El presidente Gustavo Petro participará hoy en la primera Cumbre de Gobernadores del 2025, un encuentro organizado por la Federación Nacional de Departamentos que tendrá como eje central: El campo, motor de crecimiento económico desde las regiones.
El evento se llevará a cabo en el municipio de Villa de Leyva, en Boyacá, en la sede del Instituto Von Humboldt y reunirá a los gobernadores de todo el país, el Gobierno nacional y gremios del sector en una conversación sobre la apuesta por el desarrollo del campo colombiano.
Durante la jornada, se abordarán temas como las perspectivas de la Reforma Agraria desde un enfoque regional, la infraestructura para el crecimiento del agro y la seguridad para la actividad productiva, entre otros asuntos clave para el desarrollo rural y el crecimiento económico del país.
Se espera también la participación de los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes; el procurador general de la Nación; el registrador nacional del Estado Civil; el presidente del Consejo Gremial Nacional de Colombia; ministros del gabinete; miembros de la Fuerza Pública y de la Policía Nacional, entre otros invitados de alto nivel.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre la situación legal de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, y solicitó que se le aplique la ley de utilidad pública, la cual permite que las madres cabeza de familia cumplan su pena bajo condiciones distintas a la prisión.
En un comunicado, Petro argumentó que, como madre cabeza de familia, Barrera Rojas está protegida por la normativa que fue impulsada por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y aprobada en el Congreso. Según el mandatario, esta ley otorga la posibilidad de que las mujeres en esta situación cumplan su pena fuera de la cárcel bajo ciertas condiciones.
«Esta mujer, al ser madre cabeza de familia, está resguardada por la ley que hizo aprobar en el Congreso nuestro ministro progresista de Justicia, Néstor Osuna: debe salir diariamente de la cárcel. Le solicito a la ministra de Justicia ante el Inpec, aplicar la ley», expresó Petro.
La ley de utilidad pública ha sido un tema de discusión en el país, ya que busca ofrecer alternativas para las mujeres que cumplen con este perfil y aliviar el impacto de la encarcelación en sus hijos y familias. Sin embargo, la solicitud del presidente se enfrenta a cuestionamientos sobre la aplicación de la normativa y su impacto en el sistema penitenciario.
El caso de Epa Colombia ha generado gran atención mediática, ya que Barrera Rojas se hizo famosa por su presencia en redes sociales y posteriormente fue condenada por delitos relacionados con el daño al bien público. Ahora, con esta solicitud presidencial, se abre un nuevo capítulo en su situación legal, en un contexto donde las políticas de justicia y derechos humanos continúan siendo un tema central en el gobierno de Petro.
El panorama político en Bogotá se sacude tras el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que anuló la elección de Juan Daniel Oviedo como concejal. La razón: haber firmado un contrato por más de 100 millones de pesos con el Fondo Nacional de Garantías, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda.
¿QUÉ SIGNIFICA ESTA DECISIÓN?
El Tribunal concluyó que este contrato configura una inhabilidad, ya que el Fondo Nacional de Garantías hace parte de la rama ejecutiva del Estado. Por ello, ordenó la cancelación de su credencial como concejal de Bogotá para el período 2024-2027.
Sin embargo, la historia no termina aquí. La decisión no es definitiva, pues aún debe pasar por el Consejo de Estado, que tendrá la última palabra. Mientras tanto, Oviedo seguirá ejerciendo su curul, respaldado por su equipo jurídico, que ya anunció que presentará los recursos necesarios para revertir el fallo.
¿QUÉ VIENE AHORA?
Este proceso podría prolongarse en el tiempo mientras se resuelven las instancias legales pendientes. ¿Logrará Oviedo mantenerse en el Concejo? ¿Quién asumiría su curul en caso de que el fallo sea ratificado?
Siga toda la cobertura en El EspacioDigital.com, donde actualizaremos la información minuto a minuto sobre este caso que podría redefinir el equilibrio de fuerzas en el Concejo de Bogotá.
