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Procuraduría investiga a 21 funcionarios de la ANT por firma irregular de contrato - Google

Procuraduría investiga a 21 funcionarios de la ANT por firma irregular de contrato

La Procuraduría informó este martes en un comunicado que abrió investigación a 21 funcionarios y contratistas, por las presuntas irregularidades presentadas en la firma de un contrato suscrito por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con RTVC por $15 mil millones, que tenía como objeto gestionar la logística de eventos organizados por esa entidad entre septiembre y diciembre de 2023.

Se trata del secretario general de la ANT, Daniel Medina González, así como Nury Luz Peralta, Julio César Cuastumal Madrid, Tony Luis Lozano Berrocal, Ana María Cadavid Escudero, Juan Camilo Cabezas, Juan Diego Gómez Vásquez, Claudia Patricia Herrera Logreira, Laura Andrea Botero Salazar, Gabriela Góngora Bermúdez y Andrés Felipe Alcalá Rodríguez.

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También se abrió contra los contratistas de esa misma entidad, Bibiana Marcela Linero Guiza, Melissa Paola Palmera Castilla, Esteban Castaño Jaramillo, Cristina Elizabeth Gelpud Bravo, Jeanneth Andrea Soto Pacheco, Ángela Tatiana Coy Cruz, Laura Cárcamo Cárcamo, Jairo Salamanca Grajales y Derly Dayanna Espinel.

Y finalmente contra el subgerente de Soporte Corporativo de RTVC, Jorge Luis Arzuaga Cadena, por intervenir en alguna de las fases de estructuración de contrato.

El Ministerio Público investiga “si la suscripción del documento se acogió a los estatutos internos de RTVC, pues la experiencia que se le atribuye no corresponde con su objeto social, que está limitado a la función de programar, producir y emitir los canales públicos de televisión Señal Colombia y Canal Institucional, así como las emisoras nacionales Radio Nacional de Colombia y Radiónica, entre otras”.

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Para el ente de control no se habría escogido al oferente más adecuado desde el ámbito técnico, financiero y operativo, y al parecer se aplicó un procedimiento de selección que no correspondía a la naturaleza del objeto a contratar.

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Millonaria recompensa por autores de la masacre en Puerto Berrío, Antioquia - Cortesía

Millonaria recompensa por autores de la masacre en Puerto Berrío, Antioquia

Anuncian una recompensa de hasta 100 millones de pesos, por los responsables de la masacre de cuatro personas al interior de un bus en Puerto Berrío, Antioquia.

El anunció lo hizo el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, que lamentó y rechazó lo ocurrido, y ofreció la recompensa de hasta $100 millones por información que permita esclarecer el asesinato múltiple e identificar y capturar a los responsables.

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Mientras que en las próximas horas habrá un consejo de seguridad con Ejército, Policía y autoridades locales, se ha establecido que los fallecidos son José Manuel Salgado Gonzalez alias de ‘Monocuco‘, Estivian Efren Monsalve Betancur, alias Stevia, Jeferson Andrés Parra Castaño alias Gomita y la mujer Geraldine Acero, asesinados a sangre fría, cuando dos mujeres se bajaron en la glorieta del kilómetro 91 que comunica a Medellín, donde hombres armados se subieron y les dispararon en repetidas ocasiones.

Al respecto, Oswaldo Zapata, secretario de Seguridad de Antioquia, habló en Blu Radio, sobre lo que se sabe de la masacre en Puerto Berrío.
Una situación ha impactado el orden público en el municipio y ya avanzan actividades de la fuerza pública tanto del Ejército como de la Policía Nacional para el restablecimiento de la seguridad…Informaciones respecto a presuntas personas amarradas o secuestradas serán objeto de verificación”, señaló el funcionario.

La persona herida que será clave para esclarecer este hecho violento, según el reporte de las autoridades es conocido como Juan José Taborda López, conocido con el alias de ‘Paté Viela‘, quien se recupera en el hospital municipal y tiene seguridad policial.

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Se sigue teniendo en cuenta como primera hipótesis, que se trataría de un ajuste de cuentas con grupos de delincuencia común organizada que vienen delinquiendo en jurisdicción del municipio de Puerto Berrío y en el corregimiento de Puerto Olaya jurisdicción del municipio de Cimitarra Santander, en el Magdalena Medio.

