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Procuraduría abrió indagación previa contra el senador Ciro Ramírez por corrupción

La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa contra el senador Ciro Alejandro Ramírez, por su supuesta participación en el direccionamiento de varios contratos por un valor superior a los $9.000 millones.

La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que se investigarán las denuncias hechas por varios medios de comunicación que refirieron que, al parecer, junto con otros servidores, el congresista participó en la manipulación de al menos 15 contratos.

Según el organismo, los contratos que fueron presuntamente direccionados, estaban ubicados en los departamentos de Tolima, Quindío y Valle del Cauca, entre noviembre de 2020 y finales de 2022.

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La apertura de la indagación tiene como objeto determinar los hechos que podrían tener relevancia disciplinaria, por lo que desde la Procuraduría aclaran que el senador podrá ser escuchado en versión libre si así lo desea.

Por este caso, la Fiscalía también compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que avance en la investigación contra el senador, pues la decisión fue resultado de un proceso que avanza contra funcionarios de la Unidad de Trabajo Legislativo de Ramírez.

Las personas que son investigadas por la Fiscalía son Katherine Rivera Bohórquez, integrante de la UTL del congresista, y al contratista Anderson González González, por delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos.

Según la investigación, Bohórquez se habría contactado con funcionarios del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) para coordinar el direccionamiento de estos contratos.

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Los investigadores enfatizaron que al parecer por este favorecimiento se pactó el pago de 1.000 millones de pesos, que habrían ido a parar a las arcas del congresista y de otras de las personas implicadas con esta red de corrupción.

Los organismos aclaran que este proceso es un caso diferente al que generó la condena contra el senador Mario Castaño, quien fue condenado a más de 15 años de prisión por liderar la red de corrupción conocida como ‘Las Marionetas’.

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Alejandro Lyons irá a juicio por presuntas irregularidades en contratos

Colombia, DESTACADOS / Mauricio Vanegas

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, y contra el exsecretario de Salud departamental, Edwin de Jesús Preciado Lorduy, por presuntas irregularidades en la contratación de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) para brindar terapias de neurodesarrollo a niños con síndrome de Down.

De acuerdo con la investigación, los funcionarios habrían omitido el procedimiento de selección objetiva, con lo que hubiesen podido escoger la oferta más favorable para el departamento.

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Pese a que este es un procedimiento que debe cumplirse en los procesos de contratación estatal, la Procuraduría resaltó que ambos funcionarios contrataron directamente a las IPS que debían brindar ese servicio.

Según el expediente, mediante la firma de un acta se habría fijado el costo fijo del paquete integral de 100 terapias por paciente en $ 2.250.000.

Al parecer, ese acuerdo fue suscrito sin que aparentemente se cumplieran con la totalidad de los requisitos exigidos en la norma que regula las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables de los pagos.

En el caso del exgobernador Lyons, la delegada de la Procuraduría lo investiga por una presunta omisión en su función de control y vigilancia de las distintas etapas de la contratación.

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“Esta situación pudo haber posibilitado la vulneración de los principios de transparencia y legalidad que debían guiar la práctica contractual del Estado”, menciona el documento.

Por su parte, Preciado Lorduy habría sido el encargado de suscribir y verificar la ejecución de los contratos firmados con las distintas IPS. Por esos hechos, la Procuraduría calificó la presunta conducta de los dos investigados como una falta grave cometida a título de culpa gravísima.

Este proceso está relacionado con el escándalo de corrupción conocido como el ‘cartel de la hemofilia’ por el que también avanza un proceso en la Corte Suprema de Justicia, que de hecho está a la espera de que los magistrados de la Sala de Primera Instancia fijen una nueva fecha para iniciar el juicio contra Lyons.

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Procuraduría advierte riesgos electorales en carta dirigida a MinDefensa y MinInterior

POLÍTICA, DESTACADOS / Mauricio Vanegas

A pocos días que se lleven a cabo las elecciones regionales en Colombia, la procuradora Margarita Cabello envió una carta al ministro de Defensa Iván Velásquez y al ministro del Interior, Juan Fernando Velasco, donde trata cuatro factores de riesgo durante la jornada del próximo 29 de octubre.

