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Se suspende el juicio disciplinario contra el canciller Álvaro Leyva Durán

Cerca del mediodía de este jueves, 15 de febrero, Ernesto Espinoza, procurador del caso contra el canciller Álvaro Leyva por líos en la licitación de pasaportes, rechazó que la defensa del ministro lo haya recusado por enemistad grave, sin embargo, la audiencia quedó suspendida hasta que la procuradora general, Margarita Cabello, resuelva ese recurso.

“No puedo aceptar que se me señale como activista político (…) no conozco ni he tenido trato de ninguna índole con el disciplinado”, aseguró el procurador Espinoza.

Junto a la suspensión de tres meses de su cargo que la Procuraduría General de la Nación le dictaminó al canciller Álvaro Leyva Durán, está el juicio disciplinario en su contra por presuntas irregularidades cometidas en el marco del proceso licitatorio para la expedición de los pasaportes en el país.

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En este juicio, que arrancaba hoy, el procurador delegado del caso le leería al ministro el pliego de cargos por el que se le acusa, en el que reposan dos supuestas faltas cometidas en la licitación.

Hay varios hechos que tendrá que explicar Leyva, como el motivo por el cual canceló el año pasado la licitación que ya daba como ganador, según las normas, a la compañía Thomas Greg & Sons; también el porqué, si se habla de transparencia en el proceso, decidió declarar la urgencia manifiesta para entregar a dedo por un año el contrato para la expedición de los documentos.

Además, tendrá que explicar sus razones para no conciliar con Thomas Greg & Sons, pese a las recomendaciones que se le hicieron desde el Comité de Contratación de la Cancillería y desde la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, exponiendo a la Nación a demandas que en una alta probabilidad podrían perderse.

Pero no menos grave, entre los hechos que se revisarán en el caso de Leyva Durán están todas las funciones, decisiones, comunicaciones y demás que tomó en representación de la Cancillería en las últimas semanas, según informó la Sala Disciplinaria de Instrucción.

Lo anterior, debido a que desconoció en principio que se encontraba apartado del cargo. En ese sentido, se buscará determinar si los hechos son constitutivos de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

Y es que el canciller, desde que fue suspendido el pasado 24 de enero y hasta la semana pasada que acató la decisión, llegó a firmar 14 decretos del Ministerio de Relaciones Exteriores, pese a la suspensión que se le había impuesto y a que la procuradora Margarita Cabello ratificó en dos ocasiones, mediante oficios, la decisión inicial.

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El presidente Gustavo Petro ha llegado a asegurar que todo esto solo es un plan desde la Procuraduría para no dejarlo gobernar, y que sería una muestra más de que hay sectores políticos de oposición e instituciones politizadas que buscan un golpe blando.

Leyva, por su parte, espera que la suspensión sea tumbada para poder afrontar su juicio disciplinario en el cargo, esto gracias a la imposición de una tutela para anular el fallo del Ministerio Público alegando la vulneración en sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al ejercicio de cargos públicos.

Yefferson Dueñas es el abogado defensor del canciller, quien aseguró que los hechos muestran que no hay garantías procesales para su defendido.

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Canciller Álvaro Leyva presentó una tutela para que se levante su suspensión - Google

Canciller Álvaro Leyva presentó una tutela para que se levante su suspensión

La defensa del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, presentó una acción de tutela contra la Procuraduría General de la Nación por la suspensión del alto funcionario por tres meses tras las posibles irregularidades en la licitación para la elaboración de las libretas de pasaportes en Colombia.

Varios son los argumentos que el abogado de Leyva expone para se deje sin efecto la decisión de la suspensión del alto funcionario. Así las cosas, aseguran que la actuación del Ministerio Público fue acelerada y prematura.

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“Por la manera como ha sido diseñada y como se ejerce en la práctica, se convierte en la “cuota inicial” de un fallo sancionatorio a un ritmo acelerado. Porque si llegare a absolverse al disciplinado habrá quedado en evidencia un actuar prematuro e injustificado de la administración, que al interior de una misma entidad, con estructura jerarquizada, difícilmente puede ser aceptada”, dice el documento de la tutela.

Sumado a esto, se agrega que se deben proteger los derechos fundamentales al debido proceso y a que se analicen las diferencias sobre los actos administrativos por los cuales se tomaron decisiones para la suspensión.

“De este modo se evidencia que la investigación disciplinaria seguida contra el doctor Álvaro Leyva está basada únicamente en discrepancias sobre la legalidad de los actos administrativos que él expidió, que de ninguna manera conllevan a la comisión de una falta disciplinaria y mucho menos es un fundamento válido para suspenderlo de su cargo, máxime cuando ningún juez de la República ha declarado su ilegalidad. Si bien la Procuraduría General tiene competencia para investigar al ministro de Relaciones Exteriores, lo hace respecto de su conducta, pero no sobre la presunción legal que revisten las decisiones que en ejercicio de sus funciones profiera”, agregan.

