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Renace la Universidad Pedagógica con nuevo edificio administrativo tras décadas de abandono.

Renace la Universidad Pedagógica con nuevo edificio administrativo tras décadas de abandono

El Gobierno ha entregado oficialmente un nuevo edificio administrativo a la Universidad Pedagógica Nacional. Un proyecto, que pone fin a décadas de abandono y precariedad en la institución, dando paso al fortalecimiento de la educación superior pública con más de 16 mil millones de inversión. 

La nueva edificación, ubicada en la calle 72 con carrera 12 en Bogotá, cuenta con ocho niveles de uso administrativo y dos sótanos para parqueaderos, cubriendo un área total de 4,592 m². El proyecto ha sido posible gracias a una inversión total distribuida de la siguiente manera: 

– $13.308 millones fueron destinados a la adquisición del predio, financiados por el Gobierno a través del Ministerio de Educación.

– $1.992 millones se invirtieron en adecuaciones, con recursos aportados por la Universidad Pedagógica de Nacional. 

– $1.068 millones fueron destinados a la compra de mobiliario, mejorando así las condiciones de trabajo y atención administrativa para la comunidad académica.

«Esta nueva infraestructura, entregada por el Gobierno del Cambio, representa la materialización de nuestro compromiso con la educación superior pública de calidad y el bienestar de toda la comunidad educativa», afirmó el ministro Daniel Rojas Medellín.

Aumentan los recursos para la educación pública 

Este respaldo financiero del Gobierno del Cambio, se refleja en el incremento del 39 % en las transferencias a la Universidad Pedagógica entre 2022 y 2024, alcanzando un total de $ 162.693 millones en 2024. Este financiamiento ha permitido no solo mejorar la infraestructura, sino también garantizar la gratuidad en la matrícula a través de la Política de Gratuidad ‘Puedo Estudiar’, beneficiando al 97,1% de los estudiantes de pregrado.

De esta manera, el Gobierno del presidente Gustavo Petro, cumple así con el compromiso de hacer de la educación superior un derecho para todas y todos, y no un privilegio.

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MinCiencias impulsa el aprovechamiento lícito de la hoja de coca desde la ciencia, la innovación y la bioeconomía.

MinCiencias impulsa el aprovechamiento lícito de la hoja de coca desde la ciencia, la innovación y la bioeconomía

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, emprendió el impulso para el aprovechamiento lícito de la hoja de coca, apostando por la ciencia, la innovación y la bioeconomía como herramientas para la paz y la transformación territorial.

En este sentido, el ministerio lanzó la Convocatoria 956, un esfuerzo alineado con la Política Nacional de Drogas 2023-2033, que busca fortalecer alternativas económicas legales, reducir la dependencia del narcotráfico y potenciar el desarrollo sostenible en municipios priorizados.

Según el estudio denominado ¿Quiénes son las familias que viven en las zonas con cultivos de coca? realizado por la Oficina de las Naciones Unidades contra la Droga y el Delito y la Fundación Ideas para la Paz, el 57 % de los hogares en zonas con cultivos ilícitos enfrenta pobreza monetaria; una cifra significativamente superior al 36 % registrado por el Dane en otras zonas rurales dispersas.

Por esta razón, MinCiencias promueve la inversión en municipios priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC), impulsando alternativas productivas que fortalezcan la economía legal y el desarrollo sostenible en estos territorios.

Este proceso se enmarca en la Política de Investigación e Innovación Orientadas por Misiones del ministerio así:

• Ciencia para la Paz para la generación de oportunidades productivas y de conocimiento en zonas afectadas por la violencia y la economía ilícita.

• Bioeconomía y Territorio mediante modelos de producción sostenible que aprovechan la biodiversidad y fortalecen la gobernanza local.

• Derecho Humano a la Alimentación promoviendo la investigación y desarrollo del potencial agroalimentario y medicinal de la hoja de coca dentro de un marco de seguridad alimentaria.

El impacto en los territorios

De acuerdo con el ministerio, lo que se pretende es impactar a los territorios a través de alternativas productivas sostenibles que reducen la dependencia de los cultivos ilícitos.

Para ello se trabaja en:

• Diversificación productiva: Desarrollo de nuevos usos industriales de la hoja de coca.

• Acceso a mercados regulados: Fortalecimiento de capacidades locales y posicionamiento en mercados nacionales e internacionales.