En estos documentos, la procuradora, Margarita Cabello alertó sobre los cuatro factores de alto riesgo para las elecciones de alcaldes y gobernadores.

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Impera garantizar la cobertura y presencia de los dispositivos de Fuerza Pública en la totalidad de los puestos de votación establecidos por la organización electoral, por la existencia de temas de tipo logístico para la movilidad de tales componentes de proteccion en achos puestos de volación de diferentes regiones del país.

Es urgente informar al país junto con la organización electoral de manera inmediata, pública y oficial, del traslado de los puestos de votación a cabeceras municipales, en caso de no garantizarse la cobertura integral de los dispositivos de seguridad a cargo de la Fuerza Pública en la totalidad de los mismos.

#Atención | La procuradora Margarita Cabello le envío está carta al @mindefensa reiterándole 4 factores de riesgos que debe tener en cuenta para las elecciones del próximo domingo. pic.twitter.com/oxJQURIrKm
— El espacio col (@EspacioDigCol) October 27, 2023

Reitero que la seguridad y control electoral constitucionalmente le asiste, y es exclusivo de la Fuerza Pública. Lo anterior, en consideración a anuncios e iniciativas aisladas de cabecillas de grupos armados ilegales en proceso de negociación con el Gobierno Nacional, que conllevaron también a comunicados de guardias campesinas, dejando entrever la posibilidad de ejecutar controles electorales, pretendiendo detentar la facultad de control en los puestos de votación, lo que podría configurar situaciones de alteración y complejidad con vulneración de derechos y riesgos en materia de seguridad, convivencia y orden público. Esta situación, requiere especial atención en departamentos como: Cauca, Caquetá. Putumavo. Norte de Santander. Antioquia. Meta. Huila. Guaviare Magdalena, Chocó y Valle del Cauca.

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Ante eventuales focos de protestas y manifestaciones públicas que se lleguen a activar, que puedan afectar el normal desarrollo de los comicios en sus tases electoral y post electoral, se requiere de la suficiente socialización y apropiación por parte de los dispositivos de la Fuerza Pública competentes en esta materia, del Decreto 003/2021: “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”.

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El ministro Guillermo Jaramillo y Carolina Corcho, investigados por la Procuraduría

Colombia, DESTACADOS / Mauricio Vanegas

La investigación es adelantada por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación en contra de dos de las fichas más cercanas al presidente Gustavo Petro.

El Ministerio Público investiga al actual ministro de Salud, Guillermo Jaramillo; y a la exministra de esa cartera, Carolina Corcho, por una presunta omisión de sus funciones en el manejo de la crisis generada por el desabastecimiento de medicamentos en el país.

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Según el ente disciplinario, la investigación permitirá establecer “las causas por las que se pudo presentar un retardo injustificado por parte de los funcionarios sobre decisiones para enfrentar la situación” de desabastecimiento de medicamentos en la red de suministro de servicios de salud.

Agrega la entidad que “desde julio de este año se indagó por los retrasos en el trámite para la expedición de registros sanitarios para la producción o comercialización de moléculas que estaban desabastecidos o en riesgo de estarlo” y por eso se vinculó al expediente a la directora de medicamentos y Tecnología en Salud, Claudia Marcela Vargas Peláez.

#Atención | La @PGN_COL ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra el Min. Salud Guillermo Jaramillo y la exministra Carolina Corcho, por la presunta escasez de medicamentos en el país durante este año.
— El espacio col (@EspacioDigCol) October 26, 2023

Al respecto, el Ministerio de Salud informó que los actores del sistema no habían suministrado de manera oportuna los reportes sobre las dificultades en el suministro de medicamentos.

“El nivel de respuesta fue aceptable entre gestores, laboratorios farmacéuticos y algunas IPS, no siendo así para la mayoría de las IPS, ni de las EPS del sector, se destaca que ACEMI no ha entregado la información requerida”, indicó el Ministerio de Salud apenas en marzo de este año.

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El ministerio estableció 10 mesas de trabajo con diversos sectores entre ellos la Asociación de Oncólogos Pediatras, la Asociación Colombiana de Infectología, la Asociación de Medicina Nuclear, la Asociación Colombiana de Radiología, con participación de varias entidades estatales.

