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A la cárcel el señalado jefe de sicarios del ‘Clan del Golfo’ en el bajo Cauca Antioqueño.

A la cárcel el señalado jefe de sicarios del ‘Clan del Golfo’ en el bajo Cauca Antioqueño

La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos de prueba que dan cuenta de que Jenner Gómez Márquez, alias El Negro, sería el jefe de sicarios Clan del Golfo en el bajo Cauca Antioqueño y el presunto responsable de varios crímenes ocurridos, especialmente, en El Bagre y Zaragoza (Antioquia).

En el 2022, este hombre habría ordenado y participado en, por lo menos, siete homicidios y nueve secuestros, en medio de una disputa armada que tenía con otras estructuras ilegales que delinquen en la región, como ‘Los Caparros’.

Adicionalmente, las investigaciones indican que estaría involucrado en desplazamientos, secuestros y otras conductas delictivas en contra de la población.

Por lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a alias El Negro los delitos de homicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada; y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Los cargos no fueron aceptados por el procesado, que deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

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En Putumayo Fiscalía judicializa a un policía que habría aceptado dinero de un soborno.

En Putumayo Fiscalía judicializa a un policía que habría aceptado dinero de un soborno

Una fiscal de la Seccional Putumayo judicializó el subintendente de la Policía Nacional Julián Hernando Urquijo Castillo y al ciudadano Daniel Andrés Urbano Meneses, como posibles responsables de los delitos de cohecho propio y cohecho por dar u ofrecer, en los que habrían incurrido el pasado 24 de enero en Mocoa.

El procesado, junto a otros uniformados, instaló un puesto de registro y control en la variante La Catleya, en el que realizó una señal de pare a Urbano Meneses, quien conducía una motocicleta. Al parecer, el conductor llevaba una bolsa plástica con una sustancia similar a clorhidrato de cocaína, y para evitar su judicialización habría ofrecido al uniformado 1’500.000 pesos.

Los procesados fueron capturados por servidores de la Dijin el pasado 15 de agosto en Popayán y Mocoa. Ninguno de los investigados aceptó los cargos en su contra.

Por decisión del juez de control de garantías, los dos procesados deberán afrontar el proceso en libertad.

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Judicializado un exfuncionario de la Alcaldía de Cartagena un contratista y un abogado por posible corrupción.

Judicializado un exfuncionario de la Alcaldía de Cartagena un contratista y un abogado por posible corrupción

Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bolívar judicializó al exdirector de la oficina jurídica del Distrito de Cartagena Jorge Camilo Carrillo Padrón; a la excontratista Analicia Milena Martelo del Río; y al abogado Jorge Adib Blell Cervantes, presuntamente implicados en el delito de peculado por apropiación.

La investigación la originó una denuncia en la que se advertía que para julio de 2019 los procesados se habrían apropiado de 4.236’222.346 del Distrito. Según el material probatorio, el dinero se encontraba constituido en títulos de depósitos judiciales dentro de un proceso que se adelantaba ante un juzgado civil del circuito de Cartagena.

El ente acusador evidenció que Carrillo Padrón, al parecer, le otorgó poderes a Martelo del Río y a Blell Cervantes para que cobraran dichos títulos y que el dinero ingresara a las arcas de la alcaldía. Sin embargo, pese a que las sumas fueron cobradas, nunca ingresaron al presupuesto distrital.

Servidores del CTI capturaron a Martelo del Río en la vía que conduce de Cartagena a Barranquilla; y a Blell Cervantes en el corregimiento de La Boquilla. Carrillo Padrón se entregó voluntariamente a la Fiscalía en Bogotá.

Los tres procesados aceptaron su responsabilidad en los delitos imputados por la Fiscalía

Por disposición judicial, a Blell Cervantes fue afectado con detención domiciliaria. Los otros dos procesados deberán afrontar el proceso en libertad.

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A la cárcel presunta implicada en la muerte de su padre.

A la cárcel presunta implicada en la muerte de su padre

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías privó de la libertad en establecimiento carcelario a Laura Estefanía Barrero Reyes, como posible responsable del delito de homicidio de su padre, en hechos ocurridos en Madrid (Cundinamarca) el pasado 18 de agosto.

La investigación evidenció que la supuesta victimaria sostuvo una discusión con su progenitor, a quien, se cree, hirió en varias oportunidades hasta quitarle la vida. Una vez la Policía Nacional llegó al lugar de los hechos, la procesada habría tratado de librarse de su responsabilidad inculpando a su mamá. Finalmente, fue capturada en flagrancia.

Barrero Reyes negó su responsabilidad en cuanto a los delitos imputados por una fiscal de la Seccional Cundinamarca.