• Reducción de la pobreza rural: En municipios con presencia de cultivos ilícitos, donde el 57 % de los hogares sufren de pobreza monetaria.

• Rescate del conocimiento ancestral: Integración del saber indígena en modelos de innovación productiva.

• Desestigmatización de la hoja de coca: Promoción de usos alternativos en la industria agroalimentaria, cosmética y fitoterapéutica, entre otros.

La sinergia institucional

Para lograr los objetivos, MinCiencias se articula con MinJusticia, MinSalud, MinAgricultu​ra, Cancillería, DNP, entre otros, a través de la Mesa Interinstitucional para fines Alternativos e Industriales de la Hoja de Coca, armonizando normativas, incorporación de Ciencia, Tecnología e Innovación y facilitando el aprovechamiento legal.

La convocatoria 956 promueve la articulación de Organizaciones comunitarias, universidades, sector productivo y centros de investigación en el desarrollo de proyectos para potenciar la innovación en este sector.

Esta convocatoria representa un paso firme hacia una nueva visión de la hoja de coca, integrándola en la economía legal a través de la ciencia, la tecnología y la innovación, y posicionando a Colombia como referente en el uso sostenible de este recurso.

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Gobierno fortalece la ruta de atención para colombianos retornados al país en medio de la crisis migratoria.

Gobierno fortalece la ruta de atención para colombianos retornados al país en medio de la crisis migratoria

El Gobierno del presidente Gustavo Petro frente a la crisis migratoria actual, ha intensificado sus esfuerzos para garantizar un retorno digno y seguro a los connacionales.

A través de Prosperidad Social y en articulación con la Cancillería, se ha implementado una ruta de atención a los colombianos retornados, un modelo total que facilita la integración social y la económica de quienes han sido repatriados, especialmente en condición de vulnerabilidad.

Los 718 colombianos retornados recibieron asistencia entre el 6 y el 20 de febrero, con el apoyo de Prosperidad Social, principalmente desde Estados Unidos. Esta estrategia responde a los lineamientos de la Ley 2136 de 2021 y la Ley 1565 de 2012, que establecen el derecho de los connacionales a recibir acompañamiento en su proceso de reinserción.

Fases de apoyo humanitario para los retornados 

La ruta de atención se activa con la notificación de la Cancillería sobre la llegada de vuelos con colombianos retornados por razones humanitarias. El proceso se desarrolla en dos fases:

Fase 1: Atención humanitaria de emergencia

• Recepción y orientación en aeropuertos y puntos de ingreso.

• Protección especial a niños, niñas y adolescentes en riesgo, con apoyo del ICBF.

• Transporte, alimentación y alojamiento temporal para quienes lo requieran.

• Coordinación con alcaldías y secretarías locales para garantizar asistencia oportuna.

Fase 2: Enrutamiento a programas de estabilización socioeconómica, promueve la integración social y económica mediante:

• Caracterización socioeconómica para identificar necesidades específicas.

• Vinculación a programas sociales y productivos de Prosperidad Social y otras entidades estatales.

• Acompañamiento territorial para facilitar la adaptación de los retornados en sus lugares de reasentamiento.

Impulso a la estabilización económica: acceso a financiamiento y emprendimiento 

En la fase de estabilización, Prosperidad Social busca fortalecer la autonomía económica de los retornados mediante el acceso a líneas de apoyo financiero:

Créditos y subsidios a capital con el Banco Agrario y el Fondo Nacional de Garantías. 

Asesoría en planificación, gestión financiera y digitalización de negocios.

Capacitación virtual para fortalecer habilidades asociativas y empresariales.

¿Quiénes pueden acceder a esta ruta de atención?

• Personas inscritas en el Registro Único de Retorno.

• Colombianos clasificados en el Sisbén IV (grupos A, B o C) o en el Registro Único de Víctimas (RUV) por desplazamiento forzado.

• Retornados con experiencia o conocimiento en emprendimientos, con especial énfasis en proyectos asociativos.

Esta estrategia garantiza que el regreso de los colombianos al país, no solo sea humanitario, sino también con oportunidades reales de desarrollo.

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Asegurado presunto responsable de secuestrar y hurtar a una familia en Copacabana (Antioquia).

Asegurado presunto responsable de secuestrar y hurtar a una familia en Copacabana (Antioquia)

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra John Alcides Bustamante Muñoz, como presunto responsable de los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.