Impactante ausencia de líderes mundiales y denuncias de dictadura marcaron la ceremonia de juramentación del mandatario.
Caracas amaneció inusualmente desierta este viernes 10 de enero, cuando Nicolás Maduro juramentó para un tercer mandato consecutivo. En un acto que ha sido calificado por amplios sectores de la comunidad internacional como un «fraude descarado» y un «golpe de Estado constitucional», el líder chavista se aferró al poder entre señalamientos de ilegitimidad y violaciones a la democracia.
A pesar de los intentos del régimen por maquillar la jornada con tarimas, música y la presencia de miles de funcionarios desplegados por las calles, la imagen de Caracas reflejaba una mezcla de silencio y rechazo, un retrato que contrasta con las habituales aglomeraciones y el bullicio de la capital venezolana.
Una ceremonia polémica y atípica El acto de juramentación se realizó en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, un lugar inusual para este tipo de eventos, que históricamente tienen lugar en el hemiciclo de sesiones, conocido por su mayor capacidad para recibir asistentes. La ceremonia, que inició dos horas antes de lo previsto, estuvo marcada por la escasa asistencia y la simbólica presencia de un ejemplar de la Constitución de 1999, sobre el cual Maduro juró su cargo.
Paradójicamente, esa misma Constitución prohíbe la reelección indefinida, lo que ha encendido aún más las alarmas entre los detractores del mandatario, quienes no tardaron en calificar la escena como un «teatro político diseñado para legitimar lo ilegítimo».
«Le ganamos al imperio» Con tono desafiante, Maduro dedicó palabras al gobierno de Estados Unidos, afirmando: “Se la ganamos, no pudieron con nosotros. No es un hombre, es un pueblo que se crece porque somos ejemplo para el futuro.” Estas declaraciones se dieron ante un público reducido que incluyó únicamente a los presidentes de Nicaragua, Cuba, el Congo y algunos diplomáticos, dejando en evidencia el aislamiento internacional que enfrenta su gobierno.
El eco de las sanciones y el rechazo global Mientras Maduro intentaba enviar un mensaje de fuerza desde un podio, el resto del mundo reaccionaba con dureza. Una cascada de sanciones internacionales se alzó como respuesta inmediata a lo que muchos consideran la consolidación de una dictadura. Organismos como la OEA y varios países de América y Europa han desconocido la legitimidad de este tercer mandato, dejando a Venezuela más aislada que nunca.
La voz de la oposición Por su parte, el líder opositor Edmundo González, reconocido como presidente legítimo por varios gobiernos extranjeros, aseguró que el evento de este viernes es una burla al pueblo venezolano y a la Constitución. “Este no es solo un golpe a la democracia, es un atentado contra los derechos de millones de venezolanos que claman por un cambio real”, expresó en un comunicado.
Caracas bajo la sombra del rechazo El vacío en las calles, la ausencia de líderes internacionales y la polémica que rodeó la ceremonia de juramentación son un reflejo del clima político y social que atraviesa Venezuela. Aunque el gobierno de Maduro intenta mostrarse fuerte, las grietas en su legitimidad parecen más visibles que nunca.
Desde El Espacio Digital.com, seguiremos llevando la verdad detrás de cada noticia, dejando al descubierto lo que otros prefieren callar.
En atención a los elementos materiales de prueba presentados por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, una juez penal de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario al exdirector de Conocimiento del Riesgo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), Luis Carlos Barreto Gantiva; y al exasesor de la entidad, Pedro Andrés Rodríguez Melo, por su presunta responsabilidad en el direccionamiento irregular de la contratación.
Los dos exfuncionarios habrían participado en un entramado de corrupción que, a cambio de dinero, favoreció a contratistas específicos para que se quedaran con varias órdenes de proveeduría, que tenían como propósito la realización de obras de mitigación o la adquisición de bienes y servicios para la atención de emergencias en diferentes departamentos.
Por estos hechos, la Fiscalía les imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir. Los cargos no fueron aceptados.
