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Militares que aceptaron falsos positivos ante JEP están ayudando a buscar desaparecidos - Google

Militares que aceptaron falsos positivos ante JEP están ayudando a buscar desaparecidos

Se conoció que 18 militares exintegrantes de la Brigada XVI del Ejército que reconocieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz crímenes de guerra y de lesa humanidad por las ejecuciones extrajudiciales en Yopal, Casanare, vienen trabajando con la Fundación Comité para la Reconciliación y la Unidad de Búsqueda dando información clave para dar con el paradero de las personas desaparecidas en Casanare y algunos municipios de Boyacá.

Ya se está trabajando en la recolección de datos de 56 operaciones militares. La clave para que los militares entreguen datos de la ubicación de los desaparecidos es que esa información no se usa para temas judiciales, sino para efectos humanitarios. Así lo explica Sol Alonso Parra de la Unidad de Búsqueda.

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“Garantizarles que esta información será confidencial, que la información solo será utilizada con fines de búsqueda de personas desaparecidas, que no va a ser utilizada para generarse pruebas o responsabilidades en procesos judiciales”.

Estas operaciones militares pueden contener datos de varios desaparecidos que fueron llevados a otras partes del país y los militares al conocer otras unidades pueden tener información por lo que los planes de trabajo se hacen de manera individual.

“Hemos abordado una serie de trabajos que implica conocer el perfil de ellos que nos puede indicar hacia donde puede girar el abordaje de la búsqueda y los datos relevantes que tienen para entregar”.

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Los lazos de confianza que se han construido con estos 18 militares marcan una hoja de ruta para que más integrantes del Ejército se animen a entregar información para que la Unidad de Búsqueda pueda darles respuesta a las familias que por años han buscado a sus seres queridos.

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JEP aceptó sometimiento de ‘Simón Trinidad’, excomandante de las Farc extraditado - Google

JEP aceptó sometimiento de ‘Simón Trinidad’, excomandante de las Farc extraditado

El antiguo integrante del secretariado de las Farc, Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, más conocido como ‘Simón Trinidad’, fue aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, tras solicitar su ingreso en múltiples ocasiones.

Trinidad fue un importante comandante cuyo nombre siempre estuvo en las mesas de negociación entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y esa extinta organización subversiva.

Desde esa época, los altos mandos guerrilleros exigían su regreso a Colombia, pero el Gobierno nunca cedió por lo complicado del trámite.

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Y es que no se trata de cualquier hombre, Trinidad llegó a ser uno de los líderes más importantes de las Farc y adquirió reconocimiento a nivel nacional e internacional tras ser responsabilizado por el secuestro de tres contratistas estadounidenses en territorio colombiano.

El caso fue tan famoso, que las autoridades de toda América Latina y Europa se dieron a la tarea de hallarlo y lo encontraron en Ecuador, donde finalmente fue capturado.

Meses más tarde, en 2004, Juvenal Ovidio fue extraditado a los Estados Unidos, en donde fue condenado a la pena máxima que permite el Acuerdo de Extradición entre ambos países: 60 años de cárcel en la reconocida prisión de ADMAX, la más segura de EE.UU. y una de las más temidas del mundo.

Bajo ese contexto, la Jurisdicción avocó conocimiento de cinco procesos penales en los que se encuentra procesado o acusado Trinidad. Aunque no especificó cuáles son los casos puntuales, la mayoría de ellos son por homicidio, secuestro extorsivo, rebelión y secuestro en concurso con violación de inmunidad diplomática.

Fuentes de la JEP que aseguraron que esta comparecencia no implica que la justicia transicional asumirá el caso de los estadounidenses, por lo que ese delito sigue bajo la Jurisdicción de EE.UU.

“En la resolución, firmada por la magistrada Diana Vega Laguna, integrante de la Sala de Amnistía o Indulto, también se declara la inhibición para estudiar dos casos en los que Palmera Pineda fue absuelto por parte de la justicia ordinaria y que tienen que ver con el secuestro de Consuelo González de Perdomo y el ataque a un vehículo perteneciente a la administración municipal de Gigante, en Huila”, detalló la JEP.

