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2.500 familias del Cesar conformarán Territorio Campesino Agroalimentario para conservar la soberanía alimentaria.

2.500 familias del Cesar conformarán Territorio Campesino Agroalimentario para conservar la soberanía alimentaria

Tres corregimientos y 19 veredas de Agustín Codazzi (Cesar), que abarcan un terreno de aproximadamente 29.000 hectáreas y donde habitan 2.500 familias, avanzan rápidamente hacia el reconocimiento de ser un Territorio Campesino Agroalimentario (Tecam), con el apoyo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

El Tecam de esta comunidad será denominado Serranía del Perijá y Valle del Río Cesar. un equipo interdisciplinario de la ANT visitó las comunidades que integran este territorio, con el fin de hacer la visita técnica de verificación y socialización, como lo establece el Decreto 0780 de 2024.

El trabajo se efectuó para capacitar a la población y a las organizaciones involucradas en el proceso sobre los alcances de los Territorios Campesinos Agroalimentarios y, además verificar condiciones o componentes de corte productivo, social, ambiental, jurídico y de información geográfica.

De acuerdo con lo expuesto por Luis David Galindo Gerardino, vocero del equipo TECAM de la ANT, el territorio no solo se caracteriza por su riqueza agrícola-pecuaria y su diversidad de ecosistemas, sino también por la fuerte conexión cultural y social que existe entre las comunidades campesinas que habitan allí. 

Dennys del Carmen Melo Barrera, quien hace parte del grupo de impulso del Tecam en esa región, se refirió a la apuesta campesina comunitaria.

“El territorio delimitado es considerado la despensa agrícola del municipio de Codazzi, puesto que acá se cultiva variedad de productos, desde maíz, yuca, plátano, frijol y ahuyama hasta café, cacao, malanga, entre otros. Todo lo que se produce en esta parte del municipio llega a alimentar a las familias en la cabecera municipal», recalcó.

Por su parte, Yeiner Enrique Martínez, representante de la Asociación Agropecuaria de Iberia, también se refirió a la constitución del Teca.

“Este Tecam nos va a dar soberanía alimentaria, permanencia en el territorio, y es la única figura con la que nosotros como campesinos nos vemos reconocidos. Con este ejercicio nos damos cuenta de que hemos sido territorio campesino todo el tiempo», manifestó.

A través del Decreto 0780 de junio de 2024, el Gobierno del Cambio estableció el marco legal para el reconocimiento, constitución y fortalecimiento de los TECAM.

Según la ANT, en el Cesar fueron hechas las primeras solicitudes en el país, correspondientes a los TECAM Ciénaga de Zapatosa y Nuevo Amanecer, los cuales ya culminaron los trámites de constitución ante la autoridad.

La Agencia indicó que los Tecam son territorios concebidos, habitados y organizados históricamente por familias, comunidades y organizaciones campesinas en áreas geográficas delimitadas con el fin de garantizar la permanencia en el territorio, la conservación de los bienes comunes de la naturaleza, la vida digna de sus habitantes, la soberanía alimentaria, la agroecología y la protección de las dimensiones económica, social, cultural, política y ambiental del campesinado que lo habita.

Estos territorios se constituyen como una forma diversa de ordenamiento social y productivo de la propiedad rural, en la cual se priorizarán los programas de reforma agraria y desarrollo rural y se fomentará la distribución adecuada de la tierra, la productividad, conforme a la legislación vigente.

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Alud en Bello, Antioquia, deja ocho personas muertas - Foto: Redes Sociales

Alud en Bello, Antioquia, deja ocho personas muertas 

Una tragedia se vivió en el municipio de Bello, en Antioquia, por un alud que se registró sobre las 3:25 de la madrugada de este martes 24 de junio, en los límites con el barrio Santo Domingo, en Medellín, que deja por lo menos ocho personas muertas y diez desaparecidas, además de otras cinco heridas. 

Varias personas ya han abandonado la zona ante el riesgo de un nuevo derrumbe, pues la lluvia no para en el sector. Sin embargo, algunos residentes están atrapados y autoridades trabajan para poderlos sacar del lugar

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Luis Alberto Asprilla, quien habita en el sector de Bello, manifestó en entrevista con un medio de comunicación que en la madrugada “sentí la bulla de muchas personas, la gente gritando ‘salgan que viene la corriente, viene la quebrada’”. 

