspirantes a la Presidencia: Vicky Dávila, Marta Lucía Ramírez, Enrique Peñalosa, Felipe Córdoba, Juan Carlos Cárdenas, Mauricio Gómez, Daniel Palacios y Juan Guillermo Zuluaga. 

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A este primer encuentro faltó Aníbal Gaviria, que, para este momento, conformaba la Fuerza de las Regiones -junto con Héctor Olimpo, Juan Guillermo Zuluaga y Juan Carlos Cárdenas – pero se sumó en la última sesión del 24 de noviembre, una vez fue declarado el candidato único de su alianza, tras la salida de Espinosa y el apoyo cantado por Zuluaga y Cárdenas. 

Espinosa, el mismo 12 de noviembre, salió de esa coalición por las diferencias con sus entonces aliados. Mientras que él insistía en que no había condiciones para realizar la encuesta que permitiera elegir a uno de los cuatro, los otros tres decían que se debía hacer a finales de noviembre, como era el acuerdo inicial. Finalmente, no hubo medición. 

A esa reunión también habían sido invitados Mauricio Cárdenas, David Luna y Juan Manuel Galán, que tienen su propia alianza. Sin embargo, no asistieron, aunque sí se han mostrado abiertos a sumarse a una gran coalición. No obstante, esas declaraciones de intención aún no se han materializado en un acuerdo concreto. 

En cuanto a la reunión del 24 de noviembre, Enrique Peñalosa y Mauricio Cárdenas, no asistieron: Cárdenas por agenda, Pinzón por compromisos previos y Peñalosa por viajar a Dubái a dictar una conferencia sobre “liderazgo”. En dicho encuentro se habló sobre la posibilidad de utilizar una encuesta interna para reducir el número de aspirantes, la cual generó el primer choque visible. 

En todo caso, Pinzón sí ha manifestado su interés de una alianza. Días antes de la reunión, el exministro de Defensa de Juan Manuel Santos planteó que se haga una encuesta nacional vinculante en enero, “abierta exclusivamente a los precandidatos que hayan superado el 3 % de intención de voto” en sondeos previos. Desde su perspectiva, permitiría ordenar el panorama antes de una consulta interpartidista el 8 de marzo. 

Sin embargo, Espinosa, quien recolecta firmas, respaldó la idea de una alianza pero rechazó tajantemente que lo defina una encuesta. “Los procesos definidos por encuestas terminan dividiendo, desgastando y rompiendo equipos”, afirmó, “Una alianza sin un ‘jefe’ que recoja los pedazos cuando es necesario, como lo hace el expresidente Uribe en el Centro Democrático, no puede darse el lujo de entrar en ese laberinto”, dijo el exgobernador de Sucre. 

También cuestionó que, con casi todos los aspirantes dentro del margen de error, abrir ese camino rompería la unidad “antes de nacer”, y pidió que una eventual consulta de marzo sea amplia desde Abelardo de la Espriella hasta Sergio Fajardo, “sin exclusiones, sin reglas acomodadas y sin vetos personales”. 

Sin embargo, David Luna ha mostrado reparos en que se cuente con la participación de De la Espriella dentro de la alianza, pues aseguró que la coalición no se identifica con los extremos: “Representamos algo distinto a los extremos, no solo al doctor de la Espriella, sino también al doctor Iván Cepeda (Pacto Histórico)”, aseguró. 

Otro sector en la derecha que está buscando unirse es el que representan los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria, como cabezas de sus partidos, Centro Democrático y Liberal. Como los otros, buscan formar un frente unido “contra el pretrismo” en las elecciones de 2026. Ambos exmandatarios se reunieron el pasado 31 de octubre donde abordaron la idea de realizar una consulta interpartidista. La idea de una alianza era llevar a la consulta del 8 de marzo del año entrante al candidato elegido por el Centro Democrático, el candidato del partido Liberal, e incluso se habló de la posibilidad de incluir a Germán Vargas Lleras de Cambio Radical. 