También, la defensa asegura que no hubo imparcialidad en los procesos por las declaraciones que dio la procuradora Margarita Cabello en los medios de comunicación que señalaron el actuar del canciller Leyva.

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“Este tipo de actos materializa la falta de transparencia e imparcialidad dentro de estos procesos, máxime cuando lo que se debate es una decisión que no contiene elementos objetivos, por lo que se ponen en riesgo las garantías esenciales que deben revestir a todos los procesos judiciales y administrativos. La arbitrariedad y el capricho no emanan del señor canciller, sino de quien debería ser uno de los principales garantes de los derechos de los ciudadanos: el Ministerio Público. Por ello, la intervención del juez de tutela resulta verdaderamente imprescindible”.

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La Procuraduría detectó y alertó grave aumento en el reclutamiento infantil

La Procuraduría General de la Nación alertó del silencio, la falta de denuncias y el aumento de la problemática de reclutamiento infantil en 23 subregiones del país, ubicadas especialmente en 8 departamentos del territorio nacional, siendo Cauca, Nariño, Antioquia, Valle del Cauca, Caquetá, Arauca, Chocó y Norte de Santander los más afectados.

El Ministerio Público confirmó que la alarmante situación persiste y se propaga especialmente en puntos críticos del país, reiterando a las autoridades nacionales y territoriales la ejecución inmediata de acciones de priorización y prevención, especialmente en ciudades intermedias como Popayán, Tumaco, Ituango en Antioquia, Florencia en Caquetá y Arauca.

Según las cifras entregadas por el ente de control, se alertó que 196 niños, niñas y adolescentes fueron atendidos en el 2023 por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- en programas de protección y atención especializada de desvinculadas víctimas de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos armados y grupos delincuenciales en el país, siendo en su mayoría menores de edad entre los 13 y 17 años.

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La entidad se refirió que del total de casos registrados en el 2023, 156 se desvincularon de Grupos Armados Organizados – GAO, a Grupos Delictivos Organizados– GDO.

21 del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y 19 del Clan del Golfo AGC, según cifras reportadas por el ICBF; panorama que se agudiza frente a las 35 alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo.

Frente a este panorama, la Procuraduría insistió en el subregistro de cifras de este flagelo, debido al silencio de las familias y sus víctimas, ante situaciones de desplazamientos y amenazas.

Asimismo, desde el ente de control se pidió a las entidades que conforman la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual (CIPRUNNA), a las y los mandatarios territoriales a que desarrollen estrategias robustas y eficientes y acojan los exhortos y recomendaciones hechas en la Directiva 10 de 2021 del ente de control.

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Juicio disciplinario contra canciller Álvaro Leyva será a mediados de febrero

Este viernes, la Procuraduría anunció que el inicio del juicio disciplinario contra el canciller Álvaro Leyva Durán, por el caso de la licitación de pasaportes y las presuntas irregularidades en el proceso, será el próximo 15 de febrero. A través de un comunicado, la entidad indicó que, ese día, el funcionario “tendrá la oportunidad de hacer los descargos que considere necesarios y presentar las pruebas”.

Asimismo, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de la Procuraduría General confirmó que el juicio verbal será en la sede de la misma entidad. Cabe recordar que este proceso contra el canciller Leyva se adelanta por haber declarado, en su momento, desierta la licitación 001 de 2023 y decretar “urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite” sin que, al parecer, hubiera “causales para adoptar” esa decisión.

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En el comunicado, se aclaró también que la suspensión provisional que actualmente tiene Leyva de tres meses es “totalmente independiente” del juicio, es decir, no se resolverá en ese proceso y le corresponde al despacho de la procuradora general, Margarita Cabello.

“(…) Las dos faltas por las que se investiga al ministro fueron calificadas de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo”, recalcó la entidad.

Una respuesta que llega después de que el viceprocurador general, Silvano Gómez Strauch, señalara que el desacato del canciller y el presidente Gustavo Petro a la decisión de la Procuraduría “atenta contra el Estado de derecho” y pone es riesgo “la estabilidad institucional”.

“La Procuraduría General de la Nación ratifica que, como órgano de control y representante de la sociedad, es la responsable de la defensa del ordenamiento jurídico y de su acatamiento por parte de todos los servidores públicos”, aseveró Strauch en un comunicado emitido por la entidad.

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Según expresó, si los funcionarios o autoridades elegidas democráticamente “desvían su conducta de esos principios, debilitan la Constitución” y “erosionan” las bases de su legitimidad.