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JEP declaró no amnistiable la masacre de 9 concejales en Huila perpetrada por las Farc - Google

JEP declaró no amnistiable masacre de 9 concejales en Huila perpetrada por las Farc

En una decisión de 30 páginas, la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó que la masacre de 9 concejales en Rivera (Huila) y las lesiones a otra concejal y un patrullero es un delito no amnistiable y, por lo tanto, el exguerrillero Clinio Gasca Valderrama deberá responder ante la justicia transicional por esos hechos.

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El caso llegó a la SAI al revisar la situación de Gasca Valderrama, quien fue condenado en la justicia ordinaria por esa masacre, ocurrida el 27 de febrero de 2006, en la estancia Los Gabrieles de Rivera (Huila), cuando hombres de las Farc abrieron fuego desde múltiples posiciones al recinto donde sesionaban los concejales. En la escena del crimen se encontró un panfleto en el que la guerrilla declaraba como objetivo militar a los concejales y alcaldes de la zona mientras no renunciaran a sus cargos.

La investigación judicial determinó que el crimen fue ejecutado por la Columna Móvil ‘Teófilo Forero’ y que Gasca Valderrama llevó a cabo labores de inteligencia previas al ataque.

Al analizar el caso, la SAI concluyó que “es claro que se trata de múltiples homicidios, consumados y tentados, en contra de civiles que no ejercían actividades de combate, ni participaban de forma directa o indirecta de las hostilidades. Es decir, los concejales de Rivera (Huila) eran personas civiles que no habían perdido su estatus de protección contra ataques directos, de acuerdo con el DIH”, se lee en la decisión.

En ese sentido, añade que “la conducta objeto de sanción penal es un crimen de guerra y, a efectos de este trámite, un delito evidentemente no amnistiable”.

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Como la SAI declaró como no amnistiable este crimen, el caso de Gasca será remitido a la Sala de Reconocimiento de la JEP, que lleva el Caso 10, en el que se investigan los crímenes no amnistiables cometidos por miembros de la extinta guerrilla.

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Fuertes combates en Briceño, Antioquia, entre disidencias y el “Clan del Golfo”

En las últimas horas se registraron fuertes combates entre el frente 36 de las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, hechos ocurridos en el municipio de Briceño, zona norte del departamento de Antioquia.

El enfrentamiento ocurrió en el corregimiento de Las Auras, donde hace aproximadamente dos semanas la comunidad se unió para hacer salir a la tropa del Ejército en el marco del plan Democracia, que tenía como finalidad garantizar las elecciones regionales del 29 de octubre.

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En ese momento, de acuerdo con información proporcionada por el Ejército Nacional de Colombia, los soldados del Batallón de Artillería de Campaña Nº 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez se encontraban desplazándose para “adoptar el dispositivo de seguridad de los comicios en las veredas El Roblal, Travesías, Los Naranjos y Cucurucho, del municipio de Briceño” cuando fueron “rodeados por cerca de 150 personas”.

Allí, según reportaron las autoridades, a los soldados “les hurtaron algunas de sus pertenencias y les impidieron cumplir con la misión asignada”.

El comando de la Cuarta Brigada indicó que “rechaza rotundamente estas actuaciones que obstaculizan la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, acciones por vías de hecho en contra del personal militar que serán denunciadas en las instancias que corresponden”.

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Se ha dicho que en Briceño y en otras comunidades hay presión por parte de las disidencias de las FARC a la ciudadanía.

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Cinco generales del Ejército, en retiro, a imputación de cargos por crímenes de guerra

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le imputará cargos a los generales en retiro Jaime Lasprilla Villamizar; el brigadier general William Pérez Laiseca; así como los mayores Édgar Rodríguez y Marcos Evangelista Pinto, por su participación y conocimientos en 32 ejecuciones extrajudiciales que se presentaron en el departamento del Huila.

Por estos hechos, la Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que los oficiales del Ejército dieron órdenes precisas para detener a civiles ajenos al conflicto con el fin de asesinarlos y presentarlos como guerrilleros abatidos en combate. Esto para demostrar resultados operacionales.

La Sala revisó un centenar de testimonios para establecer los “patrones” que se presentaron en medio de la presentación de bajas en combate por parte de las tropas del Ejército Nacional que operaban en el departamento del Huila entre los años de 2005 y 2008.

Los militares, que hicieron parte del Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza; del Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’; de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 y de la IX Brigada; fueron imputados por 200 casos de falsos positivos, 32 de los cuales fueron víctimas de desaparición forzada, además de ocho tentativas de homicidio documentadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad.