Este fin de semana, Uribe se refirió al proceso de elección de los candidatos del Centro Democrático y aseguró que se tendría listo el o los nombres para el 15 de diciembre. También manifestó su intención de que se realice una coalición más amplia una vez se conozcan sus cartas presidenciales. Además, el director del partido, Gabriel Vallejo, reiteró que el método de selección será a través de una encuesta, como se había acordado originalmente y pese a los reparos de uno y otro precandidato. 

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“Tenemos que hacer coaliciones, pero todo lleva su momento. Primero el o los candidatos, y después la coalición. Pero no puede ser apresurada ni restringida. Hay que ir con paciencia para tener una coalición tan grande que permita que la democracia se revitalice y no siga el actual gobierno”, aseguró Uribe. El partido elegirá entre las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, y Miguel Uribe. 

En cuanto a Germán Vargas Lleras, aún se está a la espera de que defina si será el precandidato presidencial o si liderará la lista al Senado de su partido, Cambio Radical. Desde las huestes de la colectividad, voces insisten en que él los represente en la consulta de marzo, pero aún no hay una decisión de fondo. 

Mientras la centroderecha define reglas para escoger un candidato único, otros sectores avanzan en agendas propias. Ese mismo 24 de noviembre, la coalición Ahora Colombia —integrada por el Mira, el Nuevo Liberalismo y Dignidad & Compromiso— eligió al representante Juan Sebastián Gómez como cabeza de lista al Senado, tras semanas de discusiones internas en las que también se habló de la posibilidad de que Jennifer Pedraza (Dignidad & Compromiso) fuera quien liderara la lista. 

La designación se dio “por consenso” y respondió, según el bloque, a más de dos décadas de experiencia en el servicio público y a un liderazgo que “integra desde la diversidad”. 

Sin embargo, las definiciones legislativas no han resuelto el panorama presidencial: Sergio Fajardo (Dignidad & Compromiso) y Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo) siguen caminos distintos, aunque este último sostiene diálogos con sectores que incluyen a Mauricio Cárdenas y David Luna. 

La centroderecha aún no encuentra un mecanismo que permita un rostro unificado y la discusión sobre el método —encuesta, consulta o consensos internos— ha dejado ver más inconformidades que acuerdos. Mientras que la carrera hacia las elecciones de 2026 continúa avanzando, la centroderecha permanece sin una fórmula definitiva que contrarreste el oficialismo 

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David Luna entregó las firmas para iniciar oficialmente su carrera por la Presidencia - Foto: Cortesía

David Luna entregó las firmas para iniciar oficialmente su carrera por la Presidencia

Este martes, el precandidato presidencial David Luna asistió a la Registraduría Nacional para entregar 1.3 millones de firmas que le permitan aspirar oficialmente a la Presidencia en 2026. Los apoyos serán revisados por el ente electoral para determinar si hay al menos 635.000 válidos. 

Luna llegó a la Registraduría sobre las 10:00 de la mañana acompañado por su familia y su equipo de campaña. Aseguró que pese a su anterior militancia en el partido opositor Cambio Radical no es una candidatura de extremos: “No tengo jefe político, mi único jefe es el ciudadano”.  

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“Yo tomé la determinación de renunciar al Congreso y a Cambio Radical porque estaba seguro de que las peleas no tienen posibilidad de salir adelante […] Colombia no puede seguir liderada por quienes nos quieren llevar a los extremos”, sostuvo Luna. 

El aspirante aseguró que actualmente esos extremos están representados por Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico. Por ello, aseguró que no haría coalición ni se mediría con ellos en una encuesta o consulta en marzo. 

Por lo pronto, alista una consulta interpartidista en marzo junto con los precandidatos Mauricio Cárdenas (firmas) y Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo). Invitó a otras candidaturas de centro derecha a sumarse a esta coalición y a evitar caer en las opciones de derecha e izquierda. 

Precisamente, les hizo esa invitación a Daniel Palacios, Marta Lucía Ramírez, Felipe Córdoba, Aníbal Gaviria y Vicky Dávila, quienes estuvieron reunidos un día antes en el Hotel Marriot para hablar de las elecciones

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“A mí no me invitaron, pero hubiera ido. Lo primero que hay que preguntarles a mis colegas que estuvieron reunidos es si ellos van a terminar apoyando a un candidato de extremos. Si es así, pues claramente no tenemos mucho que conversar”, explicó Luna. 