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Además de aceptar su ingreso, la Jurisdicción también le ordenó a su Unidad de Investigación y Acusación –que es como la Fiscalía de la JEP– que recabe información adicional sobre otros 116 procesos penales y analice el estado en el que se encuentran las actuaciones en su contra.
Así mismo, “que identifique y ubique a las víctimas de cinco procesos más para continuar con el estudio de la situación actual” de Trinidad en la justicia ordinaria.

El ahora compareciente ante la JEP está siendo procesado en Colombia por terrorismo, homicidio, desplazamiento y desaparición forzada; narcotráfico, utilización de medios y métodos de guerra ilícitos; destrucción y apropiación de bienes protegidos; apoderamiento de aeronaves, naves o medios de transporte colectivo, secuestro extorsivo y rebelión, entre otros hechos delictivos cometidos durante el conflicto armado.

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Alias ‘Sonia’ descalificó relatos de las víctimas y negó abortos y reclutar niños - Google

Alias ‘Sonia’ descalificó relatos de las víctimas y negó abortos y reclutar niños

Se conoció la versión voluntaria rendida por Omaira Rojas Cabrera, conocida en el pasado como ‘Sonia’, por el caso 07 en la JEP, que investiga casos de reclutamiento de menores y abortos forzados. ‘Sonia‘ fue mando del Frente 14 de las Farc (uno de los que más reclutó niños) y extraditada en el pasado a los Estados Unidos por narcotráfico.

En su declaración, ‘Sonia’ negó cualquier conocimiento sobre reclutamiento de niños menores de 15 años; aseguró además que todo ingreso a las Farc era voluntario, y siempre en lo que supo incorporaron menores desde los 15 años porque estaba prohibido de más baja edad.

Esto se contradice por lo asegurado por una víctima quien señala directamente a la excomandante de las Farc de conocer sobre el ingreso de niños menores de 15 años, explicando que cuando entró a las Farc a los 10 años, fue recibido por la exguerrillera para proceder a colocarse un alias.

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“Alias ‘Sonia’ me dijo que a partir del momento me llamaba XXXX. Cuando llegue a la escuela el grupo de cursantes éramos 480, de los 480 integrantes 300 éramos menores de edad todos del Bloque Sur, pero de diferentes frentes, muchos de ellos contaban de que se los habían llevado engañados diciendo que les iban a pagar otros que iban para un paseo a conocer el Ecuador y la mayoría les decían que iban a tener armas entre las manos”, dijo la víctima.

A pesar de lo sostenido por el directamente afectado, ‘Sonia’ respondió que nunca conoció a la víctima cuando estaba en las filas y que supuestamente llegó a la zona después de que esta persona ingresó a las Farc.

Pero no fue el único caso que fue desconocido por la excombatiente de las Farc. ‘Sonia’ también negó ante la JEP que los padres desesperados que acudían a los campamentos de la guerrilla a preguntar por sus hijos fuesen amenazados y desplazados.

Un segundo hecho fue negado por ‘Sonia’ y se relaciona con un niño de 14 años que fue reclutado el 11 de julio del 2000 por el Frente 14 que ella integraba. Su madre retrató que ‘Sonia’ y otros exguerrilleros “engatuzaban” a los menores facilitándoles sus armas para que las manipularan y convenciéndolos; allí, afirmó que al enterarse del reclutamiento de su hijo habló con ‘Sonia’ quien le respondió que el niño se había ido voluntariamente y no había sido obligado.

Pero lo más grave que cuenta la progenitora, es que al buscar saber del paradero de su hijo se dirigió hasta el campamento de la guerrilla, y la respuesta que recibió al preguntar fue que tenía tres horas para abandonar el caserío.

“…me amenazaron dándome tres horas para desocupar el caserío, mi esposo quedó solo en la finca mientras yo me vine hacia puerto rico junto con mis hijos que me quedaron- sobre estos hechos de desplazamiento interpuse la respectiva denuncia”, narró la víctima.

Todo lo anterior fue desconocido por Omaira Rojas ‘Sonia’, quien afirmó que nunca habló con la madre del menor y sostuvo que además nunca se enteró de que las Farc amenazaran o desplazaran a los padres que se opusieran al reclutamiento o se acercaran a los campamentos a indagar.