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Fiscalía judicializa a un hombre que habría abusado sexualmente a una mujer luego de hurtarle sus pertenencias.

Fiscalía judicializa a un hombre que habría abusado sexualmente a una mujer luego de hurtarle sus pertenencias

Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de Cartagena logró que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Wilmer José Cárdenas Polo, por su presunta responsabilidad en el delito de acceso carnal violento; fabricación, tráfico o porte de arma de fuego y, hurto calificado, todos agravados.

Cárdenas Polo, de 39 años, presuntamente con arma de fuego despojó de sus pertenencias y abusó sexualmente a una mujer a quien transportaba, como conductor de una plataforma vehicular. Los hechos se registraron el pasado 9 de agosto, en el barrio Boston de Cartagena.

El hoy investigado habría desviado la ruta solicitada por la pasajera hasta llegar a un sector solitario para, al parecer, obligar a la mujer a transferirle más de dos millones de pesos a sus cuentas bancarias, hurtarle sus pertenencias y accederla carnalmente.

La víctima logró escapar y avisar a la Policía Nacional que pasaba por la carretera. En poder del procesado fueron hallados los elementos hurtados.

El presunto agresor no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y su reclusión se llevará a cabo en la cárcel San Sebastián Ternera de la capital de Bolívar.

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Condenados por corrupción exalcalde y dos exsecretarios de Ebéjico (Antioquia).

Condenados por corrupción exalcalde y dos exsecretarios de Ebéjico (Antioquia)

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 7 años y 10 meses de prisión al exalcalde de Ebéjico (Antioquia) Jaime Wither Sánchez Posada, y a los exsecretarios de Planeación y Hacienda de esa población,  Juan Marcelo Gaviria Zapata y Víctor Alonso Álvarez Vergara, por irregularidades en la contratación.

Los exfuncionarios fueron sentenciados como responsables de los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público.

Los hechos están relacionados con irregularidades cometidas en la firma de varios contratos por valor de 34 millones de pesos, para la remodelación de la casa de la cultura del corregimiento Sevilla, de la citada población del occidente antioqueño.

De acuerdo con el proceso adelantado por una fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Medellín, en enero de 2010 durante la etapa precontractual se falsificaron las firmas de uno de los supuestos oferentes y se omitieron los análisis técnicos para soportar los valores estimados de los contratos de estudios y diseños.

La Fiscalía probó que no existió la licitación, que se simuló la convocatoria y que nunca se cumplió con el objeto del contrato, pese a que se pagó la totalidad del dinero pactado.

Durante la audiencia del sentido del fallo condenatorio, el juez de conocimiento ordenó la captura de los tres procesados.

La decisión de primera instancia fue apelada por la defensa ante la sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.

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Intervención judicial contra la deforestación en el Parque Nacional Natural Chiribiquete.

Intervención judicial contra la deforestación en el Parque Nacional Natural Chiribiquete

La labores investigativas realizadas por la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), permitieron llegar a diferentes polígonos de deforestación detectados en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.

En tres puntos distintos localizados en la vereda Itilla, en jurisdicción de Calamar (Guaviare), se constató la praderización para realizar actividades agropecuarias como ganadería extensiva. Precisamente, en uno de los predios fue ubicado un corral con ganado; mientras que, en las otras dos áreas, fueron encontrados laboratorios para el procesamiento de hoja de coca, los cuales fueron destruidos.

Durante las diligencias las autoridades también inhabilitaron cinco puentes ilegales en inmediaciones de los predios intervenidos, que servían para comunicar corredores viales construidos de manera ilícita. De otra parte, personal del CTI de la Fiscalía incautó celulares, libretas y otros elementos de prueba que servirán para identificar a los determinadores y financiadores de la deforestación en el parque.

En ese sentido, fiscales de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente avanzarán en un frente investigativo por invasión de área de especial importancia ecológica, aprovechamiento ilícito de recursos naturales y daño en los recursos naturales, entre otros delitos.

El Parque Nacional Chibiriquete es un área de especial protección ambiental que está conectada al ecosistema de la Amazonía. Además, representa una reserva arqueológica por la diversidad de expresiones pictóricas y culturales de las comunidades indígenas que habitaron la zona, así que está prohibida cualquier actividad con fines comerciales.

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A la cárcel dos presuntos responsables de la muerte de una mujer trans en Cali.

A la cárcel dos presuntos responsables de la muerte de una mujer trans en Cali

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Miguel Antonio Ochoa Guevara, alias Boris; y a Paola Andrea Churi Cortés, como posibles responsables de causarle la muerte a una mujer trans, cuyo nombre identitario era Macarena, el pasado 21 de abril, en Cali (Valle del Cauca).

