Harold Echeverry Orozco, el señalado asesino de Michel Dayana González, aceptó cargos por los delitos de feminicidio agravado, hurto calificado y agravado y este martes fue enviado a prisión en Villavicencio por un juez de control de garantías.
La Fiscalía le imputó dichos delitos por el asesinato y desmembramiento de la adolescente en hechos ocurridos el 7 de diciembre en un taller de pintura para carros en el barrio San Judas de Cali. Alegan que el hombre sometió e incomunicó a la víctima.
“Los elementos materiales probatorios y la evidencia física recaudados dan cuenta que el implicado, durante su turno de vigilancia en un taller automotriz, abordó a la menor, la incomunicó y luego la atacó. Posteriormente le causó la muerte, desmembró su cuerpo y lo ocultó en bolsas plásticas”, señaló el ente acusador.
También puedes leer: No habrá aumento en el precio de la gasolina en el mes de diciembre
Por la gravedad del delito imputado (feminicidio), y como su víctima fue una menor de edad, Echeverry no podrá acceder a mayores beneficios punitivos. La Procuraduría, por su parte, solicitó que se le imponga la máxima sanción posible.
Durante la audiencia pública, el hombre de 40 años pidió perdón a la familia de la víctima y al país.
Echeverry fue capturado en la tarde del lunes en Villavicencio, Meta, tras cuatro días huyendo de la justicia como el principal sospechoso del crimen de la adolescente.
Echeverry, que estaba utilizando toda clase de coartadas para no ser descubierto por las autoridades colombianas, pretendía salir del país con rumbo a Venezuela, aunque, al parecer, su plan inicial era huir a Ecuador.
El confeso feminicida se enfrenta a una condena de entre 41 y 50 años de cárcel por el crimen, pero la misma podría aumentar luego de aceptar el delito de hurto calificado y agravado, tras robarse una de las motos del taller en el que trabajaba.
La intención del hombre era vender el vehículo en varios locales cercanos y usar el dinero para huir. Pese a que la ofreció en unos tres sitios, en ningún lado tenían dinero para comprar la Discover de placas EQP-37D.
Al no encontrar comprador, Harold decidió irse de Cali en esa misma moto y dirigirse hasta Chicoral, Tolima.
Allí, se hizo pasar por una persona pobre y hasta por mendigo para ganarse la ayuda de un grupo cristiano que le arrendó una habitación en 15.000 pesos. Luego, decidió dirigirse hacia Villavicencio, donde tenía algunos familiares a los que les intentó pedir ayuda.
Harold continuó fingiendo que era un pobre y consiguió trabajo como mototaxista en la capital del Meta. Uno de sus “clientes” lo reconoció y grabó un video que envió a la Policía, que posteriormente dio con su captura.
Además del caso de Michel Dayana González, Harold Echeverry ya había sido acusado en dos ocasiones de abuso sexual a menores de edad en Cali.
Te puede interesar: Vera Grabe, exsenadora y exguerrillera del M-19, nueva jefa negociadora con ELN
De acuerdo con el brigadier general José Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el primer caso data de 2019, cuando el hombre fue capturado por abuso sexual de una menor de 14 años. La Fiscalía le imputó cargos y luego presentó el escrito de acusación en su contra. Cuando se venció el tiempo para la medida de aseguramiento, el ente acusador había pedido a un juez su prórroga por un año más.
Vencido ese plazo se acudió a otro juez de control de garantías, pero luego de dilaciones por parte de la defensa, el juez decidió revocar la medida de aseguramiento privativa de la libertad y dejar libre a Echeverry condicionado a su buen comportamiento y a que no se acercara a las víctimas o testigos del caso por el cual era procesado.
El segundo caso se supo unos días después de ser señalado como el presunto asesino de Michel Dayana. De acuerdo con El Tiempo, el pasado domingo 10 de diciembre se presentó a la Fiscalía una persona que acusó a Echeverry de ser el responsable del abuso sexual de otra menor de edad en la capital del Valle del Cauca.
Por esa denuncia, el ente acusador abrió un nuevo proceso contra este sujeto y ya fue asignado a un fiscal local para avanzar en la recolección de testimonios y de evidencias para su judicialización.