“No tengo conocimiento de este caso, ni hablé alguna vez con alguna madre que preguntara por su hijo (…) Es entendible que por instinto maternal fueran a buscar a sus hijos (…) pudo haber muchos casos donde se denunciaron reclutamiento forzados por parte de los padres, siendo ingresos voluntarios. Según la experiencia de mis padres, o de lo que yo viví en el frente 14, nunca vi que guerrilleros amenazaran a los padres de las personas que ingresaban”, fue lo que sostuvo ‘Sonia’ ante el despacho de la JEP.

Adicional a lo anteriormente expuesto, afirmó que no sabía si había menores de edad porque no les preguntaba cuántos años tenían, dijo que no supo de niños que al fugarse fueran perseguidos por ello, y a pesar de que existe documentación de la Fiscalía y reportes de actividad que firma junto a otros comandantes sobre la escuela de entrenamiento de El Billar y traslados de personal, así como la declaración de un testigo (quien sostuvo que por lo menos el 65% eran niños de entre 15 y 10 años), ‘Sonia’ negó haber conocido esa escuela o haber estado allí.

“No había escuela de entrenamiento en El Billar. No tengo conocimiento respecto de la ubicación, operación, financiamiento y comandantes de esta escuela”, fue lo que respondió a pesar de la gruesa evidencia presentada por el despacho.

Adicional a su nulo reconocimiento por reclutamiento de menores de 15 años a pesar de evidencias como la escuela de entrenamiento de El Billar, o la descalificación a lo aseverado por varias víctimas, Omaira Rojas Cabrera ‘Sonia’ también negó haber conocido de algún caso de abortos forzados o violencia sexual contra menores dentro del Frente 14 de las Farc.

Lo anterior, a pesar del testimonio que uno de los propios exguerrilleros ha rendido ante la Fiscalía y la JEP, en el que aseguró que en Peñas Coloradas (Caquetá) había un hospital financiado por ‘Sonia’ (seguramente con dineros de las Farc) en el que las guerrilleras eran enviadas para que, aún en contra de su voluntad, les fueran practicados abortos.

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“En este pueblo nos quedaba también muy fácil ya a los guerrilleros que estábamos en otros frentes en llegar a ese hospital y yo estuve muy cercano ahí, y de ahí pues me daba cuenta cómo llegaban personas, mujeres, que no querían, que no querían, porque ellas pedían de que les diera la posibilidad de tener a su hijo, y pues, absolutamente no había nada que hacer”, narró el testigo en entrevista ante el exmagistrado Iván González Amado.

Además, el testigo mencionó dos nombres: Christian alias ‘Agujas’ y otra persona de nombre Gerardo Sócrates, de quien dijo practicaban los abortos a solicitud de las Farc en dicho centro de salud. Todo esto fue descalificado por “Sonia”, quien expresó que el único centro de salud de las Farc quedaba selva adentro, pero tampoco quiso dar información que pudiese permitir la ubicación de los nombres aportados, argumentando supuestas razones de seguridad.

“Debido a la situación de seguridad de las y los excombatientes, declarada por la Corte Constitucional como estado de cosas inconstitucional, no puedo dar información sobre la identidad y ubicación de personas. Para esto están las entidades estatales con las cuales se puede obtener la información requerida”, fue lo que respondió al despacho.

Adicionalmente, afirmó que nunca conoció de algún caso de violencia sexual contra menores de edad ni de abusos sexuales de comandantes de frente, o bloque, hacia subalternas.

También sostuvo que nunca supo de despojo de tierras a campesinos, o casos donde desertores de las Farc fueran perseguidos o asesinados, y mucho menos menores de edad que hayan decidido abandonar las filas y fuesen acribillados. De hecho, aseguró ante la JEP y las víctimas, que, si un guerrillero no quería fusilar a otro tras un Consejo de Guerra, se podía negar sin problema alguno.

