domingo 19 mayo 2024
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A juicio disciplinario superintendente de Salud por firma de contrato sin aprobación - Google

A juicio disciplinario superintendente de Salud por firma de contrato sin aprobación

La Procuraduría llamó a juicio disciplinario a Ulahy Beltrán López, actual Superintendente Nacional de Salud y exgerente del Hospital Universitario CARI, por posibles irregularidades en la firma de un contrato que supera los 12.000 millones de pesos. Según el ente de control, Beltrán López habría llevado a cabo esta contratación sin contar con la autorización previa de la junta directiva del hospital.

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“Se trata del negocio jurídico celebrado de manera directa con el Consorcio Gestor Hospitalario del Caribe, para la operación y la gestión integral de los procesos asistenciales, logísticos, administrativos, financieros y complementarios de los servicios de alta complejidad, entre otros aspectos”, indicó el ente de control.

La Procuraduría sostiene que, dado que el valor del contrato superaba los 5.000 salarios mínimos para la época de los hechos, el entonces gerente del Hospital, Ulahy Beltrán López, necesitaba la autorización expresa de la Junta Directiva para iniciar y llevar a cabo el proceso de contratación. La falta de esta autorización es lo que ha desencadenado la investigación en su contra.

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La conducta de Beltrán López ha sido calificada como grave por parte de la Procuraduría, y en caso de ser hallado culpable en el juicio, podría enfrentar la destitución de su cargo como Superintendente Nacional de Salud.

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Procuraduría confirmó sanciones que inhabilitarían a Rodolfo Hernández - Google

Procuraduría confirmó sanciones que inhabilitan a Rodolfo Hernández para elecciones

La Procuraduría confirmó tres sanciones disciplinarias que inhabilitarían a Rodolfo Hernández para ser candidato a la Gobernación de Santander. El Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá definir la próxima semana si revoca la candidatura del también excandidado presidencial. Las situaciones por las que el órgano de control ha investigado al exalcalde de Bucaramanga tienen relación con su comportamiento al no tratar con respeto a otras personas que, con ocasión al servicio, constituye falta disciplinaria.

Recientemente, el Ministerio Público expidió el certificado especial de antecedentes disciplinarios del actual candidato a la Gobernación de Santander, en el que señala que se encuentra inhabilitado para ejercer el cargo de Gobernador o cualquier otro cargo de elección popular, al tener un total de tres sanciones disciplinarias confirmadas. De esta manera, el Código Disciplinario indica que aquel funcionario que tenga tres sanciones confirmadas por el Ministerio Público en cinco años queda inhabilitado para ejercer como servidor por un periodo de tres años.

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“Rodolfo Hernández tiene tres sanciones en la Procuraduría. Sanciones que no son muy altas, por casualmente violar el respeto de su posición, que es expresarse de manera grosera frente a sus ciudadanos y electores”, dijo al respecto, durante una rueda de prensa, Margarita Cabello Blanco, procuradora general. Y añadió: “La decisión de Hernández es reciente y requería inicialmente, antes de que saliera el contenido de la sentencia de la Corte Constitucional, una revisión del Consejo de Estado. La Corte fue enfática, quien no esté en cargo no tiene que ir a revisarse ante el Consejo de Estado, que estudia la garantía de los derechos políticos. Rodolfo Hernández hoy no es funcionario en ejercicio de sus cargos”.

Las sanciones contra Hernández

La primera sanción corresponde a 2018, cuando Hernández fue inhabilitado de su cargo por tres meses por la Procuraduría, después de golpear al concejal de la ciudad John Claro. Hernández golpeó al concejal en el cuello, porque este acusó a su hijo de favorecerse con presuntos contratos con la empresa de aseo Vitalogic, aseguró que se equivocó y cometió un error grave al reaccionar así. No obstante, comentó que “nunca he levantado la mano a nadie en mi vida, esto es un hecho puntual de alguien que ha tratado de hacerme sacar de casillas y lo logró”.

La segunda sanción llegó el 31 de mayo de este año, cuando la Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 14 años a Hernández. Fue declarado disciplinariamente responsable por mover sus fichas en la Alcaldía de Bucaramanga en un proceso contractual de 2016. El proyecto buscaba la adquisición de tecnología de aseo para la capital santandereana y Hernández aprovechó su cargo para que su hijo, Luis Carlos Hernández, resultara beneficiado.

