La Corte Constitucional declaró este jueves inexequible el decreto que preveía medidas para la transición energética, agua y saneamiento en el departamento de La Guajira y que había sido anunciado por el Gobierno en julio. En consecuencia, se ordenó la devolución de los cobros ya realizados.
Así las cosas, se tumba el cobro que iba a ser incluido en las facturas de energía eléctrica en todo el país en estratos 4, 5 y 6 para destinar estos recursos a la situación energética y de acueducto en La Guajira.
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«Declarar inexequible el decreto legislativo 1276 del 31 de julio de 2023, ‘Por el cual se adoptan medidas para ampliar el acceso al servicio de energía eléctrica y preservar los medios de subsistencia de la población a través del rescate de la transición energética, con la finalidad de superar la crisis humanitaria y el estado de cosas inconstitucionales o evitar la extensión de sus efectos, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el departamento de La Guajira», señaló la orden de la Corte.
#Atención | La @CConstitucional tumbó el cobro de un aporte en la factura de la energía que era para resolver problemas de la Guajira a raíz de la emergencia social decretada por el Gobierno Nacional.
— El espacio col (@EspacioDigCol) November 9, 2023
«La inexequibilidad que trata el numeral anterior tendrá efectos retroactivos a partir del 31 de julio de 2023 respecto de los artículos 3, 6, 7 y 8 del Decreto Legislativo 1276 del 31 de julio de 2023″, agregó la sentencia.
Así las cosas, los recursos recaudados a través de esta decisión deben ser devueltos a los contribuyentes «mediante compensación con la facturación del servicio de energía eléctrica, en un término máximo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de adopción de esta decisión».
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La Corte Constitucional manifestó que «el impuesto previsto en el artículo tercero no está relacionado con la prestación del servicio de agua o el saneamiento básico, y su existencia en el ordenamiento jurídico, aunque haya sido temporal, compromete intensamente el principio democrático y el principio de legalidad de los tributos».