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Raúl Alberto Moreno Trujillo, quien era requerido para cumplir condena de 4 años de prisión por el delito de cohecho por dar u ofrecer, fue capturado por personal de Migración Colombia en el Puesto de Control Migratorio Terrestre Rumichaca. De inmediato los funcionarios lo pusieron a disposición de la Policía Nacional de Ipiales (Nariño).

El sentenciado fue vencido en juicio a finales de agosto pasado, por lo que un juez penal del circuito de Florencia (Caquetá) luego de emitir la sentencia, ordenó su captura. Al momento de la detención, el procesado pretendía salir del país.

Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de Caquetá demostró que el 5 de febrero de 2014 Moreno Trujillo, quien se desempeñaba como investigador del CTI, se presentó en el comando de Policía municipal para pedir la expedición de actos que avalaron el allanamiento en un lugar donde supuestamente había cuatro canecas con armas y dinero de las Farc.

La Fiscalía evidenció que su propósito era el de reportar la incautación de una sola de las canecas y apropiarse de las demás. Estos bienes serían apropiados ilícitamente por quienes participaran en la diligencia.

Además de la condena, Moreno Trujillo fue inhabilitado por 80 meses para ejercer derechos y funciones públicas, y deberá pagar una multa de 66.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena tendrá que ser cumplida en centro carcelario.

Por solicitud de un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de la Seccional Casanare, un juez con función de control de garantías impuso medida carcelaria contra Carlos Andrés Ramírez y Jeison Fabián Rodríguez Rodríguez, como posibles responsables del delito de tráfico de estupefacientes.

Los dos hombres fueron capturados en flagrancia el pasado 6 de septiembre cuando trataron de eludir en una motocicleta un puesto de control de la Policía Nacional en un céntrico sector de Yopal.

Según se evidenció, al momento de ser requeridos por las autoridades, los ahora procesados habrían intentado deshacerse de paquete que transportaban. La inspección a este último permitió establecer que en su interior había 26,5 kilos de marihuana que, se cree, serían distribuidas bajo la modalidad de narcomenudeo.

Los capturados no aceptaron los cargos endilgados en su contra y la medida privativa de la libertad quedó en firme.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a un hombre, presuntamente responsable de los delitos de acceso carnal violento y violencia intrafamiliar agravada contra su propia hermana, de 37 años.

La Fiscalía, a través de un despacho del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Tolima lo investiga por hechos que ocurrieron desde el año 2022 cuando, al parecer, empezó a maltratar a su familiar con palabras soeces y amenazas.

En 2023, cuando la víctima terminó la relación de pareja con quien era su esposo, su hermano habría aprovechado para controlarla, evitando que saliera y compartiera con otras personas. Además, se encargaría de manejar el dinero producto del trabajo de ambos.

Para esa misma época se cree que el procesado habría sometido a la mujer a tocamientos de índole sexual y accedido carnalmente. Este tipo de acciones ocurrieron en múltiples ocasiones, siendo el pasado 5 de marzo, la fecha más reciente en la que se presentaron las agresiones, cuando intentó asfixiarla.

El hombre, de 29 años, fue capturado por la Policía Nacional en Ibagué (Tolima).

El procesado no aceptó los cargos en su contra.

La Fiscalía General de la Nación identificó bienes que habrían sido adquiridos por integrantes de una estructura del grupo delincuencial ‘Los Pachelly’ o destinados para realizar cobros extorsivos a comerciantes y transportadores de Bello, San Félix, San Pedro de los Milagros y otros municipios de Antioquia.

Se trata de 13 vehículos que, de acuerdo con las evidencias recopiladas, fueron obtenidos en corto tiempo y durante el periodo en el que estuvo ejerciendo sus actividades ilícitas la organización delictiva, desde 2017.

En ese sentido, una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso sobre los bienes medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro, las cuales fueron materializadas en diligencias realizadas de manera conjunta con la SIJIN del Departamento de Policía de Antioquia.

Los cálculos preliminares indican que los automotores, representados en una volqueta, una camioneta, motocicletas y automóviles, podrían superar en valor los 500 millones de pesos.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de los vehículos afectados.