Barreto Gantiva es señalado de gestionar y tramitar el reintegro de 100.000 millones de pesos de un convenio que la UNGRD celebró con la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Esta acción tendría como propósito la desviación de los recursos para suscribir ocho órdenes de proveeduría con empresas y oferentes recomendados por una tercera persona. En contraprestación, los beneficiados entregarían el 7% del valor de cada contrato.
En las labores investigativas se estableció que producto de los procesos contractuales desarrollados, se generaron sobrecostos superiores a los 12.065 millones de pesos.
De otra parte, Rodríguez Melo, al parecer, ubicó al contratista Luis Eduardo López Rosero, y le entregó con tres meses de anticipación información privilegiada de los procesos contractuales que se iban surtir para la compra de carrotanques para garantizar el suministro de agua potable en municipios de La Guajira.
Adicionalmente, se estableció que presuntamente recibió del citado contratista varias cotizaciones y se las entregó al entonces subdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, Sneyder Pinilla, quien finalmente celebró seis órdenes de proveeduría con el señor López Rosero.
Con estas actuaciones se causaron sobrecostos en favor del contratista por más de 14.163 millones de pesos, de los cuales 1.000 millones habrían correspondido a dádivas para el exasesor Pedro Andrés Rodríguez Melo. Las evidencias indican que 700 millones fueron consignados a la cuenta de una mujer y 300 millones de pesos entregados en efectivo.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó evidencias y elementos de prueba que dan cuenta de que Juan Pablo León Solís, alias Mauricio, posible integrante de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, sería el responsable de disparar contra una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en la que se transportaba el señor Sigifredo Márquez Trujillo, padre de la vicepresidenta de la República, Francia Márquez.
El ataque ocurrió el pasado 16 de julio, en una vía rural de Timba (Cauca). Alias Mauricio, quien se movilizaba en una motocicleta con otro hombre, habría accionado un arma de fuego e impactado la puerta trasera del automotor, donde también viajaban un menor de edad y dos escoltas, uno de ellos el conductor.
Por lo anterior, la Fiscalía le imputó los delitos de tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores de edad en la comisión de delitos; y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
La investigación permitió conocer que la organización ilegal obligaba bajar las ventanas de los vehículos para ingresar a Timba. Al parecer, el conductor de la camioneta oficial no atendió esa indicación, y alias Mauricio presuntamente recibió la instrucción de alcanzarla y dispararle para obligarla a detenerse.
El señalado agresor fue capturado en una acción conjunta con la Policía Nacional y el Ejército Nacional, mientras se trasladaba en una motocicleta con un adolescente en Santander de Quilichao (Cauca). Las dos personas portaban armas de fuego.
La Fiscalía General de la Nación, a través de un despacho especializado de la Seccional Tolima, judicializó a Alexánder Perilla Vanegas por su presunta participación en el desfalco a las arcas del municipio tolimense de Purificación, en diciembre del año 2021. Según la investigación, el procesado fue contactado por presuntos integrantes del entramado ilegal para que los apoyara en la configuración del delito, a cambio de recibir un porcentaje del dinero.
El investigado habría utilizado, sin autorización, la cuenta de un empresario por él conocido, para que a allí le transfirieran 750 millones de pesos, que estarían relacionados con el desfalco. Esto motivó la denuncia contra Perilla Vanegas, a quien la víctima de la transferencia denunció por el uso indebido de sus datos personales.
La Fiscalía imputó al investigado los delitos de hurto por medios informáticos y semejantes, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos, los cuales aceptó.
La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de soborno en la actuación penal al abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, por su presunta responsabilidad en el ofrecimiento de dinero a dos exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para que se retractaran de varios señalamientos hechos por las irregularidades de contratación en la entidad.
Las evidencias recopiladas indican que, el pasado 26 de julio, el hoy procesado contactó al defensor del exsubdirector del Manejo del Riesgo de la UNGRD, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y le propuso un acercamiento para que lo ayudara a concretar una negociación con la Fiscalía.