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Miembros del Ejército reconocerán responsabilidad en 296 falsos positivos - Redes Sociales

Miembros del Ejército reconocerán responsabilidad en 296 falsos positivos

Ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz se llevará a cabo esta diligencia de reconocimiento de verdad dentro del sub-caso Casanare del macro-caso de investigación 03 de falsos positivos. Durante dos días 21 miembros del Ejército que hicieron parte de la Brigada XVI, un funcionario del extinto DAS y dos civiles reconocerán públicamente su responsabilidad en desaparecer y asesinar a 303 personas en 296 eventos de ejecuciones extrajudiciales, entre enero de 2005 y diciembre de 2008.

Dentro de lo que asumirán ante los familiares de las víctimas su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad están el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, otros 13 oficiales, además de 7 suboficiales, un funcionario del extinto DAS y dos terceros civiles.

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Durante estos dos días de audiencia que se realizarán en el Auditorio Quiripa, en la Cámara de Comercio, en Yopal, Casanare, los militares se referirán a los daños causados a las víctimas, así como a la organización criminal que se implantó en la Brigada XVI del Ejército entre 2005 y 2008.

Por ejemplo, en los casos del mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo, la Jurisdicción Especial para la Paz concluyó que ellos participaron en el asesinato de 303 personas, en 218 eventos ocurridos en Casanare, Boyacá, Meta y Arauca.

Aquí en la presencia de los familiares de las víctimas de los falsos positivos los militares imputados darán detalles escabrosos de como por dar resultados operacionales asesinaron a personas inocentes y los hicieron pasar como guerrilleros dados de baja en combate.

Recordemos que la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz les atribuyó el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada. Y, a algunos, los crímenes de guerra de utilización de niños, niñas y adolescentes para participar en las hostilidades, así como el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género.

En el sub-caso de Casanare de falsos positivos cuando se hizo la imputación dos oficiales no aceptaron su responsabilidad el coronel retirado Cipriano Peña Chivatá, quien ya falleció y el coronel retirado, Germán Alberto León Durán, este último si su proceso llega hasta el Tribunal para la Paz y pierde el juicio podría pagar 20 años de cárcel.

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Según la investigación de la JEP dentro del macro-caso 03 se tienen documentados 6.402 casos de falsos positivos en Colombia.

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La JEP concedió la libertad al exparamilitar Wilson Rodríguez Mimísica - Google

La JEP le otorgó la libertad al exparamilitar Wilson Rodríguez Mimísica

La Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó en libertad al exparamilitar y reclutador de falsos positivos, Wilson Rodríguez Mimísica, uno de los declarados máximos responsables de ese fenómeno criminal entre el 2005 y el 2008 en la Brigada 16.

La decisión fue adoptada al comprobar que el exintegrante de las Autodefensas del Casanare, y quien le entregó, por lo menos 10 víctimas al Gaula del Casanare, al mando del mayor (r) Gustavo Soto Bracamonte, cumplió con estar privado de la libertad más de cinco años y además sus aportes a la verdad fueron genuinos y detallados.

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Además, se resaltó la aceptación de cargos de Rodríguez frente a los cargos que le endilgó la JEP en calidad de máximo responsable por los homicidios de los reclutados.

“En este mismo orden el relato del compareciente según la SRVR sirvió para establecer cómo los efectivos del Gaula Casanare y otras unidades de la Brigada XVI falsearon la información de actas de pago por información de inteligencia en aras de encubrir los asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate” señaló la magistratura.

Asimismo, también se hizo mención del compromiso de no repetición del exmilitar, punto que fue resaltado positivamente por el ministerio público y ha materializado sus compromisos.

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Según lo confesado por el propio exparamilitar y concluido por la jurisdicción, recibió pagos con recursos públicos por la entrega de las víctimas, entre $ 1.500.000 y $ 500.000 según la información establecida hasta el momento.

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General (r) Mario Montoya fue imputado por casos de falsos positivos - Google

General (r) Mario Montoya fue imputado por la JEP en casos de falsos positivos

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le imputó al general retirado Mario Montoya Uribe, a título de autor, crímenes de guerra y de lesa humanidad por 130 asesinatos y desapariciones forzadas cometidos durante su paso por la IV Brigada, en Medellín, entre 2002 y 2003.