Cuando salió de su hogar narró que “veíamos lodazales, motos arrastradas por la quebrada, taxis que se fueron contra los buses, fue un solo dolor la gente corriendo, gritando, llorando”. 

“La quebrada se puede desbordar en cualquier momento otra vez”, afirmó, ya que la lluvia no se detiene. No obstante, las autoridades no detienen su labor en los límites de Bello y Medellín para evacuar la gente y tratar de llegar hasta el punto donde estarían las personas desaparecidas. 

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Estamos con lazos, palas, todo el mundo ayudando a pasar de un lado a otro”, recalcó Luis Alberto sobre la ayuda que se sigue brindando para sacar a las personas del sitio, que sigue siendo peligroso

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Fiscalía pidió condena contra el expresidente Álvaro Uribe por soborno a testigos - Foto: Tomada de Internet

Fiscalía pidió condena contra el expresidente Álvaro Uribe por soborno a testigos 

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlenne Orjuela, pidió a una juez de Bogotá emitir una sentencia condenatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El exmandatario se encuentra en medio de un juicio por supuesto soborno de testigos y fraude procesal. 

«Pruebas practicadas con inmediación y bajo su dirección han sido concluyentes hoy con pleno respeto de las garantías procesales con comparece el ente fiscal a solicitar de manera clara y firme un sentido de fallo condenatorio contra el ciudadano Álvaro Uribe Vélez en su calidad de determinador de las conductas punibles de fraude procesal soborno en actuación penal y soborno conforme a los artículos 453, 444A y 444 el código Penal colombiano», indicó la fiscal Orjuela. 

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La solicitud fue realizada durante los alegatos finales del juicio, que se iniciaron este martes tras haber culminado la etapa probatoria del juicio oral. Hubo 57 diligencias que se extendieron durante cuatro meses. «La estructura probatoria desplegada en esta audiencia, como lo fueron declaraciones, interceptaciones legales, documentos registros audiovisuales y el contexto factico integral, no sólo ha superado con suficiencia el estándar de certeza, sino que ha dejado sin asomo de duda que el acusado, ideo, promovió y respaldó una estrategia orientada a manipular el curso de la justicia penal utilizando a terceros con el objetivo deliberado de forzar la retractación de testigos clave como Juan Guillermo Monsalve Pineda y Pablo Hernán Sierra García y construir una narrativa exculpatoria que favoreciera sus intereses personales», añadió la fiscal. 

Álvaro Uribe, que fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010, enfrenta desde febrero un juicio por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, caso que se remonta a 2012. En este caso, la fiscal Orjuela presentó ante la jueza 37 testigos, así como videos, audios, fotografías y documentos. 

El juicio a Uribe comenzó el pasado 6 de febrero y todavía no hay fecha para el veredicto de la jueza. Este caso se remonta a 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo. Contrario a lo esperado por el expresidente, la Corte Suprema no abrió investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos. 

Álvaro Uribe renunció en agosto de 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la Justicia ordinaria, por lo que la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente. 

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Por ello, su equipo de abogados solicitó hasta en dos ocasiones el cierre del caso, lo que fue negado tanto por los juzgados de primera instancia en los que fue presentada como por el Tribunal Superior de Bogotá, hasta que en 2024 la Fiscalía decidió acusarlo y el juicio comenzó este año. 

Las víctimas del caso consideran que el expresidente Álvaro Uribe, a través del abogado Diego Cadena, buscó en las cárceles sobornar a testigos, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que no declararan en contra de Uribe y sus posibles vínculos con el paramilitarismo, en la disputa que mantenía con Cepeda. 