“La Sala subrayó que los generales imputados debían proteger los bienes jurídicos de la población, controlar efectivamente a sus subordinados y, a pesar de contar con medidas razonables a su alcance para hacerlo, incumplieron sus obligaciones constitucionales. Desde el mando que ocuparon fueron permisivos, laxos en los controles y no ejercieron sus competencias de prevención, investigación y sanción. Esto facilitó la difusión, permanencia y encubrimiento de los crímenes”, explicó la JEP por medio de un comunicado.

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La JEP agregó que las acciones de los tres generales retirados transmitieron la percepción que desde la IX Brigada se permitía el lanzamiento irregular de operaciones para perpetrar homicidios bajo la modalidad de combate simulado y, con ello, que era posible acudir al pago irregular de recompensas para financiarlos. También fueron imputados como coautores los generales (r) Édgar Rodríguez Sánchez y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo y 30 militares más que se desempeñaron como integrantes de los pelotones, comandantes de pelotón y compañía de las cuatro unidades. La Sala considera que esos uniformados siguieron un acuerdo común, con división del trabajo criminal e hicieron aportes esenciales en las fases de planeación, ejecución y encubrimiento de los hechos.

“Más allá de la responsabilidad penal individual que se les atribuye en el Subcaso Huila, la Sala de JEP observa una falla sistémica de las instituciones, militares y civiles, encargadas de la protección de la población en el Huila. Los mecanismos de control disponibles fallaron o fueron insuficientes para proteger los bienes jurídicos de las personas más vulnerables. Y solo se adoptaron medidas cuando las atrocidades fueron conocidas por la opinión pública”, explicó la JEP.

Por último, la justicia especial explicó que aunque escuchó en versión al teniente coronel (r) Martín Orlando Galindo Páez, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena y a seis oficiales (mayores, tenientes coroneles y coroneles) integrantes del Estado Mayor de la IX Brigada, no imputó a ninguno de ellos, porque consideró que no hay bases suficientes para considerarlos máximos responsables. Por esa razón, todos ellos serán remitidos junto a otros 187 integrantes de la fuerza pública y 453 personas más mencionadas en informes y versiones a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para que les resuelva su situación jurídica.

El general (r) fue comandante del Ejército entre 2014 y 2015, llegó al cargo luego de un remezón a la cúpula militar que se anunció en febrero de ese año. Hasta ese momento se había desarrollado como Jefe del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) y en 2011 fue designado como Jefe del Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. El general retirado desempeñó la mayoría de su carrera militar al sur del país y logró la captura de dos jefes de la guerrilla alias Payaso y alias El Boyaco, miembros clave del bloque Oriental de las ya desmovilizadas Farc.

Para llegar a este punto la JEP tuvo en cuenta siete informes aportados por entidades estatales, organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos; 129 versiones de integrantes de la fuerza pública ante la JEP, más de 100.000 folios de expedientes digitales que fueron obtenidos mediante inspecciones judiciales a las unidades militares priorizadas, así como 65 procesos de la Justicia Penal Ordinaria y la Justicia Penal Militar, entre otros documentos.

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El expresidente Álvaro Uribe volvió a arremeter contra la JEP y desmiente a Mancuso - Google

El expresidente Álvaro Uribe volvió a arremeter contra la JEP y desmiente a Mancuso

El expresidente Álvaro Uribe volvió a arremeter este lunes, 20 de noviembre, contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) luego del conocimiento de nuevos testimonios que entregó el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la justicia especial.

En sus declaraciones reservadas ante la JEP, Mancuso, por primera vez, vinculó directamente al expresidente en la masacre de El Aro y en el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.

Según Uribe, «el bandido» (Mancuso) no tiene pruebas en su contra. Y que el exparamilitar se contradice en sus declaraciones.

«Mancuso dijo a Justicia y Paz: «Sobre Jesús María Valle dice que se enteró por los medios de comunicación y al no ser área de control de él no estaba enterado de nada de lo que allí ocurriera». En Justicia y Paz «también asevera que no conoció a Álvaro Uribe ni al general Ospina ni al general Rosso José Serrano», dijo el expresidente en un comunicado publicado en su cuenta de X.

Agregó Uribe en su comunicación: «Tampoco mencionó a Castaño, antes de asesinarlo, sobre su participación y la supuesta de Pedro Juan Moreno (Qepd) en el asesinato de Jesús María Valle, ocurrida cuando yo estaba en la Universidad en Oxford. Mancuso dijo a Justicia y Paz: «Sobre Jesús María Valle dice que se enteró por los medios de comunicación y al no ser área de control de él no estaba enterado de nada de lo que allí ocurriera».