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Ministro de Defensa se reunió con senadores de EE. UU. - Foto: Cortesía

Ministro de Defensa se reunió con senadores de EE. UU.

Este domingo 23 de noviembre, Pedro Sánchez, el ministro de Defensa, se refirió al reciente encuentro con siete senadores de Estados Unidos, en el que habló sobre la lucha de Colombia contra el narcotráfico. 

«Una reunión muy productiva con senadores de Estados Unidos, analizando cómo podemos combatir de manera más efectiva el crimen organizado transnacional«, fueron las primeras palabras del ministro. 

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El ministro de Defensa estuvo al frente de una cumbre internacional en la que junto a representantes estadounidenses puso sobre la mesa varios temas de agenda entre Colombia y Estados Unidos. 

Allí, se reiteró la cooperación global en la lucha contra el narcotráfico, «la alianza en materia de seguridad y la colaboración en materia de antinarcóticos». Por su parte, Pedro Sánchez afirmó que Colombia sigue trabajando para contraatacar estas organizaciones criminales. 

«El problema de las drogas es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros. Colombia es uno de los países que combate con mayor efectividad el problema de las drogas«, destacó el ministro. 

E incluso señaló que, en medio de los operativos para dar con la captura de los líderes de estos grupos criminales, también se ha perdido la vida de muchos agentes de la policía. 

«Hemos perdido hombres y mujeres en esta lucha. Quiere decir que no solamente mueren por nuestra nación, sino también lo hacen por el mundo«, dijo Pedro Sánchez. 

En un video compartido en las redes sociales del ministro de Defensa, habló el senador de los Estados Unidos Kevin Cramer sobre la cooperación internacional

«Colombia es quizás el socio más importante que tiene Estados Unidos en el hemisferio occidental para combatir el narcotráfico«, expresó el senador. 

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Y agregó algunos detalles del trabajo operativo de Colombia: «Trabajamos muy estrechamente y estamos muy agradecidos no solo por su estrecha amistad, sino también por su increíble experiencia técnica. Están compartiendo información importante que nos permite combatir el narcotráfico. Es una alianza muy importante». 

Por lo anterior y respecto a las cifras por el delito de narcotráfico, se señaló que «más de 780 personas han sido extraditadas por delitos relacionados con el narcotráfico, reafirmando el compromiso de Colombia con la cooperación internacional y la lucha conjunta contra el crimen transnacional», según un informe publicado en la página oficial del Ministerio de Defensa Nacional. 

En el mismo comunicado, se destacó que «los resultados del periodo 2022–2025 confirman la eficacia y continuidad de la política integral contra las drogas, centrada en la interdicción, la destrucción de infraestructura y la articulación con la justicia internacional». 

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¿Falta de transparencia?: Existe preocupación en la adjudicación de SICOV y CALE

En los últimos días de ha divulgado una investigación la cual señala que el denominado Clan Torres, el cual es un grupo económico y político del departamento del Atlántico, y serían ellos quienes habrían logrado influir en decisiones estratégicas dentro del sector transporte en el Gobierno del Cambio. Sobretodo y  particularmente dentro de los procesos relacionados con el Sistema Integrado de Control y Vigilancia (SICOV) y los Centro de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE).

Dicho documento es el que plantea las posibles irregularidades que se presentaría en la adjudicación de estos sistemas, que representan negocios de alto impacto económico tanto en la región y para el país.

SICOV: el cual es un sistema cuestionado desde su origen El SICOV, implementado desde el año 2013 con el objetivo de combatir el fraude en los diferentes Centros de Enseñanza Automovilística (CEA), Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) y Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC), habría sido adjudicado bajo un proceso que — según la investigación — presentó señales de direccionamiento.