De acuerdo con la investigación, se evidenció que entre mayo de 2023 y febrero de 2024, varias personas armadas, que afirmaron integrar un grupo armado ilegal, llegaron a fincas de recreo ubicadas en Copacabana (Antioquia) en búsqueda de una supuesta caleta con armas. Al parecer, obligaban a sus víctimas a realizar transferencias bancarias desde sus celulares y se apoderaban de enseres, joyas, ropa, elementos tecnológicos y vehículos, en los cuales huían después de cometer el ilícito.

Uno  de los  hechos ocurrió la noche  del 5 de mayo de 2023, en una finca de la vereda La Veta, donde se encontraba una familia reunida cuando fue sorprendida e intimidada con armas de fuego. Al parecer, Bustamante Muñoz y dos hombres habrían retenido a las víctimas en el lugar y se habrían apropiado de elementos de valor, avaluados en cerca de 70 millones de pesos.

En otro hecho, ocurrido el 16 de septiembre de 2023, retuvieron a 19 personas que departían en una fiesta.  A las víctimas, presuntamente, las encerraron en una habitación donde fueron amarradas de pies y manos, y las obligaron a entregar las claves de sus productos financieros. También, les hurtaron pertenencias avaluadas en más de 166 millones de pesos.

Por estos hechos y delitos ya fueron judicializados y cobijados con medidas de aseguramiento privativas de la libertad, cinco hombres y una mujer.

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Presunta responsable de exigir dinero a comerciantes en el sur del Tolima fue enviada a la cárcel.

Presunta responsable de exigir dinero a comerciantes en el sur del Tolima fue enviada a la cárcel

Los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra Maryuri Cuéllar, por su presunta responsabilidad en extorsionar, a través de mensajería instantánea y panfletos amenazantes, a comerciantes de Planadas (Tolima).

Esta mujer fue capturada en Bogotá, por servidores del Gaula de la Policía de Tolima. Un fiscal especializado le imputó los delitos de extorsión y tentativa de extorsión, ambas conductas agravadas; además uso de menores en la comisión de delitos. Cargos que no fueron aceptados.

Maryuri Cuéllar estaría vinculada en seis eventos delictivos, ocurridos en diciembre de 2024, cuando los comerciantes fueron constreñidos, supuestamente, por un grupo armado ilegal, a pagar entre 3 y 4 millones de pesos, por temor a que atentaran contra sus vidas o afectaran sus negocios. Producto de estas exigencias habría recibido 15.000.000 de pesos.

Además, se evidenció que esta mujer habría instrumentalizado a un menor de edad, para que recogiera el dinero, de las extorsiones.

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Asegurado en centro carcelario líder comunal de Anserma (Caldas).

Asegurado en centro carcelario líder comunal de Anserma (Caldas)

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Caldas, judicializó a Óscar Arbey Yarce Berrio como presunto responsable del delito de actos sexuales con menor de 14 años. Los hechos ocurrieron en enero pasado, en la residencia del posible agresor, ubicada en Anserma.

Este caso fue denunciado por la madre del menor, víctima del delito. La mujer señaló al hoy capturado como quien, bajo engaños, se habría llevado a su hijo de 8 años a su casa, donde lo sometió por la fuerza a tocamientos de tipo sexual.

Según la investigación, el procesado habría aprovechado su condición de presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Occidente, para ganarse la confianza de la víctima y su familia.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, durante la recolección de elementos materiales probatorios, ubicaron evidencias que vincularían al ahora judicializado con otros dos hechos similares, en los que las víctimas serían también menores de edad. El ente acusador adelanta las investigaciones respectivas.

Un juez de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a Yarce Berrio, quien durante las diligencias judiciales rechazó los cargos en su contra.

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Gobierno refuerza apoyo al sector arrocero con créditos y ordenamiento productivo.

Gobierno refuerza apoyo al sector arrocero con créditos y ordenamiento productivo

En una reunión clave liderada anoche por el presidente Gustavo Petro y en la que participaron altos funcionarios del Gobierno se definieron medidas concretas para enfrentar la crisis de costos de producción y garantizar la sostenibilidad y competitividad del sector arrocero.