La Procuraduría comprobó que Hernández tuvo una reunión en Bogotá con emisarios de la compañía (Vitalogic RSU), “no como un acto de cortesía para oír propuestas”, sino para conocer como se había estructurado el proyecto que previamente había solicitado. En esa misma reunión se acordó designar la persona que elaboraría los términos que permitieran que la empresa fuera la seleccionada. Según el expediente, el hijo de Rodolfo Hernández, como intermediario, iba a obtener hasta US$100 millones si Vitalogic RSU quedaba seleccionada.

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Luego, el pasado 9 de agosto, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría confirmó, en segunda instancia, una sanción contra el exalcalde Bucaramanga por maltrato verbal contra el veedor Fernando Martínez Arenas. Según la entidad, no hay duda sobre el irrespeto de las palabras usadas por el entonces alcalde Hernández al responder al reclamo de Martínez Arenas, quien cuestionaba al funcionario público por la poda de árboles que adelantaba la Empresa Municipal de Aseo en el Parque Solón Wilches, de la capital santandereana, en 2018.

Asimismo, el Ministerio ha probado que el exalcalde “adelantó acciones destinadas a coaccionar al director jurídico de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB), a quien instó a omitir las reglas de contratación y el manual existente para lograr que se formalizara el negocio de basuras”. La Procuraduría lo sancionó por los cargos de interés indebido en la celebración de contratos y de coacción.

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Procuraduría pidió cuentas al colegio Helvetia por casos de acoso escolar - Google

Procuraduría pidió cuentas a colegio Helvetia por casos de acoso escolar

La Procuraduría General de la Nación ha tomado acciones en relación con los preocupantes casos de acoso escolar que han salido a la luz en el reconocido colegio suizo Helvetia.

Entre los afectados se encuentra la hija de Juliette de Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, quien tomó la decisión de sacar a su hija del país debido a los incidentes de bullying que enfrentó.

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La Procuraduría ha dirigido solicitudes formales al rector del colegio Helvetia, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá con el propósito de recopilar información exhaustiva sobre las acciones tomadas hasta el momento en relación con estos incidentes.

Según la información proporcionada por la Procuraduría, se espera que el ICBF confirme si recibió denuncias relacionadas con los casos de acoso escolar en el colegio Helvetia y si se tomaron medidas de emergencia en beneficio de la menor de edad afectada. Por su parte, la Secretaría de Educación de Bogotá deberá informar sobre el seguimiento llevado a cabo en relación con estos casos y si se ha iniciado algún proceso sancionatorio.

El rector del colegio Helvetia, en su calidad de presidente del Comité Escolar de Convivencia, está obligado a proporcionar evidencias de las medidas que ha adoptado para abordar estos incidentes. Esto incluye confirmar si se activó la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y si se realizó el reporte correspondiente en el Sistema de Alertas de la Secretaría Distrital de Educación.

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“También deberá llegar el número de casos de acoso escolar que se hayan registrado en el colegio desde el año 2020 a la fecha, los factores de riesgo que en materia de convivencia escolar y protección de derechos humanos ha identificado el colegio, así como las acciones para prevenir y detectar el acoso escolar y las estrategias de convivencia escolar implementadas”, indicó el Ministerio Público.

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La Procuraduría abrió investigación a la senadora Isabel Cristina Zuleta - Google

Por presunta financiación de campañas electorales investigan a senadora Isabel Zuleta

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa a la senadora Isabel Cristina Zuleta, por presuntas irregularidades en la financiación de campañas políticas a las que habría admitido haber hecho donaciones económicas.

La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que, al parecer, en una entrevista la congresista aseguró que parte de su salario que percibe actualmente, lo ha entregado a algunos candidatos que aspiran a los cargos de elección popular en los comicios que se realizarán en todo el territorio nacional el próximo octubre.

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Explicaron desde el Ministerio Público que luego de ser consultada sobre si ese hecho no constituía una eventual participación indebida, Zuleta supuestamente afirmó tener “facultades para hacer donaciones”, al ser un hecho distinto a la prohibición existente sobre la financiación, con lo que según el Ministerio Público pudo incurrir en una falta disciplinaria.