Este es el informe que señala:

· Las condiciones habrían sido diseñadas de forma que solo una empresa del entorno de Euclides Torres pudiera cumplirlas.
· Se habrían inscrito compañías vinculadas al mismo grupo económico, junto con una empresa externa supuestamente presentada para simular pluralidad.
· El sistema, pese a su finalidad, no habría logrado reducir el fraude ni la accidentalidad vial.
Adicionalmente, el actual superintendente de Transporte habría prorrogado el contrato por 15 años más, consolidando un monopolio que hoy generaría ingresos por cientos de miles de millones de pesos anuales.

CALE: es el nuevo proyecto con advertencias de direccionamiento

Por ello en diferentes medios de comunicación también se ha expuesto las diferentes preocupaciones por el proceso de selección para operar los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), que evaluarán a los aspirantes a obtener una licencia de conducción.

De acuerdo con la investigación:

  • La convocatoria exige “cobertura nacional”, un requisito que la mayoría de universidades públicas no pueden cumplir.
    · La UNAD sería la única institución con presencia en los 32 departamentos, lo que la convertiría en el único actor habilitado.
    · Esta universidad tiene antecedentes de contratos adjudicados sin competencia a empresas relacionadas al Clan Torres.
    · Tanto el rector como el vicerrector de la institución se encuentran involucrados en investigaciones por presunto nepotismo y irregularidades contractuales.
    El negocio de los CALE tendría un valor estimado cercano a los 14 billones de pesos durante 20 años.

Implicación de figuras políticas y funcionarios del Gobierno:

El informe señala que el senador Pedro Flórez, integrante del Pacto Histórico, habría sido impulsado políticamente por el Clan Torres. Declaraciones de Nicolás Petro también lo mencionan como presunto operador financiero durante la campaña presidencial.

Posteriormente, el senador llegó a dirigir la Comisión Sexta del Senado, instancia clave para las decisiones legislativas en materia de transporte.

La investigación también menciona a dos funcionarios del Gobierno:

· Alfredo Piñeres, Superintendente de Transporte, con supuestos vínculos empresariales con empresas relacionadas al Clan.
· Lina Huari, Viceministra de Transporte, sancionada previamente por la SIC e involucrada en el proceso de adjudicación de los CALE.

Riesgos identificados por los investigadores

Los analistas del informe advierten varios riesgos institucionales y de seguridad:
· Posible concentración del negocio vial en un solo grupo económico.
· Eventual conflicto de interés al coincidir operador y supervisor del sistema.
· Afectación a la seguridad vial si la evaluación de conductores queda bajo operadores con intereses particulares.
· Exclusión de universidades públicas con capacidades técnicas y acreditación de alta calidad.
· Continuidad de un modelo de contratación presuntamente restrictivo y poco competitivo.

Respuesta de autoridades y panorama actual

Hasta el momento, los entes de control no han emitido comunicados oficiales frente a las denuncias contenidas en el documento y realizada en medios de comunicación y redes sociales.
El caso podría convertirse en uno de los temas más sensibles dentro del sector transporte, considerando el impacto económico, social y de seguridad vial que representan los sistemas SICOV y CALE.

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Gobierno reduce el tope para importaciones por tráfico postal y envíos rápidos - Foto: Archivo

Gobierno reduce el tope para importaciones por tráfico postal y envíos rápidos

El Ministerio de Hacienda presentó ante el Congreso el documento comparativo con los cambios que tendrá la reforma tributaria del Gobierno antes de su radicación la próxima semana

El texto actualizado señala qué artículos se mantienen, cuáles se modifican y cuáles se eliminan, con el objetivo de asegurar el recaudo estimado de $ 16,3 billones en 2026 y más de $ 69,6 billones durante los siguientes cuatro años

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Una parte importante de las disposiciones permanece “sin modificación”, lo que implica que la estructura principal para financiar el Presupuesto General de 2026 continúa tal como fue concebida. Esta decisión responde a la intención oficial de preservar las medidas que considera esenciales para enfrentar la situación fiscal del país. 

El objeto central del proyecto, las reglas del IVA aplicables a juegos de suerte y azar, las normas sobre administración en propiedad horizontal y la organización del impuesto a las ventas para parqueaderos y zonas comunes continúan sin ajustes. También se mantienen las disposiciones de renta y patrimonio, incluida la opción de que no residentes tributen con una tarifa del 5% sobre ingresos por servicios digitales. El régimen para iglesias con actividades mercantiles y la estructura de tarifas para personas naturales se conservan sin alteraciones. 