Según el director de la Agencia de Desarrollo Rural, César Pachón, destacó  que el principal cuello de botella que enfrenta el sector: “es el mercadeo agropecuario, especialmente por un oligopolio que está poniendo los precios del arroz sin tener en cuenta los costos de producción ni un margen de rentabilidad».

Esto tiene que cambiar, dijo Pachón, al subrayar que  a diferencia de otros gobiernos, “en este Gobierno consideramos que a un productor de arroz se le debe pagar su costo de producción más un margen de rentabilidad para que siga en actividad económica».

El director de la Agencia de Desarrollo Rural enfatizó la necesidad de continuar con la producción de arroz en el país, señalando que «se debe sembrar arroz y seguir con la producción, porque nosotros no hemos exportado arroz, y esta es una oportunidad, no un problema». 

En relación con este punto, agregó que “la oportunidad está hoy, y la Agencia de Desarrollo Rural va a ser una alianza con varias cooperativas de productores de arroz, donde se les darán las condiciones para que adquieran la capacidad molinera, de secado y de almacenamiento».

Pachón también recalcó la importancia de la ley 2046, que establece que las compras públicas deben priorizar a las asociaciones y cooperativas campesinas: «El mercado de compras públicas se debe hacer con las asociaciones y cooperativas campesinas, y es por eso que, basados en esta ley y los lineamientos del presidente Gustavo Petro, estamos dando un recurso importante para que estas organizaciones campesinas puedan tener la capacidad molinera, la capacidad de secar el arroz y de acopiarlo».

A lo largo de su intervención, Pachón destacó que el gobierno también está promoviendo la creación de un entorno favorable para la exportación del arroz colombiano, señalando que “el presidente Petro respalda la propuesta de buscar el mercado de Venezuela o México, dos países con los que tenemos buenas relaciones. Colombia debe dejar de ser un país importador y comenzar a exportar».

En cuanto a los esfuerzos concretos para apoyar al sector, Pachón aseguró que «en los próximos quince días o incluso menos, estaremos ya con diferentes puntos a través de Almagrario y otras infraestructuras privadas que hemos arrendado, para que podamos acopiar la cosecha y con toda la garantía buscar que se les pague a los productores con un margen de rentabilidad por encima del costo de producción». 

También se comprometió a trabajar en un proceso «justo de pago por lo que realmente debe recibir un productor por su carga de arroz», destacando que el pago actual por carga ronda los $220.000, pero que las cooperativas decidirán el valor en el futuro.

Finalmente, Pachón instó a los productores a confiar en el proceso y en el compromiso del Gobierno.

En la reunión también se reiteró el apoyo del Gobierno a través de créditos con tasas preferenciales gestionados a través del Banco Agrario y Finagro para pequeños y medianos productores, y se anunció la creación de un Fondo de Solidaridad Agropecuaria con $10.000 millones para asistir a los más afectados por los bajos precios.

El Ministerio de Agricultura también detalló el esfuerzo por modernizar la infraestructura para almacenamiento y procesamiento, y evitar la sobreoferta que afecta los precios y la rentabilidad.

El presidente Gustavo Petro concluyó la reunión destacando que el trabajo conjunto con las cooperativas y las autoridades será clave para asegurar que los productores reciban un precio justo y que el sector se modernice y sea más competitivo.

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Entra en funcionamiento el Centro de Atención de Fiscalía en Puerto Tejada (Cauca).

Entra en funcionamiento el Centro de Atención de Fiscalía en Puerto Tejada (Cauca)

Como parte del compromiso de hacer realidad la justicia territorial y acercar los servicios de la entidad a las comunidades más alejadas del país, entró en funcionamiento el Centro de Atención de la Fiscalía (CAF) en Puerto Tejada (Cauca) para facilitar la recepción de denuncias, la orientación y asistencia a las víctimas.

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, inauguró este nuevo espacio en compañía del vicefiscal general, Gilberto Javier Guerrero Díaz; la delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera; el director Seccional Cauca, Nelson Andrés Escobar López, entre otros representantes de organismos nacionales, regionales y locales.

“Nuestra misión como Fiscalía es adaptar nuestras acciones a las realidades específicas de los municipios, de las zonas apartadas, también con la lectura de las ciudades capitales para lograr resultados más efectivos, más en sintonía de lo que pasa en cada uno de estos sitios”, aseguró la fiscal general.