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Procuraduría solicitó información al Ministerio de Salud sobre vacunas vencidas

Desde hace semanas se han realizado varias denuncias por el vencimiento de vacunas de COVID-19, algunas son del laboratorio farmacéutico Moderna y otras de Sinovac.

Ahora es la Procuraduría quien requirió información sobre el estado de los biológicos al Ministerio de Salud, así como información relacionada con la planeación, costos, presupuesto asignado y aprobado para la vigencia 2023, para la adquisición de vacunas contra el COVID-19; además, solicitó información de los inventarios, fecha de vencimiento y el laboratorio.

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“A diciembre de 2023, la mayoría de los biológicos se vencieron en esa vigencia, por lo que, la entidad solicitó en enero 22 de 2024 al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, información relacionada con todo el proceso de distribución, vencimientos, desabastecimiento y adquisición de biológicos para la vacunación contra el COVID-19; además, se pidió indicar los lineamientos para la distribución de las vacunas según el territorio y nominación de grupos etarios para la vigencia 2023”, dice la Procuraduría.

Se pidió nuevamente certificar el inventario de vacunas para el año contra el COVID-19 y su fecha de vencimiento discriminada por laboratorio y si finalmente el Ministerio contempló la adquisición de vacunas bivalentes de ARNm contra el COVID-19, el presupuesto dispuesto, la cantidad y el estado actual de esta compra.

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Procuraduría pide a MinInterior entregar 18 vehículos de socorro a bomberos - Google

Procuraduría pide a MinInterior entregar 18 vehículos de socorro a bomberos

Dieciocho vehículos de socorro, que fueron adquiridos el año pasado y que ya tienen una regionalización por parte de la Dirección Nacional de Bomberos, están parados por falta de trámites administrativos que estarían a cargo del Ministerio del Interior. La Procuraduría se pronunció.

La alerta de la Procuraduría se conoció en medio de los incendios forestales activos en los departamentos de Cundinamarca, Vichada, Antioquia, Santander, César, Norte de Santander y hasta en Bogotá.

En medio de las emergencias que han devorado más de 17 mil hectáreas, el ente de control enfatizó que es necesaria la disponibilidad presupuestal y de recursos para atender los efectos de los incendios.

“La Procuraduría mostró su preocupación por presuntas demoras en la entrega de 18 vehículos de socorro (…) que a la fecha no han podido ser entregados por trámites administrativos” dice el comunicado del Ministerio Público.

Para la Procuraduría es prioritario tomar acciones inmediatas y contundentes para aumentar las capacidades de los cuerpos de socorro, y desde ya abordar el presupuesto del 2024 para los Bomberos y analizar el aumento del presupuesto de inversión para la actual vigencia, teniendo en cuenta la coyuntura climática y emergencias.

Le ente de control también le pidió al Gobierno “tener en cuenta las denuncias presentas por algunos cuerpos de bomberos frente a la disminución de recursos del Fondo Nacional para el presente año”.

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“No nos van a dejar gobernar”: presidente Petro tras suspensión del canciller - Redes Sociales

“No nos van a dejar gobernar”: presidente Petro tras suspensión del canciller

Tras la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender al canciller Álvaro Leyva por el lio en la licitación de pasaportes que se llevó a cabo con Thomas Greg y las presuntas irregularidades que denunció el ente de control, el presidente Gustavo Petro, sin referirse directamente al Ministerio Público, aseguró que esa situación ya la vivió cuando fue alcalde de Bogotá.

Desde Guapi, Cauca, en medio de su gira por el litoral pacífico, el primer mandatario aseguró que “nos van a suspender ministros aquí, ministras allá, eso ya lo vivimos en la Bogotá Humana, no nos van a dejar gobernar”.

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Añadiendo que “es la mentalidad de quienes, acostumbrados a dejar la gente abandonada, no quieren que haya un ejemplo de demostración de lo que es un gobierno popular, democrático, pero con todo tenemos que hacerlo”.

Con esta decisión, el Ministerio Público apartó al canciller Leyva del cargo mientras se adelanta el proceso en su contra. La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo.

La primera falta, al declarar desierta la licitación 001 de 2023 sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal.

En segundo lugar, el organismo de control profirió cargos al ministro por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.

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Procuraduría investigará si hubo irregularidades en alquiler de casa en Davos - Cortesía

Procuraduría investigará si hubo irregularidades en alquiler de casa en Davos

La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios, por determinar, del Gobierno nacional, por las presuntas irregularidades en el contrato que se suscribió para el alquiler de la Casa Colombia en Davos, Suiza, en el marco del Foro Económico Mundial.