Los elementos de prueba indican que ‘Boris’ contactó a la víctima y permaneció con ella en un inmueble del barrio San Nicolás. En ese lugar, al parecer, la golpeó porque supuestamente le había quitado algunas pertenecías, practica violenta que en el pasado habia tenido contra otras mujeres trans. Posteriormente, salió y regresó en un vehículo con otras tres personas, entre ellas Churi Cortés. Los acompañantes, al parecer, se bajaron del automotor, increparon a la mujer y la golpearon con un revolver. Al percatarse que escapaba presuntamente le dispararon.

La investigación liderada por una fiscal de la Dirección Seccional de Cali, con apoyo del Grupo Nacional de Trabajo para la Investigación de Violencias Fundadas en la Orientación Sexual y/o Identidad de Género de la Víctima, adscrito a la Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos, permitió identificar a los señalados implicados en el crimen. En una acción conjunta del CTI y la Policía Nacional dos de ellos fueron capturados en puntos distintos de Cali.

En atención a su posible participación en los hechos, la Fiscalía imputó a alias Boris los delitos de feminicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego; mientras que a la mujer le imputó homicidio agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego; y falsedad personal, este último por haber presentado una cédula falsa durante el procedimiento de detención.

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Cárcel para alias Pacho.

Cárcel para alias Pacho, uno de los señalados cabecillas de una red dedicada al contrabando de cigarrillos, textiles y zapatos

Luego de valorar los elementos de prueba y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Juan Francisco Solano Barrera, alias Pacho, uno de los posibles cabecillas de una red señalada de ingresar mercancía de contrabando a gran escala por los puertos de la Costa Atlántica y el Pacífico colombiano.

Este hombre se habría articulado con una organización criminal para realizar distintas maniobras ilícitas dirigidas a evadir controles aduaneros, con el objetivo de operar la entrada irregular de cigarrillos, textiles, calzado y cacharrería, entre otros productos provenientes de diferentes países. 

En ese sentido, una Fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de contrabando y cohecho por dar u ofrecer, en seis eventos.

El trabajo investigativo, realizado de manera articulada con la DIJIN de la Policía Nacional, evidenció que alias Pacho, a través de terceras personas, presuntamente contactaba a funcionarios para que le permitieran desarrollar las acciones ilícitas que garantizaran el traslado de la mercancía por diferentes vías y mantener el control sobre las operaciones aduaneras en varias ciudades. 

También se conoció que, al parecer, entregó celulares de gama alta a los servidores públicos que le colaboraban para mantener comunicación constante, mediante el uso de aplicaciones que encriptaban la información; y en una ocasión pagó hasta tres meses de arriendo de un apartamento en Cartagena (Bolívar) para beneficiar a un funcionario. De igual manera, se acreditó que hizo llegar dádivas por 348’800.000 pesos a un grupo de uniformados. 

Juan Francisco Solano Barrera, alias Pacho, no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Se convierte en el quinto presunto integrante de la organización criminal capturado y judicializado como parte de un frente investigativo en contra de la corrupción. 

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Fiscalía obtiene condena para integrante del Clan del Golfo que exigía dinero a ganaderos y comerciantes en Sucre.

Fiscalía obtiene condena para integrante del Clan del Golfo que exigía dinero a ganaderos y comerciantes en Sucre

Elementos materiales probatorios aportados por un fiscal de la Seccional Sucre permitieron que Mario Miguel Mangonez Galindo, alias el Tombo aceptara, mediante preacuerdo, su responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado. Un juez de conocimiento avaló la negociación judicial y lo condenó a 4 años y 3 meses de prisión.

Durante el proceso se pudo demostrar que el sentenciado, quien hacía parte del Clan del Golfovenía extorsionando comerciantes y ganaderos en la región del Golfo de Morrosquillo, Tolú, Coveñas y Puerto Viejo (Sucre).

Así mismo, la fiscalía evidenció que entre 2017 y 2021 Mangonez Galindo visitaba fincas ganaderas en dichos lugares donde, bajo amenazas, exigía a sus propietarios pagos de entre 100.000 y 1 millón de pesos por hectárea, a cambio de prestarles seguridad. En caso de incumplir con los pagos los ganaderos tenían un plazo de 24 horas para abandonar sus predios.

Por su parte, los comerciantes y tenderos eran obligados a pagar sumas de 300.000 pesos mensuales para no atentar contra sus vidas o negocios. Las sumas variaban de acuerdo al tipo de negocio.

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