viernes 26 abril 2024
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Presidente de Corte Constitucional propone aplazar elección de fiscal si se repite violencia - Google

Presidente de Corte Constitucional propone aplazar elección de fiscal si se repite violencia

El nuevo presidente de la Corte Constitucional, magistrado José Fernando Reyes, propuso, en entrevista con Mañanas Blu, que se aplace la elección del fiscal general de la Nación si el próximo 22 de febrero se repite el asedio a la Corte Suprema de Justicia, como ocurrió el pasado jueves.

“Si un hecho como este se repite, es decir, el 22 otra vez prorrumpieran en las inmediaciones del palacio con el tono de querer penetrar. Usted sabe que después de que cae la primera valla, no sabemos qué va a pasar: si es solo una cosa física contra los vehículos y las instalaciones o si vamos más allá. Es decir, una persona prudente cuando ve una cosa como esta, lo que tendrá que hacer, digo el presidente (de la Corte Suprema) es decir: ‘Mire, no podemos decidir hoy porque esto puede generar estos efectos y mi primera misión también es proteger la vida de los magistrados’, por ejemplo. Sí, y entonces yo diría: ‘Lo suspendemos la agenda hasta que el ambiente no esté en unas condiciones, claro de manifestación, pueden manifestarse, puede haber toda clase de expresión. Lo que no puede haber es violencia’”, dijo el magistrado.

En ese sentido, el magistrado expresó su inquietud por los eventos de violencia que asediaron a la Corte Suprema el pasado jueves. «¿Necesitan que maten un magistrado?», cuestionó Reyes en un momento de la conversación con Blu Radio.

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Añadió que en estos casos debe imperar la verdad y conminó al presidente Gustavo Petro a que no minimice lo que ocurrió en el Palacio de Justicia, en donde, por unas cinco horas, manifestantes no permitieron la salida de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tras no elegir la fiscal.

“El presidente dice que los magistrados podían salir y entrar. Eso no es cierto. Lo digo y lo sostengo y creo que es importante mantenerlo en un estado constitucional. La verdad debe ser la protagonista. La verdad es el centro de toda posibilidad de discusión. Entonces, cuando no ponemos la verdad por delante es muy difícil construir razones, argumentos. Es difícil construir una conversación. Entonces yo creo que el presidente minimiza el asunto. Y, además, anoche escuché las declaraciones de del general (William) Salamanca diciendo que no sabía que nunca había habido un riesgo para los para los magistrados. Y el presidente dice que ninguno fue tocado siquiera. Todo eso es cierto. La pregunta es: ¿necesitamos que maten a un magistrado y que quemen una oficina, que quemen un vehículo?”, dijo.

“No se puede minimizar el hecho y no puede decir que aquí no pasaron cosas porque no hay muertos”, dijo Reyes.

El magistrado añadió que los asedios, así ocurran en la puerta de un despacho o un juzgado, ya son suficientemente significativos para entender que la independencia de un juez está siendo ir respetada.

“O sea, no necesitamos un muerto. No necesitamos un litro de sangre. No necesitamos el incendio en oficina. ¿Es suficiente esto? Por eso le digo cuando salen estos discursos a decir es que no les pasó nada, que no los tocaron. Eso es minimizar un evento. La justicia necesita un medio tranquilo», concluyó Reyes.

Las declaraciones del magistrado se dieron luego de que el presidente Gustavo Petro acusara a los en los medios de comunicación de informar “mentiras” respecto a lo ocurrido el 8 de febrero. Para el presidente los magistrados no salieron porque estaban trabajando.

“El problema de ayer, de esta información mentirosa, porque no hubo ningún magistrado herido, no hubo ningún magistrado sacado en helicóptero y no hubo un secuestro. Siempre pudieron salir y entrar como quisiera. Es más, no salieron, porque ellos le dijeron al general de la Policía que no querían salir, sino que iban a trabajar más hasta la hora en que salieron”, dijo el presidente.

Esta declaración le ha valido críticas al jefe de Estado, quien, en ese mismo discurso, conminó a sus seguidores a seguir presionando para que la corte elija al reemplazo de Francisco Barbosa en la Fiscalía General de la Nación.