Con la apertura de la indagación, el Ministerio Público busca verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria.

Cabe recordar que la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta confesó en una entrevista con la emisora Blu Radio que financiaba campañas políticas de su sueldo.

“Para las campañas locales, lo que yo estoy haciendo es un aporte personal porque sé las dificultades que tienen para hacer campaña, pero lo saco de mi salario. Yo apoyo candidatos con mi salario, es mi deber y responsabilidad. Por eso les hago donaciones”, expresó en la estación radial.

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Sin embargo, el Artículo 110 de la Constitución Política es claro en “que se prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley”. Además, el artículo es claro en que quien incumpla “será causal de remoción del cargo o de pérdida de investidura”.

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Procuraduría confirmó sanción a Rodolfo Hernández - Google

Procuraduría confirmó sanción a Rodolfo Hernández por maltrato a veedor

La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, de la Procuraduría, confirmó en segunda instancia la sanción contra el exalcalde Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por maltrato verbal contra el veedor Fernando Martínez Arenas.

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Según la entidad, no hay duda sobre las palabras usadas por el entonces alcalde Hernández al responder un reclamo a Martínez Arenas, quien cuestionaba al funcionario público por la poda de árboles que adelantaba la Empresa Municipal de Aseo en el Parque Solón Wilches, de la capital santandereana, en 2018.

Para el Ministerio Público, el procesado tenía el deber de tratar con respeto a la ciudadanía, pues es un requisito que resulta especialmente exigible a los servidores públicos, “en virtud del principio de responsabilidad contemplado en nuestra Constitución y porque se encuentran al servicio del Estado y la comunidad”.

Asimismo, la Procuraduría señaló que cualquier persona puede dirigirse a la autoridad para pedir, controlar y controvertir las decisiones que toman, y este tipo de funcionarios públicos tienen el deber de resolver con respeto las peticiones, sin atentar contra la dignidad de quienes les exigen respuestas.

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“El órgano de control señaló que, además, el disciplinable era consciente de que no tratar con respeto a otros con ocasión al servicio constituye falta disciplinaria, al punto que ha estado vinculado a otras investigaciones por situaciones fácticas similares”, concluyó el órgano de control.

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Abogado de Nicolás Petro pidió a Procuraduría que no sean escuchados testigos claves - Google

Abogado de Nicolás Petro pidió a Procuraduría que no sean escuchados testigos claves

Este lunes festivo, 7 de agosto, el abogado de Nicolás Petro, David Teleki, envió un correo a la Procuraduría donde informó que desisten de las declaraciones que esta semana debían rendir siete personas en la entidad.

“Respetados doctores, con el acostumbrado respeto me dirijo a ustedes con el fin de informar que hemos decidido desistir de la declaración testimonial del señor Camilo Burgos y las demás solicitadas por la defensa”, manifestó el abogado de Nicolás Petro en el comunicado.

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¿Quiénes son los que deben declarar por el caso de Nicolás Petro?

Camilo Burgos, primo de Nicolás Petro
César Vásquez, tío de Day Vásquez
El ‘Turco’ Hilsaca’
Samuel Santander Lopesierra
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol
Tulia Cifuentes y María Esperanza Agudelo

Estas personas son esperadas en la Procuraduría esta semana para tomar cuenta de su testimonio, pero desde la defensa de Nicolás Petro piden que el ente no escuche lo que digan de la investigación.

Lo curioso de este hecho es por qué el abogado de Nicolás Petro ahora no quiere que sean escuchados estos siete testigos claves, que debían aportar información sobre la investigación.

Luego de que un juez de control de garantías decidiera dejar en libertad a Nicolás Petro, al hijo del presidente se le prohibió abandonar la capital de Atlántico para seguir adelante con la investigación.

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“Les informo que ya me encuentro en casa, tranquilo y en paz. Gracias a todas esas personas que me brindaron apoyo en estos días tan difíciles. Lau, Bebé y yo estamos felices, los queremos mucho”, dijo el hijo del presidente.