En esas mesas de trabajo se establecieron las siguientes causas de la falta de medicamentos:

Incremento de la demanda.
Restricciones por marcas o fabricantes en la contratación entre EPS y gestores.
No entrega oportuna de los pedidos a los gestores.
Trámites en curso en INVIMA.
Problemas de adquisición de materias primas.
Pérdida de interés por parte de la industria en comercializar algunos productos de baja rentabilidad, pero esenciales para la atención en salud.
Problemas comerciales entre fabricantes y distribuidores.
Escasez de algunas marcas comerciales, pero disponibilidad en el mercado de medicamentos con la misma composición.

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La Procuraduría señaló que el gobierno no atiende las alertas sobre elecciones

POLÍTICA, DESTACADOS / Mauricio Vanegas

Según lo informó el defensor del pueblo Carlos Camargo, La Fiscalía, la Procuraduría General, el CNE, el Ministerio de Hacienda y la UNP serían las únicas entidades del Estado que han dado cumplimiento a las alertas tempranas enviadas por la Defensoría, un panorama bastante difícil que critica la procuradora Margarita Cabello.

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“Podía decir yo con el informe que me han dado hoy, que hay una reducida y falta de claridad del Gobierno para adoptar las medidas frente a las recomendaciones de las alertas tempranas entregadas por la Defensoría”.

Por otro lado, dieron a conocer desde la Defensoría y la Procuraduría que a pocos días de las elecciones “se aumentó las acciones violentas por parte de grupos armados ilegales”. Entre agosto y septiembre hubo 204 casos de amenazas y extorsiones.

Y que los departamentos más afectados, que tienen el 65% de incidencia de estás acciones violentas son Norte de Santander, Cesar, Bolívar, Tolima, Cauca, Nariño, Valle, Arauca, Chocó, Magdalena.

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La Procuraduría dio visto bueno a trámite de reforma tributaria del presidente Petro

POLÍTICA, DESTACADOS / Mauricio Vanegas

La jefa del Ministerio Público, Margarita Cabello, indicó que la votación de los artículos de la reforma tributaria presentada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro a finales del año 2022, que se realizó por bloques y no de manera separada, cumplió con los mandatos legales.

La Procuraduría General, en un concepto enviado a la Corte Constitucional, aseguró que ese mecanismo fue adoptado por las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes y avalado por la mayoría de los congresistas.

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Ese organismo de control añadió que esa decisión no puede considerarse como arbitraria, pues “se trató de una determinación puesta a consideración de todos los congresistas, quienes estuvieron conformes con la organización del trabajo en agrupaciones de normas”.

Por esa razón, dice la Procuraduría, en la discusión de la ley no se vulneró el principio de publicidad, porque los parlamentarios tuvieron la oportunidad de conocer el contenido de los informes de ponencia de manera previa a la fecha de la deliberación y aprobación, ya que los mismos fueron publicados con anticipación en la Gaceta del Congreso.

“De ahí que, en lo que tiene que ver con una insuficiencia de tiempo para revisar las ponencias alegadas por el demandante de la norma, se presenta como una opinión individual, la cual contrasta con la decisión de las mayorías que, ante las solicitudes de aplazamiento para un estudio más detallado de los textos, optaron por seguir adelante con las deliberaciones”, precisó.

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Ahora, este pronunciamiento de la Procuradora General de la Nación fue solamente por los posibles errores de procedimiento en la expedición de la ley, pero mantiene ante la Corte Constitucional otros conceptos negativos sobre temas puntuales de la misma Ley Tributaria.

Por ejemplo, pide tumbar la prohibición de deducir el pago de regalías para determinar el impuesto sobre la renta o sobre los responsables de pagar el impuesto a los plásticos de un solo uso, entre otros, por encontrarlos contrarios a la Carta Política.

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La Procuraduría abrió indagación preliminar contra Claudia López

BOGOTÁ, DESTACADOS / Mauricio Vanegas

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández, y la senadora Angélica Lozano Correa, por posibles irregularidades relacionadas con la construcción del metro.

La indagación, según un comunicado del organismo, se basa en informaciones divulgadas por medios de comunicación, que sugieren que ambas funcionarias fueron mencionadas en conversaciones entre representantes del Ministerio de Transporte y un ciudadano chino. Estas conversaciones habrían revelado la intención de destinar la suma de $6.000 millones para el financiamiento de campañas políticas.