En su versión reservada ante la JEP, Mancuso dijo que los apoyó el helicóptero de la Gobernación de Antioquía en la masacre de El Aro perpetrada en 1997.

«Los helicópteros de la Gobernación tenían un manejo independiente, con pilotos que venían de antes de mi periodo. Las bitácoras vuelo y los testimonios de todo su personal desmienten al bandido Mancuso, como lo ha verificado el CTI de la Fiscalía», respondió Uribe.

Además, en otro aparte de la comunicación Uribe dice: «Mancuso que dio dos millones a José María Maroso (fallecido de cáncer, mayo 2020) para mi campaña de Córdoba. No lo dijo cuando Maroso estaba vivo. La esposa y los cercanos a Maroso confirman la austeridad de esa campaña. Niegan la posibilidad de ese dinero»

El expresidente ha cuestionado duramente a la JEP por la investigación de los falsos positivos, ejecuciones de civiles cometidas por miembros del Ejército que luego presentaban a las víctimas como guerrilleros muertos en combate para recibir recompensas o beneficios por los supuestos resultados obtenidos.

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Disidencias de las Farc estarían obligando a comunidad a crear “Guardias Campesinas” - Google

Disidencias de las Farc estarían obligando a comunidad a crear “Guardias Campesinas”

Se pudo conocer, a través de algunas fuentes de inteligencia militar, que el pasado miércoles 15 de noviembre ingresaron al casco urbano de la Inspección de La Libertad, en el departamento de Guaviare, varios hombres armados que pertenecen a las disidencias de las FARC, Estado Mayor Central.

Según fuentes de la zona consultadas por la W, 12 hombres de civil armados obligaron a reunirse a la comunidad, los presionaron con cuotas extorsivas, con reclutamiento ilegal y otra serie de amenazas, además de indicarles que tenían que crear “Guardias Campesinas”.

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“El cese al fuego lo ha aprovechado la estructura Armando Ríos, del Estado Mayor Central de las FARC, para hacer estas reuniones en el departamento, en zona rural de Calamar”, indicó una fuente militar.

Los hombres, llegaron en motos, ante la mirada de la población que sigue siendo instrumentalizada y amenazada. De hecho, se tiene información de inteligencia, que las disidencias FARC, para este sábado 18 de noviembre, buscan reunirse para coordinar a las Guardias Campesinas, en las veredas La Libertad, La Unilla, La Cristalina y San Miguel.

En estas zonas del país, se está cobrando a las personas que se movilizan en ciertas horas del día. También cobran 10 mil pesos de impuesto por cada canasta de cerveza que se venda a comerciantes de municipios como El Retorno y Calamar y hasta obligan a los motociclistas a moverse con el casco abierto.

Piden aumentar acciones contra las disidencias

Tras el asesinato de tres soldados del Ejército Nacional, por parte de integrantes de la “Estructura 36″ y el Frente “Dagoberto Ramos” del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, en los Departamentos de Antioquia y Cauca; el Comando General de las Fuerzas Militares, rechazó lo ocurrido y denunciaron que el grupo no estaría cumpliendo el cese al fuego.

“Estos hechos violentos afectan el Cese al Fuego Bilateral Temporal de carácter Nacional con impacto Territorial (CFBTNT) establecido en el Decreto 1684 de 2023, expedido por el Gobierno Nacional y serán puestos en conocimiento del Componente Internacional que hace parte de la Mesa de Diálogos de paz, para que se adopten las acciones a las que haya lugar”.

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Las dos acciones cometidas que pueden ser consideradas incumplimientos graves al CFBTNT, planeadas y perpetradas por el Estado Mayor Central de las de las FARC-EP, son hechos cobardes y hoy enlutan no solo a tres familias, sino a todo un país y a la institución”, agregaron la FFMM.
A los soldados profesionales José Sánchez Poveda, Dúber Loperena y Andrey Mayorga, se les rendirán honores militares en sus lugares de origen y “así enaltecer su sacrifico y trabajo en pro de una Colombia grande, respetada y libre”.

Las Fuerzas Militares rechazan y condenan estos cobardes hechos claramente contrarios a los compromisos adquiridos con el Gobierno Nacional. La institución mantendrá su firme compromiso constitucional en el esfuerzo por garantizar la seguridad y bienestar de la población en todo el territorio Nacional”.