Y es que, desde martes, 8 de agosto, empieza en firme la investigación contra Nicolás Petro; por ejemplo, el fiscal Mario Burgos se prepara para escuchar un grupo de 27 personas que deberán dar cuenta de los aportes no declarados ante el Consejo Nacional Electoral que habrían ingresado durante la campaña del presidente Gustavo Petro.

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Procuraduría investiga al viceministro de Cultura - Google

Procuraduría investiga a viceministro de Cultura por presunta falsificación de título

La Procuraduría le abrió una investigación al viceministro de Cultura, Clímaco Esteban Zabala Ramírez, porque al parecer el funcionario incluyó en su hoja de vida la Función Pública, datos imprecisos de sus estudios superiores, que sería una falsificación de su título universitario.

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En medio de la indagación el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas como solicitar la certificación de la universidad Externado de Colombia sobre la veracidad de los estudios de maestría presuntamente cursados por el viceministro de cultura Clímaco Esteban Zabala Ramírez y del acta presentada por éste para sustentarlos.

También requirió a la oficina de Talento Humano del Ministerio de Cultura, remitir copia de la hoja de vida con anexos entregada en su proceso de contratación, el acta de posesión y una certificación de los estudios que acreditó al momento de su vinculación.

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El ente de control busca determinar si los hechos constituyen una falta disciplinaria y si hay elementos suficientes para determinar que el funcionario falsificó un título para vincularse como viceministro de cultura.

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Abren indagación a Indumil por venta de explosivos - Cortesía

Abren indagación a Indumil por venta irregular de explosivos

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para revisar en detalle los procesos de venta y distribución de explosivos por parte de Indumil y el Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos y determinar si, por irregularidades cometidas, estos elementos fueron usados ilegalmente en Antioquia.

Según la información recopilada por el ministerio público en las visitas al municipio de Buriticá, en especial a las instalaciones de la empresa Zijin Continental Gold, encontraron dos posibles usos irregulares de los explosivos. Por un lado, por parte de los mineros irregulares para sacar el oro de la zona concesionada a la multinacional sin tener ningún permiso.

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Uno de los hallazgos más graves fue que estos explosivos, comercializados por empresas del Estado, serían empleados por grupos ilegales entre ellos el “Clan del Golfo”, para atentar contra los trabajadores de la mina y miembros de la Policía Nacional.

Ante esto, se ordenó una inspección disciplinaria a las sedes de la Policía Nacional en Buriticá, a la Cuarta Brigada del Ejército en Medellín y recibir el testimonio de las personas encargadas del manejo y custodia del material explosivo en el interior de la mina de la empresa Zijin Continental Gold.

Por lo anterior, este jueves la Procuraduría General de Nacional sostendrá una mesa interinstitucional en Medellín, a la que fueron convocados los ministros de Interior, Defensa, Ambiente y Minas, a quienes el ente de control investiga por haber, presuntamente, omitido las alertas y peticiones de seguridad de la Zijin Continental Gold, como lo indicó la procuradora Margarita Cabello en días pasados.

Cerca de 1 billón de pesos estaría perdiendo la Nación, por dejar de recibir los aportes de un proyecto legal minero, debido a la ilegalidad que se evidencia en los 84 kilómetros del total de los túneles de la empresa minera, el 60% se encuentra bajo el control de grupos armados ilegales.

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William Dau, alcalde de Cartagena, dice que no dejará su cargo - Google

William Dau dice que no dejará su cargo pese a fallo de la Procuraduría

Luego de que la Procuraduría General suspendiera por cuatro meses al alcalde de Cartagena, William Dau, por afirmar que las directivas de la Universidad de Cartagena eran «corruptas, malandrines y un nido de ratas», el mandatario local señaló que no se apartará del cargo.

“El fallo fue provisional (de primera instancia), no queda en firme aún, de suspenderme cuatro meses. Les quiero decir a mis amados cartageneros, ustedes tienen alcalde hasta el 31 de diciembre de este año”, aseveró.

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Horas antes, en un comunicado, el alcalde William Dau dijo que «la Procuraduría está violando lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya mi abogado interpuso la apelación, yo confío en que esto se va a resolver».