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Defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó evento del gobierno en Medellín - Foto: Tomada de internet

Defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó evento del gobierno en Medellín 

La polémica por el evento público en La Alpujarra, corazón administrativo de Medellín, donde el presidente Gustavo Petro compartió tarima con nueve excapos hoy sentados en la mesa de Itagüí, sigue sumando voces de rechazo. La defensora del Pueblo, Iris Marín, aunque reconoció que la paz urbana que se busca con esas conversaciones es un camino necesario, cuestionó que responsables de homicidios, desapariciones, reclutamiento, violencia sexual y otros crímenes graves hayan tenido un lugar de «honra y distinción». 

Es de recordar que el sábado 21 de junio, el jefe de Estado convocó lo que bautizó como un acto «por la Paz Urbana». El propósito era exponer los avances de los diálogos que adelanta el Gobierno con distintos grupos delincuenciales del valle de Aburrá, como parte de uno de los brazos de la ‘paz total’. Sin embargo, la polémica estuvo servida por cuenta de la invitación que extendió el Ejecutivo a nueve excapos de estas bandas, hoy condenados, a quienes sacó de la cárcel de Itagüí y posaron junto a altos funcionarios. 

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Los ministros de Educación, Daniel Rojas; de Defensa, Pedro Sánchez; de Trabajo, Antonio Sanguino; de Justicia, Eduardo Montealegre; del Interior, Armando Benedetti; la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y otros miembros del gabinete presidencial acompañaron el acto. 

Durante su intervención –transmitida como alocución–, el Presidente Petro aseguró que “revisará con la fiscal a qué beneficios jurídicos pueden acceder los negociadores, a cambio del cese total de las acciones criminales”. 

Es de mencionar que el presidente Gustavo Petro le habló a una plaza llena de asistentes que, según varias versiones de allegados al evento, llegaron desde distintas regiones de Antioquia en buses y chivas. Además, habría recursos públicos comprometidos en almuerzos y logística. 

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria, y otros líderes políticos condenaron la exposición pública de excabecillas condenados por graves crímenes. A este rechazo se sumó la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien cuestionó no solo la visibilidad que se les dio a los responsables, sino también la supuesta confrontación política entre el Gobierno Nacional y el Distrital. 

«Más que una desarticulación, se percibe una rivalidad política que no debería tener lugar en una ciudad como Medellín, que necesita soluciones integrales, no confrontaciones institucionales», dijo Iris Marín

Y agregó: «La paz urbana debe avanzar con pasos concretos. Reiteramos nuestra disposición para trabajar articuladamente con las autoridades municipales y nacionales, en favor de una paz integral que respete el Estado social de derecho y los derechos de las víctimas». 

La cabeza del Ministerio Público respaldó los acercamientos de paz con las bandas y el crimen organizado, a las que calificó como un eslabón que causa «tanto daño como el conflicto armado» y que debe abordarse «inclusive» a través de diálogos de paz. 

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Sin embargo, advirtió que la construcción de esta paz debe sustentarse en el Estado de Derecho y que los responsables de crímenes graves, como los cometidos por los excapos, no pueden tener «un lugar de honra», sino que deben «comparecer ante la ley y someterse plenamente a ella». 

El Gobierno venía alistando un borrador de la Ley de Sometimiento 2.0 que, según la exministra de Justicia Ángela María Buitrago, se pretendía presentar en la próxima legislatura. El primer proyecto, que también fue blanco de polémica, se radicó en el Congreso en marzo de 2023, pero nunca se debatió y terminó archivado. 

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Mindefensa confirma rescate de 57 militares secuestrados en el Cauca y más de 20 capturas en flagrancia.

Mindefensa confirma rescate de 57 militares secuestrados en el Cauca y más de 20 capturas en flagrancia

En una operación conjunta entre el Ejército y la Policía Nacional, el Gobierno nacional confirmó este lunes el rescate, sanos y salvos, de 57 militares que habían sido secuestrados en zona rural de El Tambo, Cauca. Según informó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, los uniformados estaban en poder de personas “instrumentalizadas e infiltradas” por la estructura criminal ‘Carlos Patiño’, del cartel de alias ‘Mordisco’.

La acción fue anunciada tras una reunión extraordinaria de seguridad celebrada hoy en Popayán, encabezada por los ministros de Defensa e Interior, junto con los altos mandos de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo y autoridades locales, incluido el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán.