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La Procuraduría informó que la investigación tiene como propósito principal determinar si se ha cometido alguna conducta irregular que pueda considerarse una falta disciplinaria. Además, se busca establecer si las actuaciones de las servidoras públicas están amparadas por alguna causal de exclusión de responsabilidad.

#Atención | La @PGN_COL abrió indagación contra la alcaldesa Claudia López y Angélica Lozano. El proceso tiene que ver con supuestas irregularidades en el Metro de Bogotá.
— El espacio col (@EspacioDigCol) October 2, 2023

Según las informaciones divulgadas por los medios de comunicación, las conversaciones entre representantes del Ministerio de Transporte y un ciudadano chino habrían tenido lugar en el año 2022. En estas conversaciones, el ciudadano chino habría ofrecido la suma de $6.000 millones para el financiamiento de campañas políticas a cambio de que el Ministerio de Transporte adjudicara un contrato para la construcción del metro de Bogotá al consorcio chino.

La alcaldesa de Bogotá negó las acusaciones en su contra. López afirmó el pasado 23 de septiembre que las denuncias sobre supuestos pagos indebidos en la adjudicación del contrato para la construcción del metro son «rumores» que no tienen fundamento. «Se trata de una retahíla de rumores de unos sujetos tomando whisky en Yopal», dijo la alcaldesa.

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La alcaldesa aseguró que no cederá a las presiones para detener el proyecto del metro, que es una de las obras de infraestructura más importantes de la ciudad. «No he cedido y no cederé a ninguna difamación, portada, bodega, o presión indebida para frenar la obra más esperada y necesaria para los bogotanos», dijo López.

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Procuraduría abrió investigación contra alcalde de Medellín, Daniel Quintero

POLÍTICA, DESTACADOS / Mauricio Vanegas

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, después de la airada discusión con groserías incluidas contra el concejal Sebastián López en el recinto del Concejo Municipal el pasado 21 de septiembre.

El tenso altercado se produjo tras una acalorada discusión entre Quintero Calle y López en el Concejo, durante la cual el alcalde habría proferido insultos hacia el concejal antes de abandonar abruptamente el lugar. El enfrentamiento quedó registrado en múltiples redes sociales y medios de comunicación, generando un debate público en torno a la conducta del mandatario local.

El incidente tuvo lugar después de que Quintero Calle ofreciera una rueda de prensa a los medios locales a la salida del recinto de sesiones, tras presentar un proyecto de acuerdo. En ese momento, se desató la confrontación con el concejal López, lo que llevó a la apertura de esta investigación.

El objetivo de la investigación es determinar si el alcalde Quintero Calle cometió una falta disciplinaria y esclarecer los motivos detrás del incidente, así como las circunstancias en las que ocurrió, incluyendo el tiempo, el lugar y la manera en que se desarrolló. Además, se buscará establecer la responsabilidad del alcalde en relación con los eventos ocurridos.

La Procuraduría también tiene previsto recopilar pruebas adicionales, incluyendo publicaciones en redes sociales y cobertura mediática, para respaldar la investigación. Este proceso busca garantizar la transparencia y el respeto por las normas éticas y disciplinarias que rigen la conducta de los funcionarios públicos en el país.

Tanto el alcalde Daniel Quintero Calle como el concejal Sebastián López están siendo llamados a colaborar con la investigación, que podría tener implicaciones significativas para el liderazgo local en Medellín.

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La Procuraduría abrió investigación al canciller Álvaro Leyva Durán

Colombia, DESTACADOS / Mauricio Vanegas

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, y el secretario general del Ministerio, José Antonio Salazar Ramírez, por la suspensión del proceso de licitación de pasaportes.

Así lo informó el organismo en un comunicado en el que afirma que la investigación busca determinar si al tomar la decisión los funcionarios incurrieron en una irregularidad.

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“La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que la decisión de los funcionarios de declarar desierto el proceso de licitación público para la expedición del documento, al parecer, habría vulnerado varios de los pilares de la contratación estatal, con lo que pudieron incurrir en falta disciplinaria. De igual forma, la entidad advirtió que posiblemente Leyva Durán y Salazar Ramírez pudieron vulnerar los principios de transparencia, economía y responsabilidad”, indica el comunicado.