El defensor del mandatario, Andrés Suárez, añadió que el Ministerio Público no solo desconoció “el material probatorio presentado a lo largo del juicio disciplinario”, también «desconoce su propia competencia y los recientes pronunciamientos sobre la competencia de sancionar a sujetos elegidos por elección popular, como el punto 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, las sentencias en el Caso de Leopoldo López en Venezuela y el caso de Gustavo Petro en Colombia».

“Existen amplios precedentes y jurisprudencia que demuestran que solo un juez penal tiene la potestad de separar a los funcionarios de elección popular”, recalcó el abogado.

William Dau también se pronunció sobre las declaraciones que dio el 31 de julio de 2020 de las directivas de la Universidad de Cartagena, que la entidad disciplinaria catalogó como términos desobligantes e irrespetuosos.

El alcalde de La Heroica indicó que “tuve yo para defenderme que demostrar el nido de ratas, y traje documentos, traje recortes de prensa, traje testimonios de personas de la misma universidad, profesores, sindicatos, traje un diputado de la Asamblea que le hizo debate, y todo esto, y aun así la Procuraduría no vio nada del nido de ratas, no compulsó copias, solo para investigarme a mí. A pesar de todo lo que yo dije, ellos ignoraron todo lo que existe del nido de ratas”, reiterando sus palabras de hace tres años.

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En abril de 2023, la Procuraduría General formuló pliego de cargos al alcalde de Cartagena por declarar persona no grata a la gerente de la Andi, Vivian Eljaiek, y por supuestamente ordenar a sus funcionarios a no tener contacto con el presidente de la misma asociación, Bruce Mac Master.

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Margarita Cabello le respondió al presidente Petro - Google

Procuradora Margarita Cabello respondió al presidente Petro

La procuradora General, Margarita Cabello, le respondió al presidente Gustavo Petro, luego de que este, en una carta dirigida a la funcionaria, le manifestara que no suspenderá al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes. “La democracia se respeta, gústenos o no”, le dijo la jefa del Ministerio Público.

Cabello reaccionó así luego de que el jefe de Estado dijera en la misiva que le envió que de suspender al alcalde “estaría desconociendo, vulnerando o incumpliendo el derecho humano reconocido para el sujeto disciplinado en el artículo 23 de la Convención ADH y comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado”.

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Tras lo expresado por el presidente Petro, la procuradora general manifestó que “ojalá no se rompa la democracia con algunas instituciones, como el presidente de la República, que desconociendo al Estado social de derecho quiere incumplir una orden constitucional en donde la competencia elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente determinó que, en Colombia, la lucha contra la corrupción no solo la ejerce un juez penal, si no la ejercen múltiples autoridades”.

La decisión del Ministerio Público fue dictar medidas cautelares contra el alcalde de Riohacha y suspenderlo por tres meses en medio del proceso disciplinario que se le abrió por presuntas irregularidades en la contratación del diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado de la ciudad.

“La investigación, el juzgamiento y la sanción contra servidores públicos, incluidos los de elección popular, la debe realizar la Procuraduría General de la Nación con la ratificación propia del Consejo de Estado. Y esa decisión fue ratificada por una sentencia de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional”, manifestó la procuradora.

“Todas las autoridades, incluyendo al presidente de la República, tienen que obedecer las decisiones del órgano máximo que determina la legalidad y el Estado de derecho de nuestro país”, puntualizó la funcionaria.

Margarita Cabello dijo además que le preocupa “que en este momento de elecciones y de proceso electoral se esté dando vía libre a incumplir el Estado de derecho y la democracia, y a darles a los corruptos funcionarios electos popularmente, sancionados por la Procuraduría durante estos tres años, puedan aspirar y querer, violando una decisión de la Corte Constitucional, inscribirse y afectar la legitimidad del ciudadano para ser candidatos de corporaciones públicas en nuestro país”.

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Para la procuradora “no es posible que en momentos electorales en nuestro país se genere un caos institucional y se les entregue a todos estos sancionados la posibilidad de inscribirse y ser candidatos a pesar de su sanción y su inhabilitación”.

“La democracia se respeta, gústenos o no nos guste”, ratificó Margarita Cabello.

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