“Señor presidente, buenas tardes. En acción coordinada entre Ejército y Policía fueron rescatados nuestros 57 hombres en la vereda Fondas del municipio de El Tambo”, informó el ministro Sánchez a través de su cuenta en la red social X, mensaje que fue repostado por el presidente Gustavo Petro.

Los militares están siendo trasladados por vía terrestre hacia Popayán. Junto con ellos, las autoridades reportaron la captura en flagrancia de más de veinte personas señaladas de participar en el secuestro.

Sánchez denunció que la estructura criminal ‘Carlos Patiño’ ha utilizado métodos de intimidación sobre las comunidades de la región para obstaculizar el ingreso de inversión social promovida por el Gobierno. “Desde el presidente Petro hasta todos los organismos humanitarios hemos insistido en el diálogo, pero esta estructura persiste en su accionar violento”, afirmó.

Fuerza Pública actuó con prudencia

Durante la operación, la Fuerza Pública actuó con “prudencia y respeto por la vida civil”, según detalló el jefe de la cartera de Defensa. No obstante, indicó que los criminales usaron escudos humanos para frenar el avance de las tropas y evitar el despliegue institucional en el territorio.

El ministro anunció también una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias ‘Kevin’, y de hasta 100 millones por los alias ‘Yovany’, ‘Zamora’ y ‘Tabares’, presuntos integrantes de la estructura armada ilegal. “O se someten a la justicia o serán capturados. El Estado es permanente; alias ‘Mordisco’ y sus secuaces, pasajeros”, advirtió.

Sánchez reiteró el compromiso del Gobierno nacional con la vida y el desarrollo de las comunidades del Cañón del Micay. “No vamos a claudicar. Seguiremos invitando a los líderes sociales a sumarse a los programas de gobierno. La principal amenaza al narcotráfico es la inversión social”, subrayó.

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Pacto por la Paz Urbana en Medellín y el Valle del Aburrá entrega el segundo informe de avances concretos.

Pacto por la Paz Urbana en Medellín y el Valle del Aburrá entrega el segundo informe de avances concretos

El Gobierno nacional entregará este sábado en la Plazoleta La Alpujarra, en el centro de Medellín, un balance de la paz urbana que desde hace dos años se viene construyendo con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (Eaocai) que hacen presencia en el Valle del Aburrá, proceso que forma parte de la Paz Total que impulsa el presidente Gustavo Petro.

A este evento concurren voceros de las instituciones gubernamentales en cabeza de la Consejería de Paz para dar cuenta del avance de los diálogos con los líderes de estas agrupaciones que en este Gobierno, algunos recluidos en la cárcel La Paz, de Itagüí.

El proceso comenzó en junio de 2023, cuando el Gobierno del Cambio transformó la política de desmantelamiento de estructuras armadas ilegales por una estrategia sociojurídica que incluye participación de la sociedad civil, la transformación territorial, la protección de niñas, niños y adolescentes, todo ello traducido en reducción de homicidios atribuibles a las Eaocai.

En una primera fase exploratoria, en noviembre de 2022, estas estructuras de Medellín y Antioquia expresaron al Gobierno nacional su voluntad de apostarle a la Paz Urbana.

Mediante Resolución 139 del 29 de mayo de 2023 el Gobierno nacional reconoció a los voceros de las Eaocai, y con la Resolución  452 del 8 de noviembre de 2024 fueron designados los representantes del Gobierno, coordinados por la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta López.

El 17 octubre 2024 se firmó una Hoja de Ruta para la participación de la sociedad civil, que prioriza a víctimas, mujeres, comunidades étnicas y población LGBTQI+

Esta hoja de ruta definió tres instancias de participación civil (Asambleas Territoriales, Asamblea Ciudadana y Comité de Impulso), y cinco ejes temáticos: ética de la vida, equidad territorial, verdad y reconciliación, nuevas economías y desmonte de las Eaocai.

A finales de diciembre de 2024, las Eaocai presentaron al Gobierno el ‘Piloto de Territorialización de Paz Urbana’, una serie de compromisos para superar las violencias en contra de la sociedad civil, entre ellos suspensión de la extorsión, cese de las confrontaciones, respeto por la vida, contribución para eliminar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y lucha contra estupefacientes como fentanilo, heroína y tusi.