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Gobierno dice que la Corte Constitucional le dio un “espaldarazo” a la paz total - Google

Gobierno dice que la Corte Constitucional le dio un “espaldarazo” a la paz total

La Corte Constitucional le dio luz verde a la política de “paz total” del gobierno de Gustavo Petro, haciendo la claridad de que no puede nombrar como voceros de paz a personas que se encuentren privadas de la libertad ni negociar un sometimiento a la justicia sin consultar con las otras ramas del poder público.

Aunque el presidente no se ha pronunciado sobre esta decisión, desde el Gobierno ya lo hicieron algunos de los funcionarios que conocen de cerca el proceso. Para ellos, si bien es cierto que la Corte les puso algunos límites, el fallo es coherente con la jurisprudencia y reconoce que el Gobierno debe trabajar en pro del objetivo constitucional de lograr la paz.

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“La decisión es coherente con la historia jurisprudencial que reconoce la responsabilidad presidencial en materia de paz. Los lineamientos de la política inédita de paz de nuestro gobierno, basada en acercamientos y conversaciones socio jurídicas con grupos no rebeldes, están validados”, señaló la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a la que llegará en los próximos días Otty Patiño, en reemplazo de Danilo Rueda.

Según esta dependencia, el alto tribunal dejó claro que es el Congreso el que debe legislar sobre la materia y que los diálogos con grupos rebeldes se sostienen sobre una tradición jurídica que se utiliza desde la década de los 90.

Por otra parte, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que van a revisar los detalles de la decisión, pero que en un principio la consideran un “espaldarazo” a su propuesta. “La Corte Constitucional siempre ha entendido la función de un gobierno de buscar la paz, porque la Constitución de 1991 es un acuerdo de paz”, le dijo Velasco a La W.

“Es lo mismo que dijeron cuando el expresidente Pastrana intentó hacer la paz sin éxito, cuando el expresidente Uribe hizo un acuerdo con la Autodefensas, cuando el expresidente Santos logró la paz con las Farc. Es una línea de coherencia frente a lo que han sido los esfuerzos de muchos gobiernos por conseguir la paz en Colombia”, agregó.

La Sala Plena de la Corte Constitucional consideró que la intención de paz del Gobierno está bajo los parámetros de la ley casi en su totalidad. Sin embargo, dijo que el Gobierno no puede nombrar como voceros de paz a personas que se encuentren privadas de la libertad, ni negociar un sometimiento a la justicia sin consultar con las otras ramas del poder, bajo su criterio.

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En su decisión, la Corte concluyó también que la suspensión de las órdenes de captura también deben ser consultadas con las otras ramas del poder. Pero también se pronunció sobre la ubicación temporal y las garantías de seguridad de los miembros de Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto.

En gran parte de la decisión, el alto tribunal hizo énfasis en la importancia de la separación de poderes para que no se tomen decisiones arbitrarias. “Recordó que hacer una distribución clara de las funciones entre las ramas del poder público, y garantizar que quien ejerce un determinado poder es controlado por las otras ramas del Estado, minimiza el riesgo de abuso del poder o extralimitación de funciones”.

La génesis de esta decisión se remonta a la demanda que presentaron los congresistas del Centro Democrático, José Jaime Uscátegui y María Fernanda Cabal, quienes alegaban que la iniciativa no tuvo concepto del Consejo de Política Criminal y cuestionaban que se podían levantar las órdenes de captura de personas procesadas para que fueran gestores de paz.

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Corte tumbó cobro adicional en recibos de luz para atender emergencia en La Guajira - Google

Corte tumbó cobro adicional en recibos de luz para atender emergencia en La Guajira

La Corte Constitucional declaró este jueves inexequible el decreto que preveía medidas para la transición energética, agua y saneamiento en el departamento de La Guajira y que había sido anunciado por el Gobierno en julio. En consecuencia, se ordenó la devolución de los cobros ya realizados.

Así las cosas, se tumba el cobro que iba a ser incluido en las facturas de energía eléctrica en todo el país en estratos 4, 5 y 6 para destinar estos recursos a la situación energética y de acueducto en La Guajira.

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«Declarar inexequible el decreto legislativo 1276 del 31 de julio de 2023, ‘Por el cual se adoptan medidas para ampliar el acceso al servicio de energía eléctrica y preservar los medios de subsistencia de la población a través del rescate de la transición energética, con la finalidad de superar la crisis humanitaria y el estado de cosas inconstitucionales o evitar la extensión de sus efectos, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el departamento de La Guajira», señaló la orden de la Corte.