Esa decisión se adelantó desde la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad y fue anunciada por los magistrados Catalina Díaz y Hugo Tovar, relatores del caso 03; también estuvo presente la magistrada Julieta Lemaitre, vicepresidenta de la Sala. La imputación se da en el marco del Subcaso Antioquia I, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado entre 2002 y 2003 en el oriente antioqueño.

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“La presión por “muertes en combate” fue ejercida por el comandante de la Brigada, el general (r) Mario Montoya Uribe y por los comandantes de los distintos batallones, especialmente del Batallón de Infantería No. 4 ´Jorge Eduardo Sánchez´ (BAJES), sobre los miembros de las unidades tácticas a través de los programas radiales”, concluyó el tribunal.

Así mismo, la Sala resaltó que la imputación también responde al encubrimiento de casos de extralimitación del uso de la fuerza, presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas “en combate”, emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados.

“La Sala de Reconocimiento de Verdad encontró que la obligación impuesta por el general (r) Mario Montoya Uribe, como comandante de la IV Brigada (2002-2003) a las unidades tácticas de reportarse en términos de “litros”, “chorros”, “ríos”, “barriles”, o “carrotancados” de sangre fue una orden recurrente”, explicó la magistrada Díaz.

Junto al general (r) Mario Montoya, fueron imputados los tenientes coroneles (r) Julio Alberto Novoa Ruiz e Iván Darío Pineda Recuero, además de cuatro subtenientes, un teniente y un soldado regular, todos antiguos integrantes del Batallón de Infantería No. 4 ´Jorge Eduardo Sánchez´ (BAJES) y retirados del Ejército Nacional.

“La imputación del excomandante de la IV Brigada y de los dos excomandantes del BAJES se sustenta, en parte en la presión que cada uno de ellos ejerció por bajas en combate. Una práctica que se replicó a lo largo de toda la cadena de mando militar, hasta constituir el punto de partida del patrón macrocriminal de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate”, indicó la JEP.

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En el caso puntual de Montoya, la JEP determinó que mintió sobre la producción de bajas pertenecientes a las Farc-EP y se mostró dispuesto a encubrir posibles casos de extralimitación en el uso de la fuerza. Ahora, tendrá que responder si acepta su responsabilidad, de lo contrario podría enfrentar una pena de hasta 20 años.

En cuanto a los hechos que se le atribuyen a Montoya, la JEP pudo establecer que las unidades tácticas de la Brigada IV que comandaba Montoya asesinaron y desaparecieron forzadamente a personas en más de 16 municipios de Antioquia, entre ellos San Rafael, San Carlos, Granada y Cocorná. Así mismo, de los 130 crímenes documentados, 53 se reportaron en 2002, mientras que 77 se registraron en 2003. De esas víctimas, 113 eran hombres, 11 niños, 5 mujeres, 4 niñas y 4 personas en condición de discapacidad.

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JEP llamó a alias 'Otoniel' a interrogatorio reservado - Google

La JEP llamó a rendir testimonio reservado a alias Dairo Antonio Úsuga

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a rendir testimonio reservado desde Estados Unidos al excomandante del “Clan del Golfo” condenado por narcotráfico, Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, e inició el trámite diplomático para adelantar la diligencia.

La magistratura definió citar al excomandante paramilitar para ser interrogado, en lo que es su primer llamamiento tras su extradición, por el caso Unión Patriótica y el caso de los falsos positivos, debido a su conocimiento en dichos crímenes, por cuenta de su pasado en las AUC y otras estructuras armadas.

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“Se hace necesario decretar este testimonio, atendiendo a que, si bien el señor Úsuga David fue escuchado previamente por el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga en el marco de la instrucción del caso 03, no se pudieron agotar todos los temas sobre los que el referido testigo puede aportar, entre otras cosas porque fue extraditado de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Ejecutiva” señala la decisión.

Además, se hizo mención al interés que tendría la magistratura de seguir escuchándolo sobre distintos temas, algunos tocados ya, como la falsa desmovilización del EPL en el año 1996, en la cual Úsuga participó al pasar de esa guerrilla a convertirse en integrante de las Autodefensas.