Luego de esta comunicación, se realizaron cuatro encuentros. En uno registrado en un hotel del occidente de Bogotá, Riveros Rey le habría ofrecido a Sneyder Augusto Pinilla 3.000 millones de pesos o el 5% del valor total de un contrato en la UNGRD, a cambio de que modificar su declaración ante la Fiscalía y no inculpar otros involucrados en el entramado de corrupción.
En otra de las reuniones, el 31 de julio del año en curso, el abogado presuntamente manifestó que estaba en condiciones de entregar 10.000 millones de pesos a Olmedo López, para que también se retractara de las afirmaciones contra otros exfuncionarios de la UNGRD, de tal manera que no fueran vinculados a las investigaciones penales.
Luego de evaluar los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación sobre la necesidad de privar de la libertad al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez; el exsubdirector del Manejo del Riesgo de esa entidad, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y el contratista Luis Eduardo López Rosero; el juez 35 penal de control de garantías de Bogotá impuso a estas tres personas medida de aseguramiento de detención preventiva, la cual se cumplirá en establecimientos militares para asegurar la vida de los procesados
La decisión resaltó que la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia acreditó la participación de los exfuncionarios y el excontratista en un entramado de corrupción, que direccionó la contratación en la UNGRD para cubrir obras de mitigación de emergencias y suministro de agua potable para las comunidades indígenas de La Guajira.
Por estos hechos, los tres investigados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. Cargos que no fueron aceptados en su momento.
Las evidencias y elementos de prueba obtenidos por la Fiscalía dan cuenta de que, entre marzo de 2023 y febrero de 2024, desde la UNGRD se entregó información privilegiada a algunos contratistas, inscribieron empresas al registro de proveedores de manera apresurada para cumplir requisitos, acordó el pago de dádivas de hasta el 14% del valor de los procesos contractuales comprometidos, y falsificaron documentos para legalizar contratos y desembolsos.
Estas y otras anomalías fueron detectadas en 21 órdenes de contratación, que ascendían a 228.884 millones de pesos.
En este contexto, los entonces director y exdirector de la UNGRD, al parecer, orientaron seis órdenes de contratación para que fueran adjudicadas a las empresas del contratista López Rosero. Los contratos involucrados contemplaban el suministro de materiales para atender emergencias en Nariño, Chocó y Cauca; comprar 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira, por 46.800 millones de pesos, adquirir otros 20 carrotanques, por más por 27.000 millones de pesos, y 20 camiones tipo bombero, por 31.000 millones de pesos.
En primer término, la investigación estableció un sobrecosto de 14.163 millones de pesos en el contrato de carrotanques para La Guajira. Parte de este dinero fue destinado al pago de coimas. 724 millones de pesos habrían correspondido a Olmedo López Martínez y 342 millones a Sneyder Pinilla Álvarez. Aquí el contratista presuntamente obtuvo una ganancia ilegal de 7.821 millones de pesos.
De otro lado, se evidenció que la UNGRD también contrató el alquiler de carrotanques, por algo más de 24.000 millones de pesos, con amigos del exsubdirector del Manejo del Riesgo; y confió a empresas referidas por terceras personas otras actividades, bienes y servicios, por 96.000 millones de pesos, que correspondían a recursos de un convenio con la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
La Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Gobierno(SDG) invitan a todas las personas con vocación de servicio y compromiso hacia sus comunidades a participar en el concurso de méritos para la elección de alcaldesas y alcaldes locales. Esta es una oportunidad única para liderar y gestionar los recursos públicos de manera honesta y responsable en beneficio de las localidades.
La Secretaría de Gobierno, en alianza con la Universidad Nacional y las Juntas Administradoras Locales (JAL), abre este proceso meritocrático para cubrir las alcaldías locales de Usme, Tunjuelito, Antonio Nariño y Sumapaz, donde en la primera convocatoria no se logró conformar ternas. Se busca asegurar la transparencia en la elección de liderazgos comprometidos con las necesidades de su comunidad y trabajen por su bienestar.