«La inexequibilidad que trata el numeral anterior tendrá efectos retroactivos a partir del 31 de julio de 2023 respecto de los artículos 3, 6, 7 y 8 del Decreto Legislativo 1276 del 31 de julio de 2023″, agregó la sentencia.

Así las cosas, los recursos recaudados a través de esta decisión deben ser devueltos a los contribuyentes «mediante compensación con la facturación del servicio de energía eléctrica, en un término máximo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de adopción de esta decisión».

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La Corte Constitucional manifestó que «el impuesto previsto en el artículo tercero no está relacionado con la prestación del servicio de agua o el saneamiento básico, y su existencia en el ordenamiento jurídico, aunque haya sido temporal, compromete intensamente el principio democrático y el principio de legalidad de los tributos».

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Senado eligió a Vladimir Fernández como nuevo magistrado de la Corte Constitucional - Google

Senado eligió a Vladimir Fernández como nuevo magistrado de la Corte Constitucional

El Senado de la República eligió este martes a Vladimir Fernández Andrade como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, quien llega al Alto Tribunal en reemplazo de Alejandro Linares.

Fernández obtuvo 88 votos y se impuso a Cielo Rusinque, quien consiguió 2 votos y a Gerardo Vega, con tan sólo un voto.

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Su elección estaba casi que cantada, pues representaba al sector menos radical entre los ternados por el jefe de Estado y además llevaba varias semanas haciendo acercamientos con las distintas bancadas.

Incluso en la oposición los apoyos se decantaron hacia ese nombre, según le contaron a La W senadores del Centro Democrático y Cambio Radical. El Partido Conservador también terminó votando por el saliente secretario jurídico de la Presidencia.

“Con su beneplácito me comprometo a salvaguardar la integridad y supremacía de la Constitución Política de Colombia. Les prometí respetar las instituciones, los principios democráticos, la autonomía e independencia de los poderes públicos, manteniendo un diálogo fluido con las instituciones”, precisó el nuevo magistrado.

Pese a haber sido ternado por el presidente de la República, el jurista se comprometió a ser independiente frente al poder Ejecutivo. “Absoluta independencia con el Gobierno, a pesar de ser el secretario jurídico de la Presidencia. El presidente Petro me designó en ese cargo por mis antecedentes como abogado y por como he ejercido siempre, con absoluta independencia, mi profesión”, dijo.

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Fernández es abogado de la Universidad Externado y se ha desempeñado como procurador primero delegado ante el Consejo de Estado, secretario general de la Federación Nacional de Departamentos, asesor Jurídico de la Comisión de Regulación de Agua Potable, sumado a su experiencia en cargos académicos.

La terna también la integraban Cielo Rusinque, exdirectora de Prosperidad Social, y Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras. Hubo además 7 votos en blanco y una tarjeta no marcada.

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Human Rights Watch alertó por terna de Petro para la Corte - Google

Human Rights Watch alertó por terna del presidente Petro para la Corte Constitucional

Luego de que el presidente Gustavo Petro presentara la terna para reemplazar al magistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares, Human Rights Watch mostró su preocupación por los tres candidatos presentados por el mandatario nacional.

Los tres candidatos que componen la terna presentada por Petro son Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Vladimir Fernández, secretario jurídico de Presidencia, y Cielo Rusinque, exdirectora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

Luego de conocerse los ternados, Human Rights Watch (HRW), expresó su desacuerdo con respecto a la lista de candidatos presentada por el presidente Gustavo Petro para elegir el reemplazo del magistrado Linares en la Corte.

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La directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, expresó su inquietud sobre la composición de la terna de nominados, citando posibles problemas relacionados con su independencia.

“Nos preocupa la terna para la Corte Constitucional presentada por el presidente Gustavo Petro”, indicó Goebertus.

La exrepresentante a la Cámara destacó que el hecho de que los tres candidatos han ocupado anteriormente cargos dentro de la administración de Petro, lo que, según ella, plantea dudas sobre la capacidad para mantener la independencia del poder ejecutivo. Esta falta de independencia podría comprometer la capacidad del tribunal para actuar como árbitro imparcial en asuntos constitucionales.

“Los 3 han sido funcionarios de su gobierno y, por tanto, tienen poca independencia. Además, tienen escasa experiencia constitucional. Esto empaña la excelente terna para Fiscal”, indico Goebertus a través de sus redes sociales.