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JEP aceptó el sometimiento a esa justicia del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso - Cortesía

JEP aceptó el sometimiento a esa justicia del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso

La Justicia Especial de Paz, JEP, aceptó este viernes 17 de noviembre de manera excepcional el sometimiento de Salvatore Mancuso como sujeto incorporado a la Fuerza Pública, entre 1989 y 2004.

Es decir, la JEP considera que Mancuso ejerció un rol de bisagra o punto de conexión entre paramilitares y la fuerza pública. En la diligencia, de carácter virtual, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas emitió un concepto «sobre los aportes de verdad entregados por el exjefe paramilitar», preso en EE.UU., «para decidir si tuvo o no un rol de bisagra o punto de conexión con agentes de Estado».

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En 2020, la JEP ya había rechazado el sometimiento de Mancuso, luego de que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad concluyera que su rol fue el de un «miembro orgánico de la estructura criminal, desarrollando una función continua de combate».

En esa época, el exjefe paramilitar solicitó su sometimiento ante la JEP como tercero civil colaborador o financiador del paramilitarismo entre 1989 y 1997, antes de su vinculación a las AUC, organización de la que fue su último comandante.

En aquella ocasión, la defensa de Mancuso argumentó que él patrullaba con un grupo armado compuesto por militares, antiguos guerrilleros y otros combatientes; portaba armas largas, y participaba directamente en acciones armadas con «fines contrainsurgentes, no solo con el aporte de información».

Desde entonces, el excomandante de las AUC ha hecho varias declaraciones virtuales en audiencias ante la JEP, con las que intenta que lo acojan ante esta justicia especial que contempla penas no privativas de libertad a cambio de aportación de verdad.

En ese sentido, en mayo reconoció, por ejemplo, hechos que eran de conocimiento como los vínculos entre paramilitares, políticos y empresas; los crímenes que se cometieron y también dio datos que no se conocían, como la existencia de desaparecidos en Venezuela, adonde llevaban los cuerpos de los asesinados para que no los encontraran.

El pasado 26 de julio el Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció que solicitará a Estados Unidos la extradición del exjefe de las AUC tras ser designado como «gestor de paz”.

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El Gobierno aclaró que la designación de Mancuso como gestor de paz «de ninguna manera exime de responsabilidades penales, investigaciones o sanciones a exmiembros de las AUC, que deberán seguir compareciendo ante los entes judiciales que les requieran».

«El proceso de paz entre el Gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad, las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del Estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo”, manifestó en su momento el presidente Petro.

Las AUC, el grupo que más homicidios cometió durante el conflicto armado, según la Comisión de la Verdad, se desmovilizaron en 2006 tras un proceso de negociación con el Gobierno de Uribe.

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Disidencias de las Farc asesinaron a tres soldados en Cauca y Antioquia

Un nuevo ataque contra la Fuerza Pública se registró por parte de las disidencias de las FARC, en el departamento de Antioquía y en el departamento de Cauca. Según el reporte entregado por el Ejército Nacional, en Anorí, en el departamento de Antioquia, dos soldados fueron asesinados tras la activación de un explosivo instalado por la estructura 36, cuyo cabecilla es ‘Primo Gay’.

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“Como consecuencia de esta acción criminal fueron asesinados nuestros soldados profesionales Dúber Andrés Loperena Montero y Andrey Mayorga Coronel; dos soldados más y el conductor de la máquina resultaron heridos y ya están siendo evacuados hacia un centro asistencial”.

“En el lugar donde se presentó esta acción terrorista, que viola los derechos humanos e infringe las disposiciones del derecho internacional humanitario, según denuncias e informaciones, el pasado 1 de noviembre del presente año, la estructura delincuencial GAO-r 36, al mando de alias ‘Primo Gay’, habría hurtado un material de maquinaria amarilla”, señaló el Ejército.

“Este Comando dispuso del acompañamiento con un equipo interdisciplinario a las familias de nuestros soldados asesinados. El Ejército Nacional lamenta profundamente la pérdida de nuestros valerosos soldados Dúber Andrés Loperena Moreno y Andrey Mayorga Coronel, y expresa sus más sentidas condolencias a los familiares, amigos y allegados”.

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Este hecho se suma al asesinato de otro soldado, del Ejército Nacional, en el departamento de Cauca, en el municipio de Santander de Quilichao. Según pudo establecer, un francotirador de las Disidencias de las Farc, estructura Dagoberto Ramos, impactó al uniformado, que se encontraba de turno de centinela.