Estas acciones se concentran en varias comunas de Medellín: Comuna 4 – Aranjuez: barrios Berlín, San Isidro, Palermo, Los Álamos, Moravia, Sevilla, San Pedro y Manrique Central.

En Campo Valdez No. 1: La Esmeralda, La Piñuela, San Cayetano, Brasilia, Miranda.

En Bello: Comuna 4, barrios Carmelo, Espíritu Santo y El Cairo. En la Comuna 5, vereda Hato Viejo y barrio Riachuelos. En la Comuna 6, barrio Pachelly, y en la Comuna 7, sector El Tanque, Altos de Niquía, Bifamiliares y Altos de Quitasol.

En el tema puntual de la eliminación de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, los voceros de las Eaocai se comprometieron a colaborar con los organismos pertinentes, en especial en los barrios La Candelaria (Comuna 10), Laureles (Comuna 11), San Javier (Comuna 13) y El Poblado – Parque Lleras (Comuna 14).

Primer informe

El seguimiento al proyecto Piloto de Territorialización de Paz Urbana están a cargo del Equipo de Observación y Sistematización de Acciones de Paz, conformado por representantes de la academia, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, las alcaldías municipales, Medicina Legal, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.

A mediados de febrero de 2025, se presentó un primer informe de evaluación del avance de esta estrategia, en donde se reveló una “reducción perceptible” en el tema de extorsiones.

El proyecto piloto fue ampliado a 45 barrios de Medellín, Bello e Itagüí entre el 21 de marzo y hasta hoy, 21 de junio de 2025, cuando el propio presidente Gusytavo Petro liderará la entrega del segundo informe de avances de la Paz Urbana en Medellín y el Valle del Aburrá.

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Más de 1,3 millones de pasajeros se movilizarán durante el puente festivo: Gobierno despliega estrategia nacional de seguridad vial.

Más de 1,3 millones de pasajeros se movilizarán durante el puente festivo: Gobierno despliega estrategia nacional de seguridad vial

Durante el puente festivo de Corpus Christi, del 20 al 23 de junio, el Gobierno nacional ha desplegado una estrategia operativa sin precedentes para garantizar la movilidad y seguridad de millones de colombianos en todo el territorio. 

Se estima que más de 2,8 millones de vehículos circularán por corredores concesionados y 1’383.094 pasajeros se movilizarán desde las principales terminales del país.

“El Gobierno del Cambio tiene una prioridad clara: que los colombianos viajen seguros, sin contratiempos y con acompañamiento permanente. Por eso, el sector transporte pone en marcha un plan integral que articula todas sus entidades para brindar atención en terminales, aeropuertos, vías, peajes y cuerpos de agua”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Entre las principales medidas destacan:

—INVÍAS dispondrá de 1.093 operarios en peajes, atención en ocho corredores estratégicos con ambulancias, grúas y carros taller, y más de 3.200 personas activas para atender emergencias.

—ANI activará más de 6.450 trabajadores y 3.100 dispositivos ITS, además de 430 cangureras para agilizar el paso vehicular.

—La Aeronáutica Civil proyecta la movilización de más de 740.000 pasajeros en rutas nacionales e internacionales.

—Supertransporte ejecutará operativos de control en 26 terminales, 25 aeropuertos y 19 peajes, verificando documentos y condiciones técnicas de los vehículos.

—La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) hará presencia en 148 municipios y 32 departamentos con 60 enlaces regionales y 81 técnicos en terreno.

Se destacan medidas adicionales como la habilitación total del tercer Carril Bogotá–Girardot, reversibles el lunes festivo, y refuerzo de personal en los peajes de Chinauta y Chusacá. Las autoridades también priorizan corredores con alto riesgo por lluvias como Bogotá–Villavicencio, Cambao–Manizales, y Santana–Mocoa–Neiva.

Además, las Mesas de Articulación Interinstitucional (MAI) operan 24/7 con más de 1.100 actores del sector para una respuesta ágil ante cualquier eventualidad vial.