Cabe mencionar que el magistrado Alejandro Linares termina su periodo como magistrado de Alta Corte y había sido ternado por el expresidente Juan Manuel Santos durante su Gobierno.

Es de recordar que en el pasado han llegado por lo menos dos secretarios jurídicos de Presidencia a la Corte; Mauricio González Cuervo, quien fue ternado por el expresidente Álvaro Uribe y elegido magistrado en 2007; y Cristina Pardo Schlesinger, propuesta por Santos y quien todavía se desempeña en el alto tribunal.

Quiénes son los tres ternados

Cielo Rusinque, la única mujer y la defensora de Petro

Cielo Rusinque es la única mujer en la terna. Abogada constitucionalista y conocida activista en favor del mandatario. Es recordada por el enfrentamiento público con el expresidente Iván Duque en noviembre de 2018 por la fallida reforma tributaria del exmandatario.

También fue directiva de Colombia Humana, el partido político que fundó Gustavo Petro, y varios sectores del feminismo se le han ido encima por defender a Hollman Morris, subgerente de RTVC y quien ha sido acusado en varias ocasiones de abuso de poder y abuso sexual.

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Hasta hace algunos días fue la directora del poderoso Departamento de Prosperidad Social, el cual maneja los subsidios para las poblaciones más vulnerables del país, y salió del cargo a finales de agosto para darle paso a Laura Sarabia.

Gerardo Vega, el luchador de la tierra

Gerardo Vega es el encargado de aterrizar una de las grandes promesas del Gobierno Nacional; la reforma agraria, y lo hace desde la Agencia Nacional de Tierras. Fue militante del extinto Ejército Popular de Liberación (EPL) y luego abogado de campesinos desplazados.

Ha dedicado su vida a luchar por un reparto de tierras más justo y desde su fundación Forjando Futuros ha trabajado por una restitución para los desplazados, especialmente en el Urabá.

Es abogado, coincidió con Gustavo Petro en la representación diplomática de Colombia en Bruselas cuando fueron nombrados por el Gobierno de Ernesto Samper. Esto se debió, en gran parte como una forma de exilio ante las amenazas de los grupos paramilitares contra las figuras representativas de la izquierda e aquel momento.

Fue candidato a la Alcaldía de Apartadó, Antioquia, en 2003 por el movimiento Vía Alterna, movimiento donde también militaba Petro. En 2006 se lanzó a la Cámara de Representantes por el partido Polo Democrático Alternativo.

Vladimir Fernández, la mano jurídica de Petro en Presidencia

Vladimir Fernández es el actual secretario jurídico de Presidencia, tiene una especialización en Derecho Administrativo, una maestría y un doctorado en el mismo campo. Profesor de la Universidad Externado y en 2015 llegó a la Procuraduría tras ganar un concurso público.

Estando allí fue delegado ante el Consejo de Estado, el tribunal de más alto rango en Derecho Administrativo y de allí salió cuando Petro lo nombro secretario jurídico.

Fernández ha sido asesor de varias entidades públicas como el Invías, a comienzos del gobierno de Uribe. Su cercanía con el hoy mandatario comenzó desde el 2011, cuando Gustavo Petro lo designó como parte de su equipo de empalme en la Alcaldía de Bogotá.

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Corte Constitucional tumbó decreto sobre Estado de Emergencia en La Guajira

La Corte Constitucional tomó la decisión, este lunes 2 de octubre, de declarar inexequible el Decreto 1085 de 2023, con el que el gobierno de Gustavo Petro pretendía declarar al departamento de La Guajira en Estado de Emergencia económica, social y ecológica, a raíz de la crisis humanitaria por la que atraviesan las comunidades en ese territorio, por cuenta de la falta de acceso a servicios básicos vitales.

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La Sala plena llegó a esta conclusión después de estudiar con detalle la ponencia que presentó la magistrada Natalia Ángel Cabo, a través de la que argumentó los motivos por los cuales había sido necesario unir, en un solo recurso, todos los elementos estructurales que comprendían la crisis.

La Sala también exhortó al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que, “en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ordinarias, adopten las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural que existe en el departamento de La Guajira constatada en la Sentencia T-302 de 2017 y, con ello, se garantice la efectividad de los derechos fundamentales de las personas que habitan en esa zona del país”.

