Colombia

José Julián Rendón Cardona, alias Tote, quien es investigado como presunto responsable del crimen de un líder sindical del sector transporte de Cali, aceptó haber incurrido en los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego o municiones, ambos agravados.

El reconocimiento de responsabilidad se relaciona con el crimen ocurrido el 10 de noviembre de 2024 en Cali (Valle del Cauca) donde el ahora procesado, se habría acercado a la víctima que transitaba, cerca de una panadería del barrio San Nicolás de la capital vallecaucana, para allí dispararle en varias ocasiones por la espalda.

El trabajo coordinado entre servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional permitió la captura de Rendón Cardona, el pasado 4 de febrero en el Sector Los Mangos, oriente de la capital vallecaucana.

El juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía e impuso a alias Tote medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con función de control de garantías a Harold Santiago Barón Ramírez, como presunto responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Cargo que no fue aceptado por el procesado.

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de enero, cuando Barón Ramírez, a bordo de un vehículo, fue requerido en un puesto de control de la policía de carreteras en la vía que de Monterrey conduce a Yopal (Casanare).

Durante la inspección, los uniformados habrían encontrado, en el filtro de aire del carro, dos paquetes con 2.009 gramos de clorhidrato de cocaína; además, en la parte trasera, una caneca con 110 kilogramos de marihuana.

Por solicitud de un fiscal de la Seccional Casanare, el juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

En once meses, la Operación Themis ha permitido la captura de 131 personas y la identificación de 78 personas declaradas objetivos estratégicos y que, de acuerdo con las labores de inteligencia adelantadas, son señalados como presuntos responsables de estos asesinatos.

Así lo reveló el Gobierno en un informe presentado ante la Corte Constitucional en desarrollo de una sesión técnica de seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) que declaró el alto tribunal por la crisis humanitaria que atraviesa la población firmante del Acuerdo de Paz de 2016.

Los detenidos están sindicados de participar como autores materiales de más de cien casos de ataques contra líderes comunales, indígenas, afrodescendientes, campesinos.

La cifra la entregó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien confirmó que estos resultados se dieron como producto de acciones conjuntas y coordinadas por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con base en directivas y resoluciones emitidas por el Gobierno nacional para el despliegue de efectivos en zonas de riesgo.

De manera adicional, dijo, el Ejército Nacional ha desplegado 1.084 uniformados para garantizar la seguridad en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR), mientras que unidades de Carabineros de la Policía Nacional refuerzan la vigilancia en estas zonas.

“La seguridad y la protección no dependen exclusivamente de la Policía Nacional. Es necesario que las alcaldías, la Unidad Nacional de Protección y otras entidades asuman también, una tarea más activa en la implementación de medidas y de protección a las comunidades”, enfatizó el Ministro.

Velásquez resaltó el trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Agencia para la Reincorporación en la identificación de riesgos y el intercambio de información estratégica. 

En cuanto a la respuesta a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, Velásquez explicó que la Fuerza Pública diseña y ejecuta planes de acción focalizados que incluyen patrullajes, capturas, registros y otras estrategias de seguridad. 

“Cada alerta activa un protocolo dentro del Sistema Integral de Derechos Humanos, permitiendo una respuesta inmediata en las regiones y departamentos de Policía”, afirmó alto el funcionario.

Aclaró que el Gobierno nacional ha previsto los traslados necesarios para garantizar la operatividad en el segundo semestre del año.

Según el informe oficial presentado al tribunal constitucional, la Secretaría de Gabinete del Ministerio de Defensa es la instancia responsable de coordinar las acciones relacionadas con el Acuerdo de Paz, facilitando la toma de decisiones y el seguimiento de políticas y programas con otras entidades.

La Operación Themis, liderada por el Ministerio de Defensa, y con un promedio de una captura cada dos días, ha conseguido poner tras las rejas a presuntos responsables de asesinatos como alias ‘Maro’, de la estructura Dagoberto Ramos; alias ‘Flaco Alberto’, cabecilla del grupo 48 Comando de Frontera; alias ‘Ney Segoviano’ y alias ‘Rumba’ del Eln.

Uno de los principales articuladores de una ola de violencia promovida por la estructura Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc en Tolima y Huila, aceptó mediante preacuerdo su responsabilidad en 21 crímenes y otras acciones delictivas en contra de la población civil y la fuerza pública.

Se trata de Edwin Collo Dagua, alias Guajiro, uno de los cabecillas del grupo armado ilegal que, en virtud de la negociación avalada por un juez penal especializado de Neiva (Huila), fue condenado a 27 años y 4 meses de prisión por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y tentativa de homicidio, estas conductas agravadas; además de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios o municiones de uso personal y de uso privativo de las Fuerzas Armadas, hurto calificado y daño en bien ajeno.

Las pruebas obtenidas por la Fiscalía indican que alias Guajiro participó en el ataque con explosivos a una patrulla de la Policía Nacional, el 2 de septiembre de 2022, en el corregimiento de San Luis en Neiva (Huila), que dejó siete uniformados muertos y uno herido. En esa oportunidad los agresores se apoderaron de fusiles, pistolas, granadas, lanzagranadas, chalecos y otros elementos avaluados en más de 82 millones de pesos.

En el curso de la investigación se acreditó que Collo Dagua estuvo involucrado en otras muertes violentas sucedidas entre 2021 y 2023. Entre los eventos que se le atribuye están el perpetrado el 28 de mayo de 2021, en la vereda San Agustín, en Planadas (Tolima), que dejó un hombre muerto; un triple homicidio en el corregimiento de Aipecito, en Neiva (Huila), el 23 de diciembre de 2021; y un asesinato en un billar del corregimiento La Marina, en Chaparral (Tolima), el 15 de mayo de 2023.

Al dar a conocer la sentencia, el juez dispuso que la pena deberá cumplirse en establecimiento carcelario y destacó que no proceden mecanismos sustitutivos. De igual manera, inhabilitó a alias Guajiro para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 328 meses.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Camilo Gutiérrez, alias El Zorro, presunto responsable del delito de hurto calificado. Al parecer, venía cometiendo el ilícito de manera continua en la vereda Pringamosal del Guamo (Tolima).

De acuerdo con la investigación, presuntamente, cometió varios robos entre julio y octubre de 2024. En uno de los hechos que se le atribuyen, al parecer, aprovechó que una habitante de la zona salía de una finca para llevar a su hijo al colegio y se apoderó de, al menos, nueve animales de granja, en tres eventos diferentes.

Por otra parte, al parecer, ‘El Zorro’ también se apoderó de varios bultos de limón y yuca, además de herramientas y otros elementos, avaluados en cerca de 6 millones de pesos, de un adulto mayor de la zona.

La Fiscalía asoció los eventos ocurridos, y judicializó al presunto asaltante, quien no aceptó su responsabilidad en el delito.