También por su papel como excomandante paramilitar del Bloque Centauros de las AUC en los llanos orientales frente a asuntos como la victimización de la Unión Patriótica. Todo lo anteriormente mencionado, se abordará en absoluta reserva entre los jueces y el testigo ‘Otoniel’.

“La reserva del testimonio del señor Dairo Úsuga David se fundamenta en que “la administración de justicia debe orientarse hacia la acción sin daño. Lo cual se traduce, al menos en parte, en que la configuración sustancial, pero también procedimental de la [JEP], debe servir para neutralizar cualquier asomo de revictimización” concluyeron.

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Así las cosas, la magistratura ordenó enviar una carta rogatoria desde las autoridades colombianas al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que permita la diligencia, y se concreten todos los asuntos para su realización. (no se estableció si la metodología sería de forma virtual con ‘Otoniel’ conectado por medios electrónicos o los jueces viajando presencialmente hasta la prisión federal Florence donde está recluido).

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Álvaro Uribe confirmó que denunciará a Zulema Jattin - Google

Álvaro Uribe denunciará a Zulema Jattin por sus declaraciones ante la JEP

El expresidente Álvaro Uribe confirmó que denunciará a la exsenadora Zulema Jattin tras la declaración sobre parapolítica que rindió ante la Jurisdicción Especial de Paz en diciembre de 2022 y en la que hace señalamientos en su contra.

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En ese testimonio, la excongresista menciona a Uribe asegurando que ella lo visitó en 2002, cuando era candidato, para expresarle su preocupación por el accionar de grupos paramilitares en Córdoba, y que la respuesta que obtuvo de él habría sido que, si no tenía pruebas, se abstuviera de denunciar.

Ante esto, el expresidente publicó un comunicado a través del cual confirma la denuncia que había anticipado horas atrás. Allí también reconoce que sí se reunió con la excongresista, pero, según él, no en los términos que Jattin relató.

“Con la doctora Jattin me reuní en algunas oportunidades. Si fuera verdad que le recomendé no denunciar sin pruebas las supuestas presiones paramilitares, no es de mi estilo decir que tenía que ser una prueba escrita. Además, menciona personas sobre las que nunca hablamos. Sin que tenga una sola palabra mía para acusarme inventa ante la JEP su análisis político que no se le ocurrió hace más de 20 años”, precisó.

Finalmente, Uribe cuestiona que, pese a que se trata de hechos de hace dos décadas y que fueron relatados en diciembre pasado ante la JEP, se conozcan en este momento, “en vísperas de elecciones”.

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“A los jóvenes les diría que pongan cuidado en no tener conversaciones de buena fe con negociantes de la política”, concluyó.

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La JEP podría llamar a Santos y Uribe como testigos en caso de falsos positivos - Google

JEP podría llamar a Uribe y Santos como testigos en caso de falsos positivos

Hasta el momento en el Caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la investigación de los falsos positivos se ha hecho priorizando algunas zonas del país, como Dabeiba, el Catatumbo, Meta, la costa Caribe y Huila, entre otros.

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En estas zonas del país, la JEP ha encontrado algunos patrones en las ejecuciones extrajudiciales; es decir que, por ejemplo, los casos de falsos positivos registrados en en una zona del país contaron con los mismos incentivos de los comandantes en otra región del país y por eso ahora la justicia transicional quiere investigar hasta qué punto hubo información y responsabilidad en estos casos.

Para esto los magistrados que investigan estos casos llamarán a partir del próximo año a militares que hicieron parte de los comandos conjuntos y el Comando General del Ejército, entre los años 2005 y 2008.

Sin embargo, también podrán ser llamados, como testigos, funcionarios del gobierno de ese entonces, según explicó la magistrada Catalina Díaz.
“¿Los expresidentes Uribe y Santos, eventualmente, podrían ser llamados como testigos?”, fue la pregunta a la magistrada.

“La respuesta es que sí, claro que sí, cualquier juez de la República puede llamar a personas como testigos, es importante anotar que la JEP no tiene competencia para investigarlos como presuntos responsables”, señaló la magistrada Díaz.

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En el mismo sentido el magistrado Óscar Parra explicó que por interés de la investigación la idea es llamar a varios militares que estuvieron en los comandos conjuntos y el Comando General, pero esto dependerá del avance de las investigaciones.