La Administración distrital hace un llamado especial a las mujeres para que participen activamente en esta convocatoria. “Buscamos liderazgos locales que se sumen a la construcción de este gobierno de lo cotidiano, desde las alcaldías locales», destaca el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila. Es fundamental que las mujeres que cumplan con el perfil profesional y vocacional se postulen y lideren desde sus localidades.
Requisitos para la inscripción
Las personas interesadas deberán presentar los siguientes documentos en las JAL, tanto en formato físico o digital:
Formato de inscripción debidamente diligenciado y firmado. (Las personas pueden obtener el formato impreso en cada JAL)
Formato Único de Hoja de vida de Persona Natural del Departamento Administrativo de la Función Pública o del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, debidamente diligenciado y firmado, con soportes, en medio físico y electrónico o digital.
Copia legible de la Cédula de Ciudadanía.
Declaración del o la aspirante, que se entenderá presentada bajo la gravedad del juramento, de no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad de que trata el artículo 66 del Decreto Ley 1421 de 1993 y las establecidas en el artículo 27 y 29 de la Ley 1909 de 2018, ni de presentar antecedentes judiciales. Esta exigencia aplica a todas las causales contenidas en el artículo 66 del Decreto Ley 1421 de 1993, salvo la contenida en el numeral 4 ibidem.
Soportes de cumplimiento del numeral 13.2.1.1 del artículo 13 del Decreto 785 de 2005: Título profesional y título de posgrado, y experiencia profesional mínima de 48 meses, de acuerdo con las áreas del conocimiento del núcleo básico descrito en la Circular 017 de 2024.
De acuerdo con el tipo de vinculación con la localidad que se quiera acreditar, presentar al menos uno de los siguientes documentos que constate este vínculo por lo menos durante los dos (2) años anteriores a la fecha de elección o nombramiento:
Certificación actualizada, expedida por la Alcaldía Local, para acreditar residencia. Esta certificación debe estar acompañada de documento(s) que den claridad del tiempo de permanencia en la localidad durante los últimos 2 años (Ejemplo: certificación de la Junta de Acción Comunal, contrato de arrendamiento, certificado de arrendador o dueño de vivienda, certificado del administrador del conjunto de propiedad horizontal).
Certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá con fecha de expedición no mayor a tres (3) meses, para acreditar actividad industrial o comercial.
Certificación, debidamente diligenciada, de la empresa de la localidad en la que conste el tiempo de trabajo, dirección de la empresa, NIT, así como la naturaleza jurídica y domicilio de la misma, para acreditar actividad laboral.
Certificación expedida por la persona jurídica en la que consten funciones desempeñadas, tiempo de servicio, domicilio y naturaleza de la persona jurídica, para acreditar una actividad profesional.
Afirmación del aspirante, que se entenderá presentada bajo la gravedad del juramento, en la que se señale la actividad profesional, tiempo de ejercicio y ubicación en donde se ha desarrollado; para acreditar la actividad profesional que haya sido ejercida de manera independiente.
Cronograma y etapas del proceso
No podrán ser elegidos quienes:
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 65 y 66 del Decreto Ley 1421 de 1993, no podrán ser elegidos alcaldes o alcaldesas locales quienes:
Hayan sido condenados a pena privativa de libertad, excepto en los casos de delitos culposos o políticos.
Hayan sido sancionados con la pena de destitución de un cargo público, o se encuentren, temporal o definitivamente, excluidos del ejercicio de una profesión en el momento de la inscripción de su candidatura.
Hayan perdido la investidura de miembros de una corporación de elección popular.
Dentro de los tres (3) meses anteriores a la inscripción de la candidatura se hayan desempeñado como empleados públicos en el Distrito; hayan sido miembros de una junta directiva distrital; hayan intervenido en la gestión de negocios o en la celebración de contratos con el Distrito o hayan ejecutado en la localidad contrato celebrado con organismos públicos de cualquier nivel.
Sean cónyuges, compañeros o compañeras permanentes o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, o primero de afinidad civil, de los concejales o de los funcionarios distritales que ejerzan autoridad política o civil.