Finalmente, regiones como Huila, en plena celebración del Festival de San Pedro, recibirán miles de visitantes. Los aeropuertos de Neiva y Pitalito ya están listos para atender la alta demanda de viajeros que disfrutarán de las fiestas folclóricas más emblemáticas del sur del país.

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Gobierno garantiza seguridad del proceso electoral de 2026, incluida lucha contra la desinformación.

Gobierno garantiza seguridad del proceso electoral de 2026, incluida lucha contra la desinformación

El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó este viernes que el Gobierno va a brindar las garantías de seguridad para el proceso electoral del 2026, que incluye las consultas de los partidos en octubre del 2025 y las elecciones de Congreso y Presidencia de la República del 2026.

Según Benedetti, dicha misión estará bajo la responsabilidad de una subcomisión, de la que harán parte el ministro de Defensa, el comandante de las Fuerzas Militares, el director general de la Policía Nacional, el director de la Dirección de Protección y el director de la Unidad Nacional de Protección.

“Un proceso electoral no solo es el registro y el proselitismo que haga un candidato en vía de buscar unos votos o unas alianzas, sino también las condiciones para la prensa, para los jurados, para la parte judicial, etcétera. Todo aquello que brinde las condiciones y garantías para unas elecciones libres, fuera de la violencia y de la presión”, dijo Benedetti durante rueda de prensa en la Casa de Nariño.

“La idea es brindar las garantías y la seguridad para los precandidatos y el proceso electoral”, enfatizó el ministro, quien agregó: “es un esfuerzo grande que hace el Estado, pues nos enfrentamos a una elección de consulta en octubre, además las de marzo para Congreso de la República y para las presidenciales”.

El titular de la cartera de Interior manifestó que dicha subcomisión, que hace parte de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, debe identificar cuáles son los actores en peligro y quienes están generando ese riesgo contra su vida.

“Lo que se va a hacer es buscar reuniones con los partidos, con los diferentes candidatos y precandidatos a la presidencia, con directores de medios que han sido amenazados y con actores políticos de asociaciones, líderes sociales, etcétera”, recalcó.

La Fuerza Pública desplegada en el país

Por su parte el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien también participó en la rueda de prensa, anunció que tanto las Fuerzas Militares como la Policía Nacional estarán desplegadas en el territorio nacional para garantizar la seguridad del proceso democrático.

“El pilar de nuestra nación es la democracia y la garantía de la misma es la seguridad. Nuestra Fuerza Pública está desplegada para proteger las campañas electorales que busquen elegir a quienes nos van a legislar, pero también a quienes van a ser o a quien va a ser nuestro futuro presidente de Colombia. La clave para garantizar esta seguridad es anticiparnos a cualquier amenaza y la clave de la anticipación es la información”, resaltó. 

En ese contexto, Sánchez aseveró que la lucha contra la desinformación hace parte del plan por la defensa de la democracia, debido a que una especie de terror mediático que busca desestabilizar el país.   

“Hemos visto un terror mediático en esta era digital, en el cual hemos desvirtuado muchas de las amenazas y lo que encontramos también es que hay personas o actores que intentan generar terror, una desestabilización y por ello la acción no solamente es en el espacio físico, sino también en el espacio virtual”, explicó.

En ese sentido, el MinDefensa sostuvo que es importante tener información real del nivel de riesgo que tienen los diferentes precandidatos o también de quienes pueden tener alguna relación con todas las actividades electorales.

“Hemos fortalecido las capacidades de analizar los niveles de riesgo a través de un centro integrado de información e inteligencia electoral, que ha estado permanentemente activo y nos permite analizar y determinar un mapa de riesgo geográficamente, pero también respecto a las diferentes personas que son actores claves en estas elecciones”, indicó el ministro. 

Por lo tanto, consideró que es necesaria la información de la sociedad frente a las amenazas que se puedan registrar.

“Una de las claves para tener una buena información, pero también para atacar la desinformación, es llamar al 107 o al 157 para recibir información que nos permita neutralizar anticipadamente la amenaza”, añadió. 

El ministro hizo un llamado a valorar la información que se mueve en las redes sociales y a confiar en las instituciones del Estado.  