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La JEP imputó delitos de lesa humanidad a Pablo Catatumbo y 14 exjefes de las Farc - Google

JEP imputó cargos a Pablo Catatumbo y a 14 exjefes de las Farc

La Jurisdicción Especial para la Paz logró una decisión histórica y desde Tumaco, Nariño, anunció la imputación de cargos por delitos de lesa humanidad al exintegrante del secretariado de las Farc y excomandante del Bloque Occidental de ese extinto grupo armado ilegal, Pablo Catatumbo. Junto a él, también cayeron 14 exjefes de esa guerrilla.

El caso estuvo en manos de la magistrada Belkis Izquierdo, quien, tras detallar las responsabilidades de los actores armados, individualizó a los quince máximos responsables. Estos tendrán un plazo máximo de treinta días (30) para presentarse ante la JEP y reconocer su responsabilidad o, de lo contrario, enfrentarse al proceso por la justicia ordinaria que puede traerles hasta veinte años de cárcel.

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Además de Pablo Catatumbo, están imputados Édgar López (’Pacho Chino’), Luis Carvajal (’Rambo’ o ‘Gustavo’), Hedier Espinosa (’Cachorro’), Groelfi Rodríguez (’Ramiro Cortés’), Wilfrido Ávila (’Mondanga’), Rubiel Torres (’Tachuela’), Arlez Porras (’Yesid Guevara’), Fabio Murcia (’Vitamina’), Jair Acosta (’Javier Guzmán’), Ricardo Palomino (’Jairo Perdomo’ o ‘Chiqui’), Alberto López (’William Santamaría’), José Castro (’el Doctor’), Diego González (’el Pollo’) y Juan Carlos Caicedo (’el Gordo’).

Según las investigaciones, todos los imputados hacían parte de la Columna Móvil Mariscal Sucre, la Columna Móvil Daniel Aldana y el Frente 29 del Bloque Occidental Alfonso Cano. Pablo Catatumbo fue comandante del Comando Conjunto de Occidente y Édgar López fue comandante del Frente 29.
La imputación llega en el marco del Caso 02, del que Izquierdo es relatora, con el que la JEP priorizó las afectaciones que el conflicto causó entre 1990 y 2016 en los municipios nariñenses Barbacoas, Ricaurte y Tumaco. En ese último se realizó la rueda de prensa, que fue precedida por un acto simbólico cultural.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las extintas Farc llevaron a cabo una “política de control social y territorial” que resultó en seis patrones macrocriminales. La zona especificada en el caso 02 es clave, porque concentra tres municipios que fueron “de interés geoestratégico de los actores armados”.

Las cifras de esos patrones son alarmantes. El primero de ellos —las masacres, los asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas— contempla 314 hechos que ocurrieron entre 1997 y 2016, lo que dejó como resultado 468 víctimas directas.

Los últimos dos patrones fueron el uso ilícito de minas antipersonal y restos explosivos de guerra, que dejó 279 víctimas identificadas, y la destrucción de la Naturaleza y el Territorio. Sobre este último se anotaron 71 hechos que fueron contra “la Naturaleza, los sitios sagrados, el Katsa Su Gran Territorio Awá, el Eperara Euja Territorio Eperara Siapidaara, el Territorio ancestral y colectivo del Pueblo Negro Afrocolombiano, las Tierras de Comunidades Campesinas y urbanas”.

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Por todo ello se imputaron dos tipos de crímenes. Los primeros son de lesa humanidad, o sea, graves delitos cometidos sistemáticamente contra la humanidad o parte de ella, como exterminio, persecución contra pueblos indígenas y afrocolombianos, asesinato, desplazamiento forzado, violación, esclavitud sexual, entre otros.

Los segundos, crímenes de guerra, que son hechos que violan el Derecho Internacional Humanitario y la dinámica que regula los conflictos armados. En este sentido se imputó también homicidio, reclutamiento y utilización de niños para participar en hostilidades, desplazamiento forzado, violación, esclavitud sexual, empleo de minas antipersonales, destrucción del medioambiente y destrucción y apropiación de bienes culturales y lugares de culto.

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