La sobretasa al sector financiero y el sistema de tarifas variables para actividades extractivas vinculadas a los precios internacionales del petróleo y el carbón permanecen como estaban. Del mismo modo, las reglas de ganancias ocasionales continúan con la tarifa del 30% para loterías, rifas y apuestas, junto con los topes y criterios basados en UVT para herencias y utilidad ocasional. 

Uno de los ajustes más relevantes está en las importaciones por tráfico postal y envíos rápidos. El Gobierno decidió modificar el literal j) del artículo 428 del Estatuto Tributario, reduciendo el umbral de US$200 a US$50, y prohibiendo su uso con fines comerciales. Según el documento, “La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) establecerá los controles de fiscalización e investigación correspondientes para asegurar el pago efectivo del compuesto cuando haya lugar al mismo. El beneficio establecido en este literal no podrá ser utilizado cuando las importaciones tengan fines comerciales”. 

Tres artículos relacionados con el IVA de combustibles fueron retirados del proyecto, incluyendo las disposiciones sobre la base gravable para distribuidores minoristas, las tarifas escalonadas de gasolina y ACPM a partir de 2026 y las reglas sobre mercancías premarcadas. En contraste, los artículos ambientales que fortalecen el impuesto al carbono se mantienen, con tarifas diferenciadas por tipo de combustible y la destinación del 45 por ciento del recaudo a programas ambientales estratégicos. También continúa la tarifa cero para varios departamentos amazónicos y municipios del Chocó, salvo cuando haya explotación o refinación. 

El impuesto especial a la extracción de hidrocarburos y carbón se conserva, fijando una tarifa del 1% que se causa en “la primera venta dentro o desde el territorio nacional” o en la exportación. La base gravable se calculará con base en el valor de venta o el valor FOB, y se mantienen las sanciones para contribuyentes que no realicen el pago en los términos establecidos. 

Los incentivos para proyectos con fuentes no convencionales continúan sin modificación. Los bonos de transición energética, que permiten deducir hasta el 50% de la inversión, se mantienen, así como la exención del IVA para bienes y servicios vinculados a tecnologías renovables y eficiencia energética. El proyecto no incorpora beneficios para vehículos híbridos, pero sí detalla un listado amplio de elementos para vehículos eléctricos, como baterías, motores, cargadores e inversores. 

En facturación electrónica, persisten las deducciones del 5% en 2026, 3% en 2027 y 1% a partir de 2028, siempre que las compras no superen las 240 UVT y estén validadas previamente. La exigencia de identificar al adquirente permanece como mecanismo para fortalecer la formalización. 

También se mantiene el artículo que adiciona un parágrafo al régimen de ineficacia de declaraciones de retención en la fuente, otorgando efectos legales a las declaraciones presentadas sin pago desde la vigencia de la ley. Para subsanar declaraciones previas afectadas por ineficacia, se fija como plazo máximo el 31 de marzo de 2026, con una sanción reducida al 15% y sin intereses. De igual forma, las precisiones al régimen sancionatorio del artículo 701 del Estatuto Tributario permanecen sin ajustes, aplicando sanciones incluso cuando no exista declaración. 

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Durante una jornada en Casas de Santa Bárbara, el ministro Germán Ávila Plazas destacó el retiro de las medidas sobre combustibles y el mantenimiento de la renta progresiva. El Ministerio señaló que el encuentro fue “un espacio clave para avanzar en un proceso de ajuste concertado y responsable”. Con presencia del director (e) de la Dian, Carlos Betancourt, el Gobierno reiteró que los cambios deben responder a la sostenibilidad fiscal. 

El Ministerio de Hacienda se alista ahora para la radicación oficial del proyecto, aunque ya existe una ponencia de archivo presentada por la representante Katherine Miranda. Además, un grupo de 12 congresistas estaría organizándose para impulsar el hundimiento de la iniciativa. 

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