“Quiero llamar a la sensatez, llamar a confiar en las instituciones, aquella información que vean en las redes sociales, por favor, confíen más bien en las fuentes oficiales”, resaltó el ministro.

De hecho, puso de presente que “Colombia es el cuarto país en Latinoamérica, según unos estudios, donde más desinformación hay y donde más pánico hay”.

El gerente del Plan Democracia

De otro lado el general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, anunció que el coronel Andrés Serna será el gerente del Plan Democracia en la institución.

“El coronel Andrés Cerna es una persona experimentada en esta labor. Va a articular todos los esfuerzos institucionales de la Policía Nacional para lograr acertar en términos de seguridad a cada uno de los candidatos”, manifestó el oficial. 

Anunció que la Dirección de Protección de la Policía Nacional contará con más de 600 hombres que ya están en proceso de entrenamiento para la seguridad de los precandidatos, e incluye los estudios de nivel de riesgo de las personas.

Esto se suma al trabajo de inteligencia, investigación criminal y seguridad de los 186.000 hombres y mujeres de la Policía. 

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MinJusticia evalúa denuncia penal contra Registrador por desconocer decreto presidencial que convoca al pueblo a consulta.

MinJusticia evalúa denuncia penal contra Registrador por desconocer decreto presidencial que convoca al pueblo a consulta

Un equipo de asesores del Ministerio de Justicia evalúa la posibilidad de denunciar en lo penal al registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, por abstenerse de cumplir el decreto presidencial que convoca al pueblo a una consulta popular.

El anuncio lo hizo el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, atendiendo instrucciones precisas del presidente Petro, quien en la apertura de la sesión del Consejo de ministros de este martes pidió “acciones jurídicas” contra Penagos, porque “está en una situación de sedición contra el Presidente de la República”.

El registrador Penagos expresó que antes de hacer efectiva la orden del mandatario de convocar a una consulta, solicitó un concepto ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y remitió copias de la solicitud a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) y a la Procuraduría General de la Nación, y pidió a las altas cortes un pronunciamiento “ágil y oportuno” de las demandas interpuestas.

Según el jefe de la cartera de Justicia, “el ministerio evalúa en este momento la posibilidad de formularle una denuncia penal por prevaricato, porque él, de hecho, en una situación fáctica, en una vía de hecho, se abstiene de cumplir la orden presidencial y eso es nada más ni nada menos que un delito”.

Según Montealegre “el registrador tiene una agenda política, no está actuando jurídicamente, se colocó en rebeldía contra el orden constitucional colombiano, es un desafío a la institucionalidad que ya lo tiene en la línea de un posible prevaricato, porque no puede negarse a cumplir el decreto del presidente”.

Esa actuación se puede considerar “una usurpación de una función pública, porque es que el control de decreto no lo hace el registrador, lo debe hacer la Corte Constitucional en un control posterior”, añadió Montealegre.

Al respecto añadió que “parece que el registrador entró a formar parte de la oposición y, como funcionario, no puede entrar a formar parte. El copió esa agenda y ya está en arenas movedizas”.

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Asegurada en centro carcelario mujer que participó en atentado a Miguel Uribe.

Asegurada en centro carcelario mujer que participó en atentado a Miguel Uribe

En atención a los argumentos y los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Katerine Andrea Martínez Martínez, quien habría participado en la planeación y ejecución del ataque armado al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá. 

La mujer, de 19 años, presuntamente asistió a reuniones previas en las que se definieron los roles delictivos que cumplirían los demás involucrados en el atentado; trasladó y entregó el arma de fuego al menor de edad que disparó contra el congresista, y en compañía de otras personas estuvo en inmediaciones del parque ‘El Golfito’, en el barrio Modelia, para asegurarse de la materialización del acto delictivo. 

Asimismo, hay evidencias que dan cuenta de su posible presencia en encuentros posteriores en los que se establecieron rutas de escape y acciones para evadir a las autoridades. 

Martínez Martínez fue capturada en un procedimiento conjunto realizado con la Policía Nacional en vía pública de Florencia (Caquetá). Un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y uso de menores de edad para la comisión de un delito. Los cargos no fueron aceptados. 

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