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Fiscalía radicó escrito de acusación contra la excongresista Aida Merlano

La Fiscalía presentó el escrito de acusación contra Aida Merlano Rebolledo, por el delito de fuga de presos tras los hechos ocurridos el 1° de octubre del 2019, cuando la excongresista, quien se encontraba presa en la cárcel El Buen Pastor, por una medida de aseguramiento impuesta por la Corte Suprema de Justicia, aprovechó que se encontraba en una cita en el centro Médico de la Sabana, por un procedimiento estético practicado por el odontólogo particular Javier Guillermo Cely Barajas, para escaparse.

Según el documento de la Fiscalía, la excongresista aprovechó para lanzarse por la ventana del consultorio que daba al parqueadero del edificio, con la ayuda de una cuerda y guantes, elementos que le fueron suministrados por terceros, más un entramado de corrupción por parte de funcionarios del Inpec y de particulares que facilitaron la fuga de Merlano Rebolledo.

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Según la Fiscalía, Aida Merlano, conocía que fugarse de su sitio de reclusión, que en ese momento era la cárcel Buen Pastor, estando privada de la libertad, era una conducta contraria a la ley y quiso hacerlo. Además, señala que la excongresista tenía la plena capacidad para comprender la ilicitud de su actuación y tenía absoluta claridad de las consecuencias legales de fugarse al estar presa.

Razón por la cual, la Fiscalía presentó el escrito de acusación por el delito contemplado en el artículo 448 del código penal, cuya sanción establece una pena de prisión de 48 a 104 meses de cárcel, y este jueves 16 de noviembre será acusada formalmente en audiencia pública.

Cabe recordar que Aida Merlano denunció que los Char y Gerlein contrataron al criminal alias ‘Salvador’ para su fuga y reveló tres nombres de presuntos criminales que, según ella, fueron contratados por los Char y Gerlein para consumar su huida y luego secuestrarla.

Además, la excongresista denunció a Alejandro Char, Arturo Char, Fuad Char y a Julio Gerlein porque, supuestamente, enviaron a sus abogados a visitarla a la cárcel Buen Pastor en 2019, para que no declarara contra ellos en la Corte Suprema sobre la presunta compra de votos en atlántico. La denuncia relata que Sergio Cadena, un abogado de Arturo Char, no solo visitó en la cárcel a Aida Merlano para decirle que cambiara su testimonio, sino que también apareció en la diligencia de Aida Merlano en la Corte Suprema, y producto de su presencia, ella en ese momento no hizo mención a los Char y a los Gerlein.

Según la denuncia, justo antes que Aida Merlano entrara a esa diligencia, dentro de las instalaciones de la corte, la dragoneante del Inpec que la custodiaba le dijo que tenía una llamada, y en esa una persona le dijo: “Si usted quiere a su familia quédese con la boca callada”. Por miedo a que le pasara algo a sus hijos, Aida Merlano no dijo nada sobre ellos en esa diligencia.

Otra revelación que hizo Merlano en la denuncia, es que tres días antes de la fuga, la excongresista tuvo una videollamada con un hombre identificado como ‘Salvador,’ a quien Merlano describe con un acento monteriano y de tez morena, y quien se encontraba acompañado con Arturo Char, Alejandro Char, Fuad Char y Julio Gerlein, donde se ultimaron detalles del escape de la excongresista, la ruta por la cual debía huir, así como elementos que servirían para un cambio de vestuario o la cuerda por la cual debía bajar desde el tercer piso de la clínica.

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Para Aida Merlano, Alejandro Char y Fuad Char “no solo idearon, sino que planearon el entramado criminal mediante la contratación de una organización criminal liderada por quien se identificaba como alias ‘Salvador’, pero donde también salen a relucir los alias de ‘El Paisa’ y ‘Juan Carlos’, quienes estuvieron involucrados no solo en la fuga, sino también, según Aida Merlano, en su secuestro donde sufrió abusos sexuales y golpizas.

Es de mencionar que, según la versión de la excongresista, luego de haberse fugado del consultorio odontológico el 1 de octubre de 2019, ella fue llevada a un apartamento en Bogotá, donde estuvo secuestrada y luego fue llevada contra su voluntad a Valledupar, donde logró escapar de sus captores para irse a Venezuela.

Producto de esta denuncia y varias investigaciones, la Fiscalía imputará los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal a los abogados Antonio Deyong, Diego Muñetón y al empresario Julio Gerlein.

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