La Sala de Instrucción Disciplinaria adujo que se revisará el negocio jurídico que, según revelaron varios medios de comunicación, se hizo por un valor cercano a los $4.500 millones, correspondientes al alquiler de una propiedad durante cinco días, la Casa Colombia, con el objeto de promocionar la marca país.

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En el mismo sentido, el organismo de control señaló que se evaluará la eventual responsabilidad del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, así como de la entidad que se precise haya sido la responsable de la firma del contrato.

Las diligencias iniciales para recaudar pruebas se llevaron a cabo este miércoles, 17 de enero de 2024, e igualmente se ordenó la práctica de otras adicionales, con el fin de establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares y determinar si constituyen faltas disciplinarias y el posible perjuicio causado.

Con esta actuación disciplinaria el Ministerio Público busca individualizar a los posibles responsables y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

Antes de su intervención en paneles sobre inversión y medio ambiente, el presidente Gustavo Petro visitó la polémica Casa Colombia, la vitrina turística que arrendó el Gobierno por cerca de 5.000 millones de pesos para promover al país como destino turístico bajo el eslogan de ‘Colombia, potencia mundial de la vida’.

«Uno de los debates que nos hacen es por qué esto vale tan caro, precisamente porque Davos tiene una altísima rentabilidad por metro cuadrado«, respondió el presidente Petro.

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La casa, objeto de críticas, tiene en la fachada imágenes de playas del Caribe y el Pacífico, y el lema ‘Colombia the country of beauty’ (Colombia país de la belleza), y por dentro información turística sobre el país, algo que defendió la directora de Procolombia, Carmen Caballero, ya que, según dijo, «otros países y empresas del mundo» también tienen «vitrinas de promoción».

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Procuraduría sancionó e inhabilitó al exsenador Julián Bedoya

La Procuraduría sancionó en primera instancia con suspensión de 10 meses e inhabilidad especial al exsenador Julián Bedoya por usar su investidura entre el 11 de octubre de 2018 y el primero de marzo de 2019, con el fin de obtener de manera rápida y “con una normativa ajustada a sus intereses” su título profesional como abogado.

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“La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular confirmó que el entonces parlamentario logró ventajas ante la Universidad de Medellín, que se materializaron en la obtención irregular del grado expedido, producto del trato preferencial que recibió por parte del centro académico”, indicó el ministerio público.

La Procuraduría determinó que hubo manipulación de los reglamentos de la Universidad de Medellín para regular los trámites y procedimientos del proceso en beneficio del entonces senador, así como en el reintegro que permitió la posterior obtención del título profesional.

Además, la entidad determinó que hubo alteración de varios documentos y que la presentación de exámenes por parte de Bedoya en un mismo día no se ajustaba con los tiempos en los que cursó un alumno de pregrado e, incluso, que aprobó asignaturas sin estar registrado como estudiante para el periodo en el que supuestamente las cursó.

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“La Procuraduría estableció que el exsenador vulneró el principio de moralidad que regula la función administrativa y que con su actuación quebrantó su deber funcional, por lo que calificó de manera definitiva la falta como grave cometida a título de dolo, la cual será convertida a salarios de acuerdo con lo devengado en el momento de la comisión de la misma”, agregó la entidad.

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Procuraduría realizará inspección a Empresa de Renovación Urbana - Google

Procuraduría realizará inspección a Empresa de Renovación Urbana

Con el propósito de recolectar información sobre el proceso para la estructuración y desarrollo de la denominada ‘Ciudadela Educativa y del Cuidado’, funcionarios y peritos realizarán este lunes una inspección disciplinaria en las instalaciones de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá – Renobo.

La entidad, a través de un comunicado explicó que se recaudará información sobre la fase de planeación del proyecto “para determinar, entre otros aspectos, si contó con las condiciones técnicas adecuadas; si las modificaciones efectuadas implicaron un cambio en su objeto, y si se variaron reglas que pudieron afectar la libre competencia”.

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La Procuraduría recordó que actualmente, avanza una investigación disciplinaria contra el gerente de la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá, Juan Guillermo Jiménez.

Para la Procuraduría, al parecer “se infringieron los principios de transparencia, responsabilidad, buena fe y legalidad que rigen la función administrativa, en la estructuración, desarrollo y ejecución del contrato para llevar a cabo obras de urbanismo y proyectos inmobiliarios en el suelo transferido por la mencionada empresa.”

El proyecto Ciudadela Educativa y del Cuidado’, generó en las últimas semanas diferencias entre la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López que finalmente adjudicó el contrato pese a la solicitud del alcalde Carlos Fernando Galán y la Procuraduría, quienes habían advertido preocupaciones sobre el proceso licitatorio.

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