JUDICIAL

Uno de los principales articuladores de una ola de violencia promovida por la estructura Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc en Tolima y Huila, aceptó mediante preacuerdo su responsabilidad en 21 crímenes y otras acciones delictivas en contra de la población civil y la fuerza pública.

Se trata de Edwin Collo Dagua, alias Guajiro, uno de los cabecillas del grupo armado ilegal que, en virtud de la negociación avalada por un juez penal especializado de Neiva (Huila), fue condenado a 27 años y 4 meses de prisión por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y tentativa de homicidio, estas conductas agravadas; además de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios o municiones de uso personal y de uso privativo de las Fuerzas Armadas, hurto calificado y daño en bien ajeno.

Las pruebas obtenidas por la Fiscalía indican que alias Guajiro participó en el ataque con explosivos a una patrulla de la Policía Nacional, el 2 de septiembre de 2022, en el corregimiento de San Luis en Neiva (Huila), que dejó siete uniformados muertos y uno herido. En esa oportunidad los agresores se apoderaron de fusiles, pistolas, granadas, lanzagranadas, chalecos y otros elementos avaluados en más de 82 millones de pesos.

En el curso de la investigación se acreditó que Collo Dagua estuvo involucrado en otras muertes violentas sucedidas entre 2021 y 2023. Entre los eventos que se le atribuye están el perpetrado el 28 de mayo de 2021, en la vereda San Agustín, en Planadas (Tolima), que dejó un hombre muerto; un triple homicidio en el corregimiento de Aipecito, en Neiva (Huila), el 23 de diciembre de 2021; y un asesinato en un billar del corregimiento La Marina, en Chaparral (Tolima), el 15 de mayo de 2023.

Al dar a conocer la sentencia, el juez dispuso que la pena deberá cumplirse en establecimiento carcelario y destacó que no proceden mecanismos sustitutivos. De igual manera, inhabilitó a alias Guajiro para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 328 meses.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Camilo Gutiérrez, alias El Zorro, presunto responsable del delito de hurto calificado. Al parecer, venía cometiendo el ilícito de manera continua en la vereda Pringamosal del Guamo (Tolima).

De acuerdo con la investigación, presuntamente, cometió varios robos entre julio y octubre de 2024. En uno de los hechos que se le atribuyen, al parecer, aprovechó que una habitante de la zona salía de una finca para llevar a su hijo al colegio y se apoderó de, al menos, nueve animales de granja, en tres eventos diferentes.

Por otra parte, al parecer, ‘El Zorro’ también se apoderó de varios bultos de limón y yuca, además de herramientas y otros elementos, avaluados en cerca de 6 millones de pesos, de un adulto mayor de la zona.

La Fiscalía asoció los eventos ocurridos, y judicializó al presunto asaltante, quien no aceptó su responsabilidad en el delito.

En un operativo conjunto realizado por la Seccional de Investigación Criminal, Inteligencia y la Estación de Policía del municipio de La Plata, se logró la captura en flagrancia de un dragoneante del INPEC, quien estaba asignado a la seguridad del centro carcelario de esta localidad.

Este importante resultado fue posible gracias a la información oportuna suministrada por el mismo Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), lo que permitió a las autoridades actuar de manera inmediata para prevenir el ingreso de elementos ilícitos al penal.

El funcionario fue interceptado cuando intentaba ingresar al establecimiento penitenciario en su vehículo particular. Durante la inspección, se hallaron:

• 31 teléfonos celulares
• 6 cargadores
• 35 tarjetas SIM
• 12 amplificadores de señal
• Material para la dosificación de cigarrillos
• Cantidades significativas de marihuana y cocaína

Estos elementos habrían sido destinados a actividades ilegales dentro del centro penitenciario, lo que representa un grave riesgo para la seguridad y el orden en el lugar.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía 38 Local de La Plata y, tras la audiencia respectiva, un juez le impuso medida de aseguramiento domiciliario.

Este caso pone en evidencia el compromiso conjunto entre la Policía Nacional y el INPEC para combatir la corrupción y cualquier irregularidad que pueda comprometer la seguridad en los centros penitenciarios del país.

La Fiscalía General de la Nación presentó, ante un juez de control de garantías, a Brayan Herney Rosas Mejía, por su presunta responsabilidad en el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir agravado, cargo que no fue aceptado.

Rosas Mejía fue capturado, frente a la estación de policía de Inírida y por solicitud de la Fiscalía, el juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Esta persona y tres jóvenes menores de edad estarían involucrados en el abuso sexual del que fue víctima una niña de 13 años. Los hechos ocurrieron el 4 de mayo del 2024, en una vivienda de Inírida (Guainía), donde, al parecer, le suministraron una sustancia en polvo, que la habría puesto en estado de indefensión.

Por este hecho, un fiscal seccional judicializó por el mismo delito a los tres adolescentes, quienes, para la fecha de los acontecimientos, tenían entre 15 y 17 años. Dos de ellos fueron aprehendidos en la capital del Guainía y el otro menor de edad fue aprehendido en el aeropuerto de Bogotá, momentos antes de abordar un avión que lo llevaría fuera del país.

Los tres adolescentes fueron cobijados con medida de internamiento preventiva en centro especial para menores en Villavicencio y Bogotá.

El material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación permitió que un juez de control de garantías impusieran medida de aseguramiento carcelaria contra cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial Los del Alto, quienes estarían implicados en hurtos a residencias y a establecimientos comerciales del Valle del Cauca.

Se trata de Jean Carlos Chacón Valenzuela, Henrry Vidal Benavides, Alan Marino Corrales Pérez, Hernán Victoria Mosquera, quienes fueron imputados con delitos de concierto para delinquir y hurto calificado.

Los investigados habrían participado en, al menos, cuatro eventos delictivos ocurridos entre octubre de 2023 y abril de 2024, cuyos montos superarían los 132 millones de pesos. Estos hechos ocurrieron en los municipios de Florida, Dagua y Cali (Valle del Cauca).

La investigación evidenció que los procesados realizaban seguimientos a sus víctimas y vigilancias a los establecimientos comerciales. En varios casos, habrían suplantado a las autoridades e intimidaba a las personas con armas de fuego. Para concretar los delitos, contaban con roles como marcadores, otros debían ingresar a  los inmuebles y algunos custodiaban los vehículos en que abandonarían los lugares con los elementos hurtados.

Una operación coordinada entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Dijín y el Ejército Nacional permitió la captura de los procesados, el pasado 22 de enero, cuando realizaron cuatro diligencias de registro y allanamiento en Cali y Miranda (Cauca).