El canciller Álvaro Leyva firmó el 14 de septiembre de 2023 la resolución 7541, con la cual declara la urgencia manifiesta para evitar una crisis en la prestación del servicio de expedición de pasaportes en Colombia. Esta declaratoria se da luego de que el Gobierno declarara desierta la licitación que se venía adelantando desde mayo para renovar el contrato con la empresa fabricante de pasaportes.

“Como parte de su actuación disciplinaria, el ente de control solicitó la práctica de pruebas, y buscará determinar la ocurrencia de la conducta para establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, añade el comunicado.

El Ministro de Relaciones Exteriores deberá responder ante la @PGN_COL las razones que lo llevaron a declarar desierto el proceso de licitación pública para la expedición de pasaports, al parecer, vulnerado varios de los pilares de la contratación estatal. https://t.co/AggpL8vrDS pic.twitter.com/pbj5Zl7Wm2
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) September 20, 2023

Con la declaratoria de urgencia manifiesta, el Gobierno podrá contratar el servicio de forma directa, por lo menos por un tiempo prudencial mientras se adelanta otra licitación. La Cancillería indicó que esta medida es necesaria para garantizar la prestación del servicio público de expedición de pasaportes, que es un derecho fundamental de los colombianos.

La Cancillería se justificó en la resolución advirtiendo que la declaratoria de desierto del proceso de licitación pública se debió a que solo un proponente presentó una oferta, la cual no garantizaba los principios de selección objetiva, libre concurrencia e igualdad de oportunidades.

Cabe recordar que el canciller Leyva declaró desierto el proceso de licitación para la elaboración de pasaportes en Colombia, el cual estaba previsto para renovar el contrato con la Unión Temporal conformada por Thomas Greg & Sons.

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La declaratoria de desierto se produjo luego de que solo un proponente, la misma unión temporal, presentara una oferta. El canciller Leyva argumentó que esta situación no garantizaba los principios de selección objetiva, libre concurrencia e igualdad de oportunidades.

El actual contrato vence el 2 de octubre, por lo que la Cancillería anunció que declarará la urgencia manifiesta para garantizar la prestación del servicio de pasaportes. Con esta declaratoria, el Gobierno podrá contratar el servicio de forma directa, por lo menos por un tiempo prudencial mientras se adelanta otra licitación.

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Procuraduría hizo inspección a MinDefensa por presuntos hechos de corrupción

Colombia, DESTACADOS / Mauricio Vanegas

La Procuraduría General de la Nación hizo una inspección a las instalaciones del Ministerio de Defensa ante los presuntos hechos de corrupción denunciados por el exviceministro de Defensa Ricardo Díaz, en Semana. Las denuncias comprometen la contratación y millonaria compra de equipos militares como helicópteros, detrás de la cual tendría intereses la esposa del presidente Gustavo Petro, la primera dama, Verónica Alcocer.

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En la diligencia, el Ministerio Público obtuvo algunos documentos relevantes dentro de la indagación disciplinaria que se adelanta por las denuncias hechas por el exviceministro de Defensa, el general (r) Ricardo Díaz, y se practicaron visitas a algunos despachos de esa entidad.

La Procuraduría procederá a evaluar el material probatorio recaudado, con el propósito de ampliar la indagación previa abierta por estos hechos.

#Atención | La @PGN_COL realizó una inspección disciplinaria a @mindefensa. El ente obtuvo algunos documentos relevantes dentro de la indagación disciplinaria que se adelanta por las denuncias hechas por el exviceministro de Defensa, General (r) Ricardo Díaz, sobre corrupción.
— El espacio col (@EspacioDigCol) September 12, 2023

Según contó el general en retiro, quien salió del Ministerio de Defensa hace unas semanas, había intereses en la compra de tres helicópteros, para ese tema lo abordó el señor Juan Fernández, asesor personal del presidente Gustavo Petro, quien además es cuñado del exembajador en Venezuela Armando Benedetti.

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Lo que llama la atención es que, a juicio del exviceministro Ricardo Díaz, la familia Benedetti tenía claros intereses; tanto Ángela Benedetti, pareja de Fernández, como Camilo Benedetti, el menor de los hermanos.

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