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Así mismo, hizo un llamado para que fortalezcan las instituciones previstas en el ordenamiento jurídico con competencias en materia de cambio climático y le asignen los recursos que las circunstancias demanden.

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Corte Constitucional ratificó despenalización del aborto hasta semana 24 de gestación

La Corte Constitucional se mantuvo en el fallo que amplió la despenalización del aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación, y a partir de allí opera solo para tres casos: gestación por abuso sexual, peligro para la vida de la madre y malformación del feto.

La sala plena se pronunció sobre otra demanda, la de Andrés Mateo Sánchez, quien pedía retirar del Código Penal este tipo de sanción y tras conocer el fallo, Sánchez se pronunció.

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Se recibe el fallo con bastante satisfacción, era una sentencia que se venía esperando desde hace ya bastante tiempo. La demanda la acción pública de inconstitucionalidad que presenté contra el artículo 122 del Código Penal fue impetrada ante el tribunal en julio del año 2020, entonces ya luego de estos 3 años es una sentencia que brinda una gran satisfacción en la medida que mantiene la despenalización del aborto hasta la semana 24 y ratifica que es un derecho fundamental en las tres causales establecidas en la sentencia c355 del año 2006.

La causal que condujo al establecimiento de la demanda fue la imposibilidad que se estaba verificando de que las mujeres accedieran de manera libre a la interrupción voluntaria del embarazo, y esta situación la corte la estableció de manera muy clara en la sentencia 096 del año 2018.

Con la despenalización del aborto digamos que se quiebra ese doble rasero que existía con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo en la cual se trabajaba como derecho y a la vez como delito, con esta despenalización hasta la semana 24 ya el personal de salud no tendrá la dificultad de establecer que las mujeres se encuentran facultadas para interrumpir libremente su embarazo, ya no hay una un sesgo de índole penal para que estas mujeres puedan acceder libremente a la interrupción voluntaria de su embarazo.

La figura de la penalización del aborto lo que conduce es a afectar la dignidad de la mujer en la medida en que no se le cataloga como un fin en ella misma, sino se le concibe como un medio para la consecución de otras medidas. Es decir, no se le trata a la mujer como un ser con libertad y autonomía, sino que el Estado entra a restringir el ejercicio de sus derechos a la libre determinación. En un Estado social de derecho se entendería que la protección de las garantías de la mujer conduciría a eliminar el tipo penal del aborto, es decir, no debería estar tipificada la conducta en Colombia.

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Sin embargo, se entiende que por las razones de protección de la vida de nasciturus es que la Corte Constitucional todavía no ha dado este paso para eliminar completamente el tipo penal.

La sentencia constituye un hito impresionante y un avance de gran trascendencia en la protección de los derechos de las mujeres, sin embargo, es necesario que se derriben todas las barreras estructurales que se presentan para el acceso al aborto, es necesario que se fortalezcan las disposiciones que se establecieron en la sentencia c055 de 2022 en la medida en que se permita un acceso libre. Es decir, que se generen avances que permitan la misma trascendencia que tuvieron las tres causales de la sentencia 355, que se eleven a derecho fundamental, que se les dé esa categoría de tal manera que se pueda acceder sin ninguna restricción y que no se puedan presentar circunstancias de interpretación que conduzcan a la limitación del acceso a este derecho.

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Corte Constitucional en un fallo sin precedentes declara legal el suicidio asistido en Colombia

La Sala Plena de la Corte Constitucional acaba de legalizar, con una votación de 6-3, el suicidio médicamente asistido en Colombia.

Para esta decisión, la Corte se acogió a un concepto que emitió la Federación Mundial de Sociedades por el Derecho a Morir, en el que se expone que, a diferencia de la eutanasia, la persona que desea morir dignamente puede tomar directamente la medicación recetada por un profesional de la salud, sin ser necesario que el médico se la suministre.

Así, el suicidio asistido o también llamado SMA se dará cuando al paciente se le haya detectado una lesión corporal o una patología grave e incurable o bien, cuando el interesado padezca intensos dolores físicos o psíquicos que le imposibilite tener una vida digna.

Este fallo es el fruto de una iniciativa promovida por Lucas Correa Montoya y Camila Jaramillo Salazar, del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB), que fue presentada con el propósito de cambiar el inciso segundo del artículo 107 del Código Penal, que criminaliza la inducción al suicidio en los casos en los que el paciente así lo desee.

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