INTERNACIONAL

El Salvador muestra hoy una imagen diferente ante el mundo. El país que alguna vez tuvo las cifras de criminalidad más altas de Centroamérica ahora se cuelga como una medalla en el pecho las reducidas cifras de homicidios, las más bajas de su historia, según dicen. Su presidente de mano dura, Nayib Bukele, se pavonea con gran popularidad, una de las más altas entre los mandatarios de la región, pero detrás de esto, analistas y observadores internacionales denuncian violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Cuando Bukele se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2023, dijo ante el mundo que su país, por primera vez en poco más de 200 años de historia, empezaba a dar sus primeros pasos hacia sus «sueños de grandeza«. Pasó en «muy poco tiempo», dijo, «de ser literalmente el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro de América Latina».

Según datos oficiales publicados en enero de 2024, 2023 tuvo la cifra de homicidios más bajas en la historia de El Salvador —dice el Gobierno— cuando se registraron 154 homicidios, una tasa de 2,4 por cada 100.000 habitantes. El año anterior, en 2022, se contabilizaron 495 homicidios, o 7,8 por cada 100.000 habitantes.

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Los datos oficiales muestran una caída en picada en la tasa de homicidios, que pasó de 106,3 por cada 100.000 habitantes en 2015, a 2,4 el año pasado. En 1994 El Salvador reportaba 134,78 homicidios por cada 100.000 habitantes, según cifras de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito.

Los datos sobre homicidios no pueden ser verificados de manera independiente con otras instituciones porque el Gobierno de El Salvador las ha declarado bajo reserva con el argumento de que divulgar más detalles pone en riesgo la seguridad nacional.

La delincuencia era el principal problema de los salvadoreños a finales de 2019. Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública mostraba que en diciembre de 2019, el 70,4% de los encuestados decía que la delincuencia era el gran problema de los salvadoreños. La cifra en diciembre de 2023 bajó a un 4,3%. El Gobierno atribuye esa reducción a su plan de seguridad y al régimen de excepción establecido en 2022.

No es algo que resulte extraño en un país cansado de la violencia de las pandillas: «La mayoría de los salvadoreños han aplaudido las severas medidas», dice un reporte del International Crisis Group de 2022.

«La población tiene una percepción de seguridad muy grande, ¿verdad? Pero esto no corresponde al cumplimiento de las normas establecidas en la Constitución que garantizan los derechos a la población salvadoreña«, dijo a CNN Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, un centro de pensamiento centroamericano que ha denunciado violaciones de derechos humanos durante el régimen de excepción en El Salvador.

Un año después de que Bukele asumiera la presidencia, los críticos del Gobierno y varias organizaciones internacionales han manifestado preocupaciones por su modelo de seguridad, de mano dura, que sacrifica derechos fundamentales en pos de la seguridad pública.

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Hay punto de inflexión en la historia reciente de El Salvador. El 27 de marzo de 2022 se registró el día más violento del Gobierno de Bukele. Ese día fueron asesinadas al menos 62 personas y, desde entonces, la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, aprobó el decreto de régimen de excepción que faculta a las autoridades a suspender derechos como la libertad de reunión, el derecho a la defensa y la intervención de comunicaciones sin que sea autorizado por un juez.

«Suspender ciertos derechos se vuelve necesario para restituir el orden”, decía un decreto leído durante una sesión plenaria extraordinaria.

Amnistía Internacional denunció en un informe de diciembre de 2023 que el deterioro de los derechos humanos en ese país es «alarmante«.

«La adopción de un enfoque de seguridad altamente represivo y el debilitamiento del Estado de Derecho han llevado al país a una de sus peores crisis desde el fin del conflicto armado interno”, señaló anteriormente a Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

«Una violencia se está sustituyendo por otra», dijo Piquer a CNN, alegando que en un país donde la violencia y el terror anteriormente era ejecutado por pandillas, ahora se trasladó a manos del Estado.