El CAF de Puerto Tejada estará al servicio de los 42.000 habitantes de esta población y de otros municipios aledaños como Padilla, Miranda, Corinto, Villa Rica, Caloto, Guachené y Santander de Quilichao. Los ciudadanos podrán acudir para denunciar cualquier delito y recibir orientación en caso de ser víctimas del conflicto armado, de cualquier manifestación de violencia de género o vulneración a los derechos humanos. Cada reporte recibido será valorado y enrutado a la institución que por competencia le corresponda su atención.

“El centro de atención cumple un segundo objetivo de nuestro direccionamiento, que es el fortalecimiento de las rutas de atención a las víctimas, a través de lugares como este que buscan ante todo ser espacios de protección, de reparación y de restauración, donde las víctimas encuentren no solo justicia punitiva, sino un acompañamiento integral para superar los efectos del delito”, precisó la fiscal general en su intervención.

El equipo humano está integrado por un fiscal y su asistente, dos investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), dos receptores de denuncias (uno de ellos de la Alcaldía de Puerto Tejada), un facilitador de peticiones y quejas, un médico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal para valoración clínica, un integrante del Departamento de Policía Cauca para brindar orientación en casos de convivencia ciudadana y Código de Policía, un servidor de derechos humanos de la Gobernación de Cauca, dos sicólogos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y un representante de víctimas de la Defensoría del Pueblo.

“Somos conscientes de que un centro de atención no lo compone solo un espacio físico, las instalaciones o el mobiliario, sino el personal capacitado y comprometido con prestar un servicio de calidad, un servicio humano, empático y cercano a las personas. La función pública de la justicia no implica solo emitir acusaciones o dictar sentencias, tiene que ver con recibir un trato digno”, concluyó la fiscal general de la Nación.

El CAF de Puerto Tejada estará habilitado de lunes a viernes, en doble jornada (8:00 a.m. – 12:00 p.m., y 2:00 p.m. – 5:00 p.m.).

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A la cárcel alias El Calvo, sería el responsable del homicidio de un hombre en medio de una riña.

A la cárcel alias El Calvo, sería el responsable del homicidio de un hombre en medio de una riña

El material probatorio presentado por una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Córdoba, permitió que un juez con funciones de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra Manuel Alfredo Zurita Núñez, presunto responsable del delito de homicidio.

Zurita Núñez, conocido como ‘El Calvo’, habría atacado en medio de una riña a un hombre con un arma cortocontundente. La Fiscalía estableció que el imputado, al parecer, fue hasta la casa de su padre sacó el elemento con el cual concretaría la agresión, regresó al lugar y, al parecer, atacó a la víctima.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de febrero en la vereda Nueva Esperanza del municipio de Puerto Escondido (Córdoba).

Uniformados de la Policía capturaron al procesado minutos después de la agresión. El imputado negó su responsabilidad en cuanto a los cargos en su contra.

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Presidente Petro ordena ‘actuar de inmediato’ frente a demanda de EPM.

Presidente Petro ordena ‘actuar de inmediato’ frente a demanda de EPM

El presidente Gustavo Petro ordenó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y al Ministerio de Minas y Energía tomar las medidas que haya que tomar y actuar de inmediato frente a la demanda por parte de Empresas Públicas de Medellín (EPM) de las cuentas de la Nación.

“EPM, que es una empresa pública, a la cual la Nación ha ayudado mucho, acaba de decir que embarga cuentas de la Nación. O sea, no solo el uribismo sabotea la financiación del Gobierno, sino que además los pocos recursos que tiene los embarga”, precisó el mandatario durante la sesión del Consejo de Ministros público realizado este lunes en la Casa de Nariño.

“Esa es una acción política”, dijo el mandatario y agregó que esto “no va ni bajo el interés de Antioquia, ni por el interés de Medellín, cuyos barrios pobres no tienen agua potable, ni por el interés nacional. Eso no se puede permitir”.

El jefe de Estado recordó que el presidente de la República “tiene la función constitucional de control, de vigilancia de los servicios públicos de Colombia. No se pasan por la faja los derechos constitucionales del Gobierno y del presidente, por política y sectarismo político”.

“Entonces le pido aquí a Angie (Lizeth Rodríguez, directora del Dapre) que tome las medidas que hay que tomar. Ministro de Minas y Energía (Edwin Palma), hay que tomarlas. Entonces debe actuar de inmediato”, puntualizó el